Narcotráfico en México: política, geopolítica y sociedad en la paz de los cementerios

PresentaciónPresentación

Dicen los cercanos que pidió, ordenó: “Déjenme solo”. Que ya estaba cansado. Harto. Que sabía lo que venía y que había decidido enfrentarlo él y no quería a nadie más. Cuentan, casi a manera de mito, que siguió a pie entre el monte y los predios de plantíos de temporal, que pidió ayuda y las puertas se cerraron. Solo, solo, solo. Así lo dejaron y así murió. Las versiones de las autoridades indican que fueron calibres pequeños los que perforaron su piel, pero que también tenía muchos golpes, que los militares nomás llegaron por el cuerpo, que no hubo tal balacera y que por ahí, cerca de donde lo recogieron, había fiesta. Y en esas fiestas, aseguran, siempre hay muertos. Solo ahí, entre los matorrales. Parecía sonreír ese cadáver. O ironizar: dónde quedó el Ejército que comandaba, dónde las armas. Porque en el funeral estuvieron pocos. Porque al cortejo asistieron menos. Porque así lo pidió, dicen. “Déjenme solo”. Y solo se quedó (CEEYPP, 2014).

Es la historia de “El Ondeado”, Manuel Torres Félix, un

capo de Sinaloa asesinado en octubre de 2012, famoso en los corridos sinaloenses (CEEYPP, 2012), una figura muy popular. Su muerte quedó rodeada de una aureola de mis terio y magia, los ingredientes propios de los mitos y le yendas. “No hubo banda ni disparos de despedida, no hubo excesos, salvo por la presencia militar y por esas toneladas de flores que lo acompañaron hasta Jardines del Humaya, donde están los restos de su hijo Atanasio. Sobrio el funeral de Manuel Torres, hasta parecía el adiós de un hombre de bien” (CEEYPP, 2014).

Aunque el Procurador de Justicia sinaloense, Marco

Antonio Higuera Gómez, confirmó la muerte de “El On deado”, su única fuente eran las Fuerzas Armadas. “No hay parte oficial ni periciales que nos confirmen que se trata de

esta persona, me estoy basando en lo que nos ha dicho el propio Ejército” (CEEYPP, 2012c).

Allí, en la serranía Culichi, entre El Salado, pasando por

Santa Cruz de Alayá y terminando en Cosalá, El Ondeado hacía su trabajo al servicio de “El Mayo” Ismael Zambada García. “Ni modo. El señor fue bueno con nosotros. Vine a despedirlo”, decía la gente a los militares (CEEYPP, 2014).

El narco tradicional

Engels (2017: 94) afirmaba que “el príncipe más podero

so, el más grande hombre público o guerrero de la civiliza ción, puede envidiar al más modesto jefe gentil el respeto espontáneo y universal que se le profesaba”. De esa ma dera “gentil” estaba hecho El Ondeado y es la fuerza vital que alimenta la racionalidad original del narcotráfico en México.

El narcotráfico es exitoso, entre otros varios motivos,

por la racionalidad premoderna que encarna, la idea de que la jefatura del Príncipe narco se ha obtenido en una batalla cruenta, donde se enfrentó físicamente a la muerte. El Príncipe narco ejerce un liderazgo salvador y es el jefe de todos.

Así lo confirmó Julio Scherer (2010) cuando entrevistó al

Mayo Zambada: “sabe esconderse, sabe huir y se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y medio muere a salto de mata”.

El narcotráfico mexicano tiene un origen rural. Los

grandes jefes (Amado Carrillo Fuentes, Ernesto Fonseca Carrillo, Joaquín Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza, Juan García Ábrego, Miguel Ángel Félix Gallardo, El Mayo Zambada, Sandra Ávila Beltrán, Arturo Beltrán Leyva) son gente de campo, varios de ellos oriundos de Badiraguato, el corazón del Triángulo Dorado, en la frontera entre Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El Mayo Zambada se lo aclaró a Julio Scherer García en

2010: “tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena; el cielo no” (Scherer García, 2010). Ahora quedó escondido en una prisión americana, el cielo no fue bueno.

El Estado de excepción

Lejos de la raigambre normal y personal del narco, la

respuesta del gobierno entró en una espiral de excepción. “El gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su ‘trabajo’ en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida. –¿Por qué perdida? –El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”, dijo el Mayo Zambada (Scherer García, 2010).

Sin embargo, nadie explica mejor la relación entre el

narcotráfico y el Estado, que Marcola, el capo del PCC bra sileño:

“¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de “solución” ya es un error… Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes entre el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva “especie”, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes… mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad… Nosotros somos ayudados por la población de las

villas miseria, por miedo o por amor… Ustedes solo pueden llegar a algún éxito si desisten de defender la “normalidad”. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, en la moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Solo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante: “Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno” (Cabrini, 2013).

Al revés que el narco originario, rural y racional, el Es

tado decidió olvidarse de su rol componedor de conflictos y entrar en guerra, de lleno en el Estado de excepción. En consecuencia “Felipe Calderón incendió México, convirtió el territorio nacional en un llano en llamas, donde hay más pobreza, menos calidad educativa, menos empleo y menos vida” (Hernández, 2012: 6), una verdadera espiral de la bar barie (Le Monde, 2012).

El brazo ejecutor, además del Ejército mexicano, fue

ron Los Zetas, que introdujeron en la escenografía diaria la verborragia de masacres, descuartizamientos, vertederos de cadáveres, violaciones tumultuarias, colgaderos y men sajes de terror. La simple guerra se convirtió en una guerra contrainsurgente, en manos de grupos de elite enseñados del otro lado de la frontera.

La Constitución mexicana dice que cuando un conflic

to interno amenaza al país, es lícito aplicar un “estado de excepción”, un status que el calderonismo nunca declaró expresamente. Con un Ejército en la calle que no cumplía reglas precisas ni tenía fecha de vencimiento, se constru yó una excepcionalidad de facto, una anomalía sistémica que se tornó natural y cotidiana. “Sobre esta base cabalga la dialéctica del autoritarismo, junto a su correlato fáctico:

la suspensión de las garantías individuales y la violación de los derechos humanos” (CEEYPP, 2012b).

Aunque la disputa apenas existía antes de Calderón¹, su

desastrosa política de guerra disparó la violencia a límites inauditos desde el año 2008. El narco original, el que a grandes rasgos estaba vigente antes de la llegada de Cal derón a la presidencia, siempre prefirió desarrollarse sin entablar guerras contra otros carteles, ni contra el Estado y menos aún contra Estados Unidos. Los indicadores de homicidios cada 100 mil habitantes en los años previos a 2006 estaban en franco descenso (Cuadro 1) y comenzaron a aumentar en 2008 (ver Cuadro 2).

propia.

La política panista obligó al narco mexicano a entablar

una disputa armada imprevista, a un nivel superior y en di mensiones territoriales amplias contra las propias fuerzas armadas mexicanas. En las palabras de Tzun Tzu (2015: 51): “ponlos en situación de grave riesgo, que a pesar de ello sobrevivirán. Súmeles en terreno de muerte, que a pesar de ello vivirán. Y es que precisamente cuando el ejército se encuentra en trance desesperado logra transformar la de rrota en victoria”. Movido por el instinto de conservación y basado en su capacidad de adaptación, el narco sobrevivió y salió victorioso.

Ante la realidad devastadora que dejó el sexenio del

presidente Felipe Calderón, con cifras de muertos y des aparecidos que superaron las 120 mil personas (Cuadro 3), en el siguiente sexenio le tocaba al viejo PRI ejercer un drástico cambio de timón.

A Peña Nieto le cayó encima la necesidad de cambiar

la percepción de seguridad en la población, que no solo moría bajo las balas del Ejército, sino que además se sentía insegura. El discurso oficial se refirió a la ineficiente tácti ca de seguridad calderonista, cambió el mensaje del perfil negativo al positivo y dio un vuelco en la estrategia de co municación. Sus asesores siguieron el manual de mensajes “todo bien” y eliminaron del vocabulario las palabras que reflejaran terror o miedo.

No se volvió a hablar de guerra, ni se volvió a mencionar

en boletines los grandes golpes al narcotráfico, ni tampoco se hizo énfasis en los más buscados ni en los capturados (CEEYPP, 20131b). Era un mensaje opuesto al anterior, bus cando dar una percepción de paz, futuro promisorio, tran quilidad. Las cifras de muertos bajaron y volvieron a subir, concluyendo todo en un discurso bonito y palabras hue cas. La pequeña curva descendente cambió de dirección en 2014, cuando Ayotzinapa cavó la profunda tumba final del viejo PRI, que nunca recuperó la perdida juventud.

Después vino López Obrador, con las promesas de eli

minar la corrupción y garantizar la seguridad, suficientes

para que, en la crisis terminal del PRI, se llevara todos los votos, sin respirador artificial y sin piedad.

Terminó con la guerra, disolvió la Policía Nacional, se

paró la seguridad pública de la SEGOB, creó la Guardia Nacional, impuso la paz como consigna y popularizó la política de “abrazos, no balazos”. Al mismo tiempo redujo la cooperación con la DEA a un estatus mínimo, se dejó ver cercano a la familia Guzmán Loera y fue acusado de complicidad con el narco. Sea como fuere, los números no hicieron mucho caso del asunto, siguieron creciendo y se mantuvieron en el nivel más elevado de la prolongada me seta (Cuadro 4), con un leve descenso en 2023-2024.

Desde Calderón para acá el gobierno mexicano dejó de

lidiar con aquel narco rural y premoderno. La insensatez de la guerra transformó a esos simples agricultores ilegales en una maquinaria socialmente entrenada, adaptada y en crecimiento, una empresa netamente capitalista, una mo tosierra ambiciosa en pleno proceso de gobernanza crimi nal. El viejo proceso económico se transformó en el mo derno proceso político. Mientras antes era tratado como un asunto criminal, ahora tiene “claras connotaciones po líticas, económicas, sociales y culturales” (Santana, 2004: 8)

Los argumentos

Los analistas Scott Stewart y Reed Tristan expresaban,

entre muchos otros, la versión oficial del asunto en aque llos años de la guerra calderonista: “la narrativa popular es atribuir el comienzo de la guerra de carteles en México a una campaña lanzada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, simplemente no es el caso. La escalada comenzó mucho antes de que Calderón fuera elegido, y no fue por las acciones del gobierno, sino por un cambio en las rutas de contrabando de narcóticos hacia los Estados Unidos y por la competencia por las rutas entre los grupos crimina les mexicanos lo que realmente desencadenó la escalada de la violencia” (CEEYPP, 2013b). Tal competencia entre car teles no existía, todo lo contrario. Sinaloa y Juárez llevaban un acuerdo de cuatro años para coexistir en los beneficios de la ruta de drogas hacia Estados Unidos.

En el bando sensato y crítico de la cuestión, Arsinoé Ori

huela Ochoa, entre muy pocos, decía que “diversas organi zaciones civiles en México coinciden en señalar que es real mente difícil establecer los contornos de la delincuencia y el Estado; o, en su defecto, que tal separación demanda rigor quirúrgico. Y aciertan. La razón es que el narcotráfico es una problemática que implica, desde sus orígenes, fuer tes conexiones con el aparato estatal y sus instituciones. Tal conexión alcanzó en México un grado de desarrollo y evo lución posiblemente inédito en el mundo” (CEEYPP, 2019).

Mientras tanto algunos actores buscaban tapar el sol con

los dedos, con cierto éxito, a costa de una cierta vergüenza. En la Ciudad de México el entonces Procurador de Justicia y posterior Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espi nosa, se aferraba a la política de minimizar los asuntos rela cionados con el narcomenudeo. Junto con su jefe Marcelo Ebrard eran los grandes cruzados del silencio, una dupla de convento de clausura que se oponía fervientemente a la idea de que la ciudad fuera un centro de operaciones de los carteles. Pero los decapitados y mutilados, que aparecían con sus

cartulinas regados por la ciudad, demostraban que el Dis trito Federal estaba en disputa (CEEYPP, 2013a).

Además, abundaban las payasadas, panistas y priístas.

Heriberto Lazcano (“El Lazca”, “El Verdugo” y “El Z-3”), jefe máximo de Los Zetas, fue abatido en octubre de 2012 por la Marina. Apenas unas horas después el cadáver fue roba do de la funeraria y la historia se convirtió en un sainete político.

Los partidos de la oposición plantearon sus dudas sobre

esta rocambolesca historia. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad, del Parti do Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que “lejos de ser entonces el gran golpe del gobierno al cartel de Los Zetas, se queda en una serie de especulaciones. Hubo una desprolijidad en el manejo informativo, y ya corre una hi pótesis de que Lazcano es un testigo protegido” (CEEYPP, 2012a), una hipótesis interesante.

No sabemos si la política de los gobiernos contra la diri

gencia del narco sea el status de testigo protegido, pero es muy probable que así sea. En acuerdo con la jefatura, por supuesto, del otro lado de la frontera. Algunas coincidencias significativas hacen pensar que lo mismo puede haber pasa do con el Chapo Guzmán, no lo sabemos. Los capos de las pandillas ecuatorianas, los capos de las maras salvadoreñas y los capos del Tren de Aragua venezolano escaparon de pri sión antes de la “guerra” de Noboa, Bukele y Maduro. ¿Dónde aprendieron los gobiernos esa política de resguardo preven tivo que con elegancia jurídica se llama testigo protegido?

La (supuesta) torpeza de los gobiernos

Mirando los datos cualquiera se pregunta ¿para qué la

guerra? Si el narco salió fortalecido, ¿quién perdió la gue rra? La guerra la perdieron los mexicanos, así estaba pla neado desde un principio.

Así como el Plan Colombia anunciaba ser una gue

rra contra el narcotráfico, pero terminó siendo contra las FARC, en México la anunciada guerra fue contra una so ciedad que todavía celebra a Zapata y Pancho Villa como los verdaderos héroes nacionales y que para ser gobernada necesita poca transparencia y mucha fuerza.

Todo empezó en el año 2000, con el nuevo milenio, y

no tenía nada que ver con el narcotráfico. La derrota elec toral que consagró a Vicente Fox como presidente señala ba la debacle de la democracia autoritaria y el surgimiento de una alternancia difícil, que ponía en jaque la viabilidad de los grandes logros salinistas, el TLCAN en primer lugar. Todo el edificio político comenzó a tambalear, los eternos acuerdos de gobernabilidad de la dictadura perfecta se ca yeron y había que discutir todo de nuevo. Un país geopo líticamente volcado a la anarquía no puede gobernarse mediante un sistema democrático liberal, con pluralismo y alternancia (ver capítulo 3).

En México el discurso oficial sobre el tráfico de drogas

establece que debe ser tratado como un asunto de seguri dad nacional (Santana, 2008: 7) y su combate es una razón de Estado (Astorga, 1995: 9-10). La razón de Estado es el arbitrio legitimado por excelencia. La seguridad nacional es una figura conceptual que afirma que hay un agente co rruptor externo que mina las instituciones políticas y civi les, olvidando que desde dentro de las mismas instituciones se ha organizado el éxito de aquellos a quienes se “combate”.

Se trata de un discurso performativo sobre la razón de

Estado, generando un lenguaje de autoridad que crea una realidad cuando la pronuncia, “con pretensiones universa les” (Astorga, 1995: 10-11). Es difícil enfrentarse a las certe zas propias del “sentido común”, sobre todo en un terreno donde un fenómeno social sumamente complejo es redu cido a una lucha de buenos contra malos (Astorga, 1995: 9).

Paley (2020: 11) dice que hay que “entender la violencia

en el marco de la lucha por los territorios, la tierra y los

recursos”. Es preciso “considerar motivaciones y factores alternativos para la guerra antidrogas, específicamente la expansión capitalista hacia territorios o espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles”.

La normalidad del narco

Solo como ejemplo, hablemos de Chihuahua. La cono

cida periodista Anabel Hernández se adentró en la sierra tarahumara, allí donde la belleza natural y la pobreza hu mana conviven tan armoniosamente. “Nos internamos en el universo de la sierra por sus angostos caminos de terra cería, sus cañadas, sus costumbres, su pobreza, sus sueños y sus leyendas. Visitamos las localidades de Baborigame, Dolores, El Saucito de Araujo y Mesa del Frijol, donde más de 80 por ciento de los habitantes se dedica a la siembra de enervantes. En esos pueblos, siempre olvidados de los pro gramas sociales del gobierno federal o estatal, lo común son las camionetas Cadillac Escalade, las antenas parabóli cas y los hombres con un radio y una pistola colgados del cinturón… La gente se ha dedicado a lo mismo durante dé cadas, no conocen otro modo de vida… los pequeños no quieren ser bomberos o doctores, más bien aspiran a con vertirse en narcotraficantes, es la única escala de éxito que conocen” (Hernández, 2010: 11).

Las comunidades de la Sierra Tarahumara están más

preocupadas por la tuberculosis que por el narco. En 2019 se detectaron 700 casos, la mayoría en Ciudad Juárez y el resto en zonas serranas. Para el primer semestre de 2020, se acumularon 234 casos en Parral (entrada a la sierra por el sur del estado de Chihuahua), en Chínipas y en Guadalupe y Calvo, el municipio más importante de la sierra.

La tuberculosis, que aún no fue erradicada, afecta más a

las personas desnutridas. Tuvieron que pasar muchos años para que las etnias indígenas la asimilaran como un pade cimiento que puede no ser mortal. Apenas estaban apren diendo eso y les cayó el Covid-19 encima.

Guadalupe y Calvo limita al sureste con el estado de

Durango y al suroeste con Sinaloa (por el municipio de Badiraguato). Los límites de las tres entidades forman el Triángulo Dorado, un pasillo entre las montañas que des ciende hacia Sinaloa, las tierras bajas, los cultivos agrícolas y el mar.

Históricamente, la mayor actividad económica de la

zona ha sido el narcotráfico. En varias regiones se siem bra mariguana desde hace cinco décadas y luego también amapola para producir heroína. La producción de ener vantes se ha legitimado, aunque no sea legal. Los habitan tes de la región así crecieron, en medio de esos cultivos y sin oportunidades de estudio ni trabajo.

En 2016, la tasa de homicidios en Guadalupe y Calvo

llegó a 253 cada cien mil habitantes, de acuerdo con el Se cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la más elevada del mundo. Aún así, los homici dios no son la principal causa de muerte, sí la tuberculosis, producida por la desnutrición.

A partir de 2011, las actividades ilícitas se volvieron más

diversas. Además de la disputa por el territorio, la produc ción y el trasiego de droga, las organizaciones delictivas pelean la tala ilegal y la venta clandestina de alcohol. El control del territorio ha provocado homicidios, amena zas, desapariciones y desplazamiento forzado de comuni dades completas.

La posición geográfica de Guadalupe y Calvo en el Trián

gulo Dorado, tomando en cuenta la frontera con Estados Unidos, es estratégica. El terreno es propicio para la siem bra y cosecha de mariguana y amapola, pero también para la construcción de megaproyectos, incluida la minería. Allí conviven la versión criminal y la versión política del nar cotráfico, esa orgía de desnutrición, tuberculosis, homici dios y grandes negocios. Así se entiende la “normalidad” del narco, alimentada por la “anormalidad” del sistema. Ni la justicia ni la ley existen allí. En la tendencia aspiracionista de la vida el narco es un

ejemplo a seguir. En la actividad política también se obtie ne legitimidad, poder y dinero. Ambos se parecen², com batiendo (y acordando) entre sí por el control del mismo territorio. El narco escaló de nivel, la política descendió de calidad democrática.

¿Por qué?

Es una pregunta que busca encontrar la racionalidad de

la guerra y la racionalidad del narcotráfico.

1. La guerra contra el narco, como cualquier forma de

“combate” que se lance como política pública, es una estra tegia de securitización.

La Escuela de Copenhague creó una corriente de pen

samiento propia de las relaciones internacionales, que tie ne implicancias en la seguridad ciudadana. En el uso de la seguridad, un término equívoco, se puede distinguir una referencia al instrumento del poder político, provisto con la capacidad de convocar a grandes masas poblacionales para hacer efectiva una determinada voluntad de los esta mentos que toman las decisiones en el gobierno (Orozco Restrepo 2006: 144). Los analistas afirman que la seguridad es una calificación o etiqueta que los gobiernos asignan a determinadas cuestiones y que permite una acción prio ritaria para la que se movilizan recursos importantes y se reducen los niveles de control e información.

El concepto de seguridad nacional es central en este ám

bito de significación y comprende la protección del Estado frente a la agresión exterior y frente a movimientos inter nos que lo puedan poner en peligro. En el caso de la segu ridad interior, cada vez más utilizada como instrumento político, la seguridad es magnificada y puesta al tope de la agenda pública, no en beneficio de los ciudadanos sino

como salvaguarda de los intereses estratégicos del Estado. Es una politización de las problemáticas de seguridad na cional, traspasando desde la seguridad ciudadana hacia la seguridad nacional.

En este uso performativo del concepto se puede iden

tificar una lógica de presión política, que lo convierte en una fuente de manipulación o de coacción para movilizar voluntades en torno a una determinada filiación política.

Dada la capacidad del lenguaje político de convocar vo

luntades para movilizar recursos, es factible “securitizar” sectores del espectro político (interno o internacional) y con ello perseguir objetivos como resultado de la mani pulación de las elites sobre la población. La securitización consiste en otorgar estatus de asunto de seguridad (o de amenaza a la soberanía) a un problema que se presenta como atentatorio contra la supervivencia de un ente.

Con el proceso de securitización se consigue movilizar

a los ciudadanos en torno a la voluntad de los grupos más poderosos. Su efectividad se demuestra por su habilidad en lograr que la audiencia acepte la ruptura de las reglas del juego político. Entonces el tema quedará securitizado y la violación a las normas será legítima a favor de despejar la amenaza. En virtud de esa securitización el Estado reclama la entrega de libertad personal para devolver seguridad na cional. En el caso de la seguridad interior reclama la menor importancia de las garantías individuales en virtud de un estatus de excepción (emergencia) de seguridad.

Mediante la explicación de un “hecho”, se crea signifi

cado. Al crear significado se lo incluye en un contexto de creencias compartidas, de manera que el hecho es “re- creado”. Así una muerte de convierte en asesinato y un ase sinato en una amenaza a la soberanía del Estado. Una vez lanzado este proceso performativo, los comportamientos se adecuarán a ese nuevo significado y la arbitrariedad se tornará invisible, evidente e indiscutible (Emmerich, 2010: 14). Dicho de otra manera, sea en forma de guerra abierta o

no, la política “contra” el narcotráfico es una estrategia de gobernabilidad dirigida hacia la población, buscando que el miedo y la inseguridad invoquen al Leviatán ordenador, generalmente con éxito.

2. El narcotráfico se desenvuelve en un doble paráme

tro: como crimen organizado y como actor contrainsur gente, en varios casos (Los Zetas – Sinaloa - CJNG) retroa limentándose uno al otro.

El narco es un universo en constante expansión, desde

el narcotráfico original, pasando por los grandes carteles y desembocando en las pandillas de narcomenudeo, el tráfi co de personas y órganos, el comercio ilegal de bienes lega les (madera, agua, aguacate) y otras actividades. a. En el formato original va desde abajo hacia arriba, desde

el cultivo campesino de marihuana a los grandes carte les del narcotráfico, enfocados en las rutas de tránsito hacia los mercados de consumo (Cartel de Juárez, Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa).

b. En otros casos va de arriba hacia abajo, comportándose

como “escuadrones de la muerte” en las operaciones de contrainsurgencia del Estado, como el caso de Tamaulipas en 2011 (Emmerich, 2015: 77-78) o en Ayotzinapa en 2014.

c. En un tercer caso se mueve en forma horizontal, traba

jando para el Estado sin el Estado, como las tres guerras de Sinaloa (Colmex, 2009), que fueron la razón princi pal de la violencia en el sexenio calderonista, lo que el periodismo llamó la “guerra entre carteles”.

d. La dirección de menor prevalencia es la que va desde

afuera hacia adentro, aunque sea la más mencionada. La idea de que el narcotráfico corrompe al Estado carece de fundamento científico, aunque abunden los datos. Esa corrupción “monetaria” opera en los niveles de proxi midad local, no en la alta política nacional donde opera la gobernanza criminal (ver capítulo 12).

Fuera de los grandes carteles pulula el desorden y el caos

propio del narcomenudeo, un fenómeno que en México (y en toda América Latina) estalla con la pandemia de 2020, gestándose lentamente en los años anteriores. Si la cadena global de valor se embarca en los procesos de retorno (res horing) y cercanía (nearshoring) el narcotráfico hace lo mis mo y se enfoca en el mercado local y municipal, dejando las rutas de tráfico para los grandes carteles especializados.

Primeras conclusiones

El narcotráfico nació como una actividad económica

ilegal que, en virtud de la guerra calderonista, se vio obliga do a superar un desafío extremo por la supervivencia. A la salida del conflicto las organizaciones sufrieron al mismo tiempo un proceso de fragmentación y de expansión.

Los viejos líderes fueron suplantados por una dinastía

de combatientes sucesores, a raíz de la equivocada política de descabezamiento implementada desde el gobierno na cional.

A pesar de ello las características originarias del narco

tráfico mexicano (rural y nacional) se siguen manteniendo, vinculadas al territorio, la población, los recursos, la vio lencia y el mando legítimo. El ejemplo de la Sierra Tarahu mara, que parece el relato de un inframundo insufrible, es claro al mostrar la cohabitabilidad mutuamente necesaria entre lo normal y lo anormal en el capitalismo mexicano.

Hay una guerra, la declare o no el Estado, librándose

dentro de la geografía exacta de la sociedad mexicana. Al gunos insisten en llamarla lucha de clases.

Capítulo 1Narcotráfico, violencia y poder político en México

Cuando Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al

narcotráfico la tendencia de la violencia en México era des cendente con una tasa de homicidios de 8 cada 100 mil habitantes en 2007. Apenas iniciada la “guerra”, la tasa de homicidios comenzó a subir (Cuadro 5).

“El movimiento de los últimos dos años, 2008 y 2009,

es absolutamente improbable: rompe con una tendencia sostenida de veinte años, pero rompe con ella además de un modo violentísimo” (Escalante Gonzalbo, 2014: 2). En la visualización de la cantidad de homicidios, los indicadores son claros, llamando la atención el “violentísimo” cambio de ritmo y velocidad en el crecimiento de la cantidad de homicidios y la violencia.

Dieciséis años después México vive el período más vio

lento de su historia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con 36,661 víctimas de homicidios dolosos en 2019, 36,773 en 2020, 35,700 en 2021, 33,287 en 2022 (INEGI) y 30.523 en 2023 (Ferri, 2024a).

Desde fines de 2018 hasta fines de 2023 (5 años) han sido

asesinadas en México un total de 166,278 personas (Arista, 2023)¹ mientras que en los seis años de la “masacre” cal deronista hubo 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extravia das o Desaparecidas (RNPED) (Ramírez, 2019). El sexenio obradorista superó los 200 mil homicidios.

Tomando en cuenta la evolución completa del sexenio,

el inicio de López Obrador continuó la tendencia crecien te peñista y entregó el mandato con una pendiente decre ciente y manipulación de datos. Nada para celebrar.

Esta política de “abrazos no balazos” superó la “guerra”

de Calderón. Si aquella fue mala, ésta terminó siendo peor.

Los indicadores dicen que la cantidad de homicidios va

descendiendo año tras año a un ritmo tan extremadamente lento, que más bien se trata de una variabilidad estadística que el resultado de una efectiva política de seguridad. Por ese motivo los analistas hablan de una “meseta” de violen cia que permanece en el nivel alto de la serie, sin variacio nes atendibles.

Las anteriores estrategias de guerra contra el narco

tráfico, en su versión inicial bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y en la versión decadente de Enrique Peña Nieto, implicaron por un lado el aumento de los ho micidios y de las desapariciones y por otro lado la frag mentación y dispersión del crimen organizado en toda la geografía nacional.

El despliegue de la lucha contra el narcotráfico centrada

en el aspecto militar-policial (con miras a causar bajas en las organizaciones, decomisar armas y drogas y capturar a sus líderes), relegando el aspecto económico-patrimonial, las estrategias anticorrupción y la labor de prevención, ha tenido una serie de consecuencias funestas en términos so ciales. Ello ha agravado el problema del narco y la violencia (Morales Oyabide, 2011).

El sexenio obradorista prometió un cambio y priorizó

las estrategias sociales mediante su política de bienestar, entendiendo que los homicidios proliferan por la pobreza. Los resultados no acompañaron la intención del gobierno, porque el crimen organizado prolifera por la corrupción del Estado y son los crímenes del fuero común los que pro liferan por la pobreza.

En 2011 había 10 grandes carteles o grupos del crimen

organizado (Sinaloa, Golfo, Arellano Félix, Zetas, Pacífico Sur, Juárez, La Resistencia, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, CJNG) (CEEYPP, 2011). En julio de 2021 el Gabinete de Seguridad señaló la existencia de 15 grandes organizaciones (Cuadro 7), demostrando que di versas células menores se han ido afianzando hasta llegar a

tomar cierto protagonismo en el mundo criminal del país, datos que indican una buena salud del crimen organizado. El fracaso de la anticientífica política calderonista de desca bezamiento de las organizaciones ha resultado en una ro tación de las elites y la dispersión en una miríada de grupos menores, con un elevado énfasis local.

Según la organización Mexicanos contra la Corrupción

(2024), de 233 grandes cabecillas que fueron apresados du rante los 12 años de “guerra”, apenas 13 de ellos fueron sen tenciados y sólo dos por delincuencia organizada, diez por delitos de portación de armas (1 a 5 años de prisión) y uno por lavado de dinero.

El fracaso radicó en las diversas irregularidades incurri

das por los agentes del ministerio público y las deficiencias en la integración de las investigaciones.

Si en el año 2006 la cantidad de homicidios fue de

10,454, ahora supera los 30 mil.

El cansancio de la guerra

En algunas ciudades donde el crimen organizado era un

actor rutinario e históricamente significante desde los años 30 del siglo XX, como Ciudad Juárez, la guerra significó el salto cualitativo hacia la constitución de un actor con perfil propio y una dinámica geopolítica autónoma. Escalante lo dice así: “Tijuana y Juárez son acaso las ciudades más vio lentas de los últimos diez años, pero nunca habían tenido ni remotamente las tasas de homicidios de 2008 y 2009” (Escalante Gonzalbo, 2014). Dicho en otros términos, el cri men organizado pasó de ser un actor económico a conver tirse, muy a su pesar, en un actor político.

Más importante aún fue el hecho de que México expe

rimentó un deterioro de las instituciones del Estado, de los derechos humanos y de la calidad de vida democrática. La impunidad se constituyó en uno de los símbolos clásicos de la justicia en el país. En el Índice Global de Impunidad 2020 realizado por el Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, México ocupó el puesto 45 entre 197 paí ses estudiados (Infobae, 2023)². México es el quinto país del mundo con mayor índice de impunidad en la dimensión de conflicto y violencia y ocupa el mal puesto 33 en la di mensión de derechos humanos.

La asunción de Manuel Andrés López Obrador a la pre

sidencia fue la expresión de un largo hartazgo de los mexi canos, cansados de la violencia y la corrupción reinantes, las dos consignas centrales que López Obrador trabajó incansablemente durante los caminados años de su carre ra política. La paciencia y los años le fueron dando razón, mientras corroía al sistema desde adentro sin ocupar nin gún cargo público. Sus diputados en el Congreso, primero en el PRD y luego en Morena, fueron los artilleros de su política implacable.

todo el país con un Estado que argumentaba que al crimen organizado solo se podía combatirlo ilegalmente. El sexe nio peñista inició exitosamente con las reformas requeri das por las multinacionales, pero derrapó sin remedio con Ayotzinapa y nunca más pudo salir del tándem de muerte que Peña Nieto arrastraba desde Atenco.

La síntesis obradorista de los problemas centrales de Mé

xico también cargó contra la “mafia del poder” y el PRIAN, el acrónimo que volcó sobre el PRI y el PAN la totalidad de las maldades, ubicando la raíz de la crisis mexicana en la política y no en la sociedad.

Claramente, en ese sencillo y comunicativo diagnóstico,

quedó a salvo la elite multicentenaria del país: Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, los bancos, Estados Unidos, la Iglesia, las fuerzas armadas (las mismas de Calderón y Peña Nieto) y el crimen organizado.

Si la gobernabilidad autoritaria priísta construyó el Mé

xico moderno a través de la dictadura perfecta, un régimen que algunos llamaron “autoritarismo inclusivo” (Morales Oyarbide, 2011), la democracia de la Cuarta Transforma ción debe tratar con los mismos factores de poder como representante de unas masas empobrecidas y faltas de con fianza.

El viejo consenso ya no funcionaba, era necesaria una

nueva legitimidad. La vieja y única pregunta de la política fue respondida acertadamente por López Obrador y esa pregunta siempre fue: ¿por qué obedecemos?

Si las reglas de la legitimidad priísta mostraban su dis

funcionalidad, las reglas del populismo de masas prome tían ser bien timoneadas por el viejo pretendiente del po der que llevaba dos elecciones perdidas.

Más acá de estas grandes cuestiones, el gobierno aportó

garrafales fallas de seguridad. En febrero de 2019 concluyó el juicio al Chapo Guzmán en Estados Unidos y en julio

fue condenado a cadena perpetua, lo que significó un duro golpe a la organización de Sinaloa. En octubre ocurrió el fallido operativo federal en Culiacán, buscando detener a Ovidio Guzmán López “El Ratón” y a sus hermanos. El temor a las represalias por la captura permitió mostrar el poder armamentístico y político de la organización y su capacidad de despliegue en la capital sinaloense al mismo tiempo que detonó las brechas de coordinación de la secre taría entonces dirigida por Durazo.

Una conjunción despiadada de improvisación, afán de

protagonismo e ingenuidad fueron las señales de la prime ra etapa del gobierno de López Obrador. Que Sinaloa es tuviera golpeado no significaba una mejoría del gobierno.

La posterior llegada de Gertz Manero a la Segob implicó

el fortalecimiento de un perfil duro que paulatinamente se fue asentando en todo el país, sin llegar a plasmarse con crudeza, cargado de inconsistencias discursivas y políticas.

El cruel comportamiento territorial del tándem Clau

dia Sheinbaum / García Harfuch en la Ciudad de México, el apoyo al gobernador de Veracruz, la política de buenos resultados ante la crisis juarense³ y otros elementos indican un retorno a la “normalidad” militar para el tratamiento de la problemática del crimen organizado, aunque la inter vención de las fuerzas armadas en problemáticas de segu ridad interior siga prohibida por la Constitución, el princi pal motivo por el cual la “militarización” mexicana ostenta sesgos corruptos, cómicos e inoperantes. En silencio y en segundo plano comienza a crecer un sangriento perfil de gobernanza criminal, de la mano de la militarización de la seguridad pública.

para convertirse en una fuerza militar, los foros de Dere chos Humanos decantaron en una democracia de palabras, los ataques a periodistas y defensores de derechos huma nos recrudecieron y las políticas de género figuran bella mente en los textos, algo feas en las mañaneras y bastante peores en la realidad.

La disolución de la Policía Nacional significó un avance

sin costo político hacia la militarización total de la seguri dad en el país, apenas un año después de la total desapro bación de la Ley de Seguridad propuesta por Peña Nieto, en un formato más timorato que la posterior audacia obra dorista.

El narcotráfico hoy

En los últimos años, la violencia relacionada con las or

ganizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas se ha tornado incontenible en México. La cotidianeidad con la que se informa de hechos de sangre, de asesinatos, con fuertes implicaciones de grupos criminales, es un fenóme no que atemoriza a la ciudadanía.

Los gobiernos de la alternancia, con dos presidentes

emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y el olvidable sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), con las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han exhi bido a México como un Estado débil en su capacidad de garantizar un mínimo de seguridad a su población.

La corrupción y la impunidad son moneda corriente en

un sistema político partidista aparentemente agotado, víc tima de sus propias omisiones y excesos.

Se dice con razón que la crisis de seguridad y la inusi

tada ola de violencia relacionada con el tráfico de drogas ilegales que se experimenta en diversas regiones de Mé xico son producto de un proceso histórico y político que

hunde sus raíces en el siglo XX. Esa base histórica ayuda a entender por qué Calderón pudo lanzar la guerra contra el narcotráfico sin mayores costos políticos, pero no explica el “violentísimo” cambio de ritmo de la violencia mexica na, que estaba acostumbrada a una rutina históricamente asentada, pero no a una hecatombe apocalíptica incesante.

Con la consolidación del Estado postrevolucionario y

con la constitución de un régimen democrático autorita rio sustentado en una concentración de poder en la figura presidencial, en un partido hegemónico y en una clara ver ticalidad en el ejercicio del poder político (Cosío Villegas, 1972: 22-30)⁴, el campo del crimen quedó supeditado al campo de la política. Fue, precisamente, la imposibilidad de cumplir a cabalidad con las presiones prohibicionistas de Estados Unidos lo que daría lugar a la configuración de un modelo de acuerdos tácitos entre agentes del gobierno y traficantes, modelo en el que las condiciones fueron im puestas, en todo momento y exitosamente, desde el Estado.

No obstante, a partir de los años ochenta del siglo pasa

do, el panorama empezaría a cambiar. En ese tiempo, Mé xico se incorporó a un proceso de liberalización política, proceso que fue desuniendo y deshaciendo el modelo de acuerdos tácitos entre el Estado y los grupos criminales de dicados al tráfico de drogas en el mismo momento en que dichos grupos daban un salto en el tráfico de cocaína hacía Estados Unidos.

En el momento actual, las organizaciones criminales

mexicanas dedicadas al tráfico de drogas se encuentran ac tuando en nuevos contextos y el escenario político existen te en México ha repercutido significativamente en el clima de seguridad que experimenta el país. Así, la evolución del régimen político y la evolución de las organizaciones del narcotráfico corrieron en paralelo.

transición hacia un régimen formalmente democrático, experimentando un período complicado de inestabilidad política y debilidad institucional. Diversos grupos del cri men organizado comenzaron a moverse con una relativa autonomía respecto al poder político en virtud de las carac terísticas incompletas y controladas de la apertura demo crática. El pacto de gobernabilidad de la normalidad priísta dejó de funcionar y la alternancia obligaba a rediscutir todo nuevamente cada determinado período de tiempo. Ningu no de los grandes actores se sentía cómodo con esto.

La democracia mexicana no se consolidó cabalmente y

se vio potencialmente amenazada. La violencia que sacu dió al país a partir de 2006, originada en su mayor parte por las políticas de combate al narcotráfico de Felipe Cal derón (2006-2012) y por la torpeza del gobierno de En rique Peña Nieto (2012-2018) para controlar el fenómeno, han causado miles de muertes, abusos y arbitrariedades del Estado, en un evidente descontrol de la criminalidad.

Los mercados ilegales de drogas, específicamente el

transporte hacia Estados Unidos, existen en México desde hace tiempo, pero estos mercados se volvieron especial mente violentos y peligrosos a partir de los años noventa y particularmente a partir de los años 2006 y 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón (Aziz Nassif, 2009: 44-45).

Desde nuestro punto de vista el calderonismo impuso

un Estado de excepción en virtud de la crisis política del país, ya que más que el inicio de la alternancia, las elites mexicanas vieron el inicio de la ingobernabilidad, la que no pudo recuperarse hasta la llegada de López Obrador y la hegemonía morenista.

El proceso histórico y político que explica al narcotrá

fico tiene que ver con los cambios en el régimen político (transición) y con los cambios en las organizaciones del narcotráfico. La historia del narcotráfico en México y la violencia asociada a los grupos dedicados a este tipo de ac

tividades ilegales, muestran que la violencia se mantiene en sus más bajos niveles cuando una organización criminal predomina en el mercado. Cuando proliferan las disputas por el control territorial entre diversas organizaciones, que no logran una victoria duradera y el establecimiento de un Príncipe, la tasa de homicidios no solo crece, sino que se vuelve “comunicativa”, aumenta la ingobernabilidad y se deteriora la calidad democrática.

Por el contrario, el descenso de la violencia en determi

nada región puede obedecer a la consolidación de un gru po criminal en una plaza, sometiendo a las organizaciones competidoras y afirmando su relación con las autoridades políticas y policiales. La obtención de una victoria durade ra en una guerra predatoria implica la asunción de nuevas reglas de juego y el “fin del caos”.

La Cuarta Transformación

Así como Los Zetas fueron la “novedad” del sexenio cal

deronista, el Cartel de Jalisco Nueva Generación es el gran cartel del período obradorista.

El CJNG y otros grupos más pequeños han ganado pro

minencia y han avanzado en sus capacidades tecnológicas y tácticas, lo que dificulta el combate a la violencia. Los car teles se han vuelto cada vez más militaristas con el uso de drones y vehículos de combate blindados improvisados, lo que contribuye al aumento de la violencia en México.

El surgimiento de grupos más pequeños como Los Via

gras, el Cartel Tijuana Nueva Generación, Los Rojos y La Línea ha hecho que el entorno de seguridad sea más ines table, ya que los nuevos actores crean más fluidez en las estructuras tradicionales de alianzas y rivalidades que con ducen a una mayor violencia (Stratfor, 2021).

La página oficial del Semáforo Delictivo reconoce que

en marzo de 2024, 26 de los 32 estados del país estaban

en semáforo rojo por delincuencia organizada, por las altas tasas de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robos de vehículo (SD, 2024).

A pesar del énfasis morenista en abordar los problemas

socioeconómicos que contribuyen a la violencia y el cri men, como la pobreza extrema y el desempleo, las tasas de ambos descendieron, aunque siguen siendo altas y mere cen explicaciones.

1. Pobreza: en México hay menos pobres que antes (55.7

millones en 2020, 46.8 millones en 2022). Sin embargo, a pesar de que cayó el porcentaje de personas pobres, las ca rencias promedio de 2020 a 2022 subieron de 2.4 a 2.6. Esto significa que hay menos pobres, pero son más pobres que antes. Aumentó la cantidad de personas pobres por ca rencias sociales (de 30 millones a 37.9) y disminuyó la can tidad de personas pobres por ingreso (11.2 millones a 9.3 millones), una mejoría generalizada.

Lo mismo sucede con la pobreza extrema: 1.7 millones

de mexicanos salieron de la pobreza extrema entre 2020 y 2022, quedando una población de 9.1 millones de perso nas en esa condición, más que los 8.7 millones reportados en 2018. Sus carencias promedio subieron de 3.6 a 3.8 (El Financiero, 2023). Casi 5 millones de personas dejaron de considerarse pobres y vulnerables, un avance importante.

En síntesis, el impacto de las políticas sociales no ha

producido un efecto multiplicador, solo ha incidido clara mente en el mejoramiento de los indicadores de la pobreza por ingreso. Las personas tienen un mejor ingreso, pero sus condiciones de vida son peores.

2. Desempleo: las cifras de desempleo están siendo las

más bajas de la historia mexicana, apenas un 2.7%. A fines de 2023 un total de 59.4 millones de personas se encon traban trabajando, sobre una población económicamente activa de 61 millones (Blandón Ramírez, 2024).

Sin embargo, la informalidad está por encima del pro

medio regional y en el último trimestre de 2023 represen tó el 54,8% de la población económicamente activa. Esto impacta negativamente sobre el sistema de pensiones y el futuro retiro, que convertirá a los anteriores trabajadores en adultos mayores pobres. En virtud de ello el gobierno responde con una estatización de los aportes.

La disminución del desempleo se basa en el masivo pro

ceso de retorno de las empresas (reshoring) y el bajo costo de la mano de obra, sobre todo cuando es informalizada.

Este descenso de la pobreza y el desempleo no parecen

haber impactado en un descenso de los delitos del fuero común, con los que pudiera tener una relativa conexión. En enero de 2024 hubo un crecimiento del 9.1% de estos delitos al registrarse una cantidad de 173,927 en compara ción con los 159,353 de diciembre de 2023 (El Economista, 2024).

La conexión entre pobreza-desempleo y delito es un

mito muy difundido en la jerga de seguridad, pero tal co nexión es débil en los delitos del fuero común y totalmen te inexistente en el crimen organizado. Una mejoría en el status de pobreza, desigualdad y desempleo bien puede producir el efecto contrario, un aumento de la violencia y el delito.

Las políticas públicas de seguridad se relacionan con el

espacio público, el gobierno de la seguridad y la preven ción situacional, muy poco con la pobreza, la desigualdad y el desempleo.

El factor internacional, el retroceso democrático y los nuevos mercados

Los signos de cambio en el comercio mundial aparecie

ron antes del brote de la pandemia mundial de Covid-19. Con su fuerte estrategia interna del America First y el conse

cuente decoupling, entendido como el desacoplamiento y la repatriación de inversiones y procesos productivos, Esta dos Unidos dio pasos hacia un escenario de incertidumbre (Emmerich, 2021). Este proceso de repatriación y migra ción productiva no ha cesado, todo lo contrario.

Debido a las rivalidades geopolíticas de Estados Unidos

con China, pero también al formato agresivo frente a la Unión Europea, se agregaron nuevas fricciones e incerte zas. Quedó entonces evidenciada la fragilidad de las cade nas globales e integradas de valor bajo las actuales condi ciones políticas (Lange, 2020).

Es un escenario que ha contribuido al deterioro del mul

tilateralismo y al aumento de la incertidumbre sobre las características de un nuevo orden post Covid-19, un con texto en el que Ian Bremmer ha planteado la posibilidad de un mundo “G-Zero” o “cero-polar”, en el cual ningún país o alianza permanente de naciones puede asumir un liderazgo mundial.

Este concepto de G-Zero, expresa la idea de un mundo

en el que abundan las grandes potencias con sus propios intereses y que compiten entre sí, pero donde ya no existe un líder mundial claro. “Muchos países son ahora lo sufi cientemente fuertes para impedir que la comunidad inter nacional tome ninguna acción, pero ninguno tiene el mús culo político y económico para rehacer el statu quo. Nadie conduce el autobús”, escribió Bremmer en su libro Every Nation for Itself (Emmerich, 2022: 30).

Derivado de ello, la cooperación internacional se en

cuentra decreciendo, avizorando nuevos conflictos econó micos y una tendencia hacia el proteccionismo, lo que es posible observar principalmente en Estados Unidos y Eu ropa (Rojas, 2020). Se trataría de un interregno, un punto de detención, un vacío geopolítico del orden mundial, lo que podría denominarse una recesión geopolítica “que no

creo que dure para siempre, pero que sí por al menos 10 años. Pero las consecuencias todavía no las conocemos, no sabemos cómo será el mundo post orden mundial ameri cano” (Rojas, 2020).

El G-Zero es la prolongación de una era de incertidum

bre que se traducirá en conflictos, proteccionismo y gue rras, comerciales y de las otras. No es un panorama soste nible y estará convocando a la necesidad de algún liderazgo ordenador que opere en dirección a la consolidación de un orden mundial estable y pacífico (Emmerich, 2022: 31). El conflicto Rusia-Ucrania y las múltiples reverberancias lo cales dan acuse de ello.

Durante la pandemia estas angustias revelaron, lo siguen

haciendo ahora, el regreso a la demanda de la función es tatal, tanto para fortalecer los debilitados sistemas de salud pública como para que el presupuesto público sostenga a la estructura privada, financiera e industrial, como en los viejos tiempos.

El austericidio propio de los presupuestos públicos tie

ne su partida de nacimiento en la cultura del ajuste que se afianzó después de la crisis económica mundial del 2008. El regreso a la mano visible del Estado ha convertido a to dos en socialdemócratas. Ese proceso de ajuste perpetuo expuso los costos de haber abandonado las enseñanzas de otras tragedias anteriores a la pandemia e igualmente bru tales, pero de naturaleza diferente, como las dos grandes guerras del siglo XX (Cantelmi, 2020).

Un futuro alternativo plantea también una crisis de la

democracia liberal y del Estado de derecho que pueden convocar al surgimiento de gobiernos más autocráticos y poderes regionalizados, amparados en el fin de la globali zación, de la interdependencia y del ideario liberal. Algu nos gobiernos buscarán obtener una centralidad en la pro visión de recursos básicos para poblaciones determinadas

lo que supone el retorno del poder al centro de la escena, una retirada del Derecho y de las normas restrictivas del ejercicio de la soberanía.

“La pandemia es aprovechada para abrir un escenario

en el cual las sociedades golpeadas por el látigo de la crisis sanitaria consentirán la instauración de un Estado fuerte, omnipresente e intrusivo en la intimidad de los ciudada nos” (Enríquez Pérez, 2020: 64).

En América Latina y el Caribe es natural que haya una

tendencia a preocuparse por el autoritarismo, especial mente por el pasado que comparte la región. Por esto, las preocupaciones sobre los retrocesos pueden estar agudiza das (Chacón et al., 2020).

Incluso antes de la pandemia algunos gobiernos demo

cráticos y electos por las urnas han demostrado que están dispuestos a usar mano dura frente a la sociedad civil, como han sido las respuestas de los gobiernos de Bolivia, Chile y Ecuador frente a las manifestaciones sociales en 2019 (Cha cón et al., 2020). La región experimenta una oleada general de retroceso democrático.

Estallidos sociales, caóticas transiciones de poder, po

larización, corrupción, políticas de mano dura, represión y violencia. Inmersa en una tendencia decadente, la de mocracia en América Latina sufrió un nuevo retroceso en 2022 y transita “un camino cada vez más oscuro hacia la autocracia”, de acuerdo a las afirmaciones del último in forme de la Unidad de Inteligencia de The Economist (Sol Miguel, 2023).

Por su parte International IDEA afirma que “durante las

últimas cinco décadas, la proporción de democracias en América Latina y el Caribe ha crecido del 32 por ciento a un sorprendente 84 por ciento. La democracia alcanzó su apogeo en 2006-2007, cuando Cuba era el único país auto ritario de la región. Este ya no es el caso.

Nicaragua y Venezuela se han convertido en regímenes

autoritarios consolidados. En 2021 Haití se deslizó hacia el autoritarismo y recientemente solicitó asistencia extran jera para sofocar la violencia extrema de las pandillas. Las democracias establecidas también han experimentado re veses y los declives han sido especialmente severos en Bra sil, El Salvador y Estados Unidos (IDEA, 2022).

Hablando a nivel global, el Índice de Transformación

BTI 2022, Comparación internacional de Gobernanza (CADAL, 2022), sostiene algo similar: “una vez más, el BTI 2022 ha identificado un considerable retroceso en todo el mundo en lo que respecta a los procesos de transforma ción. Los principios rectores de la democracia y la econo mía de mercado se han visto sometidos a una intensa pre sión y están siendo cuestionados por las élites corruptas, el populismo antiliberal y el gobierno autoritario. Por prime ra vez, el Índice de Transformación incluye más Estados autoritarios que democráticos”.

En 2024 encontramos un perfil autoritario, centralista,

securitizante y militarista en todos los países de la región, incluido México.

En el mundo del narcotráfico estos cambios globales

han producido las siguientes respuestas: 1. Vuelco a los mercados interiores: el bloqueo del comer

cio mundial y el bloqueo de las fronteras produjo una respuesta adaptativa de vuelco hacia los mercados inte riores, un proceso que ya había comenzado en los años anteriores a la pandemia y se acentuó fuertemente con la misma y en la normalidad posterior.

2. Narcomenudeo: la venta callejera de drogas para consu

mo final es la nueva meca del narcotráfico. Ello implica un aumento de la violencia, los homicidios y el deterio ro del espacio público. Los desafíos de seguridad se in crementan y la reiteración de las políticas de mano dura

se muestran inefectivas, aunque se fortalece el proceso de politización de la seguridad, en un contexto global de gobiernos más centralistas, autoritarios y securitizantes.

3. Pandillas: las ciudades asisten a un aumento de las pe

queñas organizaciones territoriales involucradas en el narcomenudeo, con liderazgos débiles y cambiantes, alta violencia y connivencia policial. Los aspectos del narco tráfico que lo vinculan con la idea de “organización” del crimen (crimen organizado) son escasos y eventuales. El aumento de homicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo, está relacionado con las disputas de las bandas por el control territorial de la venta callejera de drogas.

4. Especialización de los grandes carteles: las grandes or

ganizaciones (Sinaloa, Juárez) dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos se especializan y compleji zan sus rutinas burocráticas estandarizadas. Se vinculan con el narcomenudeo en el nivel más alto de la cadena, como proveedores, pero su enfoque son las rutas hacia Estados Unidos. Cumplen con las pautas esperables de ambos conceptos: “crimen organizado” (organizaciones complejas, especializadas, centralizadas y jerárquicas) y “narcotráfico” (tráfico de drogas).

5. Tráfico de personas: la política americana del MPP (Mi

gration Protection Protocol) que dejaba a los migrantes es perando la resolución de su trámite migratorio en te rritorio mexicano, implicó una población varada de re tornados, deportados, solicitantes de asilo, rechazados y otros que son captados por las organizaciones narco de la frontera norte de México. El negocio del tráfico ilegal de personas y drogas hacia Estados Unidos es el nuevo interés del narcotráfico, con un margen de ganancia su perior a las drogas y con la provisión eventual de mano de obra muy barata y descartable.

6. Aumento de las disputas por el control del territorio:

derivado del enfoque local de las problemáticas de dro

gas, el narcomenudeo y el aumento de las pandillas, las posibilidades de expansión incentivan las disputas por el control de territorios cada vez más pequeños y estric tos en el mapa urbano de las ciudades mexicanas. Allí es donde la droga se convierte en dinero proveniente del consumidor final, el fin de la larga cadena.

7. Franquicias: en todos los países de América Latina, gran

des y pequeñas organizaciones actúan como franquicias de los grandes carteles proveedores o compradores, so bre todo Sinaloa y el CJNG. Es el caso de Ecuador, donde Los Choneros y Los Lobos gustan de mostrarse como miembros de Sinaloa o del CJNG, cuando en realidad operan como franquicias locales de sus compradores. Al mismo tiempo que transitan la droga colombiana hacia alta mar bajo pedido de los carteles mexicanos, narco menudean la intermediación en las ciudades del país. Es el caso de las bandas paraguayas afiliadas al PCC de Brasil. O de los grupos narcos de Ciudad Juárez afiliados a Juárez o Sinaloa que narcomenudean el tráfico de dro gas a Estados Unidos. En México tales franquicias pueblan los municipios,

mostrando la afiliación a los grandes carteles como propa ganda, pertenencia y poderío.

El gobierno mexicano no parece haberse adaptado al

cambio global y no se vieron cambios de seguridad que la reflejen, sí en otros ámbitos de la vida social por supues to. México es el principal actor global de los procesos de reshoring y nearshoring, aunque solo los lea en el ámbito de negocios y de la cadena global de valor y suministros. En seguridad México asiste a una parálisis de iniciativas. El importante Protocolo Homologado de Justicia Cívica, Cul tura de la Legalidad y Buen Gobierno no se implementa con la dimensión nacional necesaria y en muchos casos se ha detenido por argumentaciones presupuestarias o apu ros electorales.

Capítulo 2Geopolítica de México. Impacto de la geografía en el narcotráfico

En términos geopolíticos México no ha recibido la me

jor de las bendiciones. Mientras su vecino del norte posee la mayor conexión de vías navegables y tierras cultivables del mundo, México no tiene ni un solo río navegable en todo su territorio.

Su parcela naturalmente habitable es pequeña, rodea

da de montañas, selvas y desiertos. Todo allí es difícil de controlar y difícil de defender frente a amenazas internas o externas.

Bordeando el núcleo central estás las cadenas montaño

sas, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. En el flanco occidental, la Sierra Madre cae abruptamente hacia el Océano Pacífico, dejando un espacio muy breve entre la cadena montañosa y la costa, apenas unos cientos de metros. En Sinaloa y Sonora la cadena montañosa se mete dentro del territorio continental y deja al descubier to algunas porciones de sabana que son adecuadas para el pastoreo del ganado y otros animales. Pero allí donde hay tierra no hay agua y se requiere de una costosa infraestruc tura para traerla desde el escaso sistema fluvial de la región.

En la costa oriental la Sierra Madre Oriental se desvane

ce en llanuras más amplias con densos bosques tropicales. Allí hay una cierta riqueza en la tierra, mirando al Golfo de México y a las grandes potencias del mundo. Esta costa, be lla e histórica, es la vulnerabilidad militar para la invasión del país, con su puerto abierto al mundo, Veracruz.

Al norte están los bravos desiertos mexicanos, una im

presionante barrera frente a Estados Unidos y la sede his tórica de cualquier insurrección política o criminal. Allí re suenan Pancho Villa asaltando el Palacio Nacional en 1910 o el Cartel de Juárez masacrando mujeres cien años después. Al sur está la frontera migratoria, la región indígena y

pobre de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roó, donde se mezclan la selva y los ríos, las playas y la ci vilización maya.

La geografía indicaba un país donde la escasa población

habitaría la ciudad de México y algo más, un país pobre, anárquico, inviable. Por el contrario, la geopolítica cons truyó allí un país poderoso, con 130 millones de habitan tes, la décimosegunda economía del mundo (Flores, 2023) y una identidad cultural de las más altas del planeta.

Los desafíos geográficos le acarrean a México una mul

titud de problemas. 1. En primer lugar, la falta de vías navegables y la esca

sez de puertos reduce drásticamente la capacidad para transportar mercancías y generar capital.

2. En segundo lugar, el carácter disociado de las regiones

agrícolas obligó a la construcción de infraestructuras se paradas, no integradas para cada sub-región individual, elevando ferozmente los costos. Las pocas economías de escala no permitían que los avances en una región ejercieran un efecto multiplicador sobre las otras.

3. En tercer lugar, el costo de la infraestructura en las tie

rras altas de la ciudad de México es elevado y todo debe transportarse desde el puerto de Veracruz hacia los 2.200 metros de altura de la ciudad de México. Estos desafíos de ingeniería, los costos asociados y la finan ciación requerida eran tan extremos que la vía férrea de 410 kilómetros entre la ciudad de México y Veracruz se completó recién en 1873. Estados Unidos ya tenía enton ces dos líneas intercontinentales y 60.000 kilómetros de vías férreas. Estos costos más elevados del desarrollo en México ori

ginaron una estructura económica y social específica. En lugar de la pequeña propiedad privada surgida con la polí tica del presidente Jefferson en Estados Unidos en 1803, la

agricultura mexicana estaba dominada por unos pocos es pañoles ricos (o sus descendientes) que podían pagar el alto costo de capital requerido para la creación de plantaciones.

Mientras los colonos americanos eran tradicionalmen

te pequeños terratenientes que poseían sus propias tierras, los colonos mexicanos fueron contratados como trabaja dores o siervos al servicio de las oligarquías locales. Los te rratenientes mexicanos crearon sus propios pueblos y no vieron beneficios en esforzarse hacia la industrialización, lo que hubiera derrumbado el control de sus feudos eco nómicos y políticos.

Esa estructura social se ha conservado hasta nuestros

días, con 300 familias a cargo del poder político y econó mico, las mismas que dominaron los primeros años de Mé xico, cada una con su centro local de poder geográfico.

Estados Unidos se convirtió en el destino de los inmi

grantes europeos, que podían ser dueños de su propia tie rra. Cuando México se independizó en 1821 tenía una po blación de 6.2 millones de personas mientras Estados Uni dos contaba con 9.6 millones. Cincuenta años después, en 1870, Estados Unidos tenía 38.6 millones y México apenas llegaba a los 8.8 millones (Straffor, 2016).

El Heartland

Situada en el centro del Valle de México, la Ciudad de

México (CDMX) es el locus político indiscutible del país. Huyendo del asedio de las tribus vecinas, los aztecas cons truyeron en el lago de Texcoco la impresionante ciudad de Tenochtitlán, donde hicieron su hogar y dieron al mundo el maíz. Corría el año 1325.

La ciudad se ubica en latitudes tropicales pero la alti

tud mitiga las inclemencias climáticas y le otorga un clima templado y suave, apto para la agricultura y las grandes po blaciones. Rodeada de altas montañas al este y al oeste, se encuentra naturalmente protegida. La ciudad fue construida literalmente en el agua, plan

tando cultivos en plataformas sobre la superficie del lago, las chinampas. Los españoles drenaron el agua del lago mediante un canal que conectaba el Valle de México con el sistema del río Tula. El lago fue drenado eficazmente, pero la ciudad quedó con inestabilidad fundacional, vulnerabi lidad a los terremotos y escasez de agua.

La ciudad de México es un componente crítico del con

trol nacional porque su potestad permite la sujeción de las tierras altas, ya que la geografía mexicana hace difícil dominar el resto del país. Frecuentemente el heartland se encuentra amenazado por peligros provenientes de todos lados.

Históricamente las amenazas externas ingresaron por

Veracruz, el segundo integrante del doble núcleo mexica no. Por allí las potencias extranjeras (y nacionales) encon traron el punto de entrada para invadir con éxito la ciudad de México.

Desde Hernán Cortés hasta Estados Unidos y el imperio

francés han entrado por allí, con acceso directo a la Ciudad de México, donde varias banderas extranjeras ondearon victoriosas.

En 1864 Francia coronó a Fernando Maximiliano José de

Habsburgo como emperador, la ciudad de México fue ocu pada durante tres años, pero la expansión hacia el interior del país era un asunto mucho más difícil.

Se necesitaba mucho personal y mucho tiempo para

conquistar los desiertos, las montañas y las rebeliones, como en Oaxaca. El control de México nunca logró conso lidarse y los franceses debieron abandonar el país, dejando a Maximiliano para ser ejecutado.

La lección geopolítica francesa indicó que el control de

las tierras altas alrededor de la ciudad de México debe estar acompañado del control de las tierras bajas en la costa del Golfo, todo a fin de garantizar la supervivencia del Estado.

Hay otras áreas que también deben ser controladas y

conforman el núcleo externo, los Estados de la antigua Me soamérica, más allá de la ciudad de México y Veracruz, allí donde las montañas escarpadas son verdaderos escondites: Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Son difíciles de controlar y suelen ser focos de rebeldía para el poder cen tral, son las zonas de amortiguamiento (buffers).

Los desiertos del norte son focos de insurrecciones po

líticas y actividad criminal. Están demasiado lejos para ser controlados y para ser temidos, no son una amenaza y siempre están activos. La región es un buffer estratégico entre el heartland y Estados Unidos, al mismo tiempo que representa una vulnerabilidad grave.

Límites políticos

Estos territorios fundamentales son de importancia crí

tica y tamaño reducido. Los actuales límites políticos del país son más grandes que esos territorios, en una geografía con 2 millones de kilómetros cuadrados que ha desafiado repetidamente la opresión.

La debilidad mexicana reside en su flanco oriental y los

beneficios de la zona de amortiguamiento parecen insigni ficantes.

Las fronteras nacionales no enmarcan un Estado polí

ticamente coherente y manejable, incluso con la ventaja estratégica de poseer Baja California y Yucatán¹. El núcleo montañoso dificulta el control sobre las tierras altas, la costa es vulnerable a la intervención extranjera, la fronte ra norte alimenta grupos autónomos o rebeldes. México tiene una geografía que presenta desafíos extremos para cualquier gobierno central.

El aseguramiento del país exige la satisfacción de algu

nos imperativos:

1. Lo esencial es el control del núcleo interno, las tierras

altas de la ciudad de México y las tierras bajas de Vera cruz, establecidas como una sola región.

2. Lo siguiente es controlar los focos de posible disidencia

en los buffers, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, mediante la implementación de dos opciones: la inte gración económica y un partido político fuerte. No pue de carecer de ninguna de las dos.

3. En tercer lugar, controlar los territorios del norte donde

las amenazas podrían originarse, buscando expandir el poder de su núcleo. En términos de narcotráfico los tres imperativos están

en entredicho y amenazados.

Geopolítica y narcotráfico

El narcotráfico mexicano sigue las líneas de desarrollo

dictadas por la fragmentada geografía del país. Desde Co lombia, pasando por Centroamérica y entrando en México hasta llegar a la frontera norte, el exitoso recorrido de la cocaína se dirige sin cesar a Estados Unidos, el mismo ca mino de los migrantes.

En las abundantes brechas territoriales provistas por la

geografía montañosa, la comunicación y la integración po lítica es dificultosa, el alcance del poder central en el locus de las tierras altas del Valle de México es relativo y lejano. En esos huecos priman los poderes locales, las disidencias y el narcotráfico, acicateado por la frontera americana y la demanda.

Las fronteras del sur y del norte de México son robus

tas, poco pobladas y poco vigiladas, una combinación muy adaptada al contrabando de bienes con alta demanda en Estados Unidos.

Estas regiones fronterizas tienen serias debilidades: in

fraestructuras urbanas incapaces de absorber las oleadas

poblacionales de migrantes y trabajadores, escasos recursos del Estado, costos de desarrollo muy elevados, liderazgos políticos parroquiales, climas severos, desconexión vial².

En ese contexto de ausencia, típico de la frontera, el nar

cotráfico desarrolló su actividad con la complicidad y par ticipación de las autoridades locales.

La geografía ayudó para que diversas organizaciones

lograran acumular poder local mediante el control de los corredores de transporte, incluso hasta operar como si fue ran un gobierno parroquial.

Estas pandillas se enfrentaron por el control del terri

torio y el Estado no intervino. Cuando el sistema político cambió, estas luchas internas se hicieron notar y también cambiaron las reglas de juego.

Bajo la democracia autoritaria priísta, la necesidad de

mantener a los gobiernos y poderes locales dentro del par tido supuso ignorar al narcotráfico para construir la gober nabilidad de la “dictadura perfecta”, pagando el precio de la inclusión de todos.

Cuando el poder cambió de manos, los gobiernos del

PAN desafiaron la construcción institucional heredada.

Fox comenzó el despliegue de tropas militares contra las

organizaciones de tráfico de drogas de una manera limita da y Felipe Calderón llevó el “cambio” a una guerra a gran escala contra el narcotráfico.

A medida que el ejército quedó expuesto a los carteles,

se fue impregnando de corrupción y violaciones a los dere chos humanos, lo que redujo su eficacia, avergonzó al país y se volvió inviable.

El régimen obradorista no podía continuar la guerra y

prefirió volver a un cierto grado de gobernabilidad inclusi va, a riesgo del rechazo de la opinión pública, lo que no se

manifestó en las elecciones del 2 de junio. Un riesgo calcu lado, aceptado y resuelto.

Mientras tanto la violencia continúa. Las drogas se pro

ducen en América del Sur y se consumen en América del Norte, atravesando la porosidad mexicana, un componen te difícil de cambiar en virtud de los dictados geográficos (desiertos en el norte, selvas y ríos en el sur).

A lo largo de las diversas rutas de tráfico pagan los cos

tos las poblaciones asentadas en los territorios cartelarios, prácticamente todo el país, con focos rojos permanentes en la frontera norte y cambiantes en otras regiones.

Para estudiar el narcotráfico mexicano en términos

geopolíticos, es imprescindible analizar el locus de poder en la ciudad de México, los buffers de amortiguación (Gue rrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca) y la frontera norte.

Conclusión

La geografía implica un desafío fundamental para Mé

xico. Las montañas pueblan todo el país y se convierten en escondites de los carteles y grupos disidentes, además de fragmentar la pertenencia nacional, los desiertos fronteri zos alimentan la porosidad del país, la ausencia total de vías navegables dificulta la generación de capital, la apertura al Golfo de México lo hace vulnerable a incursiones navales. México es naturalmente susceptible de padecer graves pro blemas de seguridad y sentirse amenazado.

Las invasiones extranjeras del siglo XIX (Estados Uni

dos, Francia), las guerrillas revolucionarias del siglo XX (Pancho Villa y Emiliano Zapata) y XXI (EZLN), las rebe liones de sectores de la elite (guerra cristera) y los carteles del narcotráfico son la manifestación histórica del desafío geográfico.

La dificultad en generar y acumular capital deja al país

dependiente del capital externo y a merced de la dinámica del mercado internacional (Stratfor, 2009), sobre todo de

Estados Unidos, con quien comparte una frontera castiga da de 3.200 kilómetros de longitud, donde se asienta la de manda de droga más elevada del mundo.

Esta dependencia mexicana de los capitales externos

forjó una economía basada en las importaciones america nas (industriales, alimenticias y de narcóticos), siempre de acuerdo a los vaivenes de la demanda estadounidense.

Adicionalmente, como miembro incómodo e indesea

do (Rodríguez, 2023) del NorthCom americano, México es militarmente vulnerable en su flanco oriental, necesita el apoyo de su vecino y es vulnerable a su influencia política.

Estos retos económicos, militares y políticos configura

ron un país históricamente asediado y con bajo desarrollo. México se vio obligado a intentar la superación de los desa fíos provenientes de su geografía física, algo que consiguió con relativo éxito, sin dejar de tomar en cuenta las limita ciones, exigencias y problemáticas derivadas de su compli cada geografía.

A pesar de ser la décimo segunda economía mundial,

con perspectivas de subir en la escala hasta el puesto 10, de ser el protagonista central de los procesos de reshoring, contar con una población de 130 millones de personas y de tener una moneda supervalorada en el mercado mundial, debe convivir con elevados indicadores de pobreza, bajos salarios e informalidad laboral. A todo eso se le suma el ingrediente más notorio e importante: la violencia, el nar cotráfico y los homicidios.

Capítulo 3La alternancia y el fin de las certezas

En cualquier país, la democracia puede ser pensada

como un régimen político. Pero el régimen, como porta dor de normas, valores y procedimientos que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del mismo, nunca es de mocráticamente puro. La realidad siempre nos muestra un régimen complejo. Un régimen democrático suele coexis tir con otros que no lo son, que incluso pueden constituir su antítesis. Un régimen mixto se puede amparar, y en la mayoría de los casos así lo hace, en la legitimidad de una ‘pata’ democrática, pero combina sus componentes de di versas maneras, con distintas intensidades (Strasser, 1999).

En México el régimen político se legitimó sobre un ‘pe

destal democrático’, pero en una realidad de mixturas el ré gimen siguió sosteniendo viejas prácticas, antiguos vicios, con los rasgos claramente autoritarios que siempre han ca racterizado a la ‘democracia priísta’. A finales de los años setenta, un proceso de apertura y de liberalización política, necesario e inevitable para que el PRI conservara el po der sin mayores obstáculos, dio inicio a un proceso político que no terminó de consolidarse y se derrumbó estrepito samente.

Este proceso de apertura y de transición provocó, entre

otros importantes efectos, la desarticulación de actores cla ve que terciaban en México entre los dos campos: el de la política y el del narcotráfico.

A mediados de los ochenta, con la desaparición de la

Dirección Federal de Seguridad (DFS), institución funda mental en el control y en las componendas del mercado ilícito de las drogas en México, se inició un cuadro crítico que trastocó la estabilidad política una y otra vez.

Desde la crisis económica de 1982, las divisiones del PRI

en 1987, el fraude electoral en 1988, el levantamiento za patista, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y

José Francisco Ruíz Massieu y la grave crisis económica de 1994, la situación del país mutó incesantemente, desembo cando en la alternancia política, un proceso que aparenta haber finalizado en 2018. Muy probablemente en el futuro la alternancia débil dará paso a una neo gobernabilidad au toritaria débil.

Luego de un prolongado proceso político ‘democrati

zador’, atrás habían quedado los tiempos del partido he gemónico, donde todo giraba en torno a una estructura vertical tripartita de gobierno, partido y organizaciones so ciales, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) constituía el único mecanismo real de acceso al poder po lítico y a los cargos gubernamentales.

Las características de este largo régimen, clasificado

como populista y autoritario, fueron:

• El intervencionismo estatal más allá de lo económico;
• Un dominio absoluto del poder ejecutivo, esto es, un presidencialismo con facultades metaconstitucionales;
• El centralismo político a costa de los municipios y de las entidades federativas y en contra de lo establecido en la Constitución;
• El corporativismo como forma primordial de relación entre el poder político y la sociedad;
• Libertades acotadas, entre ellas las de expresión, asocia ción, de prensa y de manifestación;
• La ausencia de respeto a los derechos humanos;
• Corrupción generalizada en todos los niveles;
• Fraude y manipulación en elecciones;
• Una política clientelar del PRI hacia los gobernados (Ro dríguez Araujo, 2009: 258). La literatura de la transición democrática en México es abundante y comprende múltiples posicionamientos: 1. Los que sostienen que el país se encuentra aún en un proceso de transición que no termina por instaurar una democracia consolidada; 2. Los que argumentan que, de hecho, somos ya una de mocracia, joven, endeble, pero democracia al fin; 3. Los que definitivamente niegan firmemente la existencia de una real democracia en el país que vaya algo más allá de lo procedimental. Aquí se anotan varios que hablan de un régimen autoritario, exponiendo en los medios de comunicación y en las dirigencias partidarias opositoras. Formalmente, el Estado mexicano ha funcionado bajo el esquema de una democracia representativa. Desde un punto de vista jurídico-constitucional, México ha sido una democracia desde mucho antes del 2000, el año donde culminó el proceso de transición democrática que expulsó del poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido hegemónico que gobernó por más de setenta años en forma ininterrumpida y que fue relevado por un par tido de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN). Esto hizo posible el tránsito pretendido desde una democracia ficticia hacia una democracia real, aunque dicho paso no haya ido mucho más allá del aspecto electoral o procedi mental o incluso menos con el paso de los años. Un gobierno democrático implica algo más que proce dimientos y la alternancia de distintos partidos políticos en el poder. Para hablar de una verdadera forma de organi zación política democrática, hay que referirse al deber ser, al ideal democrático cuya mejor expresión es el modelo poliárquico de Robert Dahl (1960). La democracia, según lo indica la propia palabra, desemboca precisamente en el ‘poder popular’, en el que las democracias deben ser sis temas políticos en los que el pueblo ejerce el poder. Los gobiernos que se denominan democráticos, en el mundo y particularmente en México, quedan cuestionados fácil mente cuando se busca el grado de la correspondencia en tre el ideal democrático y la realidad diaria. El término democracia no es útil para fines descriptivos, pero sí para efectos normativos: “un sistema democrático es ubicado por una deontología democrática y ello porque la democracia es y no puede ser desligada de aquello que la democracia debería ser” (Sartori, 1987: 4). Los cambios políticos que el Estado mexicano ha ex perimentado en las últimas décadas están lejos del ideal democrático. Acciones como la llamada guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias humanas y materiales, ex ponen cuánto nos hemos acercado o alejado de una deon tología democrática, de la contemplación del Estado de Derecho como una institucionalización jurídico-política de la democracia (Díaz, 2002: 61). La transición mexicana ha generado un Estado débil, aunque también proactivo, ante las organizaciones crimi nales, debido a que: 1. Por una parte, no cuenta ya con la concentración de po der que en tiempos autoritarios permitió la subordina ción del campo criminal a sus designios. 2. Por la otra, tampoco cuenta todavía con las institucio nes policiales y de seguridad, ni con los instrumentos legales adecuados para controlar uno de los efectos más devastadores del narcotráfico, como lo es la violencia en ciertas zonas de México. 3. Finalmente, en una mezcla explosiva de debilidad y voluntarismo, establece un mecanismo de toma de de cisiones ejecutivas que involucra una suerte de coopta ción del rol disciplinario del sicariato. La competencia electoral en México trajo las alternan cias y el cambio de las tradicionales y autoritarias reglas de juego, dando origen a un sistema relativamente plural donde tres (PRI, PAN, PRD) y luego cuatro partidos (PRI, PAN, PRD, MORENA) que terminaron siendo dos (PRI- PAN-PRD y MORENA) tienen posibilidades reales de acce so al poder ejecutivo federal. También se incluye un nuevo y breve ingrediente del sistema político mexicano, el fenómeno de las candidatu ras independientes, donde un personaje como Jaime Ro dríguez, “El Bronco”, obtuvo el triunfo a la gubernatura de una importante entidad federativa como Nuevo León. Esta alternancia no ha sido un proceso fácil ni exento de conflictos. En este contexto, la división de poderes pasó de ser una mera formalidad a un intento más serio de repre sentar un sistema de pesos y contrapesos. En sí, de una monarquía sexenal pasamos a la alternan cia y a los gobiernos divididos, con un modelo de poder que ya no se encuentra concentrado en una sola persona ni en un solo partido político. Los Congresos no cuentan ya con mayorías absolutas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a comportarse como un verdadero Poder Judicial. Estos cambios trajeron aparejados nuevos equilibrios de poder, en un proceso que ha generado algu nos efectos no deseados. La democracia construida en México no es capaz de re gular intereses particulares y armonizarlos con el interés ciudadano. En ella se amalgaman procedimientos demo cráticos para elegir gobernantes con estilos de poder au toritarios e inercias que siguen favoreciendo la concentra ción de la riqueza en unas cuantas familias del país (Aziz Nassif, 2009: 10-12). El retorno del PRI en 2012 dejó en claro que estos estilos autoritarios no habían sido desterrados del todo. Más que un nuevo PRI apareció un partido con viejas y perniciosas prácticas en un nuevo escenario, donde la concentración de poder ya no es lo que había sido (Cuevas Méndez, 2014). Al tiempo que México transitaba hacia una posibilidad real de elecciones democráticas, el narcotráfico expandía su capacidad económica y su poder. Los viejos acuerdos de gobernabilidad que incluían al narcotráfico no dieron lugar a nuevos marcos regulatorios que superaran aquella democracia autoritaria priísta por una democracia de cumplimiento de la ley. El tema de la seguridad y los peligros consecuentes para el Estado no fueron prioritarios en la política mexicana en los primeros años del cambio ni tampoco en los posterio res, a pesar de las promesas. No se advirtió la importan cia que representaba para la clase política la necesidad de construir instituciones de seguridad adecuadas a las nuevas condiciones. El resultado fue que, frente a los acomoda mientos de la transición política, los grupos criminales pa saron de la subordinación a una confrontación más directa. Y el gobierno se embarcó en la guerra. En consecuencia, esta adopción meramente proce dimental de las reglas de juego democráticas generó de ficiencias estructurales en el comportamiento del Estado mexicano, sobre todo en su capacidad de controlar a los grupos del narcotráfico. Las disputas de estos grupos cri minales han sido de dos tipos: 1. Disputas internas:
• Luchas sucesorias generadas al calor de una política de descabezamiento de organizaciones por parte del gobierno federal;
• A raíz de medidas disciplinarias aplicadas por las mismas organizaciones a sus propios integrantes; 2. Disputas externas:
• De las organizaciones con sus competidoras en el mercado ilícito de drogas, por rutas, territorios o transacciones;
• De estas organizaciones con instituciones del Estado (Fuerzas Armadas, Policía); Estos conflictos provocaron una elevación de los indica dores de violencia, constituyéndose en una pérdida de go bernabilidad. En ausencia de una visión estatalizante de las distintas fuerzas políticas, buscando la construcción y con solidación de instituciones de seguridad y procuración de justicia acordes con las nuevas condiciones, puede resultar lógico que las organizaciones criminales no se conformen con la presencia territorial y el control sobre ciertos actores políticos “sino que pretendan el control absoluto de ciertas decisiones políticas, como ya ocurrió con la mafia italiana y con los grupos paramilitares en Colombia” (Astorga, 2003). Siendo más precisos, el narcotráfico no amenaza pro piamente y en primera instancia al Estado. El narcotráfico (a diferencia del crimen organizado en general) no es un fenómeno evidente, visible y fácilmente incorporable en matrices analíticas precedentes, sino que exige una com prensión más acabada sobre los procesos de formación histórica del Estado y la adopción de una concepción del narcotráfico como un actor que se comporta estatalmente, ya que ambos (Estado y narcotráfico) son territoriales, mo nopólicos, coactivos y estables (Emmerich, 2015: 35). La transición política mexicana ya se encuentra en una fase post-transicional, una ‘instauración democrática’, que prometía ser la fase antecesora de una verdadera ‘conso lidación democrática’. Según Aziz Nassif (2009: 379), du rante una ‘instauración democrática’, o estructuración de un nuevo régimen democrático, se observan dos procesos: 1. Un proceso de destitución autoritaria del régimen an terior, en el cual se derogan las estructuras y comporta mientos característicos del régimen autoritario a la vez que se lo deslegitima; 2. Un proceso de rediseño institucional y normativo, me diante el que se generan nuevas instituciones y se pone en funcionamiento un determinado marco jurídico Así, el proceso de la destitución autoritaria posee tres dimensiones: a. Una dimensión simbólica o de deslegitimación del an tiguo régimen; b. Una dimensión normativa o de derogación de normas jurídicas existentes en el régimen autoritario; c. Una dimensión de lealtad de los actores políticos o de compromiso de los actores con el régimen democrático. Las tres dimensiones son útiles para determinar el gra do de profundidad con que se ha llevado a cabo una des titución autoritaria. Si las tres dimensiones se cumplen se puede hablar de un proceso de destitución autoritaria fuer te. Si se cumple con la dimensión de lealtad (la tercera) y en menor medida con las dos primeras, se puede afirmar que se está en presencia de un proceso de destitución débil. En este caso persiste una amenaza permanente para la sub sistencia de cualquier régimen democrático en formación. La permanencia de actores con comportamientos auto ritarios y con la capacidad de presionar o desestabilizar a los nuevos gobiernos, provoca que el nuevo régimen apa rezca como vulnerable, lo que ha sucedido en la transición mexicana. Las características de la transición mexicana (muy con tinua, larga y gradual) hicieron que la destitución autorita ria fuera débil. La llegada a la alternancia electoral acon teció sin un pacto previo, mediante una progresiva libe ralización política, resultado de una estrategia de partido hegemónico para perpetuarse en el poder mediante la flexibilización controlada del sistema político y su gradual apertura al pluralismo y la competencia política posterior. Esta flexibilización fue la que llevó al PRI a la pérdida del control y la derrota en las urnas en el año 2000 (Cansino, 2004). Los últimos quince años han sido un período de cam bios y reformas incompletas e insuficientes que han ter minado por erosionar la capacidad del gobierno mexicano frente a desafíos como el narcotráfico y una crisis de las instituciones civiles de seguridad. Las políticas de “comba te” al narcotráfico apuntaron a que las Fuerzas Armadas, el último de los recursos para utilizar en esta “lucha”, adqui rieran en los gobiernos de la alternancia un protagonismo cada vez mayor, especialmente a partir del año 2006. Las respuestas se basaron en la utilización del Ejército y la policía para aplacar “desórdenes y situaciones de alto riesgo”. Pero la función estatal de proveer seguridad no implica la cesión de todo derecho en aras de conseguirla, ya que “hay que tener en cuenta que el mantenimiento de esa seguridad por parte del Estado, con ser fundamental y responder a un viejo anhelo de toda sociedad, no debe hacernos olvidar otro deseo también viejo, el miedo de los ciudadanos al excesivo poder del Estado” (Bodemer, 2005: 127). El absolutismo hobbesiano ya no es una opción exclu yente en las sociedades modernas, pero en el caso mexi cano las políticas de securitización coparon la agenda de decisiones. Todo gobierno debe ser capaz de brindar seguridad dentro de un contexto democrático, una opción cada vez menos implementada en el mundo. En un régimen de mocrático el mantenimiento de la seguridad interna y ex terna es tarea fundamental del Estado, el cual dispone del monopolio legítimo de coerción, pero democráticamente controlado (Kurtenbach, 2003: 21) porque seguridad y de mocracia deben ir de la mano.

La estabilidad hegemónica

Leslie Bethell (1998) sostiene que durante la hegemonía

del PRI en México, predominó un tipo de régimen que, aunque fue autoritario, tenía un sesgo pragmático y mode rado, al contrario del modelo severamente represivo que prevaleció en los países del Cono Sur en los años setenta. El régimen príista tuvo tres características definitorias: 1. Se trataba de un sistema incluyente, proclive a la utiliza

ción de mecanismos de cooptación y de incorporación;

2. Era un sistema fuertemente institucionalizado;

3. En el gobierno se asentaban líderes civiles y nunca go

bernantes militares; Dice: “Mediante estas características el régimen mexicano habría podido enfrentar y resolver con éxito dos dilemas propios de todo régimen no democrático: cómo renovar la élite y cómo definir la sucesión del go bierno. Aunque se trata de un régimen autoritario, presenta muchas diferencias con los regímenes autoritarios clásicos”. “En primer lugar y en forma indiscutible, el poder político reside en la cima presidencial. Los presidentes mexicanos gobiernan durante un período de seis años que no es renovable. Durante su sexenio tienen la autoridad suprema en todas las cuestiones políticas importantes, os tentan una gran capacidad de tutelaje y modelan en forma central la matriz de desarrollo nacional de su período. La revolución mexicana ha dejado un legado todavía presente de veto a la reelección presiden cial, siendo el único país del continente americano que aún mantiene los mandatos sexenales sin reelección”. Los mecanismos de la sucesión presidencial han expe

rimentado cambios abruptos, pero durante la primacía priísta dos conductas permanecieron firmes: 1. El presidente saliente desempeña un papel central en la

selección de su sucesor;

2. La revelación o ‘dedazo’ del que será el nuevo presiden

te provoca una inmediata y virtualmente unánime de claración de apoyo por parte de los miembros de la élite política. La competición toca a su fin con este ‘destape’. Desde la derrota electoral del año 2000, estos mecanis

mos no han podido repetirse y al fin del sexenio del pre sidente Enrique Peña Nieto (primer presidente priísta tras los dos sexenios panistas) la vieja metodología de sucesión autoritaria del pasado se cayó a pedazos.

En la República Argentina, sin tener rasgos tan definida

mente claros como en México, el Partido Justicialista sigue utilizando mecanismos similares para la rotación de los

liderazgos. Desde 1983 sólo tres presidentes no han sido del Partido Justicialista, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Pero dos de ellos no pudieron comple tar su mandato. El actual presidente Javier Milei aparente mente rompió el molde.

Fernando de la Rúa apenas gobernó dos años de los cua

tro que le correspondían. En diciembre de 2023 asumió Alberto Fernández, del PJ, electo por el modelo argentino de “dedazo”. Tras la pandemia quedó convertido en un sí mil de Peña Nieto, sin sucesión. Así como el PRI cayó defi nitivamente en 2012, es probable que el PJ haya caído defi nitivamente en 2023.

En el caso mexicano el poder del país residía en una

coalición conformada por tres grandes corporaciones: el Estado, el sector privado local y el sector extranjero. A pe sar de las diferencias coyunturales, a veces tensas, existía una serie de entendimientos que hacían que la estructura de poder permaneciera intacta en un consenso donde el Estado jugaba un rol central.

Tres fueron las condiciones que permitieron la larga esta

bilidad mexicana en un continente que al mismo tiempo asis tía a frecuentes intervenciones militares en la vida política: 1. El equilibrio entre las partes que constituían el consenso

en base a la idea de que había acceso para todos, pero supremacía para ninguno.

2. Un sistema de distribución de recompensas, cuya mag

nitud y persistencia se apoyaba en el crecimiento eco nómico. Estas recompensas adoptaban distintas formas, bajo el patrocinio del Estado (subvenciones, control de los precios, acuerdos salariales), consolidando el apoyo de los grupos sociales heterodoxos y contradictorios que constituían el régimen¹.

3. Una vinculación recíprocamente aceptable con Estados

Unidos. Por más que las banderas de la soberanía nacional

y la autodeterminación eran las herencias más defendidas de la Revolución Mexicana, procurar una buena relación con Estados Unidos siempre ha sido vital para México. La gobernabilidad inclusiva priísta pudo licuar exitosa

mente las tensiones de la sociedad mexicana durante varias décadas del siglo XX, hasta que a fines del siglo comenzó a darse la transición democrática hacia un supuesto régimen abierto de partidos.

Liberalización y democratización: una flexibilización controlada

En general, siempre se vio en la democracia un régimen

político imposible de separar de una concepción sustantiva respecto a los fines de la institución política y de una cos movisión del tipo de ser humano que le correspondía. El problema de la democracia es que se ha convertido en un conjunto de “procedimientos”, rompiendo así con todo el pensamiento político precedente (Castoriadis, 1996).

Juan Linz y Alfred Stepan (1996) llevaron a cabo un ri

guroso estudio de las transiciones más importantes de lo que ha sido llamada la “tercera ola democratizadora”. En su trabajo, ajustan dos conceptos fundamentales dentro de la literatura de la transitología: liberalización y democratiza ción, los que llevan a una transición democrática completa. “La liberalización política es un componente de la transición des de un régimen autoritario hacia un régimen democrático, pero no supone automáticamente la democratización de la vida política de un país. El concepto de liberalización es identificado con una serie de cambios políticos y sociales, como la disminución de censura en los medios, la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados, más espacio para diversas organizaciones, un mejor ingreso general, tolerancia para con la oposición, etc. Respecto a la democratización indican que se trata de un concepto donde es necesaria una voluntad abierta para poner en manos de la sociedad el derecho de decidir so bre su gobierno”. “Una transición democrática completa implica que la democracia ha sido finalmente aceptada como el único juego posible dentro de un ré gimen (“the only game in town”), un acuerdo en cuanto a una forma de Estado, de gobierno, de elección de gobernantes, en donde estos provienen del voto ciudadano y donde tienen posibilidades reales de implantar políticas públicas que impacten en la vida de los gober nados, donde la sociedad se somete a ciertas normas para solucionar conflictos, etc.” (Linz y Stepan, 1996).

Cuando Alfred Stepan (1988: 22) estudió la relación en

tre ambos procesos en el caso de Brasil, sostuvo que “los estrategas militares se sentían bien con un comportamien to de la oposición que apoyaba más la liberalización que la democratización. En un régimen autoritario la liberali zación implica determinados cambios sociales y políticos ya mencionados. La democratización es mucho más que eso. Se entiende que si hay democratización también hay liberalización, pero no sucede al revés porque la demo cratización requiere una disputa abierta por el derecho a controlar el gobierno: elecciones libres para decidir quién gobernará, una alternancia y una división real de poderes. Puede haber liberalización sin democratización. La libera lización se refiere a la sociedad civil, la democratización in cluye a la sociedad civil, pero se refiere fundamentalmente a la sociedad política”.

Algunas de las transiciones democráticas analizadas por

estos autores se ubican en América Latina (Brasil, Uruguay) en tiempos en los que México seguía como si nada ocurrie ra en el resto del continente, con un régimen que por déca das había conseguido mantener cierta estabilidad política y había logrado conjurar las amenazas de un eventual golpe de Estado. Los cambios vendrían después, tras una lenta y gradual liberalización que terminó por sacar de Los Pinos al partido que encarnó por mucho tiempo a este régimen autoritario.

Durante la alternancia tres ingredientes justificaron una

revisión del aparente tránsito hacia la democracia:

• las particularidades de la transición democrática mexi

cana respecto al resto de América Latina,

• la crisis de seguridad sin precedentes por la confron

tación de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas

• las políticas de combate al narcotráfico del presiden

te Felipe Calderón y la primera etapa de Enrique Peña Nieto En México el proceso tuvo un carácter insólito. Al tratar

se de una “democracia autoritaria” (como la define Leslie Bethell) y no de un régimen autoritario a secas, se produ jeron la alternancia, una división de poderes cada vez más real y una disputa abierta por el derecho a controlar el go bierno.

Pero no hubo un proceso sustantivo de liberalización

que permitiera desembocar en la instauración de una de mocracia sólida, capaz de procesar los conflictos generados en la sociedad civil, con la cual no fueron pensados canales de comunicación abiertos y participativos.

Tal como mencionamos, la llegada a la alternancia

electoral aconteció sin un pacto previo que incluyera una progresiva liberalización política. Esta apertura y alternan cia fue más bien el resultado de una estrategia del parti do hegemónico para perpetuarse en el poder mediante la flexibilización controlada del sistema político y su gradual apertura al pluralismo y la competencia política posterior, algo que no funcionó.

Un sistema de este tipo impidió que las demandas deri

vadas de la globalización económica encontraran canales de expresión constitucionales en las instituciones políticas y una forma de penetración en el sistema político.

El objetivo de la flexibilización controlada era más con

trolar que ser flexible, cumpliendo en cierta medida con el objetivo de los diseñadores de la apertura, pero la emer

gencia de márgenes crecientes de ilegalidad en las activi dades de la sociedad civil fue una respuesta a esta exclusión de alternativas en el régimen político, como era lógico que sucediera.

Los sectores de la sociedad civil que pertenecían a la

oposición política no tenían más remedio que actuar den tro de alguno de los tres partidos, aumentando con el tiem po el faccionalismo al interior de esas estructuras, expe riencia que resultó ser más virulenta en el PRD que en el PRI y el PAN.

Mientras tanto las organizaciones del narcotráfico se en

contraron con la ruptura de los viejos acuerdos y la inexis tencia de nuevos marcos de regulación. La brecha entre el incipiente régimen político democrático y una sociedad civil apenas liberalizada les dio un lugar donde desempe ñarse. Si eran muy ilegales para la ‘nueva’ sociedad política, no lo eran tanto para la sociedad civil. Eso les dio la posibi lidad de adquirir una legitimidad que con el tiempo sería de mucha utilidad.

Se trata de una transición democrática que no logra una

sustitución categórica del pasado autoritarismo y tampoco un rediseño normativo e institucional acorde con un régi men democrático, por lo que los gobiernos de la alternan cia resultaron endebles y hasta catastróficos.

Dice David Held (1997: 74) que “el rasgo básico de la de

mocracia liberal es que las decisiones que afectan a la co munidad no las toman los miembros como un todo, sino un subgrupo de representantes elegidos por el pueblo para que gobiernen dentro del marco del imperio de la ley”. Emprender un estudio de los lineamientos clásicos de la democracia liberal es apropiado cuando se quiere trascen der los términos estrictamente procedimentales del régi men democrático.

Democracia y seguridad, los dilemas de la fragilidad política

Los contenidos de la democracia liberal hacen referen

cia a varios tópicos, entre ellos a las cuestiones constitucio nales y legales que consagran el Estado de Derecho, a la co rrespondencia entre legitimidad y legalidad, a la igualdad de trato hacia los ciudadanos.

Esta concepción no sólo se enfoca en lo que suele llamar

se “la falacia electoral” (Buchanan, 1996: 41), que consiste en considerar que se tiene democracia sólo por el hecho de celebrar comicios libres, sino que agrega otros componen tes que considera esenciales para hablar de una verdadera democracia. Estos componentes son la vigencia del Estado de Derecho, la rendición de cuentas, el respeto a las garan tías de los gobernados, la igualdad ante la ley, entre otros.

Si se partiese de una concepción meramente proce

dimental, en la que la celebración de elecciones libres se considerase lo esencial y excluyente de una democracia, no habría mucho que discutir respecto a la consolidación y estabilidad democrática en México, ya que bajo esta óptica tenemos sin duda una democracia, imperfecta o endeble si se quiere, pero democracia al fin.

Sin embargo, el (controlado) proceso de liberalización

política iniciado hace más de tres décadas no ha conducido a la instauración y consolidación de una democracia verda deramente democrática.

Un régimen democrático representativo es, en primer

lugar, un conjunto de reglas de procedimiento para dar forma a las decisiones colectivas (Nun, 1987: 17-18): “estas reglas definen a los actores principales (partidos políticos) y otorgan lugar de privilegio a cierto tipo de acción pe riódica (las elecciones). Los partidos políticos canalizan las demandas y las elecciones deciden quien llegará al poder”. Pero esta es apenas una primera aproximación al régimen democrático, donde el carácter formalizado es tan indis pensable como insuficiente.

Son imprescindibles los procedimientos, “porque no

hay Estado de derecho sin un sistema codificado de re glas que controle y que regule la arbitrariedad del poder. Sin embargo, no resultan suficientes para comprender el proceso político, porque ningún sistema de reglas alcanza para definir socialmente prácticas concretas, esto es, las ac tividades mediante las cuales los actores interpretan, nego cian y aplican esas reglas” (Nun, 1987: 18). Se supone que las prácticas que se llaman democráticas implican una garan tía del principio de libre elección entre agentes que gocen sin restricciones de sus derechos humanos y cívicos. Si esto no ocurre, el régimen degenera en un mero formalismo y la democracia representativa es un simulacro.

Las democracias modernas se basan en reglas mayo

ritarias y, sobre todo, en mecanismos de representación. Gobernantes y gobernados despliegan una función nítida mente diferenciada, claramente separada; para hacer po sible la democracia se escinden la titularidad y el ejercicio del poder, un poder detentado por una minoría de indivi duos. Según Sartori (1997: 21), “nadie sabe cómo construir de otra manera un mecanismo democrático que funcione”. Sin embargo, podemos observar que, con este diseño ba sado en la representación, el “poder popular” se diluye en una serie de métodos procedimentales que pueden rom per con lo que las democracias deberían ser.

De acuerdo con Strasser (1999), la representación puede

traicionar a la libertad, puede resultar en una democracia representada, no representativa, en una democracia dele gativa en términos de Guillermo O’Donnell (1993), quien sostiene que este tipo de democracia parte de la proposi ción de que quien sea que gane una elección presidencial, tendrá el derecho a gobernar como considere pertinente, limitado únicamente por los poderes de facto que la reali dad le presente.

Los gobernantes son, prácticamente, la encarnación del

pueblo, los intérpretes y voceros de sus intereses, y “la de

legación incluye el derecho –y el deber- de administrar las desagradables medicinas que restaurarán la salud de la na ción” (O’Donnell, 1993: 13).

Los gobernantes y sus asesores más allegados son el alfa

y el omega de la política y se incomunican de la mayoría de las instituciones políticas e intereses organizados. En México, una declaración de “guerra contra el narcotráfico” dio lugar a determinadas políticas de combate contra las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de dro gas, enmarcando todas estas políticas, eventualmente, en un paradigma punitivo. Nadie lo discutió, estaba avalado por la democracia delegativa.

Es cierto que desde la pérdida de la mayoría electoral

priísta en el Congreso en 1997, y desde la derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, el control hege mónico (y la estabilidad que dicho control implicaba) que garantizaba el PRI quedó en el pasado. Pero eso no significa haber cedido el lugar a un país con instituciones democrá ticas sólidas. Es evidente tal carencia cuando se observa la incapacidad con la cual las instituciones de seguridad civi les y militares enfrentan al narcotráfico. Esta incapacidad se resuelve siempre en términos de poca democracia, anu lación de derechos y preponderancia estatal.

Tal escenario implica aceptar la idea de que la demo

cracia es un sistema frágil, rodeado de peligros y siempre próximo a retroceder a sus orígenes autoritarios. Para es tudiar los peligros de la democratización, Offe y Schmitter (1995) se valen de la noción de “dilemas”. Sostienen que, si se pretende consolidar y mantener un conjunto viable de instituciones, las democracias liberales deben necesa riamente enfrentar decisiones complejas. A medida que va resolviendo estos dilemas, una forma de gobierno dada eli ge y sostiene un tipo específico, históricamente construido, de democracia.

Los autores distinguen dos tipos genéricos de dilemas: 1. Los extrínsecos, o condiciones sociales, culturales y eco

nómicas sobre las que se construye la democracia;

2. Los intrínsecos, relativos a las consecuencias problemá

ticas del funcionamiento de una democracia liberal, de su capacidad para manejar viejos conflictos y de respon der a los nuevos. En cuanto a los dilemas extrínsecos, y dado que es lo

fundamental en el significado de democracia, los encon tramos en la responsabilidad de los gobernantes como re presentantes de los gobernados. Se propone buscar estas decisiones entre aquellos factores que incidan en la legiti midad y eficacia de las élites en su relación con las masas, a fin de que sean más responsables y mejores representantes.

Estos factores se dan de arriba hacia abajo y de abajo

hacia arriba: 1. De arriba hacia abajo se dice que los gobernantes electos

democráticamente deben poseer dos monopolios: en la toma de decisiones de la política pública y en el uso legítimo de la fuerza: “los funcionarios elegidos popu larmente deben ser capaces de ejercer sus poderes cons titucionalmente sin ser sometidos a una oposición ava llasadora (aunque informal) por parte de funcionarios no electos” (Offe y Schmitter, 1995: 8). Los denominados actores estratégicos deben carecer de un poder de veto que haga insostenible la tarea de go bierno, ya que los procedimientos democráticos deben adquirir valor precisamente para ellos, los que son ca paces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en el orden público (Coppedge, 1994: 62). Esta es la primera condición indispensable para la de mocracia moderna. Las democracias también deben ser aptas para imponer su soberanía no sólo contra estos “poderes fácticos”, sino también contra las autoridades políticas trasnacionales: “el gobierno debe ser autónomo. Tiene que ser capaz

de actuar independientemente de cualquier restricción impuesta por algún otro sistema político dominante” (Schmitter y Karl, 1991: 81).

2. Los factores que inciden de abajo hacia arriba se hacen

patentes en cuanto a que la permanencia de una demo cracia depende de una ‘base masiva’ de ciudadanos que acepta y defiende sus derechos e instituciones. Para Offe y Schmitter (1995) las condiciones extrínsecas

que pueden promover un rechazo o deserción subsecuente por parte de las masas son seis:

a. La intolerancia religiosa; b. Agudas desigualdades socioeconómicas; c. Conflictos étnicos; d. Disputa de fronteras e identidades; e. Producción, acumulación y distribución capitalista; y f. Seguridad externa e inseguridad interna. Entre los dilemas intrínsecos se citan algunos que han

sido ampliamente desarrollados en la literatura política so bre la democracia:

1. La ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels; 2. El Free-riding de Olson; 3. Los ciclos de mayorías; 4. La autonomía funcional; 5. Corrupción y dilapidación; 6. Sobrecarga e ingobernabilidad En este conjunto de dilemas, los extrínsecos hacen refe

rencia específica a la seguridad externa y la inseguridad in terna. La existencia de una democracia liberal no garantiza por sí sola ni la seguridad nacional ni la seguridad interna de un país. Al contrario, los autores resaltan el hecho de que casi todos los países que experimentaron un cambio

de régimen han sufrido un incremento en sus tasas de cri minalidad, de violencia y terrorismo.

En el centro de este dilema de seguridad ubican lo que

llaman “el delicado asunto de las relaciones civiles-milita res y civiles-policíacas” (Offe y Schmitter, 1995), un dilema que se agudiza cuando el régimen desde el cual se transita fue una dictadura militar, pero que no desaparece en los casos donde los militares estaban subordinados a las auto ridades civiles, como podría decirse que es el caso mexi cano. La relación entre las fuerzas armadas y el gobierno mexicano estaba enmarcada por el predominio del parti do hegemónico, el PRI, lo que convirtió a México en un régimen político particular de democracia autoritaria, un híbrido a mitad de camino entre la democracia y el auto ritarismo.

Cuando este predominio hegemónico cedió paso a un

sistema de democracia liberal, desaparecen las regulacio nes que en el pasado ordenaban las ‘actividades’ del nar cotráfico en México. Dado que la democracia que surge es fuertemente procedimental, la brecha entre la sociedad civil y la sociedad política permite el surgimiento de auto nomías crecientes en las organizaciones del narcotráfico.

Ya no existe un consenso de corporaciones que confor

man el régimen político, sino que se intenta implementar un consenso de actores en base a reglas de juego demo cráticas. Dado que la transición tuvo un carácter gradual en virtud de ser un movimiento controlado por las elites, quedaron bloqueados (o no se crearon) los canales de in greso de demandas que permitieran aliviar la sobrecarga de la sociedad civil.

Ante esta ‘ausencia’ de Estado, el incremento de la ‘ac

tividad’ del narcotráfico motivó una respuesta militarizada que dio origen a la ‘problemática’ del narcotráfico y a una repetición (en otro tiempo y en otro escenario) de la polí tica de consenso corporativo y cooptación por beneficios. Del desorden propio de la transición se buscó pasar a un

orden basado en la repetición de fórmulas que ya no tenían vigencia.

La crisis de las instituciones policiales y de seguridad

Para entender cómo la calidad democrática en México

influye en el desempeño de las instituciones policiales y de seguridad, el formato de análisis de Linz y Stepan (1996: 32-33) aporta un esquema en el que sostienen que una de mocracia consolidada implica la interacción de cinco “are nas” estrechamente relacionadas: 1) Rule of Law o Imperio de la Ley; 2) Sociedad civil; 3) Sociedad política; 4) Buro cracia idónea para los jefes democráticos y 5) Sociedad económica.

El Rule of Law comprende una Constitución y un orden

jurídico que brinda legitimidad y legalidad a las conductas desplegadas tanto por gobernantes como por gobernados. El Rule of Law hace posible la existencia de una sociedad civil con diversos intereses independientes del Estado, una sociedad política que sustenta su legitimidad y la legalidad de sus actos en el imperio de la ley, una burocracia que actúa y prescribe su actuar dentro del mismo marco y una sociedad económica que se rige por determinadas normas e instituciones.

Las cuestiones relativas al imperio de la ley implicarán

un desafío para una instauración democrática sólida y una posterior consolidación democrática.

En México esta visión está ausente y no hay una real de

terminación para el rediseño de las instituciones de segu ridad civiles (policía)². Sea en virtud de ineficacia, de su co lusión con el narcotráfico o de los mecanismos de coopta ción establecidos, la policía seguirá sin cumplir sus labores básicas: la seguridad pública y la seguridad interna.

En muchas ciudades mexicanas, y simplificando la pro

blemática, se puede afirmar que se vivieron tres “guerras” al mismo tiempo: 1. la violencia hacia el interior de las diversas organizacio

nes del narcotráfico

2. la violencia entre distintas organizaciones competidoras 3. la violencia entre los grupos del narcotráfico y el Estado.

Sin embargo, la problemática del narcotráfico deriva en

gran medida de la sospecha extendida de que el Estado es taba inmerso en las tres “guerras” como actor participan te, como perpetrador de los asesinatos de mujeres, como miembro de las organizaciones del narcotráfico y como repartidor de recompensas.

La opción de las Fuerzas Armadas se presentó perento

ria para el desempeño de las labores de seguridad interior, con los impactos que ello representa para el Rule of Law: 1. dominio territorial de las organizaciones criminales en

diversas zonas del país;

2. corrupción de las instituciones de seguridad civiles y

riesgo de corrupción en las Fuerzas Armadas al desem peñar labores de esta naturaleza;

3. fuerzas policiales ineficientes y violadoras de los dere

chos humanos. Para una instauración democrática sólida, se precisa de

un rediseño institucional y normativo profundo y de una destitución autoritaria categórica (Cansino, 2004). En este sentido, ni el rediseño institucional profundo se ha llevado a cabo en lo que respecta a las instituciones de seguridad civiles (ni militares), ni se han desterrado las prácticas que estas instituciones llevaron a cabo durante el antiguo ré gimen (mucho menos con el retorno del PRI al poder en 2012), por lo que esto confirma que la instauración no po día ser más que débil y colapsada. Este tipo de instauración genera que el Rule of Law en

México no cumpla con las características deseables para una “buena democracia” (Morlino, 2005); por tanto, la ins tauración fuerte es complicada y la consolidación demo crática aún más.

Según afirma Astorga (2005) no podemos analizar al nar

cotráfico actual con las mismas categorías analíticas utiliza das para la mejor época de los gobiernos priistas, aunque la intención de la 4T es lograr un cierto retorno (cada vez menos disimulado) de la gobernabilidad inclusiva clásica: 1. El presidente de la República ya no tiene el poder de los

reyes sexenales.

2. No cuenta tampoco con un control absoluto sobre su

gabinete de Seguridad³ con la verticalidad de sus prede cesores priistas;

3. Los poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial)

gozan hoy de cierta independencia, impensable en otros tiempos;

4. Los gobernadores de las entidades federativas concen

tran para sí un poder sin precedentes;

5. El espectro político quedó dominado por un fuerte oli

gopolio político oficial (MORENA) enfrentado a un dé bil oligopolio político de oposición (PRI-PAN- PRD), un régimen político bastante similar al extinto PRI;

6. Quienes controlan a dichos partidos a nivel nacional, es

tatal y municipal, constituyen la clase política en nuestro país, pero se resisten, naturalmente, a dejar a un lado sus intereses partidistas o personales y a generar una políti ca de seguridad con una visión de Estado.

Estas condiciones nacidas de nuestra democratización

dan idea de lo que ocurre en el país. Al carecer de una vi sión de Estado: 1. Las políticas para el narcotráfico son de combate, sin

comprender la dinámica “problemática” del narcotráfi co, o sea sus raíces sociales y sus lógicas políticas.

2. Los intereses políticos partidistas e incluso personales

diluyen y disgregan las iniciativas, afectando la correla ción de fuerzas entre el narcotráfico y la política. Es más lo que se “dice” que lo que efectivamente se “hace”.

3. Se generan brotes de violencia por la lucha entre las or

ganizaciones del narcotráfico para el control de las rutas de tráfico.

4. El narcotráfico expande sus actividades y diversifica sus

incumbencias, incorporando nuevos mercados que no tenía (narcomenudeo, tráfico de personas).

5. Las instituciones estatales muestran incapacidad, des

coordinación e ineficacia para impedir que esta dinámi ca afecte a la población. Y al hacerlo actúan de la misma forma violatoria que el narcotráfico.

Capítulo 4La guerra contra el narcotráfico

De la regulación al descontrol del mercado de las drogas

México pasó de una regulación del mercado ilícito de

las drogas, lo que llamamos gobernabilidad inclusiva, a un escenario de caos y privatización de la política. El Estado ya no estableció el imperio de la ley como prioridad sino la guerra, y al hacerlo actuó como un particular más, sin control sobre la violencia desplegada por las organizacio nes criminales, un Estado que manda pero que no ordena.

La guerra del Estado contra el narcotráfico fracturó un

territorio regido por previos acuerdos de tolerancia y con tención de violencia, rompió los códigos funcionales de los narcotraficantes y sus bandas, además de muchos otros grupos, vecinos e inquilinos del submundo de la violencia ilegal. El choque de la violencia del Estado contra las redes ilegales abrió un espacio de choques y secuelas de violencia en lugares no imaginados ni buscados.

En el análisis de la complicada situación que enfrenta

actualmente México, resultan importantes, además de las acciones de los últimos gobiernos de extracción panista, la consideración y el examen de un largo proceso histórico que puede responder muchas de las interrogantes plantea das en torno al tema. Más o menos cada cien años, México parece hundirse en el caos y la violencia. La guerra de In dependencia y la Revolución mexicana, con largas y encar nizadas luchas que costaron cientos de miles de vidas, son los antecedentes importantes en el análisis de la inseguri dad y violencia actuales.

Al igual que en 1810 y 1910, en 2010 eclosionó la violen

cia, un proceso que se justificó en virtud de lo que venía aconteciendo previamente. En los primeros años del siglo XXI aparecieron ciudades al borde del colapso, caminos intransitables, regiones enteras en manos de autoridades

de facto u organizaciones del crimen organizado, comer cios y todo tipo de empresas asoladas por el robo y la ex torsión, ciudadanos comunes aterrados ante los constantes asesinatos en todo lugar y a todas horas.

Sin embargo, aunque la diferencia entre la violencia de

ayer y la violencia de hoy pareciera ser de forma y canti dad, en realidad es de sustancia y calidad. Los resultados de tales violencias, los incontables asesinatos, el terror de los ciudadanos y la degradación de las autoridades legalmente constituidas ante el embate de un poder o poderes que le disputaron el monopolio del ejercicio de la violencia, son equiparables en el pasado y en el presente, pero se trata de procesos distintos.

Las violencias iniciadas en 1810 y 1910 en México tuvie

ron un trasfondo político y social, y ambas se resolvieron mediante el surgimiento de hombres fuertes que, a través de gobiernos autoritarios y de mano dura, consiguieron sofocar los levantamientos armados y pacificar, al menos temporalmente, los territorios clave para el sostenimiento y predominio de un gobierno estable.

Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles protagonizaron,

cada uno en su momento, estas ‘pacificaciones’ y ‘gran des acuerdos’, a través de los cuales el país pudo avanzar a nuevos estadíos. Este “progreso” no se dio mediante una democracia, sino en un formato autoritario donde las aso nadas y los levantamientos contra el gobierno se volverían asuntos exóticos y severamente reprimidos dentro de regí menes de caudillaje.

Si comparamos los regímenes políticos de hoy en rela

ción con los del pasado, la diferencia también es de sustan cia y no de forma, ya que México ha pasado de un régimen democrático autoritario a un régimen democrático liberal. La gran diferencia aparece en el tratamiento con el cual cada período histórico enfrentó la violencia.

Mientras que en el pasado se aplacó la violencia median

te la figura de un dictador o de un poder ejecutivo central y

omnipotente, en el México actual es menester hacer frente al fenómeno dentro de los marcos institucionales de una democracia liberal.

En ese contexto político, los miles de asesinatos del

sexenio calderonista, el sexenio “de la muerte” resultan do blemente aterradores, por su cantidad y por su calidad, al haberse desarrollado en un contexto democrático preten didamente liberal.

Krauze (2012) considera que la violencia que México

afronta ahora no es política ni revolucionaria, pero tampo co se puede reducir a un fenómeno meramente delincuen cial. La considera una guerra civil entre diversos grupos del crimen organizado, así como también entre las fuerzas del gobierno federal con los gobiernos estatales y munici pales. Dice que no es producto de una súbita erupción sino de una ‘tormenta perfecta’, que se fue formando a lo largo de décadas de paz en las que nadie pudo pronosticar con relativa exactitud las consecuencias presentes.

La criminalidad en la frontera México-Estados Unidos

solía ser interpretada como una cuestión local. Se suponía que con más policía y empoderando la frontera, la delin cuencia no pasaría de ser un simple inconveniente perfec tamente situado, sin ningún efecto trascendente para el resto del país.

Posteriormente, esta visión cambiaría por otra en donde

el problema fue visto como un ingrediente de problemáti cas más amplias y recónditas. En este esquema, los efectos “sistémicos” derivados de la relación entre el crimen y la política comenzaron a ser considerados en las relaciones bilaterales.

Así, las alianzas entre la política y el crimen, vistas como

complejas redes de cooperación e intercambio entre auto ridades y criminales en distintos órdenes de gobierno, y la idea de un entorno criminal arraigado en la política (lo que podría denominarse gobernanza criminal), dieron lugar a dos escuelas de pensamiento:

1. Imagen de una delincuencia sistémica-centralizada,

donde se habla de un sistema coherente y centralizado que vincula al sistema político mexicano con el crimen organizado y en el que los líderes políticos controlan de arriba abajo la red de complicidades;

2. Imagen de una delincuencia ‘fragmentada y competiti

va’, donde existe un conjunto fluido y complejo de rela ciones entre el sistema político y el crimen organizado. Aquí las alianzas entre el campo de la política y el campo del crimen son dinámicas y cambiantes dependiendo de diversas circunstancias, y, por tanto, el poder de contro lar no es algo dado, por lo que los delincuentes pueden, en determinado momento, tomar el control (Bailey y Godson, 2000: 12-18). La primera imagen, la de una delincuencia sistémi

ca-centralizada coincide mayormente con lo que ocu rrió en México aproximadamente entre los años cuaren ta y ochenta. La imagen de una delincuencia fragmenta da-competitiva se asemeja más a lo que empezaría a ocu rrir desde los años noventa a la fecha.

Lo que comenzó a acontecer con la llegada de López

Obrador a la presidencia del país, es un relativo retorno a la delincuencia sistémica-centralizada, más como objetivo estratégico deseado que como realidad empírica.

Los años ochenta

Tal como afirma Valdés Castellanos (2013: 175) “en los

primeros años de la década de los ochenta, el negocio de las drogas ilícitas en México estaba en manos de los traficantes de Sinaloa”. Con posterioridad a la célebre Operación Cón dor, la gente de Sinaloa trasladó sus operaciones a la capital de Jalisco, Guadalajara, donde el gran negociador Miguel Ángel Félix Gallardo (‘El Padrino’ o ‘Jefe de Jefes’), controla ba la producción de mariguana y amapola del país, las rutas de tráfico y los puntos de cruce con Estados Unidos.

La organización y el modelo de operación de Sinaloa se

basaban en grupos unidos por lazos consanguíneos, todos originarios de Sinaloa. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fon seca ‘Don Neto’, que compartieron el liderazgo con el ‘Jefe de Jefes’, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Amado Carrillo Fuen tes, Juan José Esparragoza ‘El Azul’, Arturo Beltrán Leyva, Héctor ‘El Güero’ Palma y Benjamín Arellano Félix, con trolaban medianas empresas familiares en determinadas zonas o territorios, todos coordinados por Félix Gallardo.

Pero el perfil de los traficantes estaba a punto de cam

biar. Al tráfico de mariguana y heroína se agregó el trasie go masivo de cocaína, lo que resultó ser el gran negocio de los traficantes mexicanos. Con el boom de la cocaína, el gobierno de Estados Unidos declararía, otra vez más, la guerra a las drogas.

La cocaína era transportada por traficantes colombia

nos y entraba por Florida. Miami se había convertido en la capital mundial de la cocaína de donde salía lista para consumir en todo el territorio americano. Cuando cubanos y colombianos pelearon el control del mercado, repentina mente apareció la violencia callejera.

Washington reaccionó y en 1982 el presidente Ronald

Reagan relanzó la lucha contra las drogas, esta vez con par ticipación del Ejército, que hasta entonces tenía restriccio nes para intervenir en asuntos exclusivos de las autorida des civiles.

Las drogas fueron consideradas un asunto de seguridad

nacional y serían combatidas por el Ejército americano. El resultado fue el bloqueo de la tradicional ruta del Caribe, utilizada por los colombianos para la introducción de su blanca mercancía. El flujo de cocaína siguió constante, has ta el punto de disminuir el precio de la venta callejera.

Es que los colombianos habían establecido nuevas rutas

para la cocaína. Era evidente que la ruta natural, además del Caribe, era la gigantesca frontera norte mexicana, una puerta de 3,200 kilómetros de generosa longitud. Las rutas mexicanas ya habían sido trazadas y delinea

das hacía rato por los traficantes sinaloenses, con los con tactos y las relaciones políticas y policiales, todo un aparato dispuesto para el tráfico. Al trabajar en estrecha colabora ción con el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, los sinaloenses entraron en contacto con el cartel de Medellín. Mata Ballesteros, relacionado con ambos grupos de trafi cantes, intermedió entre productores (Colombia) y trafi cantes (México).

El acuerdo inicial era que la cocaína era trasportada por

vía área o marítima hasta Centroamérica y México y des pués entraba por vía terrestre a Estados Unidos. Los co lombianos, que eran los dueños de la droga, se la entrega ban a los mexicanos, exclusivamente para que entrarla en Estados Unidos, donde los colombianos contaban con su propia red de distribución.

Con el tiempo, este acuerdo inicial se modificó a favor

de los mexicanos. Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena produjo un cambio en la relación de las organizaciones del narcotráfico mexicano con las autori dades federales.

El asesinato de Enrique Camarena y los cambios en el narcotráfico mexicano

Enrique Camarena, agente de la Drug Enforcement

Agency (DEA), fue asesinado en febrero de 1985. El go bierno de Estados Unidos acusó a Rafael Caro Quintero y presionó fuertemente al gobierno mexicano en un proce so que cambiaría el perfil de las organizaciones criminales mexicanas y de las instituciones de seguridad en México.

Los traficantes, que antes contaban con toda una red de

complicidades políticas y policiales, se convirtieron en pa rias. Caro Quintero, con nombre falso y una identificación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), logró salir de Guadalajara hasta Costa Rica, pero fue apresado poco des

pués. A su detención le seguirían las de Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y la de altos mandos y agentes policiales, invo lucrados todos con organizaciones de traficantes.

El escándalo internacional y la enorme presión de Es

tados Unidos, llevaron a la desaparición de la DFS, dando paso a una nueva institución, la Dirección General de In vestigación y Seguridad Nacional, que posteriormente se convertiría en el Centro de Investigación y Seguridad Na cional (CISEN) (Valdés Castellanos, 2013: 205).

Hasta su desaparición, la DFS había sido una corpora

ción clave en el control del campo del tráfico de drogas ilegales en México. Con su esquema, las organizaciones de traficantes se mantuvieron, por décadas, bajo la directriz de sus delegados y de los comandantes de la hoy extinta Policía Judicial Federal.

Actores clave del gobierno mexicano dominaban a los

traficantes, imponiendo las condiciones y tipos de compo nendas para que éstos operaran sin mayores problemas. Las ganancias de este mercado ilegal se repartían entre ac tores políticos y policiales inmiscuidos en tales actividades y los propios traficantes, el uso de la violencia se encontraba relativamente controlado. La desaparición de la DFS marcó un cambio en la relación de subordinación de las organiza ciones del narcotráfico respecto al gobierno mexicano.

Con el caso Camarena el gobierno se convirtió en el

brazo ejecutor de la DEA y sus anhelos de reivindicación. Carlos Salinas de Gortari buscaba satisfacer a Washington y la captura de Félix Gallardo enviaba una buena señal a Estados Unidos mientras se negociaba la creación de una zona de libre comercio (TLCAN). Finalmente, la organiza ción liderada por Félix Gallardo, Fonseca Carrillo y Caro Quintero, terminó descabezada.

Aunque estaba preso, Félix Gallardo pretendió que los

acuerdos y las divisiones de territorios de los clanes fa miliares continuaron operando sin conflictos. En una fa

mosa reunión en Acapulco, organizada por Rafael Aguilar Guajardo, se definieron las plazas: Sinaloa para ‘El Mayo’ Zambada y Baltazar Vera; Tijuana para ‘don Chuy’ Labra; Ciudad Juárez para el propio Rafael Aguilar Guajardo; San Luis Río Colorado para Héctor “El Güero” Palma; Nogales y Hermosillo para Emilio Quintero Payán; Tecate para Joa quín “El Chapo” Guzmán y Mexicali para Rafael Chao.

La desaparición de la DFS y la fragmentación del gru

po de Sinaloa (o grupo de Guadalajara), implicaron el sur gimiento del narcotráfico repartido en distintas zonas del país. Sin un ‘jefe de jefes’ estratégico como Félix Gallardo, el reparto se trastocó una y otra vez. Los capos locales no pudieron comprender que la trasgresión de acuerdos y la invasión de otras esferas llevarían a luchas costosas en tér minos humanos y materiales.

De estas luchas y confrontaciones surgió el mapa del

narcotráfico de los años posteriores. A principios de los no venta los grupos del narcotráfico en México cobraron una notoriedad que no habían tenido antes.

Algunos sostienen que el florecimiento de la competen

cia entre los distintos grupos durante los siguientes quince años se debió a tres factores: 1. Estados Unidos era el más grande mercado de drogas

ilegales y continuaba diversificándose, con la posibili dad de ganancias multimillonarias para quienes pudie ran satisfacer esa alta demanda;

2. Cuando la organización de Sinaloa se fragmentó des

aparecieron las ‘barreras de entrada’. Al no existir un monopolio que impidiera una competencia, ingresaron al negocio nuevas organizaciones criminales;

3. Las ‘barreras de entrada’, impuestas por Miguel Ángel

Félix Gallardo y su organización, eran respaldadas por la Dirección Federal de Seguridad, quien ‘administraba’ el mercado de una sola organización de traficantes. Al desaparecer la DFS también desaparecieron los contro

les políticos y policiales de entrada al mercado de drogas ilegales (Valdés Castellanos, 2013: 222). Las organizaciones más importantes que emergieron en

este escenario fueron la de Sinaloa con ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada, la de Tijuana con los hermanos Are llano Félix y la de Juárez con los Carrillo Fuentes.

La guerra entre bandas, predominante en los años no

venta, dio un salto al empezar el nuevo siglo, cuando la presión de la guerra intestina llevó al Cartel del Golfo a ha cerse de un brazo armado sin precedentes, formado por militares venidos de cuerpos especiales del Ejército. Este hecho singular originó un grupo de sicarios que cambió para siempre la lógica y la intensidad de la violencia del narcotráfico en México, aparecieron Los Zetas.

1. La organización de los hermanos Arellano Félix

Valdés Castellanos (2013: 222) relata que los hermanos

Arellano Félix lograron conformar su red en uno de los cruces más importantes de México hacia Estados Unidos y además en una zona fronteriza con una superpotencia eco nómica como el estado de California. Pero la organización de los Arellano Félix pronto entró en disputas por el con trol de su plaza, a raíz de la intervención en su territorio de Héctor ‘El Güero’ Palma, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el propio ‘Señor de los cielos’, Amado Carrillo Fuentes.

En su mejor momento, los Arellano Félix pagaban más

que la protección (la omisión policial), pues convertían a las corporaciones policiales en operadoras activas de la organización criminal. Las instituciones estatales que se incorporaron a la organización criminal fueron la Procu raduría Estatal y la Procuraduría General de la República.

Las mismas luchas hacia el exterior entre organizacio

nes rivales y la propia necesidad de mantener la disciplina

hacia el interior entre los propios miembros de estas orga nizaciones, llevaron a que el grupo de Tijuana organizara brazos armados temibles y letales.

Los grupos de sicarios se encargaban también del cobro

del ‘derecho de piso’ en el territorio de los Arellano Félix, para que los otros traficantes que utilizaran su plaza para el tráfico y sus transacciones, pagaran un monto al grupo de Tijuana, bajo pena de muerte en caso de incumplimien to en el pago. Las disputas con otras organizaciones y las presiones al interior del grupo, hicieron que esta poderosa organización entrara en crisis hasta prácticamente dejara de existir.

2. La organización de los hermanos Carrillo Fuentes

Amado Carrillo Fuentes, el emblemático líder del Car

tel de Juárez, es originario de Sinaloa y trabajó cosechan do mariguana para la organización de Félix Gallardo y de su tío, Ernesto Fonseca (Valdés Castellanos, 2013: 235). En algún momento Amado Carrillo pasó a ser agente de la co rrupta DFS durante aproximadamente cinco años, hasta que fue despedido.

En 1985 Amado Carrillo se dirigió, cumpliendo ins

trucciones de Ernesto Fonseca ‘Don Neto’, a Ojinaga, Chi huahua. Cuando en 1982 Estados Unidos cerró la ruta colombiana del Caribe y México se convirtió en la nueva ruta segura, el grupo de Guadalajara era un importante operador para los colombianos y Ojinaga, en Chihuahua, se convirtió en uno de los puntos más importantes para la introducción y distribución de cocaína hacia territorio americano.

Amado Carrillo llegó a Ojinaga con dos objetivos preci

sos: servir a su tío ‘Don Neto’ como supervisor de los car gamentos que la organización de Guadalajara enviaba a la frontera, y aprender de uno de los traficantes de drogas

más experimentados de México, el legendario Pablo Acos ta Villarreal.

El ‘Zorro de Ojinaga’, como se conocía a Acosta, fue en

su tiempo uno de los capos más poderosos de México. Después de años de traficar con mariguana y heroína en la frontera norte, Acosta había logrado el control de la región. Cuando la organización de Guadalajara incorporó la co caína a sus operaciones, la cooperación y participación de Acosta Villarreal para introducir la droga a Estados Unidos fue un ingrediente natural.

Presumiblemente Acosta llegó a mover hasta cinco to

neladas de droga mensuales hacia Estados Unidos, parti cularmente por la zona del Gran Recodo, en los límites de Chihuahua, Coahuila y Texas. Uno de sus socios y pro veedor principal fue el famoso colombiano Carlos Ledher Rivas, poderoso fundador y líder del cartel de Medellín. Pablo Acosta, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y Jaime Herrera fueron los traficantes que enseñaron a Amado Carrillo los primeros pasos en el mundo del crimen.

Poco después de la llegada de los hermanos Carrillo

Fuentes -Amado, Vicente y Cipriano- a Ojinaga en los años ochenta, Amado Carrillo y Pablo Acosta controlaban total mente la región, contando con el apoyo de las autorida des de ambos lados de la frontera. Pablo Acosta instruyó a Amado Carrillo en todo lo que sabía acerca del tráfico de drogas.

A pesar de la cercanía entre ambos, Acosta empezó a

verse afectado por el abuso del alcohol y de las drogas. Se había convertido en adicto a la ‘bacerola’, una mezcla de mariguana y cocaína en piedra. Fue perdiendo el control de sus actividades y Carrillo Fuentes empezó a actuar por su cuenta.

El alcohol y las drogas provocaron la caída de Acosta.

En un operativo policial a cargo del corrupto comandante Guillermo González Calderoni, Acosta y sus pistoleros fue

ran acorralados en abril de 1987 en el pueblo de Santa Ele na, municipio de Manuel Benavides, Chihuahua. Allí deci dió pegarse un tiro antes que entregarse a las autoridades.

Tras la muerte de Acosta el liderazgo de su organiza

ción quedó en manos de Rafael Aguilar Guajardo, un ex comandante de la DFS relacionado con ‘El Padrino’ Félix Gallardo, que trabajaba desde Ciudad Juárez junto con Ra fael Muñoz Talavera. En medio de circunstancias misterio sas, Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún en 1993 y su lugarteniente, Amado Carrillo Fuentes, el famoso ‘señor de los cielos’, asumió el control de la organización.

Es sabido que Aguilar Guajardo y Amado Carrillo llega

ron a tener fuertes problemas personales y que el asesinato de Aguilar fue atribuido a Carrillo Fuentes.

Bajo el liderazgo de Amado Carrillo la organización cre

ció y se colocó en su mejor momento. El ‘señor de los cie los’ era un negociador por excelencia y evitaba el uso de la violencia en la medida de lo posible. En este contexto, el grupo de Juárez llegó a controlar más de la mitad del total del tráfico de drogas en México, extendiendo sus opera ciones a Centroamérica e incluso hasta Sudamérica. Desde Colombia la organización de Amado Carrillo trasladó por vía aérea miles de toneladas de cocaína hasta diversos pun tos, para distribuirlas por vía terrestre en Estados Unidos, donde contaba con sus propias redes.

En 1997, durante una intervención quirúrgica para mo

dificarse el rostro mediante una cirugía plástica, Amado Carrillo Fuentes murió en circunstancias que aún siguen siendo poco claras, dejando una organización muy estruc turada, pero con un vacío de poder.

A partir de entonces, sus hermanos Vicente y Rodolfo

Carrillo se hicieron cargo de la conducción tras una lucha interna en la que lograron imponerse con un mando fir me. En 2002 se aliaron con Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, un ex policía federal mexicano y con Ismael ‘El

Mayo’ Zambada, los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en lo que se conoció como la ‘Federación’, un esquema efímero.

Cuando Rodolfo Carrillo asesinó a dos socios de Joaquín

Guzmán por no pagarle el uso del corredor en Juárez, Guz mán reunió a sus aliados declarando que Rodolfo Carrillo, ‘El Niño de Oro’, tenía que morir. Frente a esta solicitud, los aliados optaron por seguir con Guzmán y llevar a cabo el asesinato de Rodolfo Carrillo, quien cayó muerto junto a su esposa en un centro comercial en septiembre de 2004. En venganza cayó asesinado en la cárcel el hermano de Guzmán, unos meses después. La guerra estaba declarada.

La guerra territorial entre Sinaloa y Juárez ocupó el bie

nio 2005-2006 y se frenó por la guerra de Sinaloa contra el Golfo. Los esfuerzos del gobierno mexicano para neutra lizar al Golfo fueron exitosos, permitiendo que Sinaloa re tornara a centrarse en una resurgente OVCF¹. Sin embargo, la disputa entre Sinaloa y el OVCF en Ciudad Juárez no fue la constante de violencia en la ciudad. Los períodos de en frentamiento entre ambas organizaciones estuvieron bien delimitados dentro del período 2005-2006.

El cartel de Juárez contaba con un sistema de operación

de transporte a largas distancias en todo el país, contan do en su nómina a policías locales y estatales. Cobraba un ‘derecho de piso’ a otras organizaciones criminales, prin cipalmente a Sinaloa, por utilizar su corredor de drogas. Sostuvo alianzas en todo el territorio nacional y utilizaba pequeños ejércitos bien entrenados para el control territo rial, operando en 21 estados de la República mexicana. Sus principales áreas de influencia incluían Sinaloa, Durango, Jalisco, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Adicionalmente crearon a Los Linces, un pequeño ejér

cito de aproximadamente 80 desertores de un grupo de

fuerzas especiales del Ejército mexicano, quienes se encar gaban de la protección a los miembros de la organización criminal y del trasporte de drogas. La Línea y Los Linces operaban el trasiego de drogas en Juárez y Los Aztecas se encargaban del negocio en el lado norteamericano, con operaciones en El Paso, Dallas y Austin.

Con la captura de Vicente Carrillo Fuentes el 9 de oc

tubre de 2014 en Torreón, Coahuila, el futuro de la ya de bilitada organización de Juárez quedó aún más incierto. El VCFO se fue debilitando en el sexenio calderonista por las acciones agresivas de Sinaloa y del gobierno mexicano. Resurgió lentamente durante el sexenio peñista y volvió a tomar control del corredor a Estados Unidos, en compe tencia con Sinaloa.

La Federación de Sinaloa domina el tráfico entre Juárez

y El Paso, mientras el OVCF todavía tiene una cierta pre sencia operativa en la ciudad, controlada por el grupo de sicarios de La Línea. El VCFO también ha formado alianzas con otras TCOs² y se ha fragmentado en grupos criminales más pequeños, como el Nuevo Cártel de Juárez (Stratfor, 2012a). A pesar de la persistencia de la organización, no re cuperó su antiguo estatus de la organización más poderosa de México.

El grupo de Juárez mantiene una posición relativamen

te firme en Juárez y más débilmente en el Valle de Juárez, que sigue siendo un corredor clave para el transporte de drogas ilegales y personas al vecino país del norte.

Algunas pandillas locales conforman parte de su brazo

armado y la organización ha establecido contactos estre chos con antiguos rivales como Los Zetas para tratar de contrarrestar a sus enemigos del grupo de Sinaloa. Tam bién ha buscado un contacto más directo y efectivo con sus proveedores de droga en Colombia, específicamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Insight Crime, 2014b). Actualmente tiene un firme control

sobre algunos sectores de narcomenudeo en Ciudad Juá rez.

3. La organización de Sinaloa

Sinaloa es conocida como la Sicilia de México, la cuna

del narcotráfico mexicano. En Sinaloa han nacido los prin cipales capos del narcotráfico, sobre todo en las zonas ru rales, donde históricamente se ha cultivado la mariguana y la amapola. Uno de los primeros jefes en Sinaloa fue Pablo Avilés, que impulsó a Joaquín Guzmán Loera cuando éste se iniciaba en el tráfico de drogas. ‘El Chapo’ nació a fines de los cincuenta en La Tuna, cursó la escuela hasta tercero de la primaria y en los años ochenta se unió al cartel de Guadalajara (Valdés Castellanos, 2013: 280).

El grupo era entonces liderado por Miguel Ángel Félix

Gallardo, ‘El Padrino’, además de Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En los años previos los traficantes mexicanos habían exportado mariguana y heroína a Esta dos Unidos, pero en los años 80 el boom de la cocaína co lombiana colocó a México en la ruta del tráfico.

Con el cierre de la ruta del Caribe, las organizaciones co

lombianas se vieron forzadas a pagar a las organizaciones mexicanas con la mitad de la cocaína que enviaban a Esta dos Unidos. Este factor fue fundamental en las dinámicas de poder en las cadenas de suministro de drogas ilegales a territorio norteamericano. Las organizaciones mexicanas dejaron de ser simples intermediarias. Los colombianos buscaron a los mexicanos no sólo para mover su droga, sino también para la venta directa.

La guerra entre grupos y la ascendencia del ‘Chapo’ Guzmán

Las batallas entre las organizaciones de Sinaloa, la de los

Carrillo Fuentes y la de los Arellano Félix no tardaron en

aparecer. En noviembre de 1992, Joaquín Guzmán envío 40 sicarios a Jalisco y en Puerto Vallarta atacaron a los hom bres del grupo de Tijuana, asesinado a 9 personas. El grupo de Tijuana respondió el ataque en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Al intentar asesinar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hirieron de muerte al cardenal Juan Jesús Posa das Ocampo (Valdés Castellanos, 2013: 284-285). ‘El Chapo’ huyó entonces a Guatemala donde fue detenido dos sema nas después.

Durante su detención el grupo de Sinaloa siguió en ac

ción dirigido por su hermano Arturo, por Ramón Laija Se rrano y por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva. En el año 2001 ‘el Chapo’ se fugó de la cárcel, asu miendo un papel central en el liderazgo de la organización. Tras la ruptura con los Beltrán Leyva, ‘El Chapo’ se con virtió en la cabeza más visible de la organización, siendo acompañado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’.

En el año 2014 ‘El Chapo’ fue nuevamente detenido por

las autoridades mexicanas, dejando a la organización en manos de ‘El Azul’ y ‘El Mayo’. Pero se fugó nuevamente al año siguiente, fuga que ha sido uno de los mayores escán dalos de corrupción e ineptitud del desgastado gobierno de Enrique Peña Nieto. Actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

La organización de Sinaloa está constituida por la alian

za de algunos de los principales capos del narcotráfico en México. Este grupo opera en conjunto y comparte co nexiones a los más altos niveles con autoridades policiales y militares, así como con actores políticos en todo el país.

Más que como una organización unitaria, el grupo de

traficantes de Sinaloa actúa como una ‘federación’. Cada uno de sus jefes y sus distintas ‘filiales’ operan con cierta au tonomía, pero cooperan entre sí para el negocio y utilizan aparatos y redes de tráfico en común. Para evitar grandes pérdidas, quienes conforman el grupo de Sinaloa suelen

dividir sus riesgos compartiendo los cargamentos de dro gas ilegales que envían a Estados Unidos. Si se envían para cruzar la frontera 100 kilos de cocaína, estos suelen divi dirse en distintos medios de transporte con 20 kilos cada uno. A su vez, dentro de un cargamento de 20 kilos, bien pueden ir 10 pertenecientes a Joaquín Guzmán y otros 10 pertenecientes a El Mayo Zambada, reduciendo aún más el riesgo (Radenn, 2012).

La estructura organizativa del grupo de Sinaloa parece

estar diseñada para proteger a sus líderes. Nadie sabe bien cuántos miembros trabajan para la organización y el rango en que se desenvuelven. Las estimaciones de periodistas y especialistas en el tema suelen confirmar que no se sabe mucho al respecto.

Como un ejemplo de lo anterior, Malcolm Beith (2011),

autor de varios libros acerca del narcotráfico en México, argumenta que se pueden calcular hasta 150.000 personas trabajando para Joaquín Guzmán. Por su parte, John Bailey (2014) sostiene que la cantidad de miembros de la organi zación es tan pequeña que podría estimarse en 150 perso nas. Estas disparidades tienen que ver con la forma en que se distingue a los miembros de la organización y a las per sonas sub-contratadas. Gran parte del trabajo del tráfico de drogas es delegado a personas que desconocen para quien trabajan. Incluso los que están ‘dentro’ mantienen distancia con los líderes (Radenn, 2012).

Después de la guerra contra el grupo de Juárez, que al

canzó un relativo equilibrio en 2012, la Federación de Si naloa entró en fuertes conflictos con Los Zetas, asociados en algunas zonas con los restos del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Esto provocó oleadas de violencia en Sina loa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Los Zetas se han debilitado en este proceso y la organización de Sinaloa se consolidó frente a sus competidores.

Durante la sangrienta lucha contra el grupo de Juárez

entre los años 2008 y 2012, se especuló que las conexio

nes del grupo de Sinaloa se encontraban dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y con ello se podría comprender su expansión a partir del 2001, cuando el panista Vicente Fox se encontraba al frente del poder Ejecutivo federal.

Durante los sexenios de los gobiernos panistas de Vicen

te Fox y Felipe Calderón fueron lanzadas varias ofensivas contra ciertos grupos de narcotraficantes, destacándose las detenciones de Osiel Cárdenas Guillén, del grupo del Gol fo, y de Benjamín Arellano Félix, del grupo de Tijuana. El rumor de que el gobierno calderonista estaba apoyando a Joaquín Guzmán llegó a ser tan fuerte que altos funciona rios del gobierno panista se vieron obligados a negar tal versión a través de un comunicado oficial en el año 2010 (El Mundo, 2010). El mismo rumor volvió a circular duran te el sexenio de López Obrador.

En sus comienzos la organización de Joaquín Guzmán

controlaba una sola ruta por el oeste de Arizona, pero hacia el año 1990 ya movía hasta 3 toneladas mensuales de cocaí na hasta la frontera norte de México y desde allí hasta Los Ángeles, California. Sus operadores trasladaban la cocaína desde Colombia en aviones privados y en el equipaje de vuelos comerciales, para después empezar a hacerlo en sus propios 747 que podían cargarse hasta con 13 toneladas de droga.

También utilizaban para entonces embarcaciones y has

ta submarinos totalmente sumergibles, diseñados y cons truidos ex profeso, que podían costar más de un millón de dólares y que podían ser desechables. Si eran interceptados por las autoridades, se activaba una palanca que inundaba el interior del sumergible, el cual se iba hasta el fondo junto con la droga.

El tráfico de cocaína podía constituirse como un negocio

que requería grandes inversiones de capital, pero Sinaloa lo financiaba con el tráfico de mariguana, que no requiere ningún tipo de cuidado o procesamiento y que cruzaba en abundancia, lejos de cualquier aduana oficial.

Cuando, en los años noventa, el consumo de metan

fetaminas se extendió por todo Estados Unidos, Sinaloa aprovechó la situación. Tenían ante sí una droga adictiva, de producción barata y de tráfico relativamente fácil. Para incursionar en este mercado, la organización construyó grandes laboratorios capaces de producir grandes canti dades de droga sintética. Embarcaciones de India y China descargaban efedrina –el precursor químico- en los puer tos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Cuando el gobierno mexicano prohibió la importación

de efedrina, la organización ajustó la fórmula química y utilizó precursores no regulados por las leyes mexicanas o importándola³. También trasladó parte de la producción a laboratorios en Guatemala.

Para que una organización como la de Sinaloa pueda

operar, necesita autoridades gubernamentales afines ubi cadas en todos los niveles. Esta colaboración escala desde las formas más habituales de relacionamiento entre orga nizaciones de narcotraficantes y autoridades gubernamen tales hasta procesos avanzados de cooptación: 1. En un primer y largo período el factor clave del funcio

namiento de una empresa criminal es la corrupción, el soborno y la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales en la empresa multimillonaria del tráfico y venta de drogas ilegales.

2. Sin embargo llega un determinado nivel de la organi

zación, cuando el narcotráfico ya deja de ser una simple actividad comercial para comportarse estatalmente, en la que además de contar con la tolerancia y/o la protec ción de los funcionarios, comienza a verse la participa ción directa de presidentes municipales, gobernadores, procuradores o fiscales generales, militares de todos los rangos, comandantes de policía y todo tipo de funciona rios gubernamentales, de alto, medio y bajo nivel (Strat

for, 2013a). El grado de cooptación de las autoridades políticas hacia las organizaciones criminales hace que en muchas ocasiones no se sabe si quien actúa en un asesinato por encargo es un sicario contratado por una organización o un agente de gobierno trabajando para o dentro del grupo criminal (Garay Salamanca, 2012: 33- 38). Los criminales suelen portar identificaciones poli ciales o militares y armas de uso exclusivo del Ejército. También pueden portar uniformes de distintas corpo raciones.

3. En el grado más avanzado ciertos grupos criminales pa

recieran trabajar expresamente por órdenes guberna mentales realizando actividades de contrainsurgencia o paramilitarismo (Fazio, 2009), llevando adelante verda deras guerras territoriales. La organización de Sinaloa ya enfrentó al grupo del Golfo (2006-2008), al grupo de Juárez (2005-2006 y 2008-2012) y a Los Zetas (2012- 2014). En los tres casos ha triunfado. Ahora está enfren tando al Cartel de Jalisco Nueva Generación (Los Mata- Zetas), sus antiguos socios.

El hecho central: Los Zetas y la declaración de guerra al crimen organizado

La guerra del Estado contra el crimen organizado, ini

ciada en Michoacán, fracturó un territorio regido por previos acuerdos de tolerancia y contención de violencia, rompió los códigos funcionales existentes de la violencia. La misma estrategia contenida en la ‘guerra’ contra el nar cotráfico era un problema. La intención de fragmentar las grandes bandas del narcotráfico para volverlas pandillas más pequeñas (aunque más violentas) y fáciles de combatir era peligrosa (Stratfor, 2013b). Al descabezar bandas se ge neró una lucha interna por el poder de las bandas descabe zadas y al mismo tiempo se incrementaron los ataques de las otras bandas rivales a la que suponían más débil en ese momento, con lo que la violencia de multiplicó.

Al comenzar el siglo XXI diversos hechos convergie

ron para debilitar al Estado y potenciar la guerra entre las bandas. En el año 2000 aconteció la primera alternancia pacífica en el poder registrada en la historia de México. Terminó allí la hegemonía del PRI y emergió la realidad institucional que esa hegemonía encubrió durante muchas décadas: un gobierno débil a menos que contara con facul tades extralegales que lo hacían fuerte en los hechos.

En el año 2008 México legisló que los vuelos privados

que entraran a su territorio desde el sur debían tener su primer punto de contacto fronterizo en Cozumel o Tapa chula, una medida que interrumpió el flujo de transporte del grupo de Juárez. Su jefe, Amado Carrillo Fuentes, era conocido como ‘El Señor de los Cielos’ por su flotilla de aviones con cocaína. La medida de gobierno le cortó las alas.

Bajo las nuevas restricciones, se volvió obligatorio el

transporte por tierra, surgiendo una nueva realidad terri torial: para controlar el tráfico había que controlar las rutas y las ciudades por donde cruzaba la droga. En consecuen cia, las bandas se vieron obligadas a desplegarse por toda la República y empezó la gran batalla por los territorios, no por los cargamentos.

El narcotráfico, que siempre fue un negocio de venta de

drogas, se convirtió en un negocio de dominio territorial; perdió relevancia como actividad comercial y se transfor mó en una problemática política. La lucha por el dominio territorial fomentó las rivalidades entre las bandas, perse guidas además por el Estado, con el Ejército, la Marina y la Policía Federal. En todo el territorio nacional las disputas armadas, sea entre las bandas entre sí o contra los cuerpos del Estado, tuvieron como objetivo el control del territorio.

Se consolida así una lógica de guerra entre bandas ar

madas que luchan por el dominio territorial de plazas y rutas hacia los pasos fronterizos de mayor rendimiento: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Rey

nosa. El grupo del Golfo y Los Zetas luchaban por el con trol de Tamaulipas contra la Federación de Sinaloa. Sinaloa peleó por Ciudad Juárez contra el grupo de Juárez, mien tras mantenía viva su guerra contra el grupo de Tijuana. Sinaloa entró en una guerra intestina contra sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva. Durante el año 2010 el grupo de Sinaloa mantuvo cuatro guerras simultáneas: contra Los Zetas y el Golfo, contra Juárez, contra Tijuana y contra los hermanos Beltrán Leyva.

Las guerras de la Federación de Sinaloa son mortíferas y

explican el 67% de las ejecuciones de aquellos años, más de 40 mil muertes. Sin embargo, el grupo criminal que hizo la diferencia para la sociedad mexicana fue el grupo para militar de Los Zetas.

Los Zetas y La Familia Michoacana: Los Zetas fueron la

organización criminal que inició un camino de captura de los gobiernos locales ya no por su complicidad interesada o temerosa, sino por el poder de coacción directa ejercida sobre el espacio público y sus instituciones. El lugar de la República donde este proceso llegó a sus últimas conse cuencias fue Michoacán y su vecino Estado de Guerrero, la Tierra Caliente.

Los Zetas fueron la primera organización paramilitar

dentro del narcotráfico mexicano y quizá del narcotráfico en general. Ioan Grillo (2012) dice que Los Zetas basaron inicialmente su cadena de mando en el Ejército mexica no del que se originan, con jefes y subjefes, igual que en el Ejército. Contaban con campos de entrenamiento, con campos de tiro y terrenos para simular ataques, donde se han encontrado arsenales de armas pesadas y cajas de bombas de mano. Los cursillos de entrenamiento y forma ción duraban dos meses. En ellos se enseñaba a utilizar lan zagranadas y ametralladoras de 0.5 mm.

La epidemia criminal de Nuevo Laredo produjo el pri

mer operativo de ocupación militar y policiaca de una ciu dad, la operación ‘México Seguro’ en el año 2005, el último

de la presidencia de Vicente Fox. Este operativo sirvió de modelo para las intervenciones posteriores, en particular la de Michoacán del año 2007.

La Familia Michoacana dio el otro salto cualitativo en la

historia del narcotráfico en México. Al igual que Los Zetas, los miembros de La Familia Michoacana eran sicarios pro fesionales, disciplinados, con una estructura paramilitar y una captura territorial y expoliadora de su entorno. Pero su captura fue más allá de la extracción de rentas, llegando al control político y social.

Se trató no sólo de las rentas, sino de la autoridad, de los

gobiernos locales y de la sociedad: la forma más penetrante y compleja que haya alcanzado nunca el crimen organiza do en el país. Este salto cualitativo del dominio criminal se dio en otros sitios de la República y es parte de la lógica de la guerra contra las drogas. Pero en ningún trayecto es más nítido como en el que va del Cartel del Golfo a Los Zetas y de la Familia Michoacana y su sucesión, Los Caballeros Templarios.

El 10 de diciembre de 2010 la Policía Federal cercó a

Nazario Moreno en Apatzingán. Luego de un largo tiroteo Nazario Moreno, fue “consciente de que las comunicacio nes del cartel están intervenidas, ordena que se difunda la noticia de que ha muerto” (Aguilar Camín, 2015). El gobier no confió en la noticia y el 24 de enero de 2011, median te desplegados, mantas y volantes, la Familia Michoacana anunció su disolución.

Se disgregaba “en respuesta a todas las atrocidades, abu

sos y violaciones que ha venido haciendo la PF contra la sociedad civil de Michoacán” (Torres, 2011). La disolución fue una estrategia para transferir las redes de La Familia Michoacana a una nueva organización, Los Caballeros Templarios, que en marzo de 2011 declaró que continuaba con “las actividades altruistas que antes realizaba la Familia Michoacana” (Univision, 2011).

La legislación de seguridad

El 2 de enero de 2008 se expidió la Ley General del Siste

ma Nacional de Seguridad Pública con el objeto de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asi como para establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta materia. El 28 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprobó el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió este Pro

grama considerando que, si bien el marco legal existente hasta el año 2006 en materia de seguridad pública estable cía facultades para las tres instancias de gobierno (Fede ración, estados y municipios), la articulación de esfuerzos había tenido alcances limitados e inconsistentes y que con frecuencia habían prevalecido la dispersión y la duplicidad de acciones entre las diferentes corporaciones policiales.

Por otro lado se enfatizó en la idea de que antes de la

aprobación del Decreto, el sistema de justicia concentraba en la figura del Ministerio Público la autoridad para inves tigar los delitos, con el auxilio de un policía a sus órdenes, por lo que este solo recibía instrucciones, perdiendo ca pacidades de investigación y obtención de evidencias que aportaran elementos para una mayor certeza al procesa miento judicial de los inculpados y sanción del delito, ge nerando desencanto y poca confianza por parte de la ciu dadanía. Con esta forma de operar, el Estado obtuvo resul tados por debajo de las demandas nacionales de seguridad pública y procuración de justicia.

Teóricamente, el gobierno de la República se había pro

puesto “restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad, bajo los principios fundamentales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez” (DOF,

2007). En alineación con dicho propósito se definió como misión institucional de la Secretaría de Seguridad Pública “Proteger y Servir”, articulada en dos dimensiones: la de las personas, que esperan ser protegidas en su integridad física, sus derechos y sus bienes y la de la sociedad, salva guardando las libertades, el orden y la paz públicos.

El desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública

quedó dirigido al cumplimiento de esta misión institucio nal con acciones policiales y no policiales en distintos pla nos:

• El plano de la coordinación con otras instituciones fede rales, tanto para combatir a la delincuencia como para corregir condiciones sociales que han dado origen a conductas proclives a la comisión de delitos y han alte rado las relaciones de convivencia y respeto en la comu nidad. En el primer aspecto se ubican las dependencias que integran el gabinete de seguridad pública y, en el segundo, las del gabinete de desarrollo social.
• El plano de la colaboración con los órdenes de gobierno estatal y municipal, con los que comparte la responsa bilidad constitucional de la seguridad pública en el país.
• El plano de la vinculación estrecha con la sociedad, para escucharla, atender de cerca sus necesidades y recuperar su confianza, por el apego estricto a la misión institucio nal.
• El plano de la cooperación internacional, no sólo para no perder de vista las aristas globales de algunos fenó menos delictivos que impactan el contexto nacional, sino también para aprovechar los intercambios de in formación, los estándares y las buenas prácticas. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chi huahua fue publicada en el periódico oficial del Estado N° 26 del 1° de abril de 2009. Su texto coincide con los prin cipios de la Ley Federal. Sin embargo, es menester men cionar que esta legislación estaba destinada a los delitos del fuero común, aquellos a los que les corresponde jurisdic ción policial estatal. En este sentido, es razonable destacar el carácter novedoso de la ley, al priorizar la coordinación/ articulación para lograr una mayor y mejor eficiencia. En este contexto, el narcotráfico fue considerado un delito excepcional, que excedía por mucho la capacidad policial y que debía ser asumido por las Fuerzas Armadas. La capacidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en cuestio nes de seguridad interior fue avalada constitucionalmente como una potestad presidencial. De tal modo que la pro blemática del narcotráfico fue abordada con mecanismos no policiales sino militares, de ‘guerra’. En la frontera norte, en Ciudad Juárez, los indicadores se elevaron en virtud de la declaración del gobierno federal de guerra contra el narcotráfico efectuada por el presidente Calderón el 11 de diciembre del año 2006 y se elevaron aún más con la intervención militar en el año 2009. La ciudad se convertió en la más peligrosa del mundo mientras tam bién era la que contaba con mayor cantidad de efectivos militares desplegados en el terreno. En ese tiempo México firmó el Plan Mérida, un proyec to internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y Centroamérica para com batir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activa do por el presidente George Bush el 30 de junio de 2008, cuando México ya había declarado su ‘guerra al narcotráfi co’ y todavía no había enviado tropas a Ciudad Juárez. Entre las instituciones norteamericanas involucradas se encontraban el Departamento de Estado y el Departamen to de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pen tágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA) y, por parte de México, el Con greso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la SSP, la PGR y el Centro de Investiga ción y Seguridad Nacional.

La ‘guerra contra el narco’ en el ‘sexenio de la muerte’ (2006-2012)

A pesar de presentar cambios significativos respecto a

estrategias anteriores, como el de reconocer oficialmente que los flujos ilegales de droga son posibles debido a la co rrupción tanto en México como en Estados Unidos, la es trategia antidrogas de la primera administración del presi dente Barack Obama se siguió enfocando en instrumentos militares-policiales y en el combate a la oferta de drogas, en tanto que relegó a segundo plano la reducción de la de manda en su territorio.

En el fondo, la estrategia seguía siendo la misma desde

cuarenta años atrás y no era lógico suponer que se obten drían resultados distintos. Peter Andreas diría que se trata de “políticas que, aunque estúpidas, son astutas” (“stupid policies, but smart politics”), porque aún y cuando no se espera acabar con el negocio del tráfico de drogas, son muy convenientes para las finalidades políticas y electorales (Es camilla Hamm, 2010: 129-141).

A partir de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón

hizo del combate al ‘narco’ el eje de su gobierno, la situa ción de violencia que prevalecía en el país se exacerbó en muchas regiones. Algunos especialistas sostuvieron que la estrategia implantada por Calderón fue la única alternati va que el Estado mexicano tuvo en ese momento para en frentar a las organizaciones criminales que operaban en su territorio (Chabat 2010, Villalobos, 2010) y que cuando el presidente asumió el cargo el ‘narco’ ya representaba una seria amenaza para la gobernabilidad del país.

Con el advenimiento de la democracia electoral en Mé

xico y el desmantelamiento del Estado autoritario y del go bierno del partido hegemónico, resultó imposible seguir controlando y supeditando a la delincuencia organizada desde la esfera política, por lo que las organizaciones de traficantes buscaban una autonomía relativa, cosa que de ninguna manera podía permitir un Estado. Los actores que

en otro tiempo mediaron entre el poder político y el cri men se habían debilitado o habían desaparecido.

Parece poco creíble que los líderes de las organizaciones

criminales se hayan desquiciado y se hayan empezado a matar entre ellos en busca de una supuesta autonomía res pecto al poder político. Si el crimen organizado, y en par ticular, el tráfico de drogas ilegales, persigue como interés fundamental la ganancia económica, la confrontación con el Estado es un recurso de situaciones excepcionales. No pretende en forma alguna hacerle sombra al poder político u ocupar su lugar, sino por el contrario, servirse de él para llevar a cabo sus actividades (Flores Pérez, 2005: 53).

Es válido preguntarse qué acontecimientos o elementos

se pueden utilizar como referencia para establecer un antes y un después en esta relación política-crimen que permita comprender cómo las organizaciones criminales se con virtieron en una ‘seria amenaza’ para el Estado mexicano y su estabilidad.

La ‘problemática del narcotráfico’ fue resultado de un

proceso político del Estado mexicano y de una evolución paralela de las organizaciones criminales. Si la situación del narcotráfico en el año 2006 era delicada, declararle la guerra empeoró todo.

La estrategia implantada por el gobierno federal para el

combate a las organizaciones criminales se centró en: a. operativos policíaco-militares; b. reformas constitucionales y legales, sobre todo en ma

teria penal;

c. un intento por mejorar sus capacidades institucionales

en el ámbito policíaco y de seguridad (profesionaliza ción de la policía, Iniciativa Mérida, etc.) (Chabat, 2010). Empero, esta estrategia no tomó en cuenta los efectos

(sobre todo por los operativos policíaco-militares) que im plicaría para la población civil y el caos social que deven

dría en ciudades donde la represión de las organizaciones criminales sólo ha generado más violencia y ha atizado añejos rencores sociales enraizados en condiciones de ex trema desigualdad económica, de desintegración y violen cia familiar, de falta de oportunidades, en una trama de co rrupción e impunidad tan perdurable y tan perene, ahora dentro de un régimen democrático endeble, con un poder político fragmentado.

Al declarar una ‘guerra contra el narcotráfico’⁴ el presi

dente Calderón enmarcó gran parte de su estrategia en un paradigma punitivo. Uno de los aspectos más relevantes de esta estrategia fue el protagonismo de los militares en el combate a la delincuencia organizada:

• altos rangos militares en activo y retirados ocupando cargos estratégicos y de primer nivel dentro de las es tructuras policiales y de seguridad en los tres órdenes de gobierno;
• utilización de las Fuerzas Armadas en labores directa mente relacionadas con la investigación y persecución del crimen organizado;
• utilización de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de labores propias de la seguridad pública;
• uso de tácticas, estrategias y armamento militar aplica do al eje de la seguridad pública; patrullajes, retenes, de tenciones y cateos llevados a cabo por militares;
• la utilización de una retórica bélica en una “guerra con tra el narco”.

También hubo una importante, sostenida y creciente

participación de la Policía Federal. Aunque era la parte ci vil y una de las instituciones que es necesario fortalecer en esta estrategia, sus patrullajes, retenes, detenciones, cateos y demás acciones han sido recurrentemente cuestionados, sea por los frecuentes abusos y violaciones de garantías constitucionales cometidos por muchos de sus elementos, o por la evidente falta de resultados en la contención de la violencia relacionada con la delincuencia organizada.

Además, la Policía Federal adoptó el uso de tácticas, es

trategias y armamento militar en el ámbito de la seguridad pública, por lo que ha sido equiparada con otra especie de Ejército.

Estrategias de este corte, basadas en la utilización de las

Fuerzas Armadas, la policía y su fuerza represora para apla car desórdenes y situaciones de alto riesgo, no dejaron de ser preocupantes.

En un país con condiciones políticas totalmente distintas

a las de décadas atrás, con un poder político fragmentado, el gobierno federal no previó el caos social que en deter minados lugares causaría una estrategia de esta naturaleza y tampoco ha sido capaz de tejer acuerdos que permitan una actuación en bloque de la clase política mexicana en temas de seguridad. La fragmentación de las organizaciones criminales por las políticas de descabezamiento de grupos delincuenciales organizados

Repetidamente el gobierno mexicano anunciaba por to

dos los medios a su alcance la captura de los líderes de los carteles del narcotráfico en México. El impacto del desca bezamiento de las organizaciones al interior de las mismas las dividió y propició la aparición de nuevas y más peque ñas organizaciones criminales. En dichas circunstancias el sistema de rotación de liderazgos en las organizaciones cri

minales se agilizó produciendo una renovación de los cua dros dirigentes, con un incremento de la violencia interna.

Por el lado del gobierno la política de ‘desmantelar’ los

carteles le permitió ofrecer resultados, pero esta fragmen tación expandió la violencia a nuevos municipios, entre otras consecuencias igualmente penosas. Junto con la vio lencia creció también la delincuencia: la extorsión, el se cuestro, el tráfico de personas, el narcomenudeo, el robo de automóviles y bancos (Guerrero Gutiérrez, 2011: 1). De las pocas y fuertes organizaciones de narcotráfico existen tes en México al comienzo del sexenio de Calderón resultó un proceso de federación, multiplicación y municipaliza ción del narcotráfico. Fuente: Guerrero Gutiérrez (2011).

En el año 2008 no fueron los carteles quienes decidie

ron cambiar su forma de operación y entrar en guerra. En

tre los múltiples factores que incidieron en la modificación de su comportamiento destacó la política de arrestos del gobierno federal que puso fin a la estabilidad y certidum bre que durante años permitieron que los grandes capos mantuvieran un control firme sobre sus organizaciones y tendieran a privilegiar la negociación sobre la confronta ción para resolver sus diferencias.

Según afirma Guerrero Gutiérrez (2011: 2-3) los arrestos

y abatimientos de los líderes de las organizaciones impac taron positivamente en el aumento de la violencia porque propiciaron los conflictos sucesorios y el oportunismo de los carteles rivales. Además, se erosionó la relativa certi dumbre sobre la estabilidad de los liderazgos con menos incentivos para cumplir acuerdos, ya que la rotación de los liderazgos se volvió elevada y sin garantías sobre qué haría el próximo líder.

Podría afirmarse, desde el punto de vista del gobierno

que, aunque la espiral de violencia se expandió, el resulta do consagró organizaciones más debilitadas. Es cierto que algunas organizaciones se debilitan o desaparecen cuando no logran superar la prueba de sobrevivencia que el Estado lanzaba sobre ellas.

Pero otras sí superaron la prueba y salieron fortalecidas,

acordaron federarse para consolidar resultados y distribuir responsabilidades y por último penetraron el nivel muni cipal.

La política de desmantelamiento transformó a los car

teles en organizaciones que se comportaron cada vez más políticamente, o sea estatalmente. El tráfico de drogas dejó de ser el elemento alrededor del cual la organización to maba sentido, ahora la organización sobrevivía en base al control de un territorio.

Lo dice muy bien Guerrero Gutiérrez (2011: 4): “la agre

siva política de detención y abatimiento de capos del go bierno federal ha generado un aumento en los desprendi mientos o la ‘deserción’ de facciones o células de tamaño

variable que antes formaban parte de un cartel. La princi pal consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia es que el combate a la delincuencia organizada se conver tirá, fundamentalmente, en un problema de Estados y mu nicipios”.

La dispersión geográfica de la violencia tuvo una carac

terística política porque el narcotráfico se conviertió en un problema cercano y vecinal. Ya no se trataba de la disputa por un territorio regional o una ‘plaza’, era la disputa por una fracción de territorio donde se asentaba un negocio pequeño. Ello implicaba una cooptación del narcotráfico sobre la agenda de seguridad municipal.

En un contexto de fragmentación criminal una de sus

consecuencias fue la multiplicación de pequeñas células delictivas dedicadas a una gran variedad de ilícitos. Estas tendencias crecieron porque las pequeñas organizaciones no participaban de los grandes mercados de exportación y buscaban incursionar en diversos negocios a nivel estatal y municipal. Junto a la debilidad de las policías estatales y municipales esta capacidad organizadora del narcotráfico contribuyó a que varios Estados experimentaran una seve ra crisis de seguridad pública.

Debilidad y violencia: las contradicciones de la ‘guerra’

La responsabilidad por la mutación del narcotráfico,

donde pasó de ser una ‘actividad’ a una ‘problemática’, es del Ejecutivo federal mexicano, porque la escalada de vio lencia que vivió el conjunto del país se derivó de su política de ‘guerra’ contra el narcotráfico.

En el caso de que el gobierno de Calderón hubiera iden

tificado adecuadamente los riesgos de seguir dicha estra tegia y a pesar de ello hubiera decidido lanzar la guerra, le correspondía al Estado mexicano la responsabilidad polí tica de las consecuencias derivadas de las decisiones toma

das. En el caso contrario, si no hubiera balanceado correc tamente las alternativas que planteaba tamaña decisión, la negligencia lo hace todavía más responsable.

La decisión federal generó condiciones que llevaron a

una escalada de la violencia y no buscó las formas de mi nimizar los resultados colaterales negativos. “El Ejecutivo federal sí debe asumir su responsabilidad por los actos (o las omisiones) que propiciaron el aumento drástico en la violencia de 2008 a la fecha” (Guerrero Gutiérrez, 2011: 7-8). En un escenario donde las organizaciones dedicadas al narcotráfico combatían entre sí y dentro de sí, las políti cas adoptadas por el Estado para su combate representaron un problema adicional.

A raíz de circunstancias tan endebles dentro de la transi

ción democrática mexicana, muchas condiciones estructu rales que suponían una gobernabilidad democrática que daron ausentes o debilitadas. Esta ‘debilidad’ del Estado mexicano es un elemento contradictorio en términos con ceptuales, porque un Estado débil no actúa aparentemente como tal, sino todo lo contrario. Dado que su capacidad de proyectar poder se encuentra atenuada, debe recurrir fre cuentemente a la coerción para obtener la obediencia que antes obtenía por acuerdos corporativos hegemónicos que repartían beneficios. La capacidad de imponer el cumpli miento de la ley quedó cuestionada y la militarización de la seguridad fue la respuesta inmediata. El monopolio legí timo de la violencia como característica central del Estado moderno se volvió en México más violento que legítimo.

Las organizaciones del narcotráfico respondieron coin

cidentemente a esta contradicción del Estado mexicano y ambos se encontraron con mayor frecuencia cara a cara en un movimiento que tenía un doble origen: la presión coercitiva del Estado en virtud de su debilidad y la presión coercitiva de las organizaciones del narcotráfico en virtud de la brecha entre sociedad civil y sociedad política. En ambos casos la causa última estaba en el Estado.

En este contexto, resultó lógico que las instituciones de

seguridad civiles facultadas legalmente para hacer frente a la situación fueran superadas, en gran medida por el grado de colusión y corrupción que las caracterizaba desde hacía largo tiempo. El Estado optó entonces por la militarización de la seguridad interna haciendo participar abiertamente a las Fuerzas Armadas.

Esta creciente participación de los militares comenzó

con la primera alternancia de Vicente Fox, pero adquirió su máxima expresión con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Es una situación llamativa ya que en todos los países de América Latina el proceso de transición demo crática implicó una disminución en el rol de las Fuerzas Armadas, lo que no sucedió en dos países que no tuvieron golpes militares: México y Colombia. La naturaleza de las Fuerzas Armadas en México es peculiar por su origen re volucionario y popular, lo que contrasta con el resto de los ejércitos latinoamericanos (Moloeznik, 2005).

De acuerdo con Raúl Benítez Manaut (2005), la subordi

nación de las Fuerzas Armadas al poder civil y su lealtad a la figura presidencial y al partido hegemónico fueron fac tores que permitieron una sostenibilidad relativamente es table durante el gobierno del PRI, mientras en el resto del subcontinente se protagonizaban golpes de Estado perpe trados por los propios militares que originaban regresiones autoritarias.

México fue así objeto de interés y fascinación por parte

de muchos estudiosos que trataban de explicar por qué las Fuerzas Armadas funcionaban al revés de lo que sucedía en el resto de la región. Se habló de un pacto no escrito (Benítez Manaut, 2005) que permitió la trasmisión del po der militar surgido de la revolución al poder civil y de las condiciones que permitieron que este pacto-compromiso mantuviera estable al país (dentro de un régimen autori tario) en épocas de convulsiones y cambios políticos que fueron y vinieron del autoritarismo a la democracia. Coincidiendo con lo que fue la base de sustentación de

la hegemonía priísta, parte de estas condiciones tenía que ver con los privilegios que el régimen autoritario garantizó a la milicia: autonomía en la disposición de sus recursos materiales, autonomía judicial y autonomía respecto al po der legislativo.

Con un ejecutivo controlando a los otros poderes y so

bre todo al legislativo, se garantizó que los militares con servasen su fuero y que ninguna ley emanada del Congreso afectara su autonomía administrativa y judicial.

En contrapartida, los militares se subordinaron por

completo a su comandante supremo, el presidente de la República. En el año 2000, cuando el PRI perdió las elec ciones y el gobierno, los militares pasaron por una prueba de fuego al tener que ofrecer y demostrar su lealtad a un comandante que no pertenecía al partido que les dio ori gen y construyó la mayor parte de sus tradiciones.

Sin embargo, el discurso sobre la lealtad a la figura presi

dencial se adecuó rápidamente, redireccionando la lealtad hacia el Estado en vez del partido. Las condiciones en las que debió desempeñarse el nuevo gobierno no fueron las mismas e incluso con el retorno del PRI al poder en 2012 no hubo garantías desde el ejecutivo respecto a una capa cidad de control absoluto sobre los otros poderes a fin de salvaguardar los intereses de las Fuerzas Armadas, lo cual quedó demostrado en el caso Ayotzinapa, cuando la salva guarda militar obliga a la implosión del ejecutivo federal.

El creciente protagonismo de los militares en las polí

ticas de combate al tráfico de drogas y los efectos de esta participación, como el aumento desmedido de la violencia desplegada por los grupos del crimen organizado contra sus competidores y contra el Estado, obligaron a analizar los resultados de la transición democrática, su estado actual y su futuro incierto, a la luz de una democracia represen tativa liberal, régimen oficialmente imperante en México y cuyos perfiles se delimitan en la Constitución federal.

Al respecto Offe y Schmitter (1995) sostenían que, preci

samente cuando la democracia liberal parecía haber triun fado como nunca antes convirtiéndose en el ‘único juego posible’, su futuro se volvía cada vez más incierto porque aumentaban la desilusión sobre su funcionamiento y los ciudadanos no parecían encontrar en ella la satisfacción de sus aspiraciones.

Desde los años setenta muchos países intentaban adop

tar las mismas instituciones que ya tenían las democracias establecidas, pero los ciudadanos ya experimentaban una gran insatisfacción respecto a esas mismas instituciones. No obstante, la democracia liberal siguió representando la única forma de gobierno legítima y estable, aunque ya no es extraño observar partidos o movimientos contemporá neos que pretendan abiertamente una forma de gobierno que no se identifica con ella.

Sin embargo, su sola permanencia en el tiempo no ga

rantizó la creación de normas cívicas y los comportamien tos de respeto mutuo que subyacen en la eficacia de una democracia estable. O’Donnell (2007: 11) sostenía que estos escenarios podían implicar una ‘muerte súbita’ (un golpe de Estado) o una ‘muerte lenta’, un proceso donde la demo cracia va decayendo hasta convertirse en apenas una forma distinta de la vieja dominación.

Con el cambio de contexto a partir del año 2000 el nar

cotráfico también cambió. Dado el fin del modelo de su premacía hegemónica, el poder del Estado se ha tornado en una contradicción, disputándose entre la debilidad y la coerción. El viejo régimen autoritario y su dinámica, aun que hayan dejado rasgos aún presentes y evidentes, han de jado de funcionar como antaño. La ausencia de una regula ción clara de arriba hacia abajo permite que el narcotráfico vaya más allá de sus territorios de origen y se incrementen las guerras predatorias.

En este sentido, resulta lógico que los últimos gobier

nos hayan recurrido cada vez más y como nunca antes a las

Fuerzas Armadas, asignándoles misiones que no concuer dan con su naturaleza y razón de ser, dándoles un creciente protagonismo en estas tareas. Sin embargo, el desempeño de la milicia no puede ser calificado en términos positivos. Las políticas de combate al narcotráfico implantadas desde 2006 y la violencia generada en el choque entre estas po líticas y los grupos criminales desdibujaron los contenidos y las formas de una democracia liberal. Habiendo supera do ya la transición democrática, nos encontramos aún con rasgos exclusivos de regímenes autoritarios: abusos en el ejercicio del poder, corrupción, ilegalidad, discrecionali dad, violación de garantías, crímenes de Estado.

México ha transitado en sentido contrario respecto al

camino que la mayoría de los países en América Latina han circulado. Su transición es a tal grado peculiar que resulta difícil aplicar a México, sin recurrir a importantes acota ciones, un modelo teórico ajustado a la realidad. El origen, naturaleza, razón de ser y misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas hicieron de ellas un caso aparte. Califi car de ‘guerra’ a la lucha contra el narcotráfico en México y asumir una estrategia centrada en las Fuerzas Armadas fue un error del presidente Felipe Calderón.

El modelo de democracia representativa liberal no en

cajaba cómodamente con la transición mexicana ni con sus resultados o sus reales alcances. El aumento del protagonis mo de los militares en la lucha contra el narcotráfico tam poco presagió una democracia mexicana más avanzada. Y la situación no dejó de empeorar con el paso del tiempo.

El combate al narcotráfico y la participación de los mili

tares en operaciones antidroga no son cuestiones novedo sas en México. Desde la destrucción de cultivos de adormi dera en Sonora en 1938, la Operación Cóndor de los años setenta y otras acciones similares, las Fuerzas Armadas han intervenido en el combate al narcotráfico.

Pero la ‘guerra’ contra el narcotráfico que Felipe Calde

rón inició a comienzos de su gobierno en el año 2006 y la

dependencia del gobierno de Enrique Peña Nieto respeto a las mismas tareas es mayor que la participación que histó ricamente han tenido las Fuerzas Armadas en este ámbito. La posterior creación de la Guardia Nacional y su incorpo ración dentro de la Sedena ratificaron el retorno la cen tralidad militar. El rol protagónico de las Fuerzas Armadas durante el sexenio obradorista fue menos represivo, pero mucho más amplio que en cualquier sexenio anterior.

Nunca antes de Calderón el Ejecutivo federal había em

prendido tantos operativos conjuntos (entre autoridades militares y civiles) simultáneos en diversas zonas del terri torio nacional, ni había utilizado a tal extremo una retórica bélica (la declaración de ‘guerra’) en contra de estas activi dades, retórica que expresó el objetivo de terminar defini tivamente con el negocio ilícito y que ha costado miles de vidas humanas.

Son varios los planteamientos que se han hecho para

explicar y justificar este ascenso del protagonismo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico: 1. La versión oficial indicaba que un ataque frontal de las

organizaciones criminales al Estado y la vulnerabilidad social que esto representa amerita la intervención militar.

2. El argumento de los críticos al gobierno de Calderón

y de algunos académicos sostenía que la ‘guerra’ se re lacionó con la crisis política y electoral del presidente Calderón al tomar posesión y que lo obligó a adoptar estas medidas para superar un problema de legitimidad (Wolf, 2011).

3. El supuesto de la imposición externa de Estados Uni

dos, producto de un proyecto de predominio militar y territorial más allá de sus fronteras y de las retóricas de seguridad dominantes (Fronteras Seguras, ASPAN, Ini ciativa Mérida).

4. Se planteó un debilitamiento del Estado generado por

un proceso de liberalización política que fragmentó un

poder antes centralizado (PRI) y que provocó una falta de instituciones de seguridad e inteligencia adecuadas a un régimen democrático, las que deberían haber sido creadas hace varios años y que le han generado al go bierno una incapacidad para controlar el problema por otras vías. La intervención abierta y directa de los militares en el

combate al narcotráfico resultó cuestionable, ya que se ha propiciado un estado de constante represión en las calles, violaciones persistentes a las garantías individuales y colec tivas que han puesto en duda el frágil Estado de derecho y la capacidad del gobierno para controlar la situación den tro de un régimen democrático. La mayor parte de los ope rativos y acciones llevadas a cabo han sido realizados por militares, y aunque fueron acompañados por altos mandos civiles de las distintas policías, dichas tareas no pudieron realizarse sin su intervención, su beneplácito y sus condi ciones (Alvarado, 2009: 64).

Los números de la guerra

Alrededor de 350,000 personas fueron asesinadas y más

de 72,000 continuaban desaparecidas —según cifras oficia les de enero de 2006 a mayo de 2021. Lo dijo el Washing ton Post en junio de 2021 (Pardo Veiras y Arredondo, 2021).

Fuente: Astrada, Moscoso Durán y Andrade Valbuena (2016: 5).

Conclusiones

La política del presidente Calderón ha provocado “un

crecimiento extraordinario de los niveles de violencia aso ciados con el narcotráfico”.

La llegada a la Presidencia de un candidato de un parti

do diferente al que había gobernado el país durante 71 años rompió varias inercias de corrupción entre el gobierno mexicano y el narcotráfico, lo cual se reflejó en una política del gobierno de Fox de mayor confrontación, dando como resultado el arresto de varios líderes del narcotráfico como Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, Benjamín Arellano Félix, del cártel de Tijuana, Adán Amezcua, del cártel de Colima y otros líderes importantes como Gilberto García Mena, alias el June, del cártel del Golfo.

Durante el gobierno de Vicente Fox se continuó utili

zando al Ejército en el combate contra el narcotráfico.

Si bien se logró la captura de varios capos, los volúme

nes de droga traficada a Estados Unidos no disminuyeron y las bandas del narco siguieron operando.

Frente a este panorama, y en un contexto de crisis de

legitimidad interna por su triunfo apretado en la elección de 2006, el gobierno de Calderón decidió lanzar una cam paña de combate directo al narco con el apoyo del Ejército.

A pesar de los altos índices de violencia asociada con el

narco, las encuestas mostraron en esos años un alto apoyo de la población a la guerra. Según una encuesta de Sistemas de Inteligencia en Mercados de Opinión (SIMO) de fines de 2008, un 72% de los mexicanos consideraba muy adecuado o algo adecuado el esfuerzo del gobierno en el combate al narco (Egremy, 2009).

Si el incremento de la narcoviolencia en el gobierno de

Calderón se debe a que las acciones gubernamentales han roto los equilibrios entre las bandas del narco, ello supon dría que la única manera de reducir estos niveles de vio

lencia era que el Estado no rompiera estos equilibrios, lo que básicamente implicaría regresar a una política de tole rancia hacia el narcotráfico (Chabat, 2010: 36-37; Alvarado y Serrano, 2010).

En escenarios como el descripto, resulta difícil encon

trar fortalezas en una estrategia de combate al crimen or ganizado como la implantada por el gobierno federal en 2006, así como a las acciones emprendidas por los gobier nos estatales y locales. La estrategia resultó en un fracaso porque las políticas puestas en práctica por el presidente Calderón, los gobernadores y los presidentes municipales no consiguieron bajar los niveles de violencia e impunidad imperantes.

México puede caracterizarse en la actualidad como un

Estado débil con un régimen democrático endeble. Entre los rasgos que Barry Buzan (1991: 97) considera para ca talogar como débil a un determinado Estado, se podrían destacar en México altos niveles de violencia política, las recientes transformaciones en instituciones políticas fun damentales, así como una carencia de jerarquía de la auto ridad política.

Aún y cuando México no cumple con todos los requi

sitos de la lista de Buzan que permitan catalogarlo como débil, la sola presencia de algunas de las características mencionadas hace dudar de su fortaleza como organiza ción política.

Los niveles de violencia, corrupción e impunidad que se

manifiestan en muchas zonas del país, han corroído consi derablemente a instituciones estatales y locales.

¿Qué pasa entonces con esta capacidad, ciertamente

potencial, del Estado mexicano para combatir la violencia generada por el crimen organizado, y específicamente por las organizaciones de narcotraficantes dentro de su terri torio? Se puede pensar, en principio, que dicha capacidad se encuentra reducida o que falta voluntad política a nivel

nacional, estatal o local para acabar con la violencia y el desorden; que está ausente una dinámica democrática para atacar el problema, una dinámica de pactos, de acuerdos, que involucren realmente no sólo a la clase política, sino también a la clase empresarial y a la sociedad civil en gene ral, una visión de conjunto contra el flagelo de la violencia y la vulnerabilidad de las instituciones estatales.

Desafortunadamente, esta dinámica no se ha establecido

aún y partidos políticos, clase empresarial y sociedad civil permanecen aletargados y adormecidos. Los costos de la ‘guerra’ han sido elevados, la cantidad de homicidios habla por sí sola. Esta gente no ha muerto, como se argumenta, para acabar con el narcotráfico ni tampoco para reducir el consumo de las drogas. Lo único que se persiguió con esa estrategia era retomar el control y supeditar una vez más, en un contexto político distinto e infructuosamente hasta el momento, las organizaciones criminales al campo de la política.

En la superficie, las opciones disponibles para equilibrar

la correlación de fuerzas entre el campo de la política y el campo del crimen son reducidas: a. Tolerar el crimen organizado (fortalecer a cierto grupo

criminal para que la ‘tranquilidad’ regrese);

b. Regresar a un esquema autoritario que permita supedi

tar nuevamente los criminales al poder político;

c. Fortalecer a las instituciones del Estado en un régimen

democrático para que sean capaces de controlar la vio lencia generada en la dinámica de la delincuencia orga nizada. La primera y la segunda de estas opciones ni siquiera

deberían ser consideradas en una sociedad que busca con solidar un régimen democrático. La naturaleza y estructura de toda organización criminal es por necesidad autoritaria. Tolerar que cierta organización criminal despliegue una hegemonía en su campo, resulta incomprensible dentro de

una supuesta democracia. Regresar al anterior esquema, con un poder político altamente centralizado, con un total y absoluto control de cada una de las entidades federativas, de todos y cada uno de los municipios y organismos poli ciales y de seguridad, es retroceder histórica y políticamen te como nación.

Dentro de un régimen democrático solo queda la op

ción de fortalecer al Estado frente a estas organizaciones, constituir un Estado plural, con un poder político distri buido mediante un pacto federal, con una visión integral en políticas de seguridad, con una actuación en bloque de la clase política, la clase empresarial y la sociedad civil en general. Esto obliga a una transformación radical de la es tructura de toma de decisiones. El punto más deseable es el punto menos posible.

Ante una política global prohibicionista, las fuertes pre

siones de Estados Unidos, un escenario de descontrol, de ‘privatización’ del mercado de drogas, donde el Estado ya no comanda al narcotráfico, ante un panorama político do minado por un oligopolio, con pugnas incluso hacia el in terior de las principales fuerzas políticas, sin una visión de Estado, la alternativa de la legalización de las drogas para acabar de golpe con este gran negocio y con la violencia a él asociada aparece como algo poco factible en el corto plazo.

La corrupción forma parte de la forma de gobernar en

México desde los tiempos de la estabilidad priísta que con formó la democracia autoritaria mexicana, y desde mucho antes. El reparto de los beneficios materiales entre los com ponentes de la coalición de gobierno ayudaba a esa estabili dad política. Este modelo de cooptación asegurada por be neficios, a pesar de las modificaciones importantes con que el PAN encaró su política en el siglo XXI, no dista mucho del comportamiento con el cual el poder político mexicano resolvió encarar la problemática del narcotráfico.

El problema de la ‘guerra’ contra el narcotráfico no es

que se hiciera mal o que no tuviera resultados satisfacto

rios o que no se previeron las consecuencias o no se alivia ran sus daños colaterales. El problema principal es que al narcotráfico no se le hace la guerra. Precisamente cuando el narcotráfico deja de ser una actividad para pasar a ser una problemática, significa que ha hundido raíces en la so ciedad mexicana, que no es un elemento exterior y extraño sino un componente estructural socialmente significativo.

Capítulo 5El crimen organizado en la frontera norte: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa

La guerra de Juárez

En las estadísticas oficiales sobre los asesinatos ocurridos

en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (Cuadro 1), Ciudad Juárez destaca como la entidad más afectada por la violencia asociada al narcotráfico a partir del año 2008 (Cuadro 2). En 2010 se produjo un promedio de 69 homi cidios por día en un país con una población superior a los 110 millones habitantes. En Ciudad Juárez se cometió un promedio de 10 homicidios por día, algo más de la séptima parte del promedio de homicidios cometidos diariamente en todo el país.

Entre los años 2001 y 2007 (siete años) la cantidad de

homicidios en Ciudad Juárez osciló entre un mínimo de 198 en 2004 y un máximo de 268 en 2002¹, una banda de

variabilidad muy estrecha. En el período 2008-2011, en plena guerra calderonista, se cometieron un total de 10,036 homicidios en la ciudad fronteriza, una explosión descon trolada de violencia, un 700% de aumento de homicidios entre 2007 y 2008.

Los datos de las diferentes gráficas sobre homicidios en

la frontera norte mexicana dan a entender que una “guerra contra el narcotráfico” era totalmente innecesaria y contra producente. No hay datos que avalen un grado de peligro sidad suficiente como para una intervención “excepcional” del gobierno federal. En los años anteriores a 2008 las tres ciudades (Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa) presentan in dicadores por debajo de la media posterior hasta la actua lidad. Coincidentemente con el año 2008 las tres ciudades inician una tendencia incremental (no homogénea) hasta consolidarse en el bienio 2017-2018 (cambio de gobierno, crisis definitiva del PRI, fin de la alternancia) como una meseta (homogénea) de peligrosidad elevada.

Durante la guerra de Calderón, la frontera norte se vio

afectada seriamente en Ciudad Juárez. La política de gue

rra en concreto fue un enfrentamiento entre Sinaloa y Juá rez, con el incentivo del gobierno actuando a favor de Si naloa, quien finalmente ganó la guerra. Hasta ese momen to (2008) Sinaloa y Juárez llevaban adelante un acuerdo de cuatro años, mediante el cual Sinaloa pagaba un derecho de piso por compartir los recursos de Juárez en la frontera.

En Tijuana el aumento de homicidios fue menos trau

mático (51%) durante dos años y en Reynosa hubo una dis minución de homicidios.

A partir del año 2012 la cantidad de homicidios en Ciu

dad Juárez disminuyó abruptamente hasta el año 2017, mientras comenzó a crecer incesantemente en Tijuana, que se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo (Cuadro 3). En el mismo año 2017 Reynosa explotó abruptamente para luego iniciar una meseta levemente descendente que

se conserva hasta el día de hoy. Ciudad Juárez retomó la senda alcista en 2018, en la cual se encuentra actualmen te. Los importantes cambios políticos del bienio 2017-2018 son el motivo de esta “homogeneidad” en los flujos de los indicadores.

Durante la guerra calderonista las tres principales ciu

dades fronterizas se comportaron en forma diferente, con el impacto de la guerra haciendo epicentro en Juárez. En el período obradorista las tres ciudades se comportaron ho mogéneamente, en un formato de meseta elevada.

Repasando Juárez

El caso de Ciudad Juárez obliga a revisar y repasar la po

lítica de “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). La inter vención federal fue tan masiva como importante, enarbo lando con decisión la capacidad de construir un escenario de “guerra” que estuviera alejado de las consecuencias po líticas y el pago de costos propios del centro de poder, en la Ciudad de México. Allá lejos, en la frontera de México con Estados Unidos, la guerra podría ser un espectáculo distante y de bajo costo político a pesar de sus macabros resultados.

La variante local, permanente, anterior y de histórica

importancia, se expresa en las características sociales, po líticas y económicas de Ciudad Juárez, lo que se traducirá luego en una situación similar en Tijuana y Reynosa, con las particulares diferencias de tamaño y de época. Las ma quilas, la frontera, la organización política, la conforma ción urbana y los flujos migratorios son los temas centrales.

El nuevo gobierno americano, su agresiva política exte

rior hacia México, las deportaciones de migrantes indocu mentados, la anunciada construcción del muro entre am bos países, la presión para desmontar el Tratado de Libre Comercio y varios elementos adicionales, componen el in grediente estadounidense del problema.

La crisis terminal del Partido Revolucionario Institucio

nal, el deseado fin de la alternancia, el estancamiento de la economía nacional, el probable aumento del consumo de drogas por el cierre de grandes parcelas del mercado americano, una mayor tasa de homicidios y el incesante ascenso de Morena, son algunos de los varios componentes del lado mexicano de la cuestión.

La guerra del cristal parece estar en el origen de una dis

puta cada vez más encarnizada por el control de una plaza congestionada protagonizada por las agencias locales del Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y un ingreso fallido del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Esa “guerra” se siente con fuerza en Ciudad Juárez, a través de los indi cadores de homicidios, y sus repercusiones ya retumban en Estados Unidos. Allí las tasas de homicidios no se han elevado cualitativamente pero el componente de crimen organizado dentro de ellas sí. Más allá de Ciudad Juárez el narcotráfico en la Sierra Tarahumara y en el Valle de Juárez está muy activo y muy inquieto.

Tantos y tan profundos cambios de rumbo a nivel polí

tico nacional, local y mundial no le sientan bien al narco tráfico. Acorralado por la presión militarizada que provie ne de todos los ángulos posibles, responderá con la mejor arma que pudo obtener hasta el momento: la necesidad de sobrevivir.

¿Qué es Ciudad Juárez?

Quien no conoce Ciudad Juárez no llega a tener una idea

aproximada de cuán cercanas y conectadas están las ciuda des americanas fronterizas (El Paso, Socorro, Las Cruces) con el lado mexicano de la triple frontera. Al igual que en otros lugares del mundo, aunque mucho menos mencio nado, Ciudad Juárez es parte de una triple frontera entre México y los Estados americanos de Texas y Nuevo México, un dato importante a la hora de comprender las proble máticas criminales de la región. Mientras toda la ciudad es

fronteriza con Texas, la zona más pobre de Ciudad Juárez (Puerto Anapra) es fronteriza con Nuevo México.

El tránsito de personas es constante, intenso y fluido. El

tráfico de mercancías supera los 4 mil camiones diarios que circulan desde las salidas de las maquilas a los depósitos en Estados Unidos y viceversa. Llevan productos terminados y traen partes en un trayecto de pocos minutos, siempre apurados por el just in time. Un tren carguero pasa insis tentemente por el centro de la Ciudad, muy importante para el desarrollo económico, aunque arruine toda ilusión de planificación urbana.

Ciudad Juárez está más cerca de las ciudades america

nas que de las mexicanas, ya que la ciudad mexicana más próxima está a 120 kms. de distancia (Villa Ahumada) y a la ciudad estadounidense de El Paso se puede cruzar a pie. A las afueras de la ciudad un típico desierto de arena (las dunas de Samalayuca) aísla completamente la ciudad. Ade más de su clima árido con temperaturas extremas, que su peran los 40°C en verano y llegan hasta -10° en invierno, Ciudad Juárez tiene su principal carencia en las falencias de la infraestructura urbana, a las que se suman su alejada vinculación territorial con el Estado mexicano.

Estas falencias se refieren a varios aspectos: 1. La falta de planificación del crecimiento urbano 2. La ausencia de un sistema urbano de transporte (ca

miones, taxis), que ahora ha mejorado.

3. La existencia de múltiples espacios baldíos; 4. El mal estado de las vías de comunicación; 5. La mala iluminación de las calles; 6. La falta de un sistema de desagüe pluvial. Que la ciudad esté planeada para conducir el desplaza

miento vehicular y comercial hacia y desde Estados Unidos es un criterio que enmarca la concepción urbana de Ciu dad Juárez como ciudad “de paso” (como era su antiguo

nombre, El Paso del Norte). Ese concepto es tomado como una sobredeterminación innata y apriorística, como si no pudiera ser modificada. Esta desterritorialización/desloca lización de la planeación urbana fue bien aprovechada por el crimen organizado que desarrolló sus actividades sobre una base social al mismo tiempo ilegal y de fragilidad te rritorial.

En el año 2010 Ciudad Juárez llegó a tener un promedio

de 313 homicidios por mes, cifra que descendió a 190 en 2011 y a 71 en 2012. En todo el año 2015 hubo 440 homici dios, pero en el año 2016 la cifra se elevó aún más, trepan do a 680. Los dos primeros meses de 2017 sumaron 134 homicidios, un promedio mensual de 67 homicidios, la misma cantidad que en el año 2012, terminando el año con 805 homicidios.

Durante la “guerra” (2008-2012) fue considerada la ciu

dad más peligrosa del mundo, para luego vanagloriarse de los logros adquiridos en seguridad y la baja abrupta de los indicadores de homicidios en el período 2012-2017.

Sin embargo, la historia volvió a repetirse, como si nada

hubiera cambiado, mientras las cifras de homicidios em pujaban hacia arriba y regresaron las “guerras” entre carte les junto con la Guardia Nacional y el Ejército. Inadvertida mente el período de “paz” estaba preanunciando el regreso de la guerra.

Las repetidas celebraciones del triunfo sobre el crimen

organizado que poblaron las noticias y los eventos sociales en el período 2012-2017, posterior a la “guerra”, dejaron de tener aquel sabor festivo (e insensato) de la victoria.

Pero no fue una simple repetición, muchas cosas habían

cambiado en un lapso apretado de tiempo. El domingo 5 de junio de 2016 el PRI perdió las elecciones en varios Es tados, entre ellos Chihuahua. Allí cedió además la elección en la ciudad capital y en la ciudad más poblada, Ciudad Juárez. Esta situación electoral se agravó en el año 2018 cuando

Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de México. Al mismo tiempo Donald Trump asumió en enero de 2017 la presidencia en Estados Unidos, con su promesa de expulsión masiva de migrantes mexicanos, la construc ción de un muro fronterizo y un cambio drástico en las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, afectando seriamente el desarrollo de la industria maquiladora, principal actividad económica de Ciudad Juárez.

La situación internacional, enfocada en la problemática

fronteriza de Estados Unidos-México, encontró en Ciudad Juárez, el laboratorio mundial, el primer punto de expre sión. Sea en la industria maquiladora o en la presión mi gratoria, la ciudad estaba nuevamente sometida a prueba.

38 homicidios se cometieron en Ciudad Juárez en el

mes de mayo de 2016, lo que provocó un llamativo titular de “Mayo sangriento” en algunos medios de la ciudad.

Al mes siguiente, en junio, el indicador empeoró, con 39

homicidios; los indicadores fueron subiendo lenta y soste nidamente. El primer trimestre de 2016, con 84 homici dios, apenas se elevó por encima de los 81 homicidios del mismo período de 2015. En enero hubo 32 homicidios, 24 en febrero y 28 en marzo, entre 10 y 15 veces menos que en el año 2010, cuando el promedio mensual ascendía a 253 homicidios.

Sin embargo, el trimestre siguiente mostró una ten

dencia abiertamente creciente: 30 asesinatos en abril, 38 en mayo y 39 en junio. En aquel entonces, de mantenerse este ritmo de crecimiento intertrimestral, el año cerraría con una tasa lejana a los 208 homicidios establecidos como meta por la Mesa de Seguridad y Justicia. Incluso se alejaba de los 440 homicidios cometidos en el año 2015.

En concreto terminó representando una cifra semejante

a los 614 homicidios de 2013, 680 homicidios, los que se

elevarían a 805 el año siguiente. La pretendida tasa de 14 homicidios cada 100,000 habitantes prevista por la Mesa de Seguridad y Justicia se vio rebasada por una tasa real de 32,6 homicidios cada 100.000 habitantes.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad

Pública Municipal (SSPM), atribuyó la mayoría de los crí menes a ajustes de cuentas entre grupos, informando que gran parte de las víctimas de homicidios eran narcomenu distas.

Estas cifras, aunque inquietantes, todavía representaban

incrementos cuantitativos. Un primer importante alerta cualitativo se registró el 4 de marzo de 2016 con el secues tro de una persona, algo que no ocurría desde hacía dos años y medio. Tras una tendencia de 30 meses con cero secuestros, los familiares acudieron a las autoridades y a las 48 horas el responsable estaba detenido y la víctima libe rada, impidiendo así la probable transformación de un es cenario cuantitativo en un imponderable salto cualitativo. El segundo alerta cualitativo tuvo que ver con los ajustes

de cuenta mencionados por Muñoz Morales. Los conflictos entre grupos delictivos resueltos mediante homicidios im plican disputas por el control del territorio de narcomenu deo y cierto grado de organización de la violencia.

Si bien los carteles ya no ostentaban una presencia im

portante en la zona y no se había denunciado el cobro de extorsión a empresarios en los dos años anteriores, la con junción de diversas problemáticas podía obrar a favor de la expansión territorial de los pequeños grupos de narcotrá fico / narcomenudeo.

La presión migratoria americana sobre la frontera jua

rense, el incremento del rol de Los Aztecas en el lado ame ricano, la política de deportaciones del gobierno republica no, la rotación de mano de obra en las maquilas, la afluen cia de trabajadores, el rezago habitacional y otros factores menores incidían positivamente sobre las posibilidades de expansión de las actividades del crimen organizado.

Adicionalmente el principal alerta cualitativo recayó es

peculativamente sobre las posibilidades de que se replicara la situación de 2010, lo cual no era posible. La actuación de 10 mil soldados y policías en la calle, supuestamente luchando por mejorar los indicadores, y que sin embargo provocaron un crecimiento de los secuestros, las extorsio nes y los robos de autos, ya no volvería a suceder.

En la actualidad están creciendo la actividad industrial y

el comercio de la ciudad. En 2010, resultado de la conjun ción entre la crisis económica y la crisis de seguridad, llegó a haber 70,000 personas sin trabajo dentro de la población económicamente activa, con una caída de 9 puntos del PIB, mientras que en 2015 la ciudad llegó al pleno empleo, con un crecimiento del 5% del PIB en 2014. A mediados de 2016 faltaba personal para cubrir las 16,000 vacantes existentes en la industria y el comercio. En 2024 las vacantes en la ciudad, inmersa en los movimientos a lo largo de la cadena de suministros (reshoring), presionada por la incertidumbre

americana y atascada por los bloqueos fronterizos (López Doriga, 2024), decayeron fuertemente.

Ciudad Juárez aún enfrenta rezagos que es importante

revertir para lograr una recuperación estratégica. Aunque el ingreso per cápita de los habitantes de la ciudad corres pondiente al año 2022 ($ 326,877)² más que duplica la me dia nacional ($ 142,030) (El Economista, 2023), hay zonas conurbanadas donde el nivel de pobreza se equipara con las zonas más pobres del país, una brecha de desigualdad de ingresos entre los distintos sectores poblacionales, que podría generar una crisis de expectativas en la que el cri men organizado en general y el narcotráfico en particular se recrearían con facilidad. Gráfico 1. PIB per cápita de Ciudad Juárez, año 2022 Fuente: Desarrollo Económico (2024)

Gráfico 2. PIB per cápita de México, año 2022 Fuente: El Economista (2023). En febrero de 2016 un total de 26 representantes de di

versas organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, firmaron un do cumento que concentraba las preocupaciones y conflictos de una ciudad en la que los índices de criminalidad habían disminuido, pero seguían ocurriendo delitos de alto im pacto que preocupaban a la comunidad (Romero, 2016).

Maquilas, deportaciones y crimen organizado: los temas mexicanos de la agenda americana

Nunca como en la elección americana de 2016 la pro

blemática de México fue tan importante en la agenda de las primarias en Estados Unidos, una tónica que se mantuvo durante toda la campaña electoral.

Los medios de comunicación en Ciudad Juárez dijeron

que los delegados de El Paso presentes en la Convención Republicana realizada en la semana del 18 al 21 de julio de 2016 en Cleveland, estaban divididos respecto al muro fronterizo, cláusula que fue agregada a la plataforma oficial del partido. Esa división no se notó en la redacción final del documento, ya que todos mostraron unidad respecto al control fronterizo, reducir la inmigración ilegal y mejorar los procesos para facilitar la inmigración legal.

La plataforma ideológica del Partido Republicano inclu

yó la construcción de un muro en la frontera con México y la necesidad de obtener tratados comerciales que privile giaran los intereses estadounidenses.

Textualmente la propuesta de plataforma electoral re

publicana decía que “en una época de terrorismo, carteles narcotraficantes, tráfico de personas y pandillas criminales, la presencia de millones de individuos no identificados en nuestro país presenta riegos graves a la seguridad y sobera nía de Estados Unidos” y “nuestra prioridad principal debe ser asegurar nuestras fronteras y todos los puntos de entra da y aplicar las leyes migratorias”.

Aunque la plataforma no se refería explícitamente a la

propuesta del entonces candidato Donald Trump de de portar a los 11 millones de inmigrantes sin autorización, sostenía la derogación inmediata de los alivios migrato rios sancionadas por el presidente Barack Obama en el año 2014 con el objetivo de evitar la deportación de 5 millones de personas.

Sin embargo, una encuesta realizada conjuntamente

por Cronkite News, Univision News y Dallas Morning News reveló que la mayoría de los habitantes de la franja fronte riza entre USA y México se oponía a la construcción de un muro entre los dos países. Adicionalmente, la mayoría de los encuestados se sintieron ignorados durante las eleccio nes presidenciales americanas. El documento republicano también se pronunció a

favor del E-verify, una plataforma de datos del gobierno federal que permite a los patrones determinar si los aspi rantes a empleados pueden trabajar legalmente en el país. También se buscó castigar con 5 años de prisión a los ex tranjeros que reingresaran ilegalmente al país tras ser de portados y se propició la negación de fondos públicos a los inmigrantes no autorizados y a los gobiernos locales que protegieran a sus residentes frente a las autoridades migra torias federales.

La administración demócrata benefició a los migran

tes con los programas de alivio migratorio implementa dos por Barack Obama en el año 2014. El programa DACA extendido (Acción Diferida para los Llegados en la Infan cia) buscaba legalizar a 300.000 jóvenes inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos siendo niños (700.000 ya estaban incorporados en la versión DACA de 2012, los llamados dreamers) y la aplicación del programa DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) contemplaba la entrega de permisos de trabajo renovable para 4 millones de indocumentados adultos. Con ambos programas la administración demócrata pretendió cance lar la deportación de casi 4.5 millones de padres con hijos estadounidenses.

La preocupación republicana no se refería sólo ni pre

ponderamente a los flujos migratorios, sino a todo el com plejo relacionamiento de Estados Unidos con su periferia cercana, lo que implica focalizar la atención en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los primeros tiempos de la presidencia de Donald

Trump confirmaron las expectativas respecto a la centra lidad que México ocupó en sus planteos de campaña, aun que no fuera la preocupación geopolíticamente estratégica en la agenda concreta de política exterior. En las entrevistas concedidas tras la nominación, Trump indicó que en caso de ser presidente buscaría que México y Canadá estuvie

ran de acuerdo en renegociar el Tratado para evitar que las empresas manufactureras americanas trasladen sus opera ciones fuera del país.

Si se mira desde este lado de la matriz fronteriza, la re

percusión de la plataforma republicana sobre México en general y sobre la franja fronteriza en particular otorgaba a Ciudad Juárez una relevancia inusitada. Desde la óptica juarense asoman tres problemas: las maquilas, las deporta ciones y el crimen organizado. Gráfico 3. Evolución trimestral del PIB de Estados Unidos Fuente: BEA (2016: 1).

La economía de Estados Unidos tuvo resultados poco

alentadores en 2016, cuando su PIB creció a un ritmo anualizado del 1.6%, el menor desde el año 2011, a pesar de la revisión alcista del tercer trimestre (3.5%), mientras el primer trimestre de 2017 mostró señales de mayor desace leramiento (El Economista, 2017).

En la campaña electoral Donald Trump prometió un

crecimiento del PIB del orden del 4% en base a recortes de impuestos, inversiones en infraestructura y menos regula ciones. A pesar de ello el FMI pronosticó un crecimiento “optimista” del 2.3% en 2017 y 2,5% en 2018 (inferior a la media mundial). Dado que el 82% de las exportaciones mexicanas van a

Estados Unidos, un desempeño fabril menos vigoroso era mala noticia para los juarenses porque implicaba una me nor demanda de manufactura nacional. El crecimiento del PIB mexicano rondaría el 1.7% en 2017.

Mientras tanto la cantidad de materiales que la produc

ción juarense proveía a las maquilas seguía en descenso. En el mes de abril de 2016 la proporción de compras a los proveedores locales alcanzó a un 1.47%, el nivel más bajo del que se tiene registro histórico, según el INEGI. En abril de 2016 las maquilas asentadas en Juárez compraron insu mos por un valor de 54.498,6 millones de pesos, pero solo 803 millones fueron comprados en Juárez. La proporción de insumos consumidos acumulaba 18 meses a la baja des de diciembre de 2014, cuando la proporción de materias primas locales fue de 3,48%.

Esta contradictoria relación entre crecimiento econó

mico y baja demanda local de insumos se complementa con una situación donde la cantidad de plantas y la deman da de mano de obra parecían haberse estancado, aunque la alta rotación de personal simule lo contrario.

A mediados de 2016 había 16 mil puestos de trabajo va

cantes y nuevas industrias incorporándose a los parques de la ciudad, algo que ya no sucedía (La Jornada, 2017). En este sentido la plataforma republicana encuentra una mejor base de apoyo para un cierre del proceso de libre comercio.

En el auge postrero de 2016 crecía la inquietud laboral,

con reclamos en Johnson Controls, Lexmark, Foxconn y otras plantas, lo que pudo desencadenar un proceso de alza del costo de la mano de obra, favoreciendo la razonabili dad de los postulados de Donald Trump.

Algo similar había sucedido en las plantas automotrices

chinas en el año 2011 dando inicio a un proceso de baja de la competitividad internacional del país, que junto a otros indicadores contribuyeron al desaceleramiento del creci miento chino.

Ambos flujos chocaron en la pandemia, expulsando ma

sivamente los procesos anteriores de deslocalización ha cia una relocalización (reshoring) y un acercamiento de la proveeduría (nearshoring). En síntesis, la actividad maquila dora juarense creció masivamente, incluyendo una partici pación importante de maquilas chinas, a pesar de Estados Unidos.

El impacto negativo de la crisis migratoria

En 2024 comenzó a cobrar importancia superlativa la

problemática migratoria, con su consecuencia de bloqueos fronterizos e incertidumbre política, cargando de preocu pación la expansión de las plantas de exportación.

En virtud de las deportaciones, la expulsión de 10.000

mexicanos hacia Ciudad Juárez en el año 2014 presionó sobre las ya deterioradas finanzas locales en virtud del au mento de la demanda de provisión de servicios públicos, empleo y salud. Aunque Ciudad Juárez no es el punto por donde entra la mayoría de los deportados de Estados Uni dos, el hecho de que el 61% de ellos tuvieran antecedentes criminales, una situación que no siempre es debidamente informada por las autoridades americanas, generó situa ciones de violencia y delito en la ciudad. Si el proceso de deportaciones seguía la promesa de campaña y se volviera masivo en un lapso de tiempo brutalmente corto, la pre sión sobre los recursos juarenses podría hacer estallar la sostenibilidad territorial y en consecuencia la gobernabi lidad urbana.

En ese entonces se intensificaron las reuniones bilate

rales entre los decisores de seguridad, preocupados por la incidencia que el crimen organizado pudiera tener en los próximos meses. En julio de 2016 se reunieron en la Guar nición Militar de Ciudad Juárez varios altos mandos del Ejército mexicano y estadounidense, para analizar diversos aspectos relacionados con la seguridad entre ambos países. Por su parte el gobernador electo de Chihuahua, Javier

Corral Jurado, manifestó la prioridad de la seguridad pú blica en su encuentro con el alcalde entrante de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, quien además se reunió con el sheriff y el alcalde de El Paso para trazar líneas co munes de trabajo frente a la problemática de la seguridad fronteriza.

Previamente, el precario estatus de seguridad de la ciu

dad se vio afectado por el insensato anuncio del fiscal de Estado sobre la inminente llegada de Caro Quintero a dis putar la plaza de Juárez contra Sinaloa.

Más allá de la débil base de información sobre la que se

asentó el anuncio, decenas de agentes de la Policía Minis terial provenientes de otras regiones del Estado llegaron a Ciudad Juárez y fueron ubicados en zonas estratégicas con el fin de combatir el alza de los homicidios registrados, vin culados al narcomenudeo. La ola alcista comenzaba.

Estos agentes integraron las células de prevención e in

vestigación de la Fiscalía General del Estado y su presencia se concentró en los focos de mayor peligrosidad, el surpo niente, el nororiente y el suroriente de Ciudad Juárez, don de se asistía a una venta desmesurada de droga al menudeo –principalmente cristal- por lo que aumentaban los ajustes de cuenta para mantener el control del comercio ilegal.

El escenario también se estaba desarrollando en el lado

americano de la frontera, donde autoridades locales y fe derales golpearon al crimen organizado en el Valle Bajo de la localidad de Socorro, mediante una actuación conjunta del Departamento de Seguridad Pública (DPS), el FBI y la DEA, en una zona controlada por la banda del Barrio Az teca.

En otro episodio las autoridades federales en El Paso

anunciaron los resultados exitosos de una operación encu bierta de más de dos años contra Los Sureños, la segunda pandilla más peligrosa del área, después de los Aztecas.

La guerra

Enclavada en un punto fronterizo, muy lejos de México

y muy cerca de Estados Unidos, Ciudad Juárez es un desa fío para la comprensión y la inteligencia. Todos la conside ran un laboratorio mundial, donde se prueba todo aquello que luego se implementará con resultados conocidos en otros lugares del mundo.

La batalla por Chihuahua entre organizaciones de tra

ficantes de droga, las bandas criminales urbanas y el go bierno de Felipe Calderón dejaron entre 10.000 y 20.000 niños y jóvenes huérfanos (SIPSE, 2014). En la batalla que el Estado Mexicano libró contra el narcotráfico a través de la ocupación militar de varias regiones se incrementaron las formas de discriminación contra las mujeres en un contex to de extrema violencia en la región.

Ciudad Juárez fue el epicentro de la guerra contra el

narcotráfico en la frontera norte, más que Tijuana y mu cho más que Reynosa. Más de 200.000 personas se des plazaron desde Ciudad Juárez como consecuencia de la violencia y se calculó que quedaron unas 116.000 viviendas vacías. En todo el Estado de Chihuahua más de 13,000 per sonas fueron asesinadas entre 2007 y 2010. En 2010, la tasa de homicidios de hombres ascendía a 352.02 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a la ciudad en la más peligrosa del mundo. Ese mismo año, se registraron un promedio 10 asesinatos por día (CEDEHM, 2012).

En marzo de 2009 el gobierno mexicano envió a Ciudad

Juárez para ‘luchar contra el narcotráfico’, a 11.000 soldados y policías (El Mundo, 2009). Pero la sorpresa fue que, tras la llegada de los militares y policías, los indicadores de se guridad se movieron abrumadoramente hacia arriba.

En el período que va del 2008 al 2012, la escalada de ase

sinatos en Ciudad Juárez llegó a ocupar la primera plana de los diarios en todo el mundo. En este lapso se sumaron más de 80 mil muertes en el país, dentro de un contexto de una

lucha entre y contra el crimen organizado, además de mi les de personas desaparecidas. Se trata del mayor número de muertes producidas en la historia moderna de México.

México tiene actualmente una tasa nacional de 23.3 ho

micidios por cada 100 mil habitantes (Manjarrés y Newton, 2024).

En el año 2007 la tasa era de 8 homicidios por cada 100

mil habitantes. A partir de ese año y hasta la actualidad los indicadores de homicidios cada 100.000 habitantes fueron variando en una curva oscilante hacia arriba (Gráfico 5). El sexenio de López Obrador culmina con un leve descenso: en 2021 la tasa fue de 28, en 2022 fue de 25, en 2023 fue de 23.3.

La tasa de homicidios medida a nivel nacional aplana los

indicadores y no informa debidamente de las problemáti cas locales, como la de Ciudad Juárez. Sin embargo, no hay duda que, a grandes rasgos, los homicidios vinculados al narcotráfico continúan cubriendo el país. Gráfico 4. Tasa de homicidios cada 100 mil habitantes 1990-2022 Fuente: INEGI (2023: 2).

¿Era inevitable la escalada de violencia vivida en México

durante el sexenio de Felipe Calderón?

Posteriormente a la guerra, los gobiernos locales y el go

bierno federal afirmaban que los asesinatos disminuyeron en Ciudad Juárez gracias a la ardua labor contra los gru pos delincuenciales por parte de las instituciones guberna mentales, tanto estatales como municipales.

En realidad, la versión más popular indica que los ase

sinatos y su espectacularidad menguaron a raíz de que Si naloa consiguió doblegar a su rival de Juárez. Así se generó un nuevo escenario en donde la violencia ya no es tan re levante como mecanismo para la continuidad del control territorial (Garzón, 2012). Esta afirmación parece coinci dente con la realidad, proclamando el “éxito” de la guerra calderonista en Juárez. Siempre cuando termina la guerra y su política de tierra arrasada, sobreviene la paz, nadie que dó vivo.

En 2010 una investigación de la National Public Radio

sobre las estadísticas de captura de México encontró que Sinaloa había sufrido visiblemente menos arrestos que sus compañeros, aunque podría ser simplemente un triaje por parte del gobierno en lugar de una conspiración.

Lógicamente el presidente Calderón negó vehemente

mente cualquier acusación de favoritismo afirmando que su administración había detenido o matado a varios de los lugartenientes clave del Chapo en los últimos años (Bur nett et al., 2010).

Las organizaciones criminales protagonizan siempre

procesos de fragmentación y rotación de liderazgos hacia su interior y luchas contra organizaciones rivales por el control territorial hacia su exterior.

La guerra contra el narcotráfico del gobierno panista de

Felipe Calderón Hinojosa y su continuidad culposa duran te el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, ha dislocado los viejos esquemas de gobernabilidad (en los que no exis tían guerras de tales magnitudes entre las organizaciones criminales) y los han sustituido por un proceso de coopta ción violenta. La explicación que busca sintetizar esta violencia des

bordada, los miles de asesinatos, con todo tipo de víctimas, de todas las edades y ocupaciones, abatidos dentro y fuera del mundo del crimen, como si se tratara de un escueto problema de drogas, resulta arcaica, simplista y a-histórica.

El narcotráfico ya era un problema de drogas en el viejo

esquema de gobernabilidad inclusiva priísta con los trafi cantes mexicanos, cuando las organizaciones se limitaban, a grandes rasgos, a una actividad comercial ilegal.

En el nuevo período histórico, al compás de la apertura

democrática, el narcotráfico se ha politizado y ha adquiri do algunas de las características propias de la estatalidad: tiende a ser un fenómeno monopólico, territorial, estable y coactivo. Además de legítimo (no legal), si pudiera.

Así, aunque la relación entre narcotráfico y drogas re

sulte una obviedad, el axioma que relaciona al narcotráfico con el territorio y el control ha sido mucho menos explo rado, a pesar de resultar mucho más explicativo.

Argumentos del tipo “las drogas son la causante de tanta

violencia”, llevan a la conclusión de que la eliminación del mercado ilegal de drogas implicaría el cese de la violencia asociada a las organizaciones criminales (Thoumi, 2009). Pero el narcotráfico es mucho más que drogas y mucho más que violencia.

Algunos argumentos geopolíticos, que se utilizan con

frecuencia en el caso de México, sostienen que su ubica ción geográfica, a medio camino entre Colombia y Estados Unidos y con una frontera enorme con el gran mercado consumidor y superpotencia mundial, es una de las razo nes fundamentales de su participación e importancia den tro del mercado de las drogas ilegales de exportación.

Para Thoumi (2009) esta explicación remite a defini

ciones similares dadas en Colombia en la década de los ochenta. Se decía que Colombia estaba a medio camino de Bolivia y Perú en el sur y a medio camino hacia Estados

Unidos al norte y que esa ubicación colombiana en el mapa hacía al país proclive al narcotráfico.

La ubicación geográfica es un factor importante para la

definición del rol de un país en la división internacional del trabajo del narcotráfico. Pero, para que México se haya convertido efectivamente en un país de tránsito hacia el mayor mercado de consumo de drogas ilegales en el mun do, se necesita mucho más que una simple ubicación geo gráfica.

Los factores internos de un determinado Estado influ

yen sustancialmente en el desarrollo de las organizaciones criminales. Se mencionan dentro de estos factores a la po breza, la desigualdad, las crisis económicas, la corrupción. Dichos factores son importantes para el desarrollo del narcotráfico criminal pero no son, por sí mismos, la causa directa de la criminalidad y el narcotráfico. Son factores contribuyentes al fenómeno, pero ninguno de ellos es ne cesario ni suficiente para generar por sí solos estas dinámi cas ilícitas.

Hay dos desarrollos que deben combinarse para el sur

gimiento de una problemática del narcotráfico, como su cedió en México: 1. El primero es el desarrollo de una industria de drogas

ilegales con varias condiciones específicas, que no son necesarias para otro tipo de actividades legales, entre ellas: la posibilidad del crecimiento de cultivos ilegales y el desarrollo de redes de distribución de mercancías ilegales. El éxito en el desempeño de estas tareas requie re de “cuadros” con una amplia especialización para de sarrollar organizaciones criminales efectivas, así como también es necesaria la existencia de redes de apoyo so cial que protejan a esta industria ilegal de la aplicación de la ley, con la posibilidad de ejercer violencia en caso de incumplimientos o deslealtades. Este primer desa rrollo crea una “actividad” de drogas ilícitas de gran vo lumen.

2. El segundo es el desarrollo de un proceso ampliado de

control territorial, desarrollo que no inicia su carácter ampliado por sí solo, sino bajo una presión incoherente del Estado que lanza una “guerra” contra el narcotráfi co y que lleva a las organizaciones criminales a entrar en un proceso de lógica comunicativa de la violencia. Las viejas reglas del juego se desconocen y se inicia un proceso hobbesiano de todos contra todos. La lógica co municativa implica una simbiosis de estatalización de las organizaciones, pero también de criminalización del Estado. La combinación de ambos desarrollos dará origen a una

“problemática” del narcotráfico y posteriormente al esta blecimiento de un nuevo orden.

Criminalidad y violencia en una frontera desgarrada (2008-2012)

A tres años de haberse implantado la Operación Coor

dinada Chihuahua ocurrieron en el Estado más de 11 mil homicidios dolosos (la mayor parte en Juárez) lo que ubicó a la entidad como la región más violenta del mundo. En un lapso de tres años, el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de 18 a 108 y se hablaba de 230 mil desplazados por la violencia sólo en Juárez (Salmón, 2011).

Asesinatos colectivos como los de Villas de Salvárcar y

Horizontes del Sur, ocurridos en Juárez en 2009 y 2010, en los que decenas de jóvenes fueron muertos y casos como el asesinato de Rubí Marisol Freyre Escobedo, en el que, bajo “el nuevo sistema de Justicia Penal” se liberó al “presunto homicida”, así como el posterior homicidio frente al Pala cio de Gobierno de Marisela Escobedo, madre de Rubí Ma risol, quien exigía justicia para su hija, evidencian el grado de descomposición social, la absoluta impunidad en la que mueren asesinados seres humanos en la entidad fronteriza frente a la total incapacidad de las autoridades políticas y

del sistema de impartición y procuración de justicia para enfrentar la situación.

Se podría hablar de una lógica mafiosa-paramilitar apli

cada por algunos grupos criminales con el fin de hacerse de recursos para disputar su hegemonía (secuestros, extor siones, robos) más una violencia asociada desplegada por delincuentes comunes que ven en esta situación una opor tunidad para hacer el negocio de sus malogradas vidas, más la patente incapacidad de las instituciones estatales para hacerle frente a la situación y su virtual reducción a una “cero-autoridad”³. Aunque se trata de elementos descrip tivos ciertos, lo que sucedió en Ciudad Juárez fue mucho más que eso.

La explicación cuenta lo ocurrido como una disputa por

la plaza entre diversas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales y la respuesta punitiva del ejecutivo fe deral contra estos grupos criminales: 1. El narcotráfico como articulador del crimen organizado,

sumado a la corrupción de las instituciones facultadas para perseguir el delito, a sus constantes arbitrarieda des y abusos, además de la exacerbación de la violencia que la estrategia federal ha propiciado, constituyen una parte manifiesta del problema, pero no son elementos suficientes para comprender y explicar lo sucedido.

2. Otra explicación de la violencia e inseguridad en Juárez

radica en las condiciones de desigualdad social y eco nómica que caracterizan a lugares donde la situación se

les ha ido de las manos a las autoridades estatales. Sin embargo, pobreza y desigualdad no desembocan nece sariamente en crimen y violencia. Estos factores sociales y económicos son importantes, pero tampoco revelan completamente la realidad.

3. Si agregamos a este conjunto de condiciones algunos

elementos como la impunidad, la lista aún no es taxa tiva. Podemos preguntarnos ¿por qué sucedió en Ciudad Juá

rez, ¿qué hay allí, ¿qué ocurrió aquí que no ocurrió en otras fronteras, en relativa calma, ¿en qué consiste lo privativo de esta región, a más de su situación geográfica, su vecindad con Estados Unidos, su dinámica económica, social y polí tica, que no encontramos en otras partes y que ha contri buido a convertirla en este laberinto de sangre y fuego? Las respuestas a las causas políticas concretas de lo ocurrido habrá que rastrearlas a un nivel micro, sin perder de vista los procesos políticos en el nivel nacional e internacional.

¿Por qué pasó lo que pasó?

Los enfrentamientos entre ambos carteles que se dispu

taron el control de la plaza en Juárez se remontan a 2004, cuando el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez asesinaron a familiares y líderes de ambas organizaciones. El quiebre irre versible sucedió en 2008, cuando el grupo de Juárez, coman dado por Vicente Carrillo Fuentes, se alió con los hermanos Beltrán Leyva, antiguos socios de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Desde entonces, la llegada de integrantes del cartel de

Sinaloa a Juárez presionó sobre el control de Vicente Ca rrillo e inició la batalla. El cartel de Juárez, a través de ‘La Línea’ y pandillas locales como ‘Los Aztecas’ y el cartel de Sinaloa, con matones profesionales y bandas como los Mexicles, Artistas Asesinos y Gente Nueva, se disputaron el control del narcomenudeo y de la ruta hacia los Estados Unidos (Dávila, 2010: 15-17).

Ubicar las causas del desorden en Juárez en este enfren

tamiento entre grupos rivales, en la implantación de una estrategia fallida implantada por el gobierno federal y en la incapacidad institucional de los tres órdenes de gobierno para poner fin a la situación es sencillo.

Sin embargo, es preciso afirmar que dicha lucha solo

puede darse dentro de determinadas circunstancias polí ticas nacionales y locales. No parece posible que ello fuera posible dentro de un Estado que sustenta una actuación en bloque en el ámbito de seguridad y un predominio taxati vo respecto al campo criminal.

Se dice que el gobierno federal cometió errores y se

puntualiza su falta de cálculo, de perspectiva, de previsión, no saber a qué se enfrentaba, no calibrar el contexto po lítico en el que lo hacía, no anticipar lo que devendría en el país. Si bien tales calificaciones son ciertas, también son ingenuas: 1. El presidente Felipe Calderón Hinojosa no lanzó la gue

rra en el año 2008, sino dos años antes.

2. No calculó ni calibró las consecuencias negativas por

que consideró que tales consecuencias eran necesarias, aceptables y asumibles.

3. Su objetivo se encadenaba con absoluta claridad con la

lógica internacional, avalada por la cooperación ameri cana de la Iniciativa Mérida.

4. Entre 2007 y 2011 la popularidad del presidente Calde

rón pasó de 62 a 51 (CNN, 2012), una caída de apenas 11 puntos en cinco años.

5. El país debatía si la guerra se ganaba o no, si estaba bien

o mal encarada, pero no debatía sobre si debía o no ha cerse. El crimen organizado no surgió en Juárez súbitamente.

Es una actividad con la que se ha convivido y a la que varios

sectores de la sociedad han solapado por lustros⁴. También la corrupción política y policial es una cuestión añeja en la historia mexicana y Ciudad Juárez no es la excepción. Partiendo de estos hechos, las organizaciones criminales y la corrupción no generan por sí solas semejante espiral de violencia como tampoco lo producen las condiciones sociales y económicas.

Es necesario observar el continente que comprende a

ambas instancias. Las organizaciones criminales y la co rrupción son dos caras de la misma moneda, existen y ad quieren sentido en tanto una determinada organización política las tipifica como antijurídicas y detenta la posibili dad de reprimirlas.

Esta organización política es el Estado mexicano, quien

contiene a ambas. Las organizaciones criminales y los ele mentos corruptos dentro del gobierno despliegan su ac tuación en un determinado territorio, siempre en relación directa o indirecta con un poder político y a través de per sonas que conforman la población y al gobierno de un Es tado. Pero, sobre todo, actúan en un determinado contexto que puede variar con el tiempo y que depende de la propia fortaleza de la organización política que los soporta y del nivel de organización y fuerza material en el campo del crimen.

Si el eje del conflicto entre los actores intervinientes es

el control del territorio, insumo al que aspiran todas las partes, carteles y Estado, la lógica política indica que su do minador hegemónico es el Estado. El Estado mexicano es un gobierno débil a menos que contara con facultades ex

tralegales que lo hacían fuerte en los hechos, como men cionamos previamente. En la guerra de Juárez la política federal se comportó como otro actor ilegal más, median te la criminalización de los procedimientos, elevando así los indicadores. Se mencionan las muertes provocadas por los grupos del narcotráfico, pero nunca se mencionan las muertes, desapariciones y torturas producidas por el Esta do en Ciudad Juárez.

En el proceso de cooptación violenta, el accionar del Es

tado favoreció a Sinaloa y consagró un relativo monopolio de la violencia. El monopolio obtenido es relativo porque debe ‘compartirlo’ con Sinaloa y apeló a Sinaloa porque el gobierno de Calderón entendía que la guerra contra el nar cotráfico implica métodos de contrainsurgencia, al estilo americano. Para esta guerra Sinaloa contó con el Ejército y con la Policía Federal como garantes.

Además de la pérdida de control territorial, el cartel de

Juárez perdió base social y legitimidad porque la guerra concentró los ataques en las zonas pobres y en las zonas de clase media. Algunos análisis empíricos parecen confirmar esto.

Un estudio realizado por Carlos Vilalta y Robert Muggah

(2012) que puntualiza las zonas más violentas de la ciudad en los años 2009 y 2010 encontró una pesada concentra ción de los homicidios en las zonas pobres donde las ca sas de drogas son frecuentes. El estudio muestra que las áreas de clase media también fueron atacadas. Esta violen cia contra la clase media enfrentó a los lugareños contra el cártel de Juárez y sus agentes.

En las profundidades de la lucha entre las dos organiza

ciones criminales podemos encontrar un cúmulo de inte reses políticos y económicos que moldearon los escenarios, definieron las batallas y permitieron sus consecuencias.

Por supuesto, estas dos fuertes organizaciones crimina

les protegieron su negocio, pero también tenemos a poli

cías locales y federales, a los militares, a los líderes políticos, a los intereses de las autoridades con altas responsabilida des enquistadas en la Procuraduría General de la Repúbli ca y en la entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua (después Fiscalía General de Chihuahua).

Además, también tuvieron incidencia decisiva las diná

micas de poder en las calles de Juárez, en las que cientos de pandillas que se asientan en la frontera perseguían sus propios intereses y defendían sus propios territorios, terri torios incrustados y empalmados con los de otras grandes y no tan grandes organizaciones criminales (Alsema, 2013).

Todas estas dinámicas adquirieron una centralidad ma

nifiesta en el período en que el Ejército y la Policía Federal intervinieron en la ciudad, convirtiéndose en la fuerza ar mada ostensiblemente más fuerte en la escena.

La federación de Sinaloa atacó una y otra vez a miem

bros del grupo de Juárez, en su propio territorio. Gente Nueva, el brazo armado de la organización liderada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, obtuvo el control de los corre dores de droga en las afueras de Juárez y con ello debilitó al grupo de Vicente Carrillo Fuentes.

Ante una mengua considerable de su economía, el gru

po de Juárez encontró en el secuestro y la extorsión una fuente para costear su guerra contra el grupo de Sinaloa. En este contexto resultan de gran importancia dos elemen tos clave: la violencia entre pandillas y el papel que desem peñaron los actores estatales, políticos y policiales.

Se calcula que en Juárez se albergaban aproximadamen

te 900 pandillas, muchas de las cuales sirvieron a grupos del crimen organizado en el sicariato y la distribución de drogas por sectores, y otras tantas eran bandas indepen dientes que buscaban aprovechar el creciente mercado in terno de drogas.

El Comandante de la Policía Federal en 2010 en Juárez,

Facundo Rosas, y el Secretario de Seguridad Pública Mu

nicipal en Juárez en 2011, Julián Leyzaola, coincidían en su momento en que la mayoría de los enfrentamientos y ase sinatos en Juárez en el lapso analizado, fueron producto de la lucha entre pandillas “al estilo gringo”, pandillas que se disputaban el control de pequeños territorios en la ciudad, empalmados a su vez con zonas de control de las organiza ciones criminales más importantes operando en la región. Ello podría ser cierto en el período anterior, pero no lo era en el período 2008-2012.

Aunque los enfrentamientos entre pandillas se siguie

ron sucediendo durante la guerra, el contexto era otro y las determinaciones necesarias obraban en el sentido de que la dirección de acontecimientos ya no era paralela como en el pasado, sino vertical.

Los actores policiales siempre han sido pieza clave en

el funcionamiento de las organizaciones dedicadas a acti vidades ilícitas y en el caso del Cartel de Juárez el acompa ñamiento policial era esencial al funcionamiento del grupo (Valdés Castellanos, 2013: 240 y ss.).

Muchos agentes de la policía local (municipal y estatal)

eran los garantes del mundo criminal, los que les propor cionaban protección a las organizaciones, custodiaban sus cargamentos, asesinaban por encargo, proporcionaban in formación de posibles competidores e investigaciones en curso, etc.

Muchos de estos agentes policiales estaban en la nómina

del grupo de Juárez y ello había proporcionado un equili brio en la región por un tiempo considerable. El grupo de Juárez también habría logrado cooptar a actores políticos clave, tales como presidentes municipales. Con estos ga rantes contaba el grupo de Juárez al momento de iniciarse el caos.

El grupo de Sinaloa se apoyó en el Ejército y en la Policía

Federal. Todo se complicó cuando las dinámicas internas de estas organizaciones militares y policiales, con sus pro

pias inercias y sus particulares intereses entraron en acción al mismo tiempo.

Los brazos armados de las principales organizaciones

delincuenciales dedicadas al narcotráfico en México (La Línea, Los Zetas) surgieron a raíz de estas dinámicas e inercias políticas y policiales en los altos niveles, como una forma de equilibrar las exigencias cada vez más altas de los garantes con los intereses de las estructuras de tipo policial al servicio directo de las organizaciones criminales.

Son muchos los argumentos que pretenden explicar las

razones por las que en Juárez explotó una guerra tan vio lenta en 2008. Muchos ubican el punto de quiebre entre las antiguas organizaciones criminales mexicanas de Juárez y Sinaloa, en 2004, cuando Joaquín Guzmán Loera, líder del grupo de Sinaloa, mandó matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Vicente Carrillo, y el grupo de Juárez respon dió con el asesinato del hermano de ‘El Chapo’ Guzmán.

Sin embargo, entre 2004 y 2008, ambos grupos siguie

ron operando en Juárez sin aparentes problemas. Incluso La Línea garantizaba el negocio de ambos grupos, el de Juárez y el de Sinaloa, recolectando el derecho de piso de ambos por la mercancía que se trasportaba a través del Va lle de Juárez.

Algunas fisuras se empezaron a hacer manifiestas en el

año 2006, cuando un ex agente de alto nivel rompió con el jefe de La Línea, Juan Pablo Ledesma, alias ‘JL’. Así comen zó una lucha entre las organizaciones para hacerse de la mayor cantidad de garantes posibles.

Se dice que la organización de Juárez, en medio de esta

lucha, comenzó a compensar en exceso a los más altos ni veles de esta estructura, lo que hizo enojar los miembros en los niveles inferiores, incrementando las fisuras hacia dentro de la organización.

Cuando en 2008 el gobierno Federal envió a Ciudad

Juárez a 5.000 efectivos del Ejército y 3.500 de la Policía

Federal, los niveles de violencia, homicidios y extorsiones, se dispararon en forma muy notoria. Durante su actuación en la ciudad, se encarceló a un gran número de Aztecas y miembros de La Línea.

El grupo de Juárez logró por un lapso muy corto, man

tener un precario equilibrio con Sinaloa a través de los contactos policiales locales. Pero entre 2008 y 2011 las poli cías locales y estatales fueron reconfiguradas mediante una gran purga decretada por el gobierno federal que dejó al cartel de Juárez sin garantes.

Además, hubo cambio de gobierno a nivel estatal y asu

mieron nuevas conducciones en las dependencias clave, especialmente en la Procuraduría de Justicia del Estado, que pasó a llamarse bajo el gobierno priista de César Duar te, Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Desde el nuevo cargo de Fiscal General hasta los man

dos altos y medios en la policía estatal fueron ocupados con nuevo personal. Ante las nuevas condiciones muchos de los antiguos garantes de Juárez fueron muertos por Si naloa o huyeron de la ciudad.

La organización de Sinaloa atacó con tenacidad a los

más altos niveles dentro de los garantes del grupo de Juá rez, como el caso de Mario Ángel González, hermano de la ex procuradora Patricia González, secuestrado y después asesinado. Por esos días se difundió a través de las redes un video donde aparecía siendo interrogado y en el que admi tía ser parte de ‘La Línea’. También el sobrino de Patricia González murió en un misterioso incidente. En el proceso, el grupo de Juárez perdió poco a poco el control y el grupo de Sinaloa se fortaleció. En el año 2011 la situación ya esta ba clara y se estableció un nuevo equilibrio.

Para el año 2012 el descenso de la violencia fue explica

do en virtud del predominio de uno de los grupos crimi nales. Sinaloa había conseguido establecer un nuevo equi librio en la ciudad al controlar sus corredores de droga es

tratégicos mediante la compra de suficientes garantes para dominar la plaza.

La prueba más clara de ello es que miembros del grupo

de Sinaloa cobraban derecho de piso a otras organizacio nes criminales que utilizan el territorio de Juárez para de dicarse al tráfico y venta de drogas.

Funcionarios de inteligencia dijeron a InSight Crime

(2013) que habían sido capturados miembros de La Familia Michoacana trasladando drogas a través de Ciudad Juárez y que habían declarado a las autoridades que estaban pagan do piso al grupo de Sinaloa.

Sin embargo, el retiro del Ejército y el repliegue de la

Policía Federal dejaron al grupo de Sinaloa en una situa ción vulnerable. El menguante grupo de Juárez se colocó al acecho de una organización de Sinaloa que dejó de te ner sus garantes tradicionales, el Ejército y la Policía. En un contexto donde algunos de ellos permanecieron fieles a Juárez, la policía municipal (antigua garante del grupo de Juárez) quedó convertida en un comodín.

Capítulo 6El narcotráfico en el buffer: Guerrero, Michoacán

En México, el neoliberalismo se tradujo en una apertura

comercial que reestructuró el régimen de propiedad sobre la tierra, otorgando derechos sobre territorios que antes no eran susceptibles de ser vendidos (Alvarez Rodríguez, 2021). Al igual que en el resto de América Latina, el régi men de tenencia de la tierra impactó directamente sobre la proliferación de la problemática agraria y en varios casos sobre las posibilidades de crecimiento del narcotráfico.

El caso del café en Colombia es paradigmático cuando

el cierre del acceso al mercado mundial del café colombia no convirtió las zonas cafeteras en paraísos del narcotráfi co (CV, 2022) y al mismo tiempo expulsó abundante mano de obra para emplearse como raspachines (Monsalve S., 2022), el escalón más bajo del mercado, en los campos de cultivo de coca en Nariño y Putumayo, donde se asentaban las bases territoriales de las FARC, en la frontera con Ecua dor.

La producción de amapola en Guerrero es una respues

ta adaptativa a las crisis económicas y sociales del campo mexicano. Los cultivos ilícitos no son producto de una falta de Estado, son un efecto de las políticas estatales.

Se trata de una estrategia de supervivencia en un con

texto caracterizado por relaciones económicas de explota ción. La participación en el narcotráfico es una de las ma neras de reorganizar un esquema económico que relega a los indígenas y campesinos a una posición subalterna.

Las políticas de ajuste estructural y la reestructuración

económica, política y social, contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, con particular énfa sis en las drogas. Varios estudios afirman que las políticas de ajuste estructural han afectado la reproducción social,

la movilidad económica y el financiamiento al desarrollo y el bienestar, causando una profunda redefinición de los ni veles de vida y la falta de oportunidades, movilidad y bien estar en contextos donde el Estado se ha retirado territorial y socialmente de la población (Maldonado Aranda, 2012).

En los años 80 Rafael Caro Quintero descubrió en la

sierra de Guerrero campos fértiles de difícil acceso, aptos para la siembra de amapola. A partir de entonces se fueron abriendo las rutas del trasiego de drogas que bajan desde la zonas serranas y montañosas, para continuar por las costas de Guerrero, buscando salir por el puerto de Lázaro Cár denas, en Michoacán (Anaya y Herrada, 2024).

Mientras tanto, en Michoacán, los cambios económicos

y sociopolíticos al sur del Estado, permitieron la emergen cia de una fuerte actividad local del narcotráfico que ha de safiado a las instituciones, surgiendo en la región diversas formas de soberanía local.

Ambos Estados conforman una geopolítica particular y

específica, lo que es más fuerte y notorio en la Tierra Ca liente (Espino, 2024). Volcados sobre la costa occidental de México, son la parte superior del largo anillo litoral de México, conformado por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Mi choacán, los buffers geopolíticos del país. Excepto Chiapas, el resto del buffer conforma, junto con Veracruz y la Ciu dad de México (el doble heartland mexicano), la provincia fisiogeográfica de la Sierra Madre del Sur (INEGI, 2004). Allí, frente a las costas mexicanas, la placa de Cocos emer ge desde el fondo del océano dirigiéndose con lentitud (2 o 3 cms. por año) hacia el continente, buscando el sitio de “subducción” donde se hunde hacia el interior del planeta.

Hay tres elementos geográficos de importancia en la su

bregión Guerrero-Michoacán, al sur del país: 1. La cuenca del río Balsas: también conocida como De

presión del Balsas, se ubica entre el Eje (Cordillera) Neo

volcánico y la Sierra Madre del Sur y tiene una exten sión aproximada de 117,406 km². El río está formado por la unión de tres afluentes: el Atoyac (Puebla), el Mixteco (Oaxaca) y el Tlapaneco, que es el sistema principal del río Balsas, en el estado de Guerrero (MD, s/f).

2. La Tierra Caliente: ocupa el tercio medio de ambos Es

tados, más un sector del Estado de México, oficiando de barrera entre el territorio “continental” a las espaldas y la costa al frente. Se encuentra dentro de la región hi drológica de la cuenca del río Balsas. La conforman 16 municipios de Michoacán y 9 municipios de Guerrero.

3. La Sierra Madre del Sur, entre la tierra caliente y la cos

ta, arrincona los territorios sobre el océano, creando es condites y lugares de difícil acceso, donde se asientan poblaciones de territorialidad cerrada y local.

4. La Cordillera Neovolcánica, que recorre transversal

mente del país desde las Islas Revillagigedo en el Pací fico hasta el Golfo de México, pasando por la porción norte de Michoacán. Gráfico 1. La Cordillera Neovolcánica, de costa a costa Fuente: Wikipedia (1). Gráfico 2. Mapa de la Tierra Caliente Fuente: Wikipedia (2). Gráfico 3. La Sierra Madre del Sur Fuente: Morales Saldaña et al. (2021: 724). Gráfico 4. El callejón Michoacán-Guerrero Fuente: DivinorTV (2021), más elaboración propia La Cordillera Neovolcánica arriba, la Depresión del río

Balsas y la Tierra Caliente al centro y la Sierra Madre del Sur abajo configuran un callejón encajonado con declive hacia el Pacífico y separado del resto del país. Lo que entra allí sale fácilmente al exterior y transita con dificultad al interior. Así se explica los problemas del Imperio Francés para conquistar el interior mexicano en el siglo XIX.

Dentro del callejón, la geografía habilita variadas frag

mentaciones y escisiones, escasa creación de capital, una difícil unidad política y una más difícil economía común.

Ambas entidades forman parte de un único núcleo geo

gráficamente delimitado, del que también participan en menor medida Oaxaca y Chiapas. Es una zona de fuerte sismicidad, en particular sobre las costas guerrerenses y oaxaqueñas, con la trinchera de Acapulco como una de las zonas más activas. Esta relación ha determinado que al gunos de los principales ejes estructurales de la provincia

(Depresión del Balsas, cordilleras costeras, línea de costa, etc.) tengan estricta orientación este-oeste (INEGI, 2004).

Esta caída desde la Sierra Madre del Sur hacia el océano

produce dos fenómenos: 1. Permite el traslado de la producción de amapola desde

los pueblos fragmentados y escindidos de la Tierra Ca liente hasta los puertos (grandes y pequeños) del Pacífi co. Guerrero cuenta con el puerto de Acapulco¹, Michoacán con el puerto de Lázaro Cárdenas, geográficamente entendidos más como puertos de salida (heroína) que como puertos de entrada (cocaína-precursores quími cos), aunque cumplan ambas funciones². Estos últimos se ubican en Colima (puerto de Manzanillo) en direc ción al hub de Zacatecas, en la ladera opuesta de la Cor dillera Neovolcánica. En Zacatecas coinciden las rutas de autopistas desde Ciudad de México hacia Estados Unidos, ideal para un hub del narcotráfico.

2. Fomenta las rivalidades interiores, las disputas por el

control territorial, el predominio del carácter local y la división étnica. Guerrero tiene 16 importantes organi zaciones del narcotráfico mientras Michoacán alberga al menos 10 organizaciones. Toda esta subregión está separada del resto del país por

todos lados.

1. Guerrero

La geografía guerrerense se divide en siete (7) + 1 regio

nes diferentes (Gráfico 5): Acapulco, Tierra Caliente, Zona Norte, Costa Grande, Centro, Costa Chica, Montaña y (Sie rra). Un total de 17 grupos se reparten el control territorial del Estado. Sinaloa no está entre ellos³ y la presencia del CJNG es minoritaria (2 regiones). El resto son grupos loca les, con mayor despliegue de La Familia Michoacana (3 re giones), Los Tlacos⁴ (3 regiones) y Los Ardillos (3 regiones). Gráfico 5. Regiones del Estado de Guerrero, incluida la octava región (Sierra) Fuente: Saavedra (2020). La octava región de la Sierra fue creada en oc tubre de 2023, a expensas de territorios antes pertenecientes a la Tierra Caliente y la Zona Centro. El sector oriental de la Octava Región quedó ocupado ahora por el desplazamiento de los grupos del narcotráfico a raíz del huracán Otis.

Acapulco supusieron “pisar el hormiguero” del narcotrá fico local. El primer impacto de Otis fue la parálisis de las economías locales, lo que produjo una reducción de las ex torsiones, homicidios y narcomenudeo durante el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el resto del año. En su lugar, se incrementó la cantidad de robos, especialmen te de vehículos, negocios e instituciones bancarias, por la ausencia de custodia policial. Finalmente, los grupos cri minales se expandieron a otros territorios para compensar la suspensión de actividades en Acapulco (Mayen, 2024). Como puede verse en el gráfico 6 la expansión se dio a tra vés del corredor central de la entidad (zona centro y zona norte), a partir de la costa. Gráfico 6. Zonas de máximo peligro como resultado de la reestructuración del narco en Guerrero tras el paso del huracán Otis Fuente: Mayen (2024). 1. Región Acapulco: Los Rusos, Cartel Independiente de Acapulco (CIDA)

2. Región de la Tierra Caliente: La Familia Michocoana,

CJNG, Los Tequileros

3. Región Zona Norte: Los Tlacos, La Bandera, La Familia

Michoacana 4. Región de la Costa Grande: CJNG, Los Granados, Los

Arreola, Los Maldonado, Los Viagra, La Familia Mi choacana

5. Región Centro: Los Tlacos, Los Ardillos, Carteles Unidos 6. Región Costa Chica: Los Rusos/Cartel de Caborca, Los

Añorve, Los Carrillo, Los Ardillos

7. Región de la Montaña: Los Tlacos, Los Rojos, Los Ardi

llos Gráfico 7. Regiones de dominio de los grupos del narcotráfico en Guerrero. Año 2024 Fuente: Mayen (2024a).

El origen y la racionalidad del narcotráfico en Guerrero

La recurrente conflictividad política de Guerrero du

rante los siglos XX y XXI se ha expresado por medio de diversas manifestaciones de inestabilidad política, tales como la constante desaparición de poderes y la emergen cia de antagonismos que en múltiples ocasiones derivaron en masacres (Argüello Cabrera, 2019).

En un entorno predominantemente rural, como lo fue

Guerrero hasta la década de 1960, las desigualdades socio políticas estuvieron fuertemente asociadas con la perte nencia a estos circuitos de poder económico e intermedia ción entre la federación y los municipios, expresada en la acumulación de riquezas a partir de la coacción y la fuerza, ya fuera mediante el acaparamiento de productos agrícolas de gran valor en el mercado internacional o por el abierto despojo de tierras ejidales propicias para el turismo, como en el caso de Acapulco.

No es casual que durante la década de 1960 emergieran

fuertes conflictos sociales y se desataran procesos de orga nización sociopolítica por parte de campesinos opositores al PRI, así como la concepción de una sociedad dividida entre ricos y pobres, que fue la base del ideario político del Partido de Los Pobres, organización campesina arma da que surgió a raíz de la Masacre de Atoyac, ocurrida en mayo de 1967.

El territorio guerrerense se convirtió en objeto de dis

putas en manos de los distintos cárteles y células, agrupa dos y reagrupados en arreglos, divisiones y alianzas. Para enfrentar la criminalidad el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró su “guerra contra el narco”. En ese marco Guerrero se colocó en el tercer lugar nacional en cantidad de homicidios dolosos atribuidos a las disputas entre cárte les y células del narcotráfico presentes en el territorio (To rres Oregón y Estrada Rodríguez, 2022: 9).

Sin embargo, las disputas entre carteles y pandillas gue

rrerenses habían comenzado antes. Desde la década de los noventa ya eran visibles familias dedicadas a la producción de amapola, sin mayores repercusiones de violencia o ines tabilidad en la localidad y en la zona serrana (Torres Ore gón y Estrada Rodríguez, 2022: 11).

El gran cambio se produjo con la guerra calderonista,

cuando la violencia alcanzó dimensiones nunca vistas an teriormente. Aunque en las últimas décadas Guerrero se ha caracterizado por ser una de las entidades más violentas, antes de 2004 las cifras de homicidios dolosos eran relati vamente estables. Gráfico 8. Cambio Anual en las Tasas de Homicidios dolosos en Guerrero. Años 2006-2016 Fuente: Martínez Hernández (2021: 82).

El narcotráfico guerrerense tiene características dife

rentes al narcotráfico mexicano en general. En México la

violencia perpetrada por el contubernio entre el Estado y los grupos criminales fue la estrategia para que la inver sión extranjera entrara al país, sin omitir que las policías y el ejército funcionaran junto al sistema legal en favor de los intereses económicos de Estados Unidos. Este proceso fue parte del shock que favoreció la apertura comercial de México al capital extranjero. La guerra antidrogas fue par te de este complejo entramado entre política económica y seguridad interior y pública (Paley, 2018).

Ese rol de anfitrión al capital fue cumplido por los gran

des carteles nacionales (Sinaloa, Los Zetas) y ahora por Sinaloa y el CJNG. Llamativamente ambos carteles están ausentes del escenario guerrerense⁵, donde los grupos del narcotráfico son locales, al igual que sucede en Michoacán.

Por lo tanto, en Guerrero el narcotráfico no respondería

a lógicas “políticas” nacionales, sino a dinámicas económi cas locales. Las disputas entre los distintos grupos no son sólo por el control de territorios para el narcotráfico, sino que abarca las minas⁶, el transporte, los mercados, los re frescos, la cerveza y los granos (Ocampo Arista, 2024).

En Guerrero se ubican algunos de los municipios más

pobres del país. En la región de la montaña el acceso a una alimentación sana, a la salud, a una vivienda digna o a la educación no está garantizado y el desmantelamiento de la estructura estatal que apoyaba al sector agrícola empeoró las condiciones económicas e incrementó la pobreza (Her nández Gutiérrez y López Rodríguez, 2024).

La pax narco y las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024

Cuatro ingredientes alimentan la escalada de violencia

en Guerrero:

1. El Huracán Otis, que devastó la ciudad turística de Aca

pulco y produjo un relativo bloqueo del desembarco de droga desde Sudamérica (Mayen, 2024b), afectando a grupos como Los Rusos, el CIDA y el CJNG (Mayen, 2023).

2. La crisis política por el linchamiento en Taxco, a raíz del

feminicidio de la niña Camila.

3. Las protestas de los normalistas, que llegaron a estrellar

una camioneta en Palacio Nacional, ante la negativa a ser recibidos por el presidente López Obrador.

4. Las disputas de los grupos narcos por el control territo

rial a nivel municipal, tomando en cuenta que aparecie ron cultivos de hoja de coca en la entidad. Las peleas entre bandas son un aspecto entre otros va

rios (políticos, sociales, económicos) que alimentan la vio lencia en la entidad y las propias disputas entre bandas tie nen variadas fuentes de alimentación. La extorsión (no el narcotráfico) se ha vuelto la principal economía criminal en Guerrero (García y Valle, 2024) y recientemente se ha visto la aparición de cultivos de hoja de coca, la materia prima para producir cocaína, que empieza a expandirse por México, lo que podría impulsar un efecto multiplica dor de la violencia. Si bien dichos cultivos no ameritan la afirmación de que México produce cocaína, la fase “expe rimental” se encuentra avanzada, buscando superar los di versos desafíos que presenta la región para poder competir con los países andinos (Casas, 2022). Las últimas informa ciones dan cuenta de la contratación de expertos colom bianos para un desarrollo exitoso de los cultivos de coca en la sierra de Guerrero (Jiménez, 2024c).

El narco es el único elemento en la entidad que se orga

nizó para garantizar un cierto grado de consenso territo rial, a través de un acuerdo territorialmente acotado solici tado por los grupos criminales y gestionado por la Iglesia. Se trata de una posible repartición de zonas entre gru

pos delictivos, un acuerdo al que las organizaciones crimi nales de Chilpancingo (Los Tlacos y Los Ardillos) habrían llegado, gracias al obispo emérito Salvador Rangel Mendo za y Filiberto Velázquez, director del centro Minerva Bello de Derechos Humanos, también sacerdote (El Financiero, 2024), quien afirmó que la iniciativa provino de los líderes delincuenciales (Campo Arista, 2024). El CJNG ofició de garante del acuerdo, advirtiendo que eliminaría a quien no lo respetara.

Estos acuerdos tienen implicaciones en el proceso elec

toral, ya que se definieron apoyos, candidaturas y procesos. Uno de los resultados del acuerdo es el renacimiento del Cártel del Sur, que será aliado del Cártel Jalisco Nueva Ge neración (CJNG).

Un acuerdo similar, entre La Familia Michoacana y Los

Tlacos, fracasó en la Tierra Caliente (Ferri, 2024).

Las regiones en Guerrero

1. Tierra Caliente

En las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero es

evidente el dominio de la Familia Michoacana, que en esas zonas regula incluso los precios de los insumos y hasta lo que publican los medios. Otro grupo criminal adversario, Los Tlacos, ya está presente en áreas de explotación minera de la zona (Margena de la O, 2023). Cree la disputa entre ambos grupos, con masacres importantes (Anaya y Herra da, 2024).

Delitos como el cobro de piso, extorsiones y secues

tros se han disparado de manera alarmante durante los últimos años, al grado de que existen zonas de Guerrero que son controladas completamente por las bandas delin cuenciales, quienes deciden como, quién y en cuanto se

venden los productos comerciales, tal y como sucede en los municipios de Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutz mala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro (El Fi nanciero, 2023a), todos en la Tierra Caliente guerrerense.

Estos municipios ubicados son gobernados por alcal

des priistas (seis), perredistas (dos) y una morenista-, has ta parece que tienen acuerdos con el grupo de la Familia Michoacana, quien desde hace años controla los precios de los productos de la canasta básica, decide quién y en cuánto se vende la cerveza y refrescos, mientras que los transportistas están obligados a pagar semanalmente una “cuota por administración” (El Financiero, 2023a).

En respuesta a estas crisis surgen y resurgen los grupos

de autodefensa, como sucedió en octubre de 2023 en los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Casti llo (Ocampo, 2023), dentro de la zona amapolera (Alvarez Rodríguez, 2021). El municipio de San Miguel Totolapan es el eje de la actual violencia en Guerrero, por el enfrenta miento entre Los Tlacos y La Familia Michoacana (Mayen, 2024c). Por allí transcurre el río Balsas, que desemboca en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en manos de La Familia Michoacana. En el municipio de Heliodoro Castillo se ubica el bastión de Los Tlacos. Los pobladores solicitaron al gobierno federal el establecimiento de un puesto militar en la zona, lo que ha sido desatendido. Por otro lado, pobladores de diversas comunidades del mu nicipio impidieron a pedradas que el Ejército continuara con la erradicación de cultivos de amapola. “Aquí no hay nada, estamos jodidos y no hay forma de hacer dinero y es lo único que tenemos para hacernos de un dinerito; ade más, no estamos robando” (Guerrero, 2023). Gráfico 9. Ubicación del municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente guerrerense. Fuente: Mayen (2024c). 2. Región Acapulco Los grupos criminales siguen operando con total im

punidad, a pesar de las afirmaciones de la gobernadora Evelyn Salgado y ante el desinterés de las autoridades fe derales. La alcaldesa Abelina López quiere reelegirse, a pesar de que Acapulco está en crisis de inseguridad (Cró nica, 2024). 3. Región Centro

Durante muchos años, la ciudad de Chilpancingo, Gue

rrero, vivió lo que puede llamarse una paz narca, pactada por los principales grupos de la delincuencia organizada, particularmente Los Tlacos y Los Ardillos, los cuales hoy están confrontados y eso explica, al menos en buena me dida, la escalada de violencia y movilizaciones en las re

giones centro, norte y montaña de esa entidad. Eso ocurre en un contexto estatal, donde se han incrementado el re gistro de atrocidades y ha quedado en evidencia que esas estructuras criminales cuentan con una base social.

Ambos grupos apoyaron las campañas electorales de

la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, ambas de Morena. Las disputas entre ambas organizaciones criminales escalaron y obligaron a las au toridades a tomar partido por uno de los bandos, optando por Los Tlacos.

En ese sentido, llamó la atención que el gobierno solo

ha liberado órdenes de aprehensión en contra de los inte grantes de Los Ardillos (Badillo, 2023). En la Región Cen tro se encuentra la localidad de Ayotzinapa. 4. Región Costa Grande

Fue en el municipio de Atoyac de Alvarez, en la región

de la Costa Grande, donde el Ejército descubrió una plan tación de hojas de coca en agosto de 2022 (Casas, 2022). Allí se encontraron siete hectáreas de planta de coca y un intento de laboratorio, el cultivo más grande de ese tipo hallado hasta ese entonces en México. 5 y 6. Costa Chica y Montaña

En estas dos regiones se concentra una gran cantidad de

poblaciones indígenas (Mé‘phàà, Naua, Na´savi y Amuzga) con una historia de resistencias a las imposiciones de la colonia y del asimilacionismo del siglo veinte, lo que po dría llamarse “zonas de refugio”, espacios de fricción que se resisten a ser integrados en las lógicas productivas, eco nómicas y sociales del Estado.

En el tránsito entre esta región y la capital del estado,

Chilpancingo -y también punto neurálgico en las rutas

hacia Puebla y Oaxaca- se encuentra Chilapa, una ciudad de alrededor de 30 mil habitantes, cuyos pueblos y pobla ciones circundantes son fundamentalmente nahua.

A partir del año 2009, este municipio de la Montaña

Baja se situó en el ranking de los más violentos de México. Por la colusión de las autoridades municipales y los órga nos de procuración de justicia con los entes criminales, la mayoría de los delitos no se denuncian y la cifra negra de delitos no denunciados en el año 2019 puede haber llega do al 96.8% (Giménez Delgado, 2023: 2-3). Ayotzinapa, sepultura y cremación del PRI

En la noche del 26 de septiembre de 2014 ocurrió en la

localidad de Iguala, región Norte del estado de Guerrero, un crimen increíble. Policías municipales de Iguala y Co cula amenazaron y agredieron a estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. El saldo fue 6 personas muertas, 25 heridos y 43 desaparecidos, posteriormente asesinados.

Informes testimoniales e investigaciones independien

tes documentan que la policía estatal, la policía federal y el Ejército también participaron activamente en la masacre (Aguilar Mora y Albertani, 2015: 18).

El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y

su esposa María de los Angeles Pineda, estaban coludidos con los autores materiales de las desapariciones, Los Gue rreros Unidos, a quienes el Ejército entregó los normalistas secuestrados por las tropas federales. Este formato de go bernanza criminal volvió a utilizarse en Guerrero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el CJNG.

El hecho tuvo una enorme repercusión nacional e in

ternacional. El gobierno federal no encontró la manera de eludir la trampa comunicacional, enredado en las com

ponendas con las Fuerzas Armadas y el establishment en general. Enrique Peña Nieto se convirtió en un presidente totalmente impopular. El 80% de los mexicanos creían que el país estaba peor que en 2012, cuando comenzó el sexe nio (Nájar, 2018).

2. Michoacán

En virtud del TLCAN algunos estados como Michoacán

y Sinaloa, en el occidente y norte de México, se transfor maron en potencias económicas regionales e internaciona les a raíz de la exportación de productos como el aguacate y el tomate; mientras que geografías sureñas, como Gue rrero y Oaxaca, con altos índices de población indígena, se convirtieron en la fuerza de trabajo de los polos de pro ducción de cultivos comerciales (Alvarez Rodríguez, 2021). Michoacán es el primer exportador mundial de aguacate (Amarelo, 2024). Gráfico 10. Mapa y regiones de Michoacán (Tierra Caliente, Sierra Madre del Sur, Costa). Fuente: Maldonado Aranda, 2012. Las transformaciones económicas y sociopolíticas del

sur de Michoacán, produjeron la emergencia de un pode roso narcotráfico regional que ha desafiado a las institucio nes. Se construyeron en la región formas de soberanía local debido al relativo aislamiento geográfico, a los cacicazgos y las rebeliones contra el centro político nacional, que el Estado posrevolucionario trató de remediar con grandes proyectos de inversión pública que luego fueron abando nados, durante los años ochenta por las políticas neolibe rales, dejando un hueco que fue llenado por el narcotráfico y las actividades ilícitas. Tanto la crisis económica como la corrupción, más la migración internacional y las políticas antidrogas, propiciaron la emergencia de organizaciones criminales transnacionales. El poder del narcotráfico re gional dio lugar a la aparición del cártel de los Valencia, o del Milenio, y posteriormente al surgimiento de la Familia Michoacana, que han puesto en jaque las políticas oficiales de seguridad. Actualmente, la región sigue siendo un terri torio productor y exportador de amapola y mariguana, así como receptor de cocaína proveniente de Sudamérica, y se le identifica como la capital mundial de la producción de drogas sintéticas (Maldonado Aranda, 2012).

El sur se ha distinguido históricamente por ser un terri

torio de frontera. En parte, caciques y hacendados ejercie ron su dominio utilizando ejércitos particulares contra la rebelión y los asaltos, y contra la intervención del centro político nacional. Así es como surgieron soberanías para lelas, pues nada menos que una gran parte del territorio del sur estaba controlada por cinco haciendas hacia el siglo XIX.

Fuentes históricas señalan que es muy probable que du

rante ese tiempo se haya generalizado el cultivo de droga junto con la explotación minera, paliando las extenuantes jornadas de trabajo y aislamiento. Con todo, la región fue terreno fértil para todo tipo de comercio ilegal de made ra, tabaco, animales, armas y drogas (Maldonado Aranda, 2012).

El sur de Michoacán se consideró una zona periférica,

indomable e indolente por varios siglos, típica conducta de las zonas de amortiguación.

Regiones del sur michoacano

1. La región de la Tierra Caliente michoacana⁷, situada a

unos 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), se distin gue por su producción agrícola para el mercado nacional e internacional. Apatzingán es su ciudad más importante, donde se ubican varias oficinas de gobierno, agroempresas y residencias de empresarios, caciques y narcotraficantes. La franja conocida del valle de Apatzingán bordea la Sierra Madre del Sur y su posición geográfica convirtió a muchas localidades en narcopueblos, donde se podía cultivar droga entre la serranía y la planicie (Maldonado Aranda, 2012).

2. La región de la Sierra Madre del Sur, cuyas estribacio

nes oscilan entre los 800 y los 2.000 msnm, se extiende en tre Jalisco, Michoacán y Guerrero. Entre las tres entidades se conforman algunos puntos fronterizos conocidos como “pequeños triángulos dorados”, zonas que presentan bre chas de seguridad.

3. La Costa michoacana se eleva entre los 500 y los 700

msnm. Allí habitan diversos pueblos nahuas que resistie ron las distintas invasiones rancheras, en Aquila, Pómaro, Coyre y Ostula, aunque finalmente se impuso una mayoría mestiza.

En el siglo XX este territorio étnico fue objeto de dispu

tas por el desplazamiento de los rancheros sobre terrenos comunales, comprando irregularmente la tierra o tomán dola por la fuerza. Algunas comunidades indígenas se in volucraron en el cultivo ilegal debido a los ciclos econó micos o las coyunturas políticas, en constantes conflictos agrarios con los mestizos que buscaban privatizar la tierra,

arrendarla para sembrar droga o realizar ellos mismos el cultivo (Maldonado Aranda, 2012).

La importancia de Michoacán para el narcotráfico mexicano

La violencia de La Familia Michoacana presionó para

que el gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel solici tara apoyo al presidente Felipe Calderón y a las fuerzas fe derales. En diciembre de 2006 se puso en marcha el Ope rativo Conjunto Michoacán, dando inicio a la “guerra con tra el narco” (Mayen, 2024d).

La problemática databa de mucho antes. Los recortes de

los años 80 a los programas públicos de apoyo a la agricul tura, hicieron que muchas personas perdieran sus tierras, lo que fue aprovechado por el narcotráfico. Los producto res de marihuana comenzaron a ofrecer préstamos con su capital líquido para financiar actividades limpias, en lugar del sistema bancario o financiero. 1. Aumentando sus inversiones en la economía local, al

gunos grupos como la familia Valencia (fundadores del Cartel del Milenio) pudieron ampliar su base social y sus raíces locales en la región.

2. Michoacán es el hub de conexión entre Jalisco, Guerrero

y el Estado de México.

3. El puerto de Lázaro Cárdenas se mantiene como uno

de los puntos de acceso marítimo más grande del país, por donde llegan precursores químicos para producir metanfetamina y fentanilo. Por allí se opera el 18% del total de la carga comercial (excluyendo petróleo) que se mueve en Sistema Portuario Nacional (Cano, 2024).

4. Los grupos criminales incursionan en los principa

les sectores de la economía, incluida la producción de aguacates y limones, amenazando la conexión bilateral con Estados Unidos (Abi-Habib, 2022). Los aguacates

michoacanos son los únicos formalmente aceptados en el mercado estadounidense. También comienzan a ope rar en el sector servicios, mediante mecanismos de es tafa en los tiempos compartidos de los adultos mayores (Abi-Habib, 2024).

5. Michoacán es una potencia minera, con producción de

plata y oro, más otros productos no metálicos. La dis puta por el control ilegal explica los enfrentamientos constantes entre los Carteles Unidos y el CJNG por el control del litoral, las rutas de narcotráfico y la minería ilegal. El hierro extraído es enviado a China a cambio de precursores químicos para producir fentanilo. Esta pro ducción se intercambia en el puerto de Lázaro Cárdenas y el CJNG es uno de los principales exportadores de fen tanilo a Estados Unidos (Rosado, 2023). Gráfico 11. Ruta de llegada de los precursores químicos a Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Fuente: Dittmar (2023). Gráfico 12. Organizaciones del narcotráfico en Michoacán, año 2022 Fuente: Asmann (2023).

En Michoacán sí encontramos un despliegue amplio del

gran cartel nacional, el CJNG, seguido en importancia por La Familia Michoacana y sus desprendimientos (La Nueva Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios) más un número indeterminado de medianas y pequeñas organi zaciones. El combate contra el CJNG está envuelto dentro de una gobernanza criminal sumamente peligrosa para las Fuerzas Armadas mexicanas, al incluir alianzas con dife rentes grupos del crimen organizado local (Tapia Sando val, 2024).

En el caso michoacano debe sumarse la violencia deri

vada de las autodefensas, grupos civiles armados nacidos a partir de la guerra contra el narco, con el propósito de enfrentar a los grupos criminales. Las fuerzas de seguri dad del Estado absorbieron a muchos de estos grupos y su presencia es menor, pero los huerteros afirman que ellos siguen protegiéndose (Amarelo, 2024).

Capítulo 7El narcotráfico en el buffer: Oaxaca, Chiapas

Oaxaca es el tercer estado del buffer unificado, con Mi

choacán y Guerrero, con quienes comparte determinadas características geográficas y geopolíticas, esencialmente la común pertenencia a la Sierra Madre del Sur y el formato de “callejón” con declive al mar, más atenuado en el caso de Oaxaca.

Los rasgos localistas y fragmentados de Michoacán y

Guerrero asisten a una explosión de diversidad en Oaxaca, que alberga al 25 por ciento de los municipios de todo el país, sumándole a ello la trascendencia geopolítica del Ist mo de Tehuantepec.

Chiapas no comparte las características geográficas de

sus compañeros del buffer, pero es la boca de ingreso te rrestre de las problemáticas al “callejón”: drogas y migran tes. Cumple así su parte dentro del rol amortiguador pro pio de los cuatro estados, que absorben a su interior gran parte de las complejidades criminales que irían directo al heartland de la Ciudad de México.

1. Oaxaca

El estado está dividido en ocho (8) regiones y cuenta con

30 distritos y 570 municipios, casi la cuarta parte de los municipios del país. • Valles Centrales: centro de la cultura zapoteca • Costa • Sierra Norte • Sierra Sur • Cañada

• Mixteca • Istmo • Papaloapan Gráfico 1. Las ocho regiones de Oaxaca Fuente: Toledano, 2015.

Es una tierra de intrincadas montañas y abruptas serra

nías: Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Oaxaca y la Sie rra Atravesada.

Oaxaca abarca parte de cinco provincias fisiográficas

(Oaxaca Mío, s/f): a. Eje Neovolcánico b. Sierra Madre del Sur, con las subprovincias Cordillera

Costera del Sur, Sierras Orientales, Sierras Centrales de Oaxaca, Mixteca Alta y Sierras y Valles de Oaxaca. Estas seis subprovincias ocupan el 80% del territorio estatal;

c. Llanura Costera del Golfo Sur

d. Sierras de Chiapas y Guatemala e. Cordillera Centroamericana.

En la entidad se ubica un recurso estratégico de carácter

global, el Istmo de Tehuantepec, lo que amerita la presen cia de contingentes militares para la custodia del mismo desde el año 2000 por considerarla una zona estratégica para la construcción de un megaproyecto de infraestruc tura (Sipaz, 2018). Allí se nota la fuerte presencia del CJNG, quien busca el control de la zona por su importancia eco nómica (Contreras, 2024) mediante la neutralización de las bandas locales para incrementar su presencia en el Istmo y controlar los futuros polos de desarrollo del Estado.

Tres problemáticas captan la atención en Oaxaca:

1. Los migrantes: los coyotes o polleros cobran hasta 150

mil pesos mexicanos (9 mil dólares) para que los mi grantes de Africa, Asia o Europa pasen por territorio oa xaqueño. Los migrantes latinoamericanos pagan apenas un poco menos. El 45 por ciento de los migrantes que cruzan Oaxaca lo hacen en manos de un pollero (Carre ra Pineda, 2024). Las rutas migrantes son cinco: las ca rreteras Panamericana, Transístmica y Costera; la ferro viaria desde Arriaga, Chiapas; los caminos rurales y una ruta marítima que parte desde el Istmo con dirección a la costa, pasando por Salina Cruz hasta Huatulco (El Universal Oaxaca, 2022). Otros hablan de siete (7) rutas: del tren, de la cañada, mixta, costera, terrestre, terrestre de la Mixteca, terrestre Mixe (gráfico 2).

2. Las guerrillas: en la actualidad se reportan la presencia

de por lo menos cuatro grupos guerrilleros en Oaxaca: el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Re volucionario Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Indígena Revolucionario de Liberación Nacio nal y el Comando Clandestino Indígena de Liberación.

3. El narcotráfico: la miseria y la falta de oportunidades

por el descenso de los precios de los demás cultivos han

arrinconado a muchas comunidades de Oaxaca a invo lucrarse en el sistema de siembra y cultivo de enervan tes. La incomunicación de algunas zonas, como la Sierra Sur, ha facilitado que los narcotraficantes utilicen las tie rras abiertas por los taladores para sembrar marihuana y amapola. La creciente producción de amapola y ma rihuana en la Sierra lo convierte en uno de los estados de mayor aumento del narcotráfico en México, agrava do por ser un corredor de tránsito hacia el centro-norte de México y Estados Unidos (Sipaz, 2018). La entidad tiene tres puertos importantes: Salinas Cruz, donde se realizan actividades comerciales, pesqueras y turísticas, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco. En consecuencia, Oaxaca es uno de los estados donde

hay una mayor presencia de Fuerzas federales. La Guardia Nacional destinó allí 6 mil 750 elementos (Sipaz, 2018). Gráfico 2. Las siete (7) rutas migrantes en Oaxaca Fuente: OIM, 2021. Los grupos nacionales del narcotráfico con presencia en Oaxaca

Hasta el primer semestre de 2023 se evidenció la pre

sencia de cuatro carteles mexicanos: el CJNG, Sinaloa, Car tel del Golfo y Guerreros Unidos (Carrera Pineda, 2023).

Con anterioridad, a mediados de 2022, el Congreso de

Estados Unidos había mencionado una composición dife rente, que incluía al CJNG, el Cartel del Golfo, los Beltrán Leyva, Los Zetas y El Cartel del Nordeste (CRS, 2022). Gráfico 3. Los carteles nacionales en Oaxaca según el Congreso de Estados Unidos Fuente: CRS, 2022: 11. En los valles centrales de Oaxaca, donde se ubica la ca

pital, estos grupos mantienen una disputa con el Cartel de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec con el cartel del Ist mo (Carrera Pineda, 2023).

Los grupos locales de la delincuencia organizada (Estado20, 2022)

Región del Istmo de Tehuantepec • Cartel del Istmo o Banda de los Terán. Dirigido por Juan

Terán, detenido en un penal estatal.

• Los Chehuis. Su líder es José Luis Terán de la Rosa. • Los Ántrax, con presencia en el área de Matías Romero.

Su líder está en prisión.

• El Rilo, de la cual se han detenido a varios de sus inte

grantes.

• Hermanos Ali Vásquez, para cuya localización la Fiscalía

de Oaxaca emitió alertas.

Región de la Cuenca del Papaloapam • Don Chepe. Con la detención de su líder en 2020 el gru

po se encuentra actualmente desmembrado.

• El Pino (Gustavo Abigail, hijo del diputado local del PRI

Gustavo Díaz Sánchez), con presencia en Cosolapa y Acatlán.

• Los Caracoles. Su líder fue ejecutado, su hijo tomó el

control, pero fue detenido. El grupo está dirigido por nuevos integrantes. Región de la Costa • Los Chulindos, con presencia en la zona costera • La Barredora, con base en Guerrero, pero que con man

tas y videos expresó su presencia en Oaxaca.

Región Mixteca • Los Pochotes o Los Rojos, con presencia en los límites

con el estado de Puebla.

Región de los Valles Centrales • Varios grupos relacionados con el narcomenudeo. Con

presencia en la capital, Xoxocotlán, Santa Lucía del Ca mino y el Valle de Etla.

• Banda de El Pitus, con presencia en Xoxocotlán.

Sumando los carteles nacionales y los carteles locales

(bandas o pandillas) hay un total aproximado de 18 gru pos del narcotráfico actuando en Oaxaca, más que en Mi choacán (10) y en Guerrero (16). La Sierra Madre del Sur

La Sierra Madre del Sur comprende un 79.82% del terri

torio estatal y se extiende a lo largo de más de 1000 kiló metros en el sur de México, desde Michoacán hasta Oaxa ca, en el istmo de Tehuantepec, ubicado al este. El punto más elevado llega a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar (Lifeder, s/f). Gráfico 4. La Sierra Madre del Sur Fuente: Santiago-Alvarado, Montaño-Arias y Espinosa (2016: 434). Gran parte del territorio de Oaxaca pertenece a la pro

vincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, la cual comprende más de la mitad occidental del estado, penetra por el cos tado oeste y llega hasta las proximidades de Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Magdalena Tlacotepec, San Juan Guichicovi y San Juan Lalana (INEGI, 2004). Gráfico 5. La Sierra Madre del Sur, desde el Eje Volcánico Transversal hasta el Istmo de Tehuantepec Fuente: Topographic Map, 2024.

En virtud de la Sierra Madre del Sur, la geografía oa

xaqueña comparte en cierta medida la geografía de Mi choacán y Guerrero, entidades que contienen además la Tierra Caliente y la depresión del río Balsas.

En síntesis, la geografía oaxaqueña es montañosa y en

gran medida volcada al mar (por la placa de Cocos). Gráfico 6. Mapa orográfico de Oaxaca Fuente: Academic, s/f.

Geopolítica del narcotráfico en Oaxaca

• De los 570 municipios oaxaqueños, 418 se gobiernan

bajo el sistema de usos y costumbres, con formas locales reconocidas de autogobierno.

• El estado es reconocido principalmente por sus pueblos

indígenas y afromexicanos, representados por más de 16 grupos étnicos, siendo los zapotecos y mixtecos los que cuentan con mayor representación.

• Es uno de los estados más montañosos del país pues en

la región se cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada.

La diversidad étnica (16 grupos), la fragmentación geo

gráfica (montañas) y la multiplicidad política (autogobier no) se conjugan para expresar una pluralidad única en el mundo, lo que torna dificultosa la integración de universos totalmente diferentes unos de otros. La multiplicidad de organizaciones del narcotráfico y su carácter fuertemente local son el resultado geopolítico de tal diversidad.

Oaxaca no parece ser un hub importante del tráfico de

drogas mientras se ve a las organizaciones del narco cada vez más involucradas en el tráfico de personas, como suce de en todo el país. El narcomenudeo sí es el foco de interés de las organizaciones locales, o sea el mercado de consu mo. Los carteles nacionales (CJNG) muestran un creciente interés geopolítico en el control de la región del istmo de Tehuantepec, por el valor económico (y político) del corre dor transístmico.

Aunque Oaxaca comparte varias características geográ

ficas con la subregión Michoacán-Guerrero (la Sierra Ma dre del Sur) su comportamiento geopolítico es diferente: • está más volcado endogeográficamente (hacia sí mismo)

que hacia la costa y el tráfico marítimo al norte.

• presenta una baja producción de droga, dado que la di

versidad étnica dificulta la pertenencia a una economía común.

• la conformación netamente montañosa lo inhabilita

para ser un importante puerto de entrada. Aunque la ubicación del estado, de cara al mar y de es

paldas a Veracruz, validaría una identidad como lugar de entrada y salida de drogas y precursores, la conformación étnica “limpia” (a diferencia de las invasiones mestizas su fridas en Michoacán y Guerrero), las montañas y las estruc turas políticas de autogobierno “encierran” las problemáti cas del narcotráfico en el mercado de consumo local.

2. Chiapas

Del otro lado del istmo de Tehuantepec se encuentra el

estado fronterizo sur de Chiapas, el último eslabón de la pirámide invertida mexicana.

El simple hecho de ser fronterizo convierte a Chiapas

en una entidad peligrosa, no hay otro elemento geopolítico más importante.

“Por el estado de Chiapas cruzan la mayoría de los car

gamentos de droga que abastecen a los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Golfo, Tijuana” (Ravelo, 2024). Lógicamente todo cargamento de drogas que circule por vía terrestre desde Centroamérica ingresa a México por Chiapas, no hay otro lugar. La ruta de Belice conecta a Guatemala con Yucatán y el Golfo de México, alejado del territorio continental mexi cano, descentralizado de la dirección a Estados Unidos y con escasa población. El turismo lo hace apto para un vi goroso mercado de consumo, no para el tráfico de drogas.

La entidad asiste a la violencia derivada del enfrenta

miento entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nue va Generación, que se disputan los grandes negocios: la droga que viene de Centroamérica, el tráfico de migrantes y otros negocios como el secuestro, el despojo de propie dades y la extorsión (Manjarrés, 2024). Esta violencia pro duce desplazamiento forzoso de personas.

En Chiapas nació el Ejército Zapatista de Liberación

Nacional – EZLN en el año 1994. En la actualidad discon tinuó su perfil armado y continúa su trabajo basado en las comunidades originarias fronterizas que pueblan la Selva Lacandona (ubicada en la Sierra Madre de Chiapas), elabo rando una estrategia de uso comunitario de la tierra (Eco sur, 2024), como forma de lidiar con las organizaciones del narcotráfico. La geografía Chiapas contiene tres regiones fisiográficas: la llanura

costera del Golfo en el norte, la Sierra Madre de Chiapas y la Cordillera Centroamericana. El total de la superficie geográfica está conformada principalmente en un 34% por selva, un 29% por bosques de pinos y 16% de pastizales. Chiapas se ubica en la zona tropical, es poco montañosa y está surcada por 45 ríos. Gráfico 7. Topografía de Chiapas Fuente: Topographic Map, 2024.

La confluencia de la selva, los ríos, la frontera y las po

blaciones indígenas han configurado específicos focos de conflicto en el Estado, que se han manifestado en diversos formatos, de acuerdo al factor prevaleciente en cada mo mento.

En la actualidad hay tres factores prevalecientes:

1. la tenencia de la tierra: moviliza a las poblaciones indí

genas y los grupos armados relacionados con ellas. 2. las caravanas migratorias: el tráfico de personas es el

nuevo gran negocio del narcotráfico a partir de la políti ca migratoria restrictiva de Estados Unidos.

3. las disputas territoriales: el mercado de consumo (nar

comenudeo) expresa una nueva dinámica (nearshoring)¹ en la narco-división internacional del trabajo. El narcotráfico es el actor que vincula las tres problemá

ticas, al disputar territorios, regentear el tráfico de personas y atacar las comunidades indígenas.

La geografía relativamente benigna y menos montañosa

de Chiapas favorece la integración de los diferentes con glomerados humanos, al revés que en Oaxaca. En conse cuencia, la geografía mitiga la proliferación de grupos del narcotráfico y Chiapas no cuenta con grupos locales im portantes, al contrario que en el resto del buffer. Aquí el problema es la frontera, por donde pasan la droga y los mi grantes, y donde viven los grupos indígenas insurgentes.

Narcotráfico en Chiapas: guerra, protección política y hojas de coca

Los diferentes grupos de tránsito de droga llevan ade

lante una guerra de alta intensidad en manos de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, los Zetas, los Beltrán Leyva, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Juan Chamu la y el nuevo Cartel de Chiapas y Guatemala (Ravelo, 2024). El conflicto central es la guerra entre Sinaloa y el CJNG.

Frontera Comalapa, un estratégico municipio pegado a

Guatemala, es el punto central del conflicto entre ambos grupos, junto con la vecina localidad de Chicomuselo. La ciudad de Frontera Comalapa está en manos del CJNG y los ataques provienen desde San Gregorio Chamic, donde se asiente la gente de Sinaloa, en el mismo municipio a 40

kilómetros de distancia (Martínez, 2023). Precisamente en virtud de la violencia, en los municipios de Chicomuselo y Pantelhó no se habilitaron las casillas para las elecciones nacionales del 2 de junio de 2024 (Flores, 2024).

La periodista Anabel Fernández denunció que las opera

ciones de Sinaloa en la zona cuentan con la protección del gobierno de Chiapas encabezado por el morenista Rutilio Escandón, junto con miembros del Ejército y de la Guar dia Nacional (Hernández, 2023). Esta información ha sido confirmada por miembros del Cartel de Sinaloa, que acu san con nombre y apellido a miembros de la Sedena que permiten al CJNG controlar la ruta de Frontera Comalapa (Mayen, 2023a).

La disputa no es solo por controlar el cruce fronterizo

redituable para el tráfico de personas y cocaína provenien tes de Sudamérica sino también por el control de los plan tíos de coca que comenzaron a desarrollarse en invernade ros con suficiente calidad como para producir cocaína.

Capítulo 8El narcotráfico en el heartland: Ciudad de México

La Ciudad de México presumió durante largo tiempo

estar libre de las problemáticas de narcotráfico y violencia que recorrían impunemente el resto del país. Se suponía y se hacía suponer que la capital del país tenía un status especial que la alejaba de los problemas que otras admi nistraciones de nivel inferior no podían enfrentar eficien temente. Y adicionalmente, por el simple hecho de ser el apacible heartland mexicano, se pensaba que les correspon día automáticamente la cualidad irreemplazable propia de las metrópolis imperiales: el buen clima, la abundante ri queza, los buenos paseos y la paz.

Aunque las brisas que desencadenarían la tormenta so

plaban desde antes, las señales adquirieron una claridad apabullante en la mañana del 15 de diciembre de 2007, cuando la inefable guerra contra el narcotráfico emprendi da por el gobierno de Felipe Calderón cumplía un año. En las inmediaciones del aeropuerto aparecieron, en bolsas de plástico, las cabezas de dos empleados de Jet Service, una empresa de almacenamiento de carga aérea (Romandía, Fuentes y Nieto, 2019: 3). A partir de allí los hechos se fue ron acumulando y se desencadenó la tormenta.

Por varios años la dirigencia política llevó adelante la

política del silencio buscando tapar el sol y el resto del uni verso con el dedo meñique. Miguel Angel Mancera, enton ces Procurador de Justicia (2008-2012), se esforzaba por sonreír y hacer como que nada pasaba. Junto con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, buscaban minimizar los asun tos relacionados con el narcomenudeo en una cruzada por mirar hacia otro lado, mientras ambos desoían las adver tencias de que la ciudad se había convertido en un centro de operaciones de los carteles.

Heartland

El concepto geopolítico de heartland remite al locus de

poder, el centro de donde emanan las decisiones políticas en un territorio determinado. En casi todos los Estados el núcleo central o heartland es al mismo tiempo su zona más poblada, su ecúmene, la zona más favorecida por el clima, los recursos naturales y la mejor comunicada. Tanto la ecú mene como el núcleo central comprenden generalmente la capital del Estado porque los Estados centralizados tienden a situar su capital en el centro de la ecúmene. Así sucedió con la Ciudad de México, ubicada en la altura, con un cli ma agradable, en una zona cultivable del Valle de México, capaz de albergar una gran masa poblacional.

En el heartland la calidad de vida es superior, allí habita

el funcionariado, hay mejores ingresos y mayores consu mos. Y no hay disputas territoriales entre grupos del nar cotráfico.

Durante mucho tiempo esa ilusión de paraíso mexicano

sobrevivió a las pruebas históricas que pudieran desmen tirlo. Sin embargo, junto a los desafíos que planteó la alter nancia, también sobrevino la actualización de los datos del narcotráfico en la Ciudad de México.

Mientras en el país ganaba la presidencia el Partido Ac

ción Nacional y Vicente Fox era presidente, en la ciudad de México ganaba la izquierda y Andrés Manuel López Obra dor era electo como jefe de gobierno de la recientemente declarada ciudad autónoma. Ambos asumieron en diciem bre de 2000.

En esos primeros años de gobierno del que luego sería

presidente de la República, la Ciudad de México todavía ostentaba los supuestos beneficios de ser el heartland pací fico del país.

Casi terminando su sexenio presidencial, a mediados de

2024, la situación era totalmente diferente. Gráfico 1. Grupos del narcotráfico en la Ciudad de México Fuente: Santiago, 2023.

Como se menciona en el Gráfico 1 en el año 2023 los

grupos del narcotráfico identificados en la Ciudad de Mé xico eran 15. Pero al año siguiente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mencionó la existencia de apenas siete (7) grupos criminales (Cuadro 1), ocho menos que el año anterior, entre los cuales ya no figuraba el CJNG. La salida negociada del CJNG de su anhelada intrusión en la Ciudad de México motivó la adecuación de los datos y la rebaja de los indicadores. En 2022 el sitio especializado Insight Crime daba cuenta

de la retirada del CJNG: “pero la campaña del CJNG en Ciu dad de México parece haber perdido fuerza, y el cartel pa rece tener dificultades para estabilizar su control territorial, mientras que el Cartel de Sinaloa parece haberse limitado a despachar envíos hacia la capital para tratar de aumentar su participación en el lucrativo mercado de consumo in terno de estupefacientes” (InSight Crime, 2022). De todos modos, el CJNG está operando en apoyo a la Fuerza Anti Unión y al Cartel de Tláhuac mientras la política de segu ridad del gobierno de la ciudad se enfoca en la fragmenta ción de la Unión Tepito, lo que eventualmente terminará con el enfrentamiento entre el gobierno de la ciudad de México y los habitantes del barrio de Tepito, la base terri torial de Unión Tepito.

Gráfico 2. Grupos de narcotráfico en la Ciudad de México por delegaciones. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mayen (2024e).

• En todas las delegaciones (16) hay al menos un grupo de

narcotráfico.

• Todos los grupos son locales, no hay carteles nacionales. • Los grupos se expanden en base a criterios de control

territorial típicos del narcomenudeo, hacia delegacio nes próximas. No hay tráfico de drogas en la Ciudad de México.

• Las zonas de la Ciudad de México con mayor densidad

poblacional concentran el mayor interés de los grupos, en la zona norte.

• Los grupos de Unión Tepito (8), Fuerza Anti Unión (8) y

Ronda 88 (7) son los que tienen mayor despliegue terri torial (cuadro 1).

• La convivencia entre Unión Tepito, Fuerza Anti Unión y

La Ronda 88 se repite en 6 delegaciones.

• Iztapalapa es la delegación con la mayor presencia de

grupos (5) (cuadro 2).

• Los Canchola o Malcriados 3D son los que tienen la me

jor pregnancia territorial. Donde ellos están (3) son el único grupo presente. Al igual que Los Rodolfo en Tlal pan. Estas delegaciones tienen indicadores de homici dios más bajos que el resto (cuadro 3). Allí se cometieron en el año 2023 apenas un 7.5% del total de homicidios cometidos en la Ciudad de México (57).

• Uno de cada cinco homicidios en la Ciudad de México

se cometen en la delegación Iztapalapa, donde conviven y disputan cinco diferentes grupos del narcotráfico (cua dro 5 y cuadro 6).

• Uno de cada seis homicidios en la Ciudad de México se

cometen en la delegación Gustavo Madero, donde con viven y disputan tres grupos del narcotráfico (cuadro 5 y cuadro 6).

• En cinco meses (setiembre 2023-enero 2024) en cuatro

delegaciones controladas por un solo grupo del narco

tráfico se cometieron un total de 57 homicidios, de los cuales la mitad se cometieron en la delegación Alvaro Obregón (28 homicidios) (cuadro 3). Una muy baja can tidad de homicidios, apenas el 7.5% del total de homici dios de la ciudad.

• El 61% de los homicidios de la Ciudad de México (464) se

cometen en las 5 delegaciones donde hay 3 o más grupos del narcotráfico (Cuadro 5): Iztapalapa, Gustavo Made ro, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón.

La penetración y salida del CJNG

La administración del perredista Miguel Angel Mancera

se negaba a aceptar la presencia de organizaciones del cri men organizado en la Ciudad de México. El cártel irrum pió en la CDMX unos años después, en 2017, en alianza con la Fuerza Anti-Unión (El Universal, 2020).

En 2019 el CJNG anunció que ya estaba presente en la

Ciudad de México (Jiménez, 2024), específicamente en la delegación Gustavo A. Madero. El 26 de junio del año siguiente ocurrió el terrible atentado contra el secretario García Harfuch, que expresaba la ferocidad de la disputa por el control territorial del narcotráfico en la Ciudad de México. El atentado implicó 414 disparos y expresaba la intención de tomar la ciudad por asalto, muy al estilo del

CJNG. El 15 de diciembre de 2022 fue el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, también adjudicado al CJNG.

La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación

(CJNG) en la Ciudad de México fue exponencial, pues en sólo nueve meses, de noviembre 2019 (cuando se identifi caron dos células en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc) a julio de 2020, el grupo ya tenía una presen cia importante en por lo menos seis demarcaciones (Pulso, 2020).

En ese momento los grandes protagonistas eran la

Unión Tepito por un lado y el CJNG por el otro, el cual pretendía plasmar su objetivo estratégico de penetrar la ca pital del país. La táctica del CJGN era aprovechar los vacíos dejados por los grupos competidores tras la detención de sus líderes. Durante los nueve meses en que se detuvieron a los principales líderes de los grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad, como Unión Tepito, Anti-Unión, Los Rodolfos y casi el desmantelamiento total del Cártel de Tláhuac, el CJNG se fue expandiendo por la capital (Pulso, 2020).

En la actualidad el CJGN ha negociado su retirada y ya

no opera fuertemente en la capital, aunque algunos grupos (como Los Canchola o Malcriados 3AD) utilicen esa “fran quicia” en su favor y otros como La Nueva Unión reciban su apoyo expreso. La Unión Tepito, con vinculaciones en el gobierno de la ciudad, es el grupo con mayor control terri torial. La elección nacional de junio de 2024 habría movi do el tablero del narcotráfico en el heartland, en perjuicio de un sector del generalato afincado en la Sedena, sostén de las actividades del CJNG. Todo se acomoda a favor de Sinaloa.

El trabajo de García Harfuch en la ciudad de México

podría cobrar mayor vuelo al ser nombrado Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana – SSPC bajo la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum. Las afirmaciones de

Anabel Hernández no pueden ser más claras: “Omar García Harfuch cuenta con un negro historial de corrupción. In gresó a la Policía Federal en 2008 sin ninguna preparación policiaca ni licenciatura, bajo la protección de Cárdenas Palomino. Reprobó sus exámenes de confianza en 2009 y 2011 y en ellos confesó tener tratos con la delincuencia or ganizada (...) Con su mentor (Palomino) trabajó en la época en que este estaba al servicio del Cártel de Sinaloa. No sólo les daba protección, sino que también los ayudaba directa mente en el tráfico de drogas” (Hernández, 2024: 314).

La Unión Tepito, el cartel chilango del barrio bravo

En mayo de 2010 se reunieron a instancias de Edgar Val

dez Villarreal (La Barbie), el (disidente) jefe de sicarios de los Beltrán Leyva, tres personas: el ex policía Ricardo Ló pez Castillo (El Moco) y los hermanos Francisco (Pancho Cayagua) y Armando Hernández Gómez (El Ostión). Allí, en una vecindad de la calle Hojalateros, nacía la Unión Te pito, reemplazante del desvencijado Cartel Tepito (InSight Crime, 2022), con el objetivo de unificar a los traficantes de Tepito, el centro neurálgico de la distribución de drogas en la ciudad capital (Romandía, Fuentes y Nieto, 2019: 14). Más de 100 sicarios se encargaron de que esa reunión fun dacional transcurriera en paz.

Esta “fundación” no fue la única, porque en Tepito se

fundaron dos “uniones”. La otra estuvo a cargo del lugar teniente leal a los Beltrán Leyva, Juan Juárez Orozco, alias El Abuelo, la que finalmente derivó en la Unión Tepito “oficial”. La fundación de la Barbie derivó en La Mano con Ojos y tuvo corta vida (Nieto, 2020: 17).

2006-2023. Sexenios Calderón – Peña Nieto - AMLO Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. Las cifras de homicidios comparadas del Inegi (aunque

diferen de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) muestran un descenso im portante en los dos últimos años, incluso superior al des censo nacional.

Para cuando comenzó la guerra calderonista contra el

narcotráfico el aeropuerto de la Ciudad de México se vol vió un punto crucial para el trasiego de drogas y también para su recepción y distribución en la propia capital (Ro

mandía, Fuentes y Nieto, 2019: 3) y para enviar estupefa cientes a Estados Unidos y Europa.

En el expediente judicial CR-12197, de la Corte del Dis

trito Este del Estado de Nueva York, alimentado por in formes de la Drug Enforcement Administration (DEA), El Abuelo¹ aparece como un pez gordo de la cocaína: trans portó al menos 35 toneladas al año para los Beltrán Leyva y para Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, todo a través del aeropuerto capitalino (Nieto, 2020: 11).

El barrio de Tepito está ubicado en la alcaldía Cuauhté

moc, muy cerca del Centro Histórico, y es el más popular de México y del mundo. Aunque con facilidad puede con fundirse interesadamente el barrio de Tepito con la orga nización Unión Tepito, el barrio “que existe porque resiste” es protagonista de una complejidad más amplia. En Tepito la pertenencia el barrio lo es todo, al modo de las maras salvadoreñas y su territorialidad barrial. La droga de Tepito no solo entra para el mercado local de la capital y del Esta do de México sino también para ser enviada hasta el gran mercado americano².

Tepito no siempre fue el núcleo del mercado negro de

la Ciudad de México. Esa reputación se desarrolló durante el siglo XX, después de que en 1902 se trasladara allí un mercado llamado Baratillo, aunque desde el Porfiriato sus calles eran conocidas como la “cuna del crimen” (Konove, 2018: 171). Durante trescientos años, el Baratillo (de la pala bra española barato) fue el principal mercado de artículos de segunda mano de la ciudad y su mercado de ladrones más notorio (Konove, 2018: 2).

En realidad, tres organizaciones diferentes disputan el

control del menudeo de drogas en el barrio: la Unión Tepi to, la Fuerza Anti Unión y La Ronda 88. Aunque parezca extraño, el barrio no ostenta indicadores de homicidios particularmente peligrosos. La alcaldía Cuauhtémoc (den tro de la cual se ubica Tepito) cuantificó 77 homicidios en 2023, mucho menos que los 159 de Iztapalapa o los 116 de Alvaro Obregón.

Sin embargo, el jefe interino de gobierno de la ciudad,

Martí Batres, lanzó en agosto de 2023 un reforzamiento de seguridad en la alcaldía Venustiano Carranza, con lo cual 2,465 elementos de seguridad custodiarán las calles de la demarcación capitalina para reducir el índice de insegu ridad que viven los habitantes en la zona del Barrio Bravo de Tepito y en el centro de la Ciudad de México (Najera, 2023).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

abrió en los últimos cinco años (2019-2023) 92,981 carpe tas de investigación por los delitos de amenazas, extorsión y homicidios. Con 16,628 carpetas Iztapalapa encabeza el ranking de las cinco demarcaciones más peligrosas. Le sigue Cuauhtémoc (donde se ubica Tepito) con 9,648 car petas. Venustiano Carraza ocupa el quinto lugar con 7,087 carpetas (Ruiz, 2024).

Lo cierto es que con la ofensiva contra Sandra Cuevas³

más la retirada del CJNG y de Sinaloa, el foco de atención de las autoridades estuvo puesto en la Unión Tepito.

La Unión Tepito empezó como un negocio de pro

tección, extrayendo pagos de los comerciantes locales a cambio de promesas de protección. Cuando se disparó el consumo de drogas en la Ciudad de México y sus alrede dores, nació el interés y las disputas entre diversos grupos. La Unión se dedicó a abastecer ese mercado. Pero incluso mientras La Unión trabajaba para acaparar el comercio mi

norista de drogas de la ciudad, seguía inmersa en el negocio principal de Tepito, la piratería (Konove, 2023). Los vende dores pagan cuotas diarias a los líderes de las organizacio nes, que negocian el acceso al espacio de las calles y aceras con los gobiernos municipales de Ciudad de México.

Las conexiones entre los vendedores y el gobierno mu

nicipal de la ciudad, que dependía de las rentas que paga ban los vendedores por vender en las calles y plazas públi cas, eran especialmente profundas. Parte de esas conexio nes, que incluyen reuniones, acuerdos, visitas y padrinaz gos, son las relaciones de Claudia Sheinbaum con la gente de Santa Marta Acatitla, uno de los puntos del panóptico tepiteño. Llegar a ese lugar implicó una batalla política im portante para Claudia Sheinbaum, una de cuyas víctimas fue Sandra Cuevas.

La Unión Tepito y otros grupos delictivos tienen sus pro

pias estrategias políticas, ya sea la incorporación de poli cías y funcionarios públicos a sus redes o que sus asociados ocupen cargos en el gobierno local. Algunos funcionarios figuran en la nómina del crimen organizado y los electos tejen alianzas corruptas menos obvias y más estructuradas, escondidos en la legalidad. Dado que la economía informal / ilegal es un gran negocio en el cual Tepito tiene fuerte re levancia, puede gozar de una gran influencia política.

Sandra Cuevas, presidente de la alcaldía Cuauhtémoc,

es quien mejor representó las estrechas relaciones entre Tepito y la política. Criada en Tepito, donde trabajó en el negocio de electrodomésticos de sus padres, su estilo de gobierno tuvo mucho en común con la fuerte personalidad de Tepito. Calificada de “ingobernable” por el diario El País, Cuevas se ha deleitado en su desafío a casi todo el mundo a lo largo de su carrera política. Se ha enfrentado continua mente a Claudia Sheinbaum, ex alcalde de la capital y aho ra presidente del país. Se ha negado a dar marcha atrás en decisiones impopulares, como quitar los rótulos pintados a mano en los quioscos de los vendedores ambulantes que

colorean el paisaje urbano de Ciudad de México y ordenar que se pinte parte del querido arte callejero de la ciudad, incluidos los murales de Tepito.

Cuevas llegó a uno de los cargos electos más altos de

Ciudad de México con el apoyo de las organizaciones de vendedores de Tepito.

El ascenso tanto de Cuevas como de La Unión atestigua

un aspecto clave del duradero poder de Tepito: la simbio sis entre el comercio ilegal y el Estado mexicano. Aunque Tepito es sinónimo de anarquía y delincuencia, sus comer ciantes y residentes trabajan tanto con el gobierno como contra él. Los vendedores contemporáneos, como los bara tilleros antes que ellos, aprovechan el valor económico de sus oficios para crear alianzas que protejan sus intereses. En Tepito, la resistencia incluye la capacidad de habitar entre los mundos clandestino y oficial de México, y de explotar los numerosos vínculos que existen entre ellos.

Las autoridades de la Ciudad de México han desplega

do una firme campaña contra la Unión Tepito, congelando cerca de U$5,2 millones en 1500 cuentas bancarias y de tenido alrededor de 550 miembros entre enero de 2020 y abril de 2022, un número mayor que los aprehendidos a los siguientes diez grupos criminales locales juntos (InSi ght Crime, 2022).

Como resultado de lo anterior, en febrero de 2022, el

secretario de seguridad ciudadana de Ciudad de México Omar García Harfuch declaró que la Unión Tepito había quedado fragmentada y afirmó que la persecución al grupo y la captura de su líder a comienzos de 2020 había llevado a que las células que quedaban del grupo se encontraran operando aisladas, sin un mando central. Sin embargo, la “fragmentación” mediante el sistema de franquicias es una rutina de trabajo habitual en la Unión Tepito (Jiménez, 2024a) y lo que podría parecer una debilidad es la demos tración de una elevada capacidad de adaptación.

Fuerza Anti Unión

En 2017 surge la Fuerza Anti-Unión, que disputaría el

dominio de La Unión. Existen dos teorías sobre la Fuerza Anti-Unión: que surgieron como grupo de justicieros o vi gilantes, creado por dueños de negocios para combatir la extorsión de La Unión (la versión más digna de confianza), o bien como disidencia de La Unión Tepito misma (InSight Crime, 2022).

En realidad, la organización criminal saltó a la fama has

ta el 17 de julio de 2018, cuando dejaron sobre Insurgentes, dos cuerpos desmembrados, lo que provocó que a partir de ese momento ya estuvieran en el radar de las autoridades mexicanas (Baldenea, 2024).

De cualquier manera, la Fuerza Anti-Unión no actuó de

manera muy diferente a su supuesto enemigo, pues esta bleció estrechas relaciones con miembros de alto rango de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, mientras competía violentamente por el control de las economías de microtráfico y extorsión de la ciudad, en particular en las colonias de Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc (InSight Crime, 2022).

Desde su creación ha crecido rápidamente, con múlti

ples intentos de expandir su territorio y participando en las economías ilícitas de extorsión y microtráfico en Ciudad de México. Las autoridades han señalado que, entre 2017 y 2018, el grupo le disputó nuevos territorios a La Unión Tepito, entre ellos las colonias de Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc. En esas zonas, hubo un notorio incremen to de los homicidios, la violencia y la presencia de “narco mantas”, grandes avisos usados por los grupos criminales para hacer anuncios y amenazas.

Desde la captura de El Tortas en mayo de 2019 la Fuer

za Anti Unión asistió a numerosos cambios de mando y prevaleció la idea del debilitamiento del grupo, mientras varios altos mandos han intentado reestructurar las opera ciones, sin mucho éxito.

El grupo se ha aliado consistentemente con la organi

zación criminal más poderosa de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscaba reforzar su presen cia en la capital del país. Incluso se hizo pasar por el mismo CJNG en algunas operaciones (Baldenea, 2024a). El CJNG abasteció de armas, narcóticos y combatientes a la Fuerza. Sin embargo, se puede afirmar que la Fuerza Anti Unión está prácticamente disuelta, lo que sugiere que las frecuen tes capturas de sus jefes y las presuntas escisiones han de bilitado la estructura operacional de la organización, sobre todo a partir de la captura de El Tortas. La estrategia de penetración del CJNG en el heartland del país, largamente anhelada, ha fracasado.

Pero mientras la Fuerza Anti Unión mantenga el apoyo

externo del CJNG su rol siempre tendrá un cierto grado de amenaza latente (InSight Crime, 2022).

Narcotráfico y algo más

“La corrupción la promueve el gobierno. La corrupción

siempre nace del gobierno hacia el transportista, no al re vés”. Lo afirma Ignacio Rodríguez, líder del Movimiento Nacional Taxista (MNT) (Romandía, 2023: 59). Todo en la ciudad de México es recaudación para la política: el robo de celulares, el robo de motos y bicicletas, los “permisos” y “habilitaciones” para la venta callejera de comida, las ferias, la prostitución, los antros, los taxis, los desalojos, el metro. La cercanía entre los funcionarios de gobierno y los carte les del narcotráfico es estrecha.

Cuando la conocida “teniente” del Cartel del Noreste,

Edén Guadalupe Villarreal, “jefa” del centro penitenciario de Santa Marta Acatitla, celebró su casamiento, la actual presidenta de la República envió un rico (y caro) pastel de celebración. No es delito enviar pasteles, solo es llamativo. De paso es interesante saber que allí estaba detenida Ma linali Gálvez, la muy beneficiada hermana de la candidata

opositora, también amiga de Claudia Sheinbaum (entrevis ta, 2024).

Pudiera deducirse fácilmente una gobernanza crimi

nal avanzada en la ciudad de México, una suposición en la que subyace una débil comprensión de la importancia del barrio de Tepito en México y en el mundo. “Al obsti nado barrio de Tepito nos siguen llegando estudiantes de todas las carreras para corroborar si es cierto que México sigue siendo el Tepito del mundo, y Tepito, la síntesis de lo mexicano” (+deMX, 2019), una afirmación que habla de la trascendencia multifacética del barrio.

“La venta de droga, el cobro de piso, los asesinatos y se

cuestros siguen incontenibles, y al menos en el polígono norte del Centro Histórico, así como en la parte oriente que colinda con La Merced y en la zona de Tepito, el crimen organizado se adueñó del comercio con armas de fuego” (Romandía, 2023: 65-66). Todo apunta a la Unión Tepito, que es actualmente el grupo criminal con mayor poder en la Ciudad de México. Una parte de sus ingresos proviene de la explotación sexual, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (Romandía, 2023: 167).

El narcotráfico en la ciudad de México, aunque subsume

dentro de sí un proceso débil (más corrupto que político) de gobernanza criminal, solo puede comprenderse a par tir de un doble pivote: por un lado, un análisis geopolítico sobre las magnitudes del heartland (sede automática de un amplio y diversificado mercado de consumo) y por otro lado un análisis geopolítico del país y su matriz de creación de riqueza, otorgando relevancia al locus de poder donde se elaboran e implementan las decisiones. En la ciudad de México el narcotráfico es, estrictamente hablando, solo un negocio ilícito. El aspecto político de control territorial es tatalizante, que pretendía darle el CJNG, quedó sabiamente eliminado.

Capítulo 9El narcotráfico, la geopolítica y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

No hay mejor ejemplo de la dinámica cambiante de la

actividad y la violencia de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) que el Cartel de Jalisco Nueva Ge neración (CJNG). Por ello, un estudio profundo del CJGN obliga a un análisis del “círculo rojo” de las políticas de se guridad del gobierno obradorista.

Por encima de las cenizas del que fuera el poderoso

Cartel del Milenio, el CJNG es la culminación de una TCO “moderna”, erigiéndose rápida y violentamente hasta con vertirse en una de las TCO más poderosas de México y del mundo (Start, 2020). En los últimos 10 años el CJNG pasó de ser una agrupación menor y local a constituirse en la organización delictiva con mayor presencia geográfica y poderío del país (Benítez Manaut y González, 2023). La ve locidad que hemos visto en la Ciudad de México, donde pasó a ser el grupo más importante en apenas 9 meses, es el mismo esquema de blitzkrieg compleja¹ realizado en todo el país.

El CJNG ha desafiado con éxito los esquemas tradicio

nales del narcotráfico en todo México, ha consolidado su ficiente poder y ganancias para enfrentarse a otros cárteles importantes y al Estado mexicano con altos niveles de im punidad. A medida que el CJNG continúa consolidando su poder y obteniendo más ganancias, puede y aprovechará su poder de manera violenta para interrumpir y apoderar se de una mayor participación en los mercados ilícitos re gionales y globales.

del FBI, James Sutton, cuando sostiene que “el CJNG ya ha puesto en marcha los eventos y actividades que finalmente conducirán a su desintegración e irrelevancia. Se conver tirá en el tema de leyendas e historias” (Entrevista, 2024a), por ahora el CJNG sigue en la cúspide de su carrera.

El CJNG está bien situado para desplazar a los cárteles

colombianos como proveedores principales de cocaína y está posicionado para interrumpir y cooptar las cadenas de suministro de metanfetamina, heroína, fentanilo y mari huana de la Federación de Sinaloa en los Estados Unidos y el extranjero. Además, la diversificación de la cartera cri minal del CJNG en extorsión, lavado de dinero, secuestro, robo de petróleo (huachicol) y tráfico de personas lo hace más ágil y adaptable, incluso a medida que crece su tamaño y fuerza. Finalmente, el énfasis de los gobiernos america no y mexicano en el cartel de Sinaloa (captura del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada) alimentó la fagocitosis del CJNG.

La rapidez de la expansión geográfica del CJNG es la

mayor evidencia de su adaptabilidad, agilidad y resiliencia, siguiendo una lógica espacial específica que garantice la máxima rentabilidad, obtenida mediante un altísimo gra do de geopoliticidad.

El CJNG ha capturado los puertos clave de Veracruz,

Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Golfo y el Pacífico, lo que le permite afirmar el control y consolidar componen tes clave (por ejemplo, precursores químicos) de las cade nas globales de suministro de bienes ilícitos. Gráfico 1. Expansión del CJNG desde 2009 a 2022 Fuente: El Financiero, 2023b.

La adaptabilidad, agilidad y resiliencia mencionadas so

bre el CJNG le permiten sobrevivir exitosamente (y contra atacar) a la andanada de gobernanza criminal lanzada en su contra por el gobierno federal a través de la Sedena.

La gobernanza criminal en la versión obradorista

En primer lugar, es preciso definir qué entendemos por

gobernanza criminal, un término que se utiliza cada vez con mayor frecuencia y ambigüedad.

Ya no se trata del crimen organizado actuando por fue

ra del Estado, sino que las TCOs influyen en el carácter, la forma y la evolución del orden político, son integrantes estructurales del poder. El sociólogo brasileño Souza Alves lo dice con claridad: “no es un poder paralelo, es el propio Estado. Es una gobernanza criminal” (Royo, 2022).

Explicado en términos espaciales, no es el crimen orga

nizado penetrando al Estado desde afuera (como habitual mente se entendía y como muchos definen a la gobernanza criminal actualmente) sino el Estado comportándose cri minalmente mediante un co-gobierno integrado junto con las TCOs. El caso de las milicias paramilitares en Brasil es el mejor ejemplo para comprender el fenómeno².

Volviendo al tema, la política obradorista de “abrazos no

balazos” demostró rápidamente su incapacidad para resol ver las complicadas problemáticas de seguridad del país. Se migró de un modelo altamente violento, concentrado en la captura de capos y en el enfrentamiento directo a los cárte les desde 2007, a uno que se ha autolimitado y ha reducido el combate a las organizaciones delictivas y sus cabecillas (Benítez Manaut y González, 2023).

Aunque los niveles de violencia se han reducido leve

mente a lo largo del sexenio, todavía permanecen en un nivel elevado de la escala interanual medida a mediano plazo.

Incluso tal reducción puede ser una ficción numérica

basada en un deliberado ocultamiento de datos: “días des pués de que López Obrador asumiera el cargo en diciem bre de 2018, dijo un oficial de alto rango de la Marina que su superior les ordenó explícitamente a él y a sus pares ‘ce sar todas las operaciones de inmediato’ en una región”, dijo un elemento de la Semar en Veracruz… Entre otras cosas, nos han dicho varias fuentes, esto ha incentivado desapare cer víctimas de homicidios en vez de exponerlos pública mente, cuestionando la baja oficial de homicidios” (Maza, 2024).

Observadores de la sociedad civil, trabajadores de mor

gues y funcionarios estatales hablan de asesinatos que se registran por otras causas de muerte o que no se registran, supuestamente debido a la presión política para reducir la tasa de violencia letal.

Un empleado de la morgue de una “ciudad importante”

dijo a Crisis Group que “cuando recibimos cadáveres de personas que claramente habían sido asesinadas a tiros o habían recibido golpes de gracia, a menudo se los calificaba como muertes accidentales” (Maza, 2024).

Sin embargo, muchos entusiastas de la Cuarta Trans

formación atribuyeron esa relativa mejoría a la capacidad de liderazgo del mandatario y su equipo. En realidad, el presidente fue dando cada vez mayor cabida a las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad, al punto de disol ver la Policía Nacional. Así nació la Guardia Nacional, un cuerpo militar con funciones policiales, que terminó bajo comando de la Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de las primeras intenciones en sentido contrario.

Aquellas viejas promesas de 2018 cedieron paso a una

“realidad” paulatinamente similar a los sexenios anteriores,

cuando la omnipresencia militar en el terreno definía las políticas de combate al narcotráfico.

Estas nuevas razones son menos paradisíacas y tienden

a diseminar una imagen parecida a la guerra sucia del pa sado, muy distanciada de cualquier sabia certeza que pu diera ser provista por determinadas políticas públicas de seguridad. En términos operativos, esta “suciedad” en las políticas de seguridad contra el narcotráfico es superior a las políticas militaristas del pasado, con Calderón y Peña Nieto.

Con López Obrador el narcotráfico no es un objetivo

“general” de combate, sino una política dirigida hacia una miríada de agrupaciones de diverso tamaño e importancia. Es una mirada menos ideológica y más maquiavélica, por supuesto, que habilita la adopción de estrategias puntuales que exigen mayor virtud y menos fortuna, para decirlo en los términos del gran florentino, famoso por su frase “un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas”. López Obrador así lo hizo en repetidas oca siones.

Es allí donde el Cartel de Jalisco Nueva Generación ocu

pó el foco del objetivo en coincidencia con las ambiciones de Estados Unidos. La estrategia consistió en aliarse con algunos grupos del narcotráfico local michoacano para lu char contra otros. Esta imitación de Hernán Cortés, cinco siglos después, demostró ser más desesperada que astuta. Cualquier intento de comparar al Cartel de Jalisco Nueva Generación con el asediado Moctezuma, carece de interés y veracidad.

Esta estrategia de guerra híbrida, aunque feroz, no ha

logrado los objetivos deseados y nuevamente, por si hiciera falta confirmarlo, el CJNG demostró su resiliencia.

En concreto las políticas de seguridad implementadas

bajo el mandato de López Obrador han resultado en un tipo de modus vivendi en el que los grupos criminales acep taron reducir y ocultar la violencia a cambio de la permi

sividad estatal para controlar y expandir sus operaciones (Tapia Sandoval, 2024).

Según lo afirman algunos agentes de seguridad y líde

res criminales, un acuerdo de coexistencia entre algunos comandantes militares y organizaciones ilegales ha permi tido a los grupos criminales obtener ganancias y ampliar su control sobre las comunidades, con la idea de reducir la violencia visible.

El costo del “acuerdo” entre la Sedena y determinados

grupos narcos ha otorgado mayor control territorial a gru pos pequeños, lo que no era tan claramente previsible para ambas partes al principio. El gobierno aceptaba la econo mía ilegal y los narcos aceptaban la lógica reducción de la violencia. Una política de este tipo busca que el nivel eco nómico inicial alcanzado por el narco no escale al siguiente nivel político. Se acepta que se hagan negocios ilícitos, pero no se acepta que controlen el territorio. La reducción de la violencia sería al mismo tiempo el resultado deseado y la garantía de la permanencia en el nivel económico.

La praxis concreta de los negocios ilegales se desarrolla

en un territorio determinado donde el Estado brilla por su ausencia. Dejar que el narco amplíe sus negocios a cambio de la reducción de la violencia sin acompañar esta estra tegia con una mayor presencia de todo el Estado (comu nicación, iluminación, espacio público, seguridad, trans parencia) es una entrega suicida del control territorial. La estatalidad del Estado no crece, mientras la estatalidad del narcotráfico crece, dando respuesta a la ausencia estatal.

En los “papeles” el gobierno no sería un enemigo y los

demás grupos contrincantes optarían por retirar su interés ante la opción de una feroz gobernanza criminal imple mentada por la Sedena. Hasta ese punto la lógica maquia vélica parecía funcionar bien, pensándola desde el escri torio, aunque no dejara de ser una simple repetición de la estrategia calderonista de apoyo a Sinaloa contra Juárez, solo que a una escala más “manejable” del asunto. Como puede apreciarse, esta estrategia obradorista ca

recía de geopolítica. En Michoacán y Guerrero, como bien estudiamos en capítulos anteriores, la geopolítica es todo. Economía ilegal y control territorial son la misma cosa y el permiso otorgado por el gobierno hizo que los grupos pequeños y en disputa se transformaran en grupos fuertes y monopólicos, aunque siguieran siendo pequeños. Al go bierno no le importaba mucho, ese fue el gran error.

A medida que los cambios en la estrategia de López

Obrador se han ido implementando con la finalidad de permitir un mayor margen de maniobra a los grupos cri minales a cambio de una reducción en la violencia visible, estos grupos se vieron ante la oportunidad inesperada de aprovechar una situación “servida en bandeja” para forta lecerse.

Enfocado en la gran disputa contra el Cartel de Jalisco

Nueva Generación, el escenario no dejó de empeorar. Ante el fracaso de los indicadores cualitativos (menos homici dios, pero organizaciones más fuertes) el gobierno obra dorista dio una vuelta de tuerca y se enfrascó en un nivel superior del remanido modelo de “gobernanza criminal”. Como si fuera Ayotzinapa, sin los 43 pero con 400, sin es tudiantes, pero con “criminales”.

De este modo el modelo de “acuerdo” (primer paso) se

elevó a un nivel agregado de coparticipación armada (se gundo paso), donde narcos y soldados operaron en forma consensuada contra los miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Es la formalización, casi ante notario, del conocido matrimonio entre narcos, soldados y políti cos en los hechos de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero.

Un detallado informe del International Crisis Group

(Crisis Group, 2024: 20) afirma que “las fuerzas especiales del ejército enviadas a la primera línea dudaron al prin cipio en tomar medidas contundentes contra el Cartel de Jalisco por temor a ser acusadas de crímenes de lesa hu manidad y violar así los principios del nuevo enfoque de

López Obrador. Pero después de que un grupo criminal local prometiera deshacerse de los cadáveres en fosas clan destinas, los soldados procedieron”. Es el procedimiento de Ayotzinapa.

Líderes criminales y combatientes, al igual que funcio

narios estatales, confirmaron que las fuerzas especiales del ejército asesinaron a centenares de combatientes del Car tel de Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el munici pio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista… Cerca de 400 personas han sido asesinadas. Estas bajas no han sido reportadas ni se han incluido en las estadísticas de homicidios o desapariciones.

La cercanía de narcos y militares fue muy estrecha al

punto de que “miembros de otros dos grupos criminales, un funcionario federal de alto rango y funcionarios loca les, soldados y delincuentes formaron un frente conjunto de facto contra el Cártel de Jalisco, coordinando sus ope raciones e incluso luchando uno al lado del otro” (Maza, 2024).

La gobernanza criminal de López Obrador, circunscrip

ta por ahora a territorios delimitados (algunos municipios de Michoacán), lleva la delantera a cualquier gobierno an terior. No sólo porque las problemáticas de seguridad in terior son resueltas en términos de guerra soberana sino porque los muertos y las circunstancias de sus muertes son totalmente desconocidas, ocultas y secretas.

Sin embargo, a pesar de esta significativa baja para el

CJNG, el operativo no logró desmantelar completamente al cartel, que se reorganizó y reanudó sus actividades, in cluyendo nuevos ataques contra las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La política de “acuerdo” (primer paso) se ha llevado ade

lante no solo en Michoacán sino también en Veracruz, Coli ma y Guerrero, lo que ha permitido que las organizaciones criminales diversifiquen sus actividades ilícitas mientras

mantienen un perfil bajo en términos de violencia visible (Tapia Sandoval, 2024), lo que en concreto significaba ocul tar cadáveres en vez de la tradicional costumbre de comu nicación de terror y el consecuente vertedero de muertos, cuerpos colgados, descuartizamientos y degüellos. “Según varios líderes criminales, otra clave para evitar operaciones militares es abstenerse de manifestaciones abiertas de vio lencia, lo que en la práctica implica “esconder cadáveres” (Maza, 2024). Como si fuera una corroboración del Homo Videns de Giovanni Sartori, lo que no se ve no existe.

El Crisis Group señala que se han establecido un con

junto de reglas no escritas que alientan a los grupos crimi nales a reducir sus actos de violencia abiertos y a ocultar los crímenes que cometen. En virtud del “acuerdo” los funcio narios de gobierno cierran los ojos ante ciertas actividades ilegales. Este permiso tácito habilitó para que los carteles y otras organizaciones criminales expandieran sus operacio nes de tráfico de drogas a una mayor cantidad de sustancias antes no involucradas, además de desarrollar una disemi nación de sus redes de extorsión, llegando a involucrarse cada vez más activamente en negocios legales³ en un con texto de “puertas abiertas” al crimen.

“Las ganancias de los negocios ilegales también fluyen

hacia propiedades y negocios, ofreciendo ingresos adicio nales y oportunidades de lavado de dinero. En algunos ca sos, las economías legales se han vuelto dependientes de la inversión financiera ilícita” (Crisis Group, 2024: 22).

Y finalmente, los carteles buscan y obtienen legitimidad.

“Para presentarse como más benévolos y receptivos que el Estado o los grupos ilegales rivales, estos grupos distribu yen dinero y alimentos, construyen infraestructuras como instalaciones deportivas, organizan eventos comunitarios y asumen el papel de árbitros en las disputas cotidianas de los ciudadanos” (Crisis Group, 2024: 22).

Uno de los mayores check points que esta estrategia de

gobierno ha desafiado (y sobrepasado) es el accountability horizontal y vertical, o sea la transparencia y responsabi lidad propias de toda acción de gobierno. Según da a en tender el Crisis Group las operaciones militares, como la de Michoacán, suelen llevarse a cabo sin una supervisión adecuada, lo que permite que las alegaciones de crímenes y abusos por parte de las fuerzas de seguridad queden im punes, sin ser investigadas.

Una crisis de derechos humanos es la consecuencia lógi

ca de la aplicación de estas políticas de seguridad por parte del neo priísmo obradorista.

Las revelaciones aportadas en el informe del Interna

tional Crisis Group exponen una estrategia en dos pasos (1. acuerdo y 2. exterminio) inesperada e incómoda por parte del gobierno de izquierda en México, que ha hecho de los Derechos Humanos y el fin de la guerra una exitosa bande ra electoral y política de primer orden. La realidad de la lu cha contra el crimen organizado en México pareciera ha berles despertado la crueldad propia de quienes entienden a Maquiavelo con los ojos perversos de un asesino serial.

Que la política y la moral sean cosas diferentes nunca

significó que las decisiones políticas no tuvieran en cuen ta la necesidad de comprender la complejidad de las pro blemáticas de seguridad y establecer parámetros claros de economía de la violencia. El respeto de los derechos hu manos no es una cuestión moralmente conveniente, es una cuestión políticamente imprescindible.

En temas de narcotráfico es necesario tomar en cuenta

algunas consideraciones estratégicas: 1. una vez logrado el control territorial es prácticamen

te imposible volver atrás. El control territorial significa obtener (en mayor o menor medida) los atributos del Estado nacional: monopolio, violencia, territorio, esta bilidad, población e incluso legitimidad. Cuando dicho

control es entregado en forma inesperada a pequeños grupos del narcotráfico, la estatalidad adquirida por di chos grupos es innegociable e irrecuperable.

2. que un grupo sea pequeño no significa que no sea im

portante e incluso vital. Dependiendo de la ubicación del grupo dentro de una ruta criminal, de su capacidad de asociación con otros grupos, de su cercanía o con trol sobre un puerto determinado de la costa del Pacífico mexicano, de su capacidad de gestionar la producción de hojas de coca en el lugar y otros varios etcéteras, un pequeño grupo puede tener gran relevancia.

3. la deslectura geopolítica del problema deja las decisio

nes a merced de los acontecimientos y los resultados, con los objetivos estratégicos perdiendo importancia. No se toma en cuenta la racionalidad del adversario, el por qué se encuentra allí, qué determinaciones geopo líticas operan en el comportamiento criminal. Sin una lectura geopolítica, un acuerdo con los grupos crimina les es un suicidio porque entrega formalmente un bien (control territorial) que sin la participación del Estado es muy difícil obtener. Si esa participación viene regalada, el narcotráfico disminuye todos sus costos operativos. La colusión entre autoridades y grupos criminales, aun

cuando puede haber reducido temporalmente la violencia visible, ha terminado por permitir una mayor consolida ción del control criminal sobre ciertos territorios. Si dichos territorios se encuentran encerrados en un callejón geo gráfico de cara al Pacífico, el error cometido por las autori dades es abismal.

La resiliencia del CJNG puede trastocar la gobernanza

criminal obradorista en una cooptación forzosa aún más exitosa, al sumar a su favor agrupaciones más consolidadas y territorialmente asentadas, lo que deja a la Sedena y al gobierno federal totalmente fuera del juego.

Metodología del CJNG

Un esclarecedor estudio de Natan Jones (2018: 24 y ss.)

expone las capacidades de adquisición de TTPs (tácticas, técnicas y procedimientos) del CJNG, las que aquí defini mos como una metodología de trabajo repetida incesan temente. 1. Muchos narcotraficantes en la región de Tierra Caliente

reclutaron a deportados por delitos graves de los Esta dos Unidos, que tenían experiencia en cárceles y pandi llas estadounidenses.

2. Posteriormente, el CJNG “adoptó” algunas de estas “cé

lulas huérfanas” del crimen organizado en la región.

3. El CJNG patrocinó varias fuerzas de autodefensa en

2012 contra sus rivales en la zona y estas fuerzas de auto defensa recurrieron a deportados por delitos graves y ex miembros de pandillas estadounidenses, lo que implica cooptar su experiencia de prisión y trabajo de calle.

4. El jefe del CJNG (Nemesio Oseguera Cervantes) pasó tres

años en una prisión estadounidense por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir su condena se tras ladó a México, donde trabajo como oficial de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en la costa del Pacífico ja lisciense (InSight Crime, 2019), antes de unirse al Cártel del Milenio, que a su vez se convirtió en brazo armado del Cartel de Sinaloa. Se trata de un hombre formado en ambos lados del uso de la fuerza y control del territorio.

5. El CJNG ha forjado una alianza en Tijuana con rema

nentes de la Organización Arellano Félix (AFO/Cártel de Tijuana) e incorporó a ex miembros de la AFO trafican do bajo su comando. El CJNG se destaca por su notoria capacidad de implementar alianzas (Jones, 2018: 32-33).

6. El control total de las instalaciones del penal de máxima

seguridad de Puente Grande⁴ (Tonalá, Jalisco) ejercido a

través del liderazgo de Gerardo Botello Rosales (el Cachas) por parte del CJNG expresa la debilidad del Estado mexi cano. También es una oportunidad para que el CJNG lleve a cabo sus operaciones en un formato seguro desde la pri sión, negocie nuevas alianzas, castigue a sus rivales, reclute nuevos miembros e intercambie TTPs (Jones, 2018: 25).

7. A diferencia de otros grupos delictivos organizados

mexicanos, adaptados a utilizar redes de compra de ar mas de fuego y municiones a través de intermediarios en el mercado de Estados Unidos, el CJNG ha optado por la producción nacional (Jones, 2018:25).

8. El estratégico control de los puertos de Veracruz y Mata

moros en el Golfo de México, más los puertos de Man zanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico (Mayen, 2024f), ubicados en ambas costas de México, otorga al CJNG ac ceso a todo el territorio mexicano, al doble litoral oceá nico y a Estados Unidos (Matamoros).

9. En líneas generales la fragilidad del Estado mexicano en

diversos sectores es el factor más importante que expli ca la expansión del CJNG. Un problema clave en juego es la estructura fiscal, que no logra financiar adecuada mente el aparato de aplicación de la ley. La necesidad de una reforma judicial y del sistema penitenciario son importantes en este punto.

10. La hipótesis de un sostén institucional de alto nivel para

las actividades del CJNG está apoyada en la actuación criminal conjunta de la Guardia Nacional con el CJNG en el sureste del país. La teoría indica que “el crimen or ganizado no funciona sin acuerdos tácitos o implícitos con la política y agentes del Estado” (Lombardi, 2024) y “se sabe que la expansión del narcotráfico no es posible sin la protección, pasividad o tolerancia de alguna par te del Estado, cuando se asocia con el narcotráfico para una suerte de ‘co-gobierno de la seguridad’, donde, de hecho, se reparten controles sobre el territorio (Barrios y Emmerich, 2018).

Una afirmación rotunda sobre el sostén institucional del

CJNG que pueda sostenerse en datos concretos, más allá de algunos casos todavía aislados, aunque importantes, toda vía está pendiente.

La Guardia Nacional en la gobernanza criminal

En los años 2021 y 2022 varios miembros de la Guardia

Nacional fueron investigados por la Secretaría de la De fensa Nacional (Sedena) por su posible complicidad con el CJNG en actividades delictivas como robo de hidrocarbu ros, trasiego y venta de drogas, tráfico de migrantes, mane jo de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organi zada, entre otros delitos (Piña, 2022). Los hechos ocurrie ron en la región sureste del país, en una amplia variedad de entidades.

En estas investigaciones confidenciales de la Sedena se

señala el involucramiento de la Guardia Nacional, autori dades locales y federales de seguridad para dar protección y apoyo logístico a organizaciones delictivas con operación en la región sureste que comprende Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

En marzo de 2024 se supo que al menos tres integran

tes de la Guardia Nacional en Veracruz estaban coludidos con miembros del CJNG para el tráfico de migrantes, el trasiego de drogas y otros delitos, de acuerdo con una in vestigación interna del Ejército. En consecuencia, la Guar dia Nacional (GN) y el CJNG trabajaban de la mano para controlar el tráfico de personas migrantes que cruzan la frontera mexicana.

Los miembros de la Guardia Nacional, apodados “Co

mandante España” y “Comandante Fénix” más un tercero del que no se menciona su cargo, son quienes estarían co ludidos con integrantes del CJNG (Rodríguez, 2024).

Insólitamente el “Comandante España” y el “Coman

dante Fénix”, que aparecen operando en 2024, son los mis

mos que operaban en los hechos criminales de 2021-2022. Ya no se trataría entonces de la conducta criminal de “algu nos miembros”, sino de un comportamiento institucional prolongado, un encubrimiento propio de la verdadera go bernanza criminal, al menos en esa zona del país.

En el capítulo sobre Chiapas y Oaxaca, mencionamos

que la periodista Anabel Hernández daba cuenta de esta re lación institucional.

Importancia operativa del CJNG

El CJNG tiene presencia en casi todo el país, excepto

en Sinaloa, la zona del Triángulo Dorado (Durango, Chi huahua, Sinaloa) y la reciente retirada de la Ciudad de Mé xico. El atentado contra el secretario García Harfuch en junio de 2020 fue la expresión del fuerte intento del CJNG por penetrar en la capital de país, aunque ahora está prác ticamente en retirada de la Ciudad de México.

La penetración territorial del CJNG es desigual, mante

niendo su enfoque principal en el litoral pacífico (Jalisco, Nayarit y Colima -especialmente en el puerto de Manzani llo-, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y en el litoral atlántico (Veracruz, Tamaulipas), teniendo en cuenta que Michoacán y Guerrero son su eslabón débil.

Es un enfoque típicamente geopolítico, desde los puer

tos hacia el norte, siguiendo la ruta de las Sierras Madres y los callejones territoriales que van de la sierra al mar. Sin embargo, hay dos cuestiones que nublan el panorama del CJNG: 1. El bastión sinaloense es una muralla todavía infranquea

ble, aunque la captura del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada abre un horizonte donde la penetración del CJNG en el prohibitivo estado de Sinaloa pudiera tener una posibilidad.

2. La disputa irresuelta por Zacatecas es el otro punto to

davía irresuelto en el desarrollo del CJNG. La ruta cen

tral del país, con el hub de conexión en Zacatecas, está en plena disputa territorial, cediendo la Ciudad de México, sin definición clara en Guanajuato y muy baja presen cia en Chihuahua, donde la asociación con el Cartel de Juárez no funcionó. El centro del país es el punto débil del CJNG y su probable sentencia de muerte. Ambas cuestiones (Sinaloa y la ruta central) pudieran

ser eventualmente el punto de inflexión mencionado por James Sutton, además del fallecimiento del líder Nemesio Oseguera.

Dice InSight Crime (2024) que “el CJNG ha sido asocia

do con el uso extremo de la violencia”, una característica con la que todos los analistas coinciden, como si se tratara de los nuevos Zetas (cuando justamente fueron conocidos inicialmente como Los Matazetas). Tras el surgimiento del CJNG, la tasa de homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas aumentó conside rablemente en Jalisco, un fenómeno que hizo eclosión en el año 2022 con el descubrimiento de 41 fosas clandestinas (Jiménez, 2024b).

El acento en la violencia, que todos ponen de relieve al

referirse al CJNG, no dice nada específicamente relevante sobre el Cartel y por momentos no queda claro si se trata de una fuerza combatiente o un cartel dedicado al tráfico de drogas.

La importancia del CJGN en ambos aspectos (militar y

narcotraficante) no debe subestimarse. A raíz del arresto del Mayo Zambada en julio de 2024, el especialista Peter Zei han dijo que “si hubiera querido causar un impacto mayor, el objetivo habría sido un tipo llamado El Mencho, líder del grupo contrario a Sinaloa en México, conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de El Cha po o El Mayo, El Mencho dirige su organización como un espectáculo unipersonal y un jefe criminal, que gobierna mediante el miedo y la violencia, que es el objetivo de su operación. Resulta que gana dinero vendiendo drogas. Eli

minarlo probablemente llevaría a un impacto significativo en el flujo de cocaína a mitad de mandato, aunque no le pondría fin” (Zeihan, 2024).

Confirmando la hipótesis, Benítez Manaut y González

(2023) afirman que “la principal debilidad de la estrategia del gobierno de México es que no se ha podido capturar a su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, por lo que la pri mera línea del liderazgo continúa en operación. Eso le da gran ventaja al CJNG sobre el Cartel de Sinaloa”.

Para la expansión territorial y el control de mercados, el

CJNG ha disputado con diversas agrupaciones criminales. Según se muestra en la información del Programa de Da tos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (2019), entre enero de 2011 y diciembre de 2019, el CJNG estuvo identificado en 1.493 enfrentamientos contra otras agrupa ciones. De acuerdo con los datos, el crecimiento fue cons tante y notorio desde 2013, al pasar de 17 enfrentamientos en 2011, a 597 en 2019.

Sobre las organizaciones con las que registraron una

mayor cantidad de disputas se encuentran: el Cártel de Si naloa de Sinaloa con 644, Los Zetas con 314, el CSRL con 210, La Nueva Familia con 107, el Cártel Nueva Plaza con 76 y los Caballeros Templarios con 71 (Benítez Manaut y González, 2023). Gráfico 2. Cantidad de enfrentamientos del CJNG por año Fuente: Benítez Manaut y González, 2023.

La lucha contra el CJNG

Desde 2019 los medios de comunicación mexicanos in

formaron que el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cer vantes, ‘El Mencho’, sufre de insuficiencia renal avanzada y está muy enfermo, suponiendo una lucha por la sucesión en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los conflic tos internos propios de tal disputa. A pesar de que El Men cho, según todos los informes, está muy enfermo y buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos, permanece aislado y escondido en las montañas entre las fronteras de Jalisco y Nayarit, y está recibiendo el tratamiento médico necesario. El gobierno dijo que fuentes cercanas a la orga nización criminal confirmaron que ‘El Mencho’ requiere diálisis frecuentes, complicando una posible fuga (Larios, 2019).

Ante estas complicaciones, las administraciones encabe

zadas por Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas del orden estadounidenses analizan la implementación de una unidad de seguridad binacional que se encargue de cazar al traficante más poderoso del mundo. Además, la extradi ción de Rubén Oseguera González, hijo del Mencho, sería otro golpe a la estructura del CJNG que provocaría una lu cha interna por el control de las actividades criminales.

Desde su surgimiento, el CJNG siempre fue una orga

nización altamente resiliente y geográficamente dispersa, absorbida por miembros experimentados de los cárteles del Milenio y Sinaloa.

Desde 2015, el CJNG adoptó células criminales huérfa

nas abandonadas a raíz de la estrategia de capos de Estados Unidos y México y la fragmentación resultante de los Gru pos del Crimen Organizado (OCG).

Esta capacidad selvática de reproducción demuestra los

límites de las estrategias cinéticas en la guerra contra las drogas, ya que el sistema mexicano de narcotráfico parece estar reconsolidándose bajo el CJNG. Se discuten áreas de

reforma de políticas como la implementación de la refor ma legal, el desarrollo de capacidades del sistema penal y los objetivos de la reforma tributaria (Jones, 2018), elemen tos que resultan imprescindibles para reducir la importan cia del CJNG y modificar la capacidad mexicana de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Durante la administración de López Obrador, el CJNG

se afianzó en sus operaciones y se ha convertido en el gru po más poderoso del país. Existe suficiente evidencia para sostener que el grupo se está expandiendo y es capaz de sostener pequeñas guerras simultáneas en diferentes pun tos del territorio nacional. Esto se debe a su capacidad económica, armamento y logística, así como a las alianzas construidas mediante la corrupción y su capacidad de ejer cer gran violencia. Los golpes que han dado los gobiernos de ambos países al Cartel de Sinaloa, como capturar y en juiciar en Estados Unidos al Chapo Guzmán y a miembros de su familia, han favorecido al CJNG (Benítez Manaut y González, 2023).

Por el momento se despliega una estrategia fracasada en

un país donde el gobierno se está debilitando y se reducen los estados y territorios donde hay gobernabilidad y paz social. Se trata de “buscar enfoques precisos más amplios, integrales, con acciones que reconstruyan las comunidades y ciudades afectadas por la violencia. Las estrategias de re construcción social y política se deben impulsar para que pueda ser efectivo el esfuerzo de los aparatos de seguri dad, justicia y de inteligencia” (Benítez Manaut y González, 2023).

Entre la legitimidad y la demostración de fuerza

El sitio especializado InSight Crime afirma que “el CJNG

también es conocido por dirigirse a la sociedad mexicana a través de una propaganda idealista, haciendo referencia a la solidaridad y prometiendo deshacerse de otros grupos

criminales que operan en su territorio, como Los Zetas y los Caballeros Templarios” (InSight Crime, 2024).

Durante la pandemia del Covid-19 el CJNG buscó ganar

base social mediante el apoyo a determinadas comunida des. En junio de 2020 el grupo repartió juguetes a niños en comunidades en Veracruz, donde mantiene una fuerte disputa con algunos grupos disidentes de Los Zetas. Tam bién han repartido víveres en diversas zonas del país, tales como la propia ciudad de Guadalajara, la segunda más im portante del país.

Esta “estrategia de aceptabilidad” es repetida por la más

variada cantidad y tipo de organizaciones. Desde el fascis mo italiano con Mussolini⁵, pasando por China en medio de la pandemia⁶ y terminando con las organizaciones de narcotráfico de todo el mundo (Martínez, 2024).

El logro de cierta legitimidad es el grado más avanza

do del control territorial porque permite la conversión del cartel o grupo en legislador local, al estilo del príncipe de Maquiavelo tras haber obtenido una victoria duradera, que le permite diferenciar lo que es moral y lo que es inmoral.

El uso inteligente de las redes sociales colabora con esta

finalidad. En detalle, el narcobranding incluye la difusión de contenido a través de representantes de los cárteles y sim patizantes que comparten videos y otros contenidos digita les en plataformas sociales (Martínez, 2024).

Sin embargo, la estrategia de aceptabilidad no es el as

pecto fuerte del CJNG, un perfil donde la gente de Sinaloa

siempre ha sido más eficaz. El CJNG por el contrario pone mayor énfasis en la demostración de fuerza.

Weisz (2021) afirma que “el CJNG adopta un enfoque

único para este esquema y publica varios videos cuidado samente elaborados que muestran su poderío militar. Por primera vez en la historia de México, el cartel desafió di rectamente al gobierno. Guevara (2013) examina cómo los videos publicados en línea solían dirigirse principalmente a los carteles rivales. El desafío no es simplemente contra las fuerzas de seguridad mexicanas, sino que es un desafío contra la idea de la cuarta transformación y una nueva es trategia para combatir las organizaciones del narcotráfico (ONT)”.

Capítulo 10Narcotráfico y seguridad en la cuarta transformación

La excepcionalidad mexicana

En América Latina hay países donde el crimen organizado tiene grandes dimensiones, las desapariciones son

inquietantes, la violencia del Estado está excepcionalmente presente, los feminicidios son una epidemia, la impunidad es casi absoluta y las tribulaciones de las poblaciones indígenas es abrumadora.

Así sucede en Brasil con los narcos y las desapariciones, en

Colombia con la violencia, en Bolivia con la minería ilegal, en Perú con las plantaciones de coca, en Venezuela con la violencia policial, en Centroamérica con los migrantes y en todos lados con las mujeres.

Pero ningún país reúne todas esas calamidades al mismo

tiempo y en dimensiones tan exuberantes como sucede en México desde hace varios años.

Al mismo tiempo es un país con un desarrollo económico

de primera importancia global y miembro del renovado T-MEC, junto con Canadá y Estados Unidos. Es la segunda economía latinoamericana después de Brasil y una de las 15 economías más grandes del mundo (UP, 2023).

Este esquizofrénico panorama agrega el dato de más de

55 millones de pobres que habitan el país, de los cuales 11 millones son indigentes (Islas Mendoza, 2023). Inseguridad, pobreza y desarrollo componen un trípode incómodo a la hora de comprender a México, algo similar a lo que sucede con los demás países de la región, pero nadie tiene tanta inseguridad, tanta pobreza y tanto desarrollo como México… y Brasil, las dos potencias regionales.

Una descomunal crisis de derechos humanos

Los múltiples desafíos de seguridad en México se han

visto complicados por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, a pesar de su comunicativa consigna de “abrazos, no balazos”, los homicidios no han dejado de crecer. La cantidad promedio de 33 mil homicidios al año es mucho más elevada que la que enfrentó el presidente Calderón en el año 2006 al iniciar la guerra contra el narcotráfico en su nativo Michoacán (Ellis, 2022), aunque Calderón fue y es el responsable de la epidemia mexicana de homicidios. Gráfico 1. Homicidios en el sexenio obradorista (diciembre de 2018- septiembre de 2024) Fuente: Penna Charolet, 2024.

Según Research International, el sexenio obradorista

sumaba hasta julio de 2024 casi 200 mil homicidios dolosos (194,218 homicidios). Esta cantidad de homicidios ha ido disminuyendo levemente, con un descenso más importante en el año 2022, sin cambiar la tendencia alcista de los últimos 32 años, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Al terminar el mandato de López Obrador, el 1° de

octubre de 2024, los homicidios superaban los del año anterior 2023. Gráfico 2. Homicidios por año y por sexenio en México. Período 1990-2024 Fuente: Penna Charolet, 2024.

El sexenio obradorista apunta a ganar el primer lugar

en la mayor cantidad de homicidios de la historia reciente del país. Mientras Peña Nieto tuvo el pico de homicidios al finalizar su mandato, López Obrador lo tuvo al comenzar, descendiendo recién en el cuarto año de mandato. Todo esto a pesar de la estrategia de encubrimiento estadístico diseñada desde el gobierno federal.

Lo mismo sucede con las desapariciones. De acuerdo

con Naciones Unidas, México tiene 100 mil personas desaparecidas (ONU, 2022), aunque Research International registra una cantidad un 10% superior, con 110.045 desaparecidos (Penna Charolet, 2024a). Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 39.275 mexicanos se sumaron a la estadística de desapariciones, hasta marzo de 2023 (Penna Charolet, 2024a). Gráfico 3. Desapariciones en México por sexenio. Período 1988-2024 Fuente: Penna Charolet, 2024a. No se trata solamente de que el gobierno hace las cosas

mal, que sí las hace, sino que además gran parte del asunto reside en el diseño de la Estrategia de Seguridad Pública 2019-2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019 (ENSP, 2019).

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública

La ENSP 2019-2024 define ocho (8) objetivos que se

relacionan con la corrupción, el empleo, los derechos humanos, la regeneración ética, el combate a las drogas y la paz.

En este enfoque políticamente correcto se aprecian

algunas carencias significativas: 1. No hay ninguna mención a la mujer, no se habla de vio

lencia contra la mujer ni aparece el término género, una ausencia constante en las 81 páginas de la Estrategia. En la Ley de creación de la Guardia Nacional tampoco se menciona nada respecto a la mujer.

2. Al contrario de las afirmaciones de la seguridad ciudada

na, la ENSP 2019-2024 entiende que la seguridad es un

servicio (no un bien) cuya responsabilidad recae en el Es tado. La participación ciudadana, un elemento presente en toda política de seguridad ciudadana, no tiene refe rencias en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

3. Se desprende de la lectura del documento una idea pri

mitiva de que toda mejora de los indicadores sociales traería consigo en forma automática una mejora de los indicadores de seguridad y paz, contradiciendo afirma ciones consolidadas de los especialistas.

4. El diagnóstico de seguridad propio de la ENSP 2019-

2024 está formulado en términos políticamente correc tos. A pesar de ello, el vocabulario abunda en expre siones clásicas de la visión securitista tradicional, tales como la mención al “combate” a las drogas. La Estrategia está cargada de análisis correctos y

progresismo discursivo, una combinación de ciencia e ideología que resulta peligrosa cuando se habla de seguridad.

Establece que el objetivo de la Seguridad Pública busca

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública. Con mucha razón afirma que no es suficiente identificar cuál es la problemática principal de seguridad, sino que hace falta “plantear una Estrategia Nacional de Seguridad Pública que devuelva a la sociedad la paz y tranquilidad a la que tiene derecho”. Mejor dicho, imposible.

La administración obradorista creó la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana reemplazando a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional, solucionando correctamente la increíble decisión peñista, aunque el traspaso de la Guardia Nacional a manos de la Sedena le quite prácticamente toda relevancia y la contradiga severamente.

El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel

López Obrador recibió una “seguridad en ruinas y un país

convertido en panteón. La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia. La dimensión del problema no puede reducirse solo al narcotráfico. La vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común” (ENSP, 2019: 5).

Enfrentando con claridad la “guerra” calderonista, la

Estrategia dice que es necesario esclarecer términos y definiciones y dejar de lado “la fantasía de que es posible superar la circunstancia de violencia mediante soluciones unidimensionales como la estrategia represiva policial- militar, práctica básica y casi única en los dos sexenios anteriores”.

Es necesario establecer nuevos paradigmas de seguridad

nacional, interior y pública (ENSP, 2019: 7). En un país donde se cometen casi 31 millones de delitos al año, el 99 por ciento de ellos queda impune. México ocupa el puesto 138 en el Indice de Percepción de la Corrupción sobre un total de 180 países, con un puntaje de 28 sobre 100 (ENSP, 2019: 13).

La ENSP plantea adoptar modelos de justicia transicional,

de cultura de paz y de recuperación de la confianza en la autoridad, como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. Hasta aquí todo parece estar bien dicho, pero rápidamente comienzan los problemas, cuando los grandes principios buscan convertirse en política pública.

Muy arriesgadamente dice que la construcción de la paz

obliga a cambiar el paradigma de seguridad prevaleciente respecto al victimario, con la condición de una plena colaboración con la justicia, una manifestación inequívoca de arrepentimiento, garantizar la no repetición de los crímenes cometidos y proveer a la reparación del daño (ENSP, 2019).

Cambiar el punto de vista sobre el consumo de drogas

es un punto destacado en la ENSP. Dicho cambio puede reducir significativamente las adicciones y terminaría con

uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad y el extendido quebrantamiento del estado de derecho (ENSP, 2019). Los planteos sobre la despenalización del consumo de drogas son acertados en términos generales, pero muy problemáticos en términos concretos, además de tener un muy escaso impacto sobre las problemáticas de seguridad. La despenalización y estatización del consumo de marihuana en Uruguay es un buen ejemplo de la escasa incidencia de esta política pública, cuyo inmediato (y único) impacto positivo es la reducción de la población carcelaria.

Avanzando aún más en la adopción de riesgos no

calculados, la Estrategia se vuelca hacia la revisión de los expedientes de los acusados y sentenciados en virtud de las anteriores estrategias de seguridad, al igual que respecto a los sentenciados, para determinar si pueden ser objeto de amnistía o indulto (ENSP, 2019).

La ENSP 2019-2024 es disruptiva, innovadora y

discursiva. En líneas generales se trata del traslado de los eslóganes de la campaña electoral al diseño de una estrategia de seguridad, contradiciendo la estricta lógica científica de las problemáticas de seguridad, que pueden llevarse muy bien con la paz y el bienestar si al mismo tiempo se respeta la racionalidad científica. Cuando eso no sucede, la brutalidad propia de la racionalidad criminal se lleva todo por delante.

Este enfoque ideológico y prescriptivo coincide con la

percepción que el gobierno tiene sobre sí mismo y de la respuesta que la nueva administración entendía que debía dar a los electores.

El perdón a los victimarios, el arrepentimiento, la

reparación de daños, la amnistía y la garantía de no repetición son paradigmas moralmente defendibles, pero políticamente inviables. La mención de tales callejones en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública construye un edificio cuyas bases amenazan desmoronarse al primer empujón, como efectivamente sucedió en octubre de 2019

cuando la fallida captura de Ovidio Guzmán resultó en el absoluto ridículo federal.

Por último, aunque la Secretaría creada se llama

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia se llama Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Cuando la ambigüedad entre seguridad ciudadana y seguridad pública brilla en los títulos no se puede esperar mucho de la película.

La protección del Estado

Un informe del gobierno federal mexicano afirmó

que agentes de la Fiscalía de Edgar Veytia Camberros en Nayarit llevaron a cabo desapariciones generalizadas de miembros del H-2 (una escisión del cartel de los Beltrán Leyva) a principios de 2017 para despejar el camino a los operativos del CJNG. Eran los tiempos del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, amigo personal de Veytia.

Otra información sostiene que la dupla apoyaba

alternativamente tanto al H-2 como al CJNG (Infobae, 2020), lo que parece más cercano a la realidad. La guerra del CJNG contra el H-2 recrudeció en Nayarit en aquellos años. Cuando fue detenido en 2017, Veytia confesó que trabajaba para el CJNG mientras Sandoval fue incriminado en Estados Unidos por sus vínculos con el CJNG (El Financiero, 2019).

Desde el principio, Sandoval y Veytia buscaron imponer

un modelo de mando único en la policía, colocando las operaciones y estrategias de las 20 fuerzas policiales municipales del estado bajo el mando de la Fiscalía de Veytia (USIP, 2023). Una reforma de 2015 creó una Super Fiscalía, concentrando el control del aparato judicial y de las fuerzas policiales estatales y municipales.

En el caso de Nayarit, parece que la corrupción de

las instituciones de seguridad del Estado fue un factor

decisivo en la capacidad de un determinado grupo delictivo organizado (CJNG) para sobrevivir y prosperar. El Departamento de Justicia alegaría más tarde que la organización H-2 también estaba recibiendo apoyo del alto general de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quien proporcionó información adicional y desvió las operaciones de la Sedena por fuera de la H-2 (USIP, 2023).

El 6 de mayo 2016, el Departamento de Justicia de

Estados Unidos inició, ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, un maxiproceso contra al menos 24 integrantes del Cártel H-2 que, según revelaron las autoridades estadounidenses, habría sido protegido por el ex secretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos (Infobae, 2020a). Gráfico 4. Homicidios en Nayarit durante la gobernanza criminal de Sandoval Castañeda Fuente: USIP, 2023: 79.

Los homicidios decrecieron fuertemente durante el

período de gobierno de Sandoval Castañeda, ascendiendo ferozmente en 2017-2018, cuando la cobertura estatal- judicial desapareció. La paz narco, buscando el predominio estable de un grupo por sobre el resto, es un performador eficaz (y engañoso) de la reducción de homicidios, entre

otras cosas porque la gobernanza criminal incluye un manejo despiadadamente arbitrario de la cifra negra.

Lo más importante es que el caso de Nayarit pone

de relieve el hueso duro del significado político del narcotráfico. El grupo Sandoval-Veytia tenía el control institucional monopolizado a tal punto que podía arbitrar con suficiencia y grandes beneficios entre los diversos grupos, aunque finalmente se volcaron hacia un apoyo explícito al CJNG. Por el otro lado, desde la Sedena, más arriba en la escalera, el grupo H-2 recibía apoyo del propio secretario Salvador Cienfuegos.

Dicho de otra forma, en muchos casos los combates y

guerras entre grupos narcos no son más que la expresión armada de las disputas políticas al interior de las instituciones de justicia y seguridad de México (Fiscalía y Sedena).

La hipótesis de que existe un sostén dentro de la Sedena

a favor del CJNG, lo que explica su fuerza, velocidad y resiliencia, está por probarse, aunque los apoyos institucionales a nivel local abundan y son conocidos, como el caso mencionado aquí.

“Nayarit tampoco es un caso único. Hay ejemplos

reiterados que demuestran que las fuerzas de seguridad estatales de élite, bajo un liderazgo irresponsable, son propensas a la subversión criminal y, en casos extremos, estas fuerzas se han convertido en operadores criminales independientes. En Coahuila, una unidad policial

militarizada, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), se hizo cargo de las operaciones criminales en el estado y participó en el contrabando de drogas y armas, el secuestro y la extorsión” (USIP, 2023: 81).

El caso de Nayarit, acontecido en los años de la

gubernatura de Sandoval Castañeda (2011 a 2017), ilustra que los narcos sí tienen apoyo de diversos sectores de la Sedena, incluyendo eventualmente al propio secretario,

aunque en el sexenio obradorista el ejecutivo federal gustaba mostrarse por encima y afuera de todos ellos, en un pretendido rol bonapartista. La periodista Anabel Hernández ha investigado

profusamente los vínculos del presidente federal con el Cartel de Sinaloa, dentro de los cuales la premura en el rescate de Salvador Cienfuegos destaca como un descarado contubernio mafioso. Estados Unidos lo sabe, pero “simplemente no quieren arruinar la relación, así que Obrador no está engañando a nadie” (Hernández, 2024: 228).

En 2023 el que fuera secretario de la Defensa Nacional

bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, detenido por Estados Unidos acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas, fue condecorado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con una presea simbólica de la academia militar mexicana (LATimes, 2023).

Más allá de la desprolijidad política del operativo

americano, determinadas posiciones de poder permanecen intocables, un nivel al que ningún cartel del narcotráfico se acerca ni remotamente.

¿Quién protege al CJNG? Todavía no podemos

responder esa pregunta. Sabemos que “las organizaciones criminales no existen sin alianzas y protecciones políticas” (Le Cour Grandmaison, 2022), aunque dichas alianzas sean inestables. Pero “necesitamos investigaciones por parte de los medios, de la sociedad civil y del Estado que vayan más allá de quién aprieta el gatillo de la pistola y nos permita, finalmente, contestar quién manda a matar en México” (Le Cour Grandmaison, 2022).

Homicidios, fosas comunes y desapariciones

Si bien los homicidios han comenzado oficialmente a

tener una tendencia a la baja durante el actual gobierno, las desapariciones -que muy probablemente resultan en la

muerte de las víctimas- han aumentado, afirma el Crisis Group (2024).

Como muestra el Gráfico 3 la cantidad de desaparecidos

en el sexenio obradorista trepa hasta 39.275. Desde 1988 (32 años) México acumula 110.045 personas desaparecidas.

El 28 de octubre de 2023, Animal Político dio a conocer

que durante los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos bajaron un 12.7% respecto a 2018, pero el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó un 27.69%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Entre 2019 y 2022, el gobierno de la Ciudad de México

dejó un porcentaje del 35% de muertes sin clasificar. Es decir que 6,036 fallecimientos fueron reportados como “evento de intención no determinada”, de acuerdo con datos del INEGI (Maza, 2023).

Se trata de un “encubrimiento de homicidios y suicidios

en algunas entidades, empezando por la Ciudad de México”, en la que los forenses no pudieron determinar si la muerte fue un presunto homicidio, suicidio o accidente, por lo que las dejaron sin clasificación… más de la mitad se concentran en el Estado de México y la Ciudad de México, pero también figuran Jalisco, Puebla, Michoacán y Guanajuato” (Maza, 2023).

En junio de 2023, López Obrador pidió realizar un censo

de personas desaparecidas, lo que llevó a la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a renunciar. Ella afirmó que el censo del gobierno buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas que solo tuvieran un indicio de su “localización” o casos similares, razón por la cual decidió salir rápidamente.

El 13 de marzo de 2024, Animal Político dio a conocer

que con el nuevo censo de personas desaparecidas de

AMLO al menos 10,720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de estos delitos, según los resultados de un análisis comparativo en colaboración con la organización Data Cívica (Maza, 2023). Gráfico 5. Desaparecidos en todo México, años 2002, 2023 y 2024 Fuente: Red Lupa, 2024.

Después de un año de llegar a 100,000 casos de personas

desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3% en 2023 y un 6.3% en 2024. A la fecha (agosto 2024) los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento. Gráfico 6. Porcentaje de desaparecidos en el sexenio obradorista Fuente: Red Lupa, 2024. Gráfico 7. Menores desaparecidos en el sexenio obradorista. Fuente: Penna Charolet, 2024: 12. Los cinco estados que tienen la mayor cantidad de casos

de personas desaparecidas en 2024 son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, que concentran el 48% de las personas desaparecidas del país. Gráfico 8. Desaparecidos por Estado Fuente: Red Lupa, 2024.

Las desapariciones encierran un subcapítulo referido

a las fosas clandestinas, donde Jalisco cobra nuevamente protagonismo, eventualmente vinculado con el Cartel de Jalisco.

En el recuento de todo el sexenio del gobernador de

Jalisco, Enrique Alfaro, el número de fosas clandestinas

asciende a 154, siendo el año 2022 en el que se descubrieron más entierros ilegales (41 casos). En ese periodo de tiempo la cantidad de cuerpos recuperados llegó a 1,753, de los cuales un 31% (544) fueron desenterrados sólo en el año 2020.

Del total de las inhumaciones ilegales, 67 fueron

descubiertas en Tlajomulco de Zúñiga, 26 en Zapopan, 16 en San Pedro Tlaquepaque, 12 en El Salto, 7 en Guadalajara, 6 en Tonalá y 5 en Lagos de Moreno. Gráfico 9. Fosas clandestinas en Jalisco Fuente: Jiménez, 2024b.

Sin embargo, Jalisco no ocupa el primer lugar en este

triste asunto. Veracruz encabeza la lista fúnebre con 344 fosas clandestinas, seguido de Sinaloa (283), Guerrero (238) y Michoacán (228).

Hasta el momento la fosa más grande encontrada en

Jalisco fue localizada en el municipio de El Salto, donde en octubre de 2020 colectivos de búsqueda y autoridades desenterraron los restos óseos de 134 personas. Sin

embargo, entre noviembre de 2019 y julio de 2020 se excavaron las fosas conocidas como Mirador 1 y Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se hallaron 164 cuerpos.

Jalisco (base natural del CJNG) sí es el líder nacional en

casos de desaparición forzada con más de 15,000 casos reportados desde el 6 diciembre de 2018 hasta agosto de 2024 (el sexenio obradorista), según la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía del Estado (Neri, 2024).

La fragmentación

Lidia Arista (2023) afirma que “antes de que México

declarara la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, 18 organizaciones criminales se disputaban el territorio. Sin embargo, debido a la fragmentación de la criminalidad hoy son 44 las agrupaciones que se enfrentan por el mercado, espacio y que han dejado más de 370,000 homicidios dolosos en el país en los últimos 16 años” (Arista, 2023a). Gráfico 10. Agrupaciones delictivas con presencia nacional por gobierno Fuente: Arista, 2023a.

La fragmentación de grupos criminales se ha dado

por capturas de jefes o por disputas internas en las organizaciones. Cualquiera que sea el motivo de la atomización de las agrupaciones, la presencia de más grupos criminales ha contribuido a acentuar la crisis de violencia en México.

Conclusiones

La fragmentación de los carteles es un proceso que

la Cuarta Transformación heredó de la administración calderonista. La actual fragmentación tiene que ver con una localización municipal del narcotráfico respondiendo al crecimiento del narcomenudeo y los requerimientos del mercado interior, tras la legalización de la marihuana en la frontera americana (2018), la pandemia y el bloqueo fronterizo del tráfico de drogas (2020).

El proceso de municipalización del narcotráfico

mexicano comenzó un par de años antes de la pandemia, en 2018. La legalización del consumo de marihuana en el fronterizo estado de California, efectiva a partir del 1 de enero de 2018, produjo sobre México una onda expansiva a la que se sumó Canadá que aprobó la legalización nacional efectiva a partir del 1 de julio de 2018.

California es el mercado de marihuana más grande de

Estados Unidos y fue el primer punto del país en donde se despenalizó el consumo de cannabis por razones médicas en 1996 y por razones recreativas en 2016. Arizona lo hizo en 2020, Nuevo México en 2021 (Norris, 2022). Sólo Texas no ha legalizado el consumo recreativo de marihuana en la larga frontera de Estados Unidos con México.

Desde 2018, cuando abrieron las primeras boutiques

de marihuana con sello oficial en California, el estado más poblado de Estados Unidos (40 millones de habitantes), el comercio ilegal se ha mantenido estable con 8.000 millones de dólares anuales. Por el contrario, el mercado

legal enfrenta dificultades. En 2022 las ventas cayeron 8,2% en comparación con 2021, alcanzando 5.300 millones de dólares (France24, 2023).

Las primeras reacciones frente a la legalización

californiana implicaron una presión compensatoria de los mercados mexicanos hacia el aumento del consumo interno que sigue siendo ilegal para el uso recreativo. Los narcos mexicanos replicaron el proceso colombiano de recuperar utilidades en el mercado nacional mientras asisten a la pérdida de los mercados de contrabando hacia el norte. Ante la reducción de la demanda en Estados Unidos, las organizaciones de narcotráfico en México buscaron capitalizar el mercado local de consumo de marihuana, que está creciendo (InSight Crime, 2022a).

El paso a las drogas sintéticas fue otra estrategia del

narcotráfico en México. Los datos de las clínicas de adicción del gobierno mexicano y de la sociedad civil sugieren que las metanfetaminas son la principal droga por la que los usuarios buscan tratamiento, superando el alcohol y la marihuana. Y en 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la cantidad de adictos a la metanfetamina aumentó un 775% desde el año 2000 (InSight Crime, 2022a).

El negocio pasó de ser una estructura autoritaria, vertical,

cartelaria y muy rentable a un negocio democrático, horizontal, fragmentado y menos rentable. En la década de 1980 los viejos carteles colombianos controlaban toda la cadena, desde el cultivo en la selva hasta la venta en las calles y ganaban hasta 165.000 dólares por un kilo de cocaína.

Con la pérdida de la venta callejera en las ciudades

norteamericanas, ganan ahora 12.000 dólares por kilo. Sin embargo, los reacomodamientos permiten recuperar hasta un 1.500% de las utilidades dentro del país, a pesar de la pérdida exportadora. Lo que ya sucedió en Colombia, está sucediendo ahora en México.

Esta municipalización del narcotráfico en México le

estalló en la cara a la administración obradorista que operó en sentido contrario, disolviendo la Policía Nacional, creando una mega Guardia Nacional y desfortaleciendo las policías municipales (Causa en Común, 2023) a favor de reiterar la insólita narco-idea calderonista de “mando único”, aunque las balaceras cotidianas se den entre narcos y policías municipales.

Capítulo 11Niñas, niños y adolescentes en el narcotráfico mexicano

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adoles

centes (NNAs) destaca que las NNAs tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la pro tección a la salud y la seguridad social, a la inclusión en casos de discapacidad, al descanso y el esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, entre los más importantes (López Suá rez, 2023).

En la realidad se los puede considerar como “hom

bres superfluos, residuales, prescindibles”, al decir de Julio Scherer García (2013: 25), “entre ellos habría que incluir a muchos ninis”.

La Ley afirma que son niñas y niños los menores de

doce años y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. En con secuencia, las NNAs son las personas, mujeres y varones, entre los 0 y 17 años de edad.

Al hablar sobre narcotráfico se suele dejar de lado a este

gran porcentaje de la población mexicana que constituye alrededor del 30% de la población del país, los más débiles, las víctimas perfectas.

En México, las NNAs son parte de las víctimas que cobra

la delincuencia organizada, pues las incluyen como parte de su base social, con actividades que van desde la vigilan cia hasta las ejecuciones. Las cifras son alarmantes y en vez de bajar, cada vez son más.

En el año 2011 hicimos una investigación sobre el tema

en ocasión del “Encuentro Bilateral para el Estudio del Maltrato y el Abuso Sexual Infanto-Juvenil”, realizado el 21 de setiembre de 2011 en Mexicali, Baja California, Méxi co. Ya en aquellos lejanos años la situación era alarmante,

tal como figura en el paper “Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano” (Emmerich, 2011).

En aquellos años de guerra contra el narcotráfico decía

mos que “cifras del mundo académico hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrup ción, etc.)” (Emmerich, 2011: 4).

En 2023, varios años después, se mencionan cifras que

parecen seguir siendo las mismas, lo que parece difícil de creer (Valenzuela, 2023). ¿Cuál es la verdadera situación? Los números del año 2018, sin datos oficiales y cargados de imprecisión, están rondando las 460 mil NNAs involucra das en grupos delictivos (Vélez Salas et al., 2021: 7).

Las NNAs integran al menos cuatro procesos dentro del

narcotráfico mexicano: reclutamiento, víctimas, victima rios y narcomenudeo.

En la base de todos los procesos operan diferentes fac

tores de vulnerabilidad: hogares descompuestos, padres en prisión, orfandad por la guerra, narco cultura, baja esco laridad, falta de recursos económicos, desempleo, trabajo infantil, embarazo adolescente, desinterés del Estado. La lista puede ser interminable.

“La correlación existente entre la pobreza, el desempleo

y la deserción escolar, es la triada perfecta para una situa ción de vulnerabilidad en todos los sentidos, junto con la violencia familiar. Los menores pueden encontrar en el crimen organizado una salida, con fuertes remuneraciones económicas, a todas sus necesidades individuales, familia res y sociales” (Cornelio Patricio y Cornelio Cerino; 2022).

El narcotráfico no es la causa de ninguna de estas vulne

rabilidades, solo da una respuesta violenta y sin derechos a una situación que provee una incesante cantidad renovable

de mano de obra a las organizaciones criminales. Ante tan tas carencias, la garantía de un buen ingreso pareciera ser el paraíso infantil.

Pero es mucho más que dinero, se trata de otorgar sen

tido, la mejor tarea que realiza el narcotráfico. Las NNAs se satisfacen con dinero porque ya no pretenden acceder a varios de los derechos prometidos por la democracia: sa lud, vivienda, educación, esparcimiento, alimentación, paz. Olvidaron que las cosas más importantes no se compran con dinero, como la paz. A la edad que deben estar jugan do, las NNAs aprenden a manejar armas, evadir trampas y soportar torturas. Entrenados por adultos, generalmente hombres, ex miembros de las fuerzas armadas o la policía, la parte decente del país.

El narcotráfico elabora principios y estrategias de con

vencimiento para comprometer y atraer a las NNAs, me diante la provisión de seguridad, pertenencia, respeto a la jerarquía, libertad de expresión de la disonancia social, irrespeto a las normas y solidaridad de grupo, valores preg nantes para la nebulosidad propia de la inteligencia emo cional infantil y adolescente. Al unirse, las NNAs “buscan protección e incluso condiciones para sobrevivir, así como la oportunidad de integrarse con NNAs que provienen de las mismas problemáticas sociales, con el objeto de empa tizar y tener sentido de pertenencia, así como encontrar la aceptación y el reconocimiento de sus actividades y de su persona” (Reinserta, 2023).

Esta estrategia, que puede resultar “atractiva” y racional

(lo es en grado extremo), expresa la respuesta del narcotrá fico a los factores de riesgo que el modelo RNR de Andrews y Bonta asocia con la conducta criminal (Niño de Rivera et al., 2020: 110). 1. El modelo de Andrews y Bonta (como suele suceder con

los modelos) seduce con caer en la tentación de percibir a los factores de riesgo como situaciones anormales y/o periféricas. Si así fuera las NNAs narcos responderían

a una lógica separada, desviada y anómica, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Las NNAs narcos son lo más normal, racional y central de la vida social.

2. En segundo lugar, amenaza con percibir a los factores

de riesgo como escenarios productores de criminales y delincuentes de baja edad (NNAs), identificando a los factores de riesgo como causa del delito. Si son pobres, son probables criminales. En este punto y sobre esta base se montan las políticas de securitización.

3. En tercer lugar, el modelo no permite comprender la

racionalidad del narcotráfico y la persistencia de su de sarrollo en la vida social contemporánea. Si los factores de riesgo son tan numerosos e insufribles ¿su resolución acarreará la mejora de los indicadores de los NNAs in volucrados en el narcotráfico? El pensamiento científico afirma que no es así. La mejora de los indicadores socia les no impacta sustantivamente en el crimen organiza do ni disminuye su capacidad de atractor de mano de obra.

4. Entre los factores de riesgo no figuran los mecanismos

de reclutamiento del narcotráfico, seductores y eficaces. El modelo solo menciona factores endógenos, domés ticos y personales, como si el involucramiento de las NNAs en el narcotráfico fuera exclusiva responsabilidad del entorno hogareño y de las mismas NNAs, o sea su propia culpa. Los factores de riesgo son ellos mismos, NNA y riesgo son sinónimos. El narcotráfico seduce con dinero garantizado, lealtad personal, pertenencia de grupo, énfasis en la vida pre sente. Una promesa de eternidad que dura un segundo, en eso consiste la pretensión de futuro que todos car gamos. En el narcotráfico ese segundo vale la pena, un relámpago que para las NNAs es el mejor atractor.

5. Tampoco figuran en el modelo los desencadenantes so

ciales de la anomia: la cultura del consumo, del éxito, del

dinero, de la fama, de las mujeres exuberantes, etc. No son mencionados los múltiples factores de riesgo que la vida social reproduce en todos los medios de comunica ción que convierten en deseables cosas que son imposi bles. Las NNAs se involucran en el narcotráfico por unas tenis nuevas o por un novio guapo, no hay más. ¿No es el motivo por el cual delinquen los adultos en delitos del fuero común? ¿No es el motivo por el que los funciona rios roban millones de pesos? Más o menos elaborado, todos roban por monedas. El narcotráfico promete más, eso lo hace tan brillante.

6. No figura el más evidente de los factores de riesgo: la

edad de las NNAs. Son niñas, niños y adolescentes, emo cionalmente inmaduros, cerebralmente no desarrolla dos, sin capacidad de tomar decisiones alternativas. Víctimas, vulnerables y débiles por definición, son el festival del narcotráfico. Alvarado (2011) tiene una visión más abarcativa de los factores de riesgo y parece un me jor interlocutor para este tema.

7. Por último, los factores de riesgo olvidan al más impor

tante de ellos, el Estado. El narcotráfico no es una acti vidad criminal cualquiera, no se trata de un antojadizo manojo de malandros tiroteando y matando a man salva. El narcotráfico es la expresión más avanzada del progreso alcanzado por nuestra sociedad, conocida con el nombre de gobernanza criminal. Que ese progreso amenace con llevarse todo por delante es una ley de la historia. Las políticas públicas de seguridad, en el mejor de los

casos, buscan proteger a los NNAs y alejarlos del delito, para lo cual se elaboran protocolos y legislación para salva guardar los derechos humanos, se convoca a una reforma judicial, se denuncia la corrupción de las autoridades. Todo ello es correcto por supuesto, pero es demasiado grande para un problema tan pequeño y demasiado pequeño para un problema tan grande. Es necesario:

1. Reducir el tamaño de los factores de riesgo en la geogra

fía municipal mexicana.

2. Establecer un claro principio anticorrupción en la Cons

titución mexicana (Camacho Beltrán y García González, 2013: 407) .

3. Establecer un protocolo de control de confianza para to

dos los funcionarios públicos, electos y no electos.

4. Diseñar políticas públicas de recuperación del espacio

público y reconstitución del tejido social a nivel munici pal.

5. Cumplir con las recomendaciones emanadas de la Con

vención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre el tratamiento de las NNAs como víctimas de trata de personas.

6. Crear en la Guardia Nacional cuerpos especializados en

problemáticas de NNAs involucradas en narcotráfico. Cuidado con los modelos analíticos, pueden hacernos

creer que la realidad figura en los libros y no en el barro y la sangre de la historia, como le gustaba decir al viejo Marx.

1.Reclutamiento, una forma de explotación en la trata de personas

El reclutamiento (forzado o no ) es un tipo particular de

victimización de las NNAs, que son obligadas, inducidas, seducidas o engañadas mediante diversos mecanismos (in cluidas las redes sociales) para ingresar a las organizaciones criminales del narcotráfico mexicano.

Aunque pudiera creerse que la amenaza, el secuestro o

la coacción son las formas habituales de reclutamiento, el engaño y la cohersión son las formas más comunes (López Contreras, 2024: 78).

Las NNAs comienzan a ser reclutadas desde los 9 años

(Cornelio Patricio y Cornelio Cerino, 2022; Reinserta,

2023) y la invitación suele provenir de sus redes más cerca nas, la comunidad o la familia.

El reclutamiento y la actividad desarrollada luego dentro

de la organización, como formas particulares de victimiza ción, entran dentro del universo de la trata de personas, como bien afirma Alejandro López Contreras (2024). No sólo el crimen organizado viola los derechos de las NNAs, también lo hace el Estado al no garantizarlos.

De acuerdo a un estudio de la Red de Derechos de la

Infancia (Redim), se calcula que entre 145 mil y 250 mil ni ños y adolescentes son susceptibles de integrar las células delictivas, mientras que la Unicef y la CIDH estiman que 30 mil ya participan como espías, combatientes, mensaje ros y sicarios, además de que son explotados sexualmente (Valenzuela, 2023), cifras que parecen ser muy inferiores a la realidad. Parte de esta población es reclutada en su con dición de niños en situación de calle (Toledo, 2023).

El reclutamiento de NNAs por el crimen organizado

tuvo un claro despegue a partir de 2006, cuando el gobier no del presidente Felipe Calderón encabezó la guerra con tra el narcotráfico (Valenzuela, 2023), aunque no hay datos oficiales que permitan conocer la cantidad de NNAs que son captados por la delincuencia organizada.

En Jalisco, sede del CJNG, el caso de los cinco jóvenes

desaparecidos en Lagos de Moreno destapó el recluta miento del crimen organizado a las NNAs de la región. Allí “existen campos de entrenamiento y reclutamiento donde se presume que entregaban machetes, palos y martillos a un grupo de jóvenes, los ponían a pelear entre ellos y quien quedaba vivo era un ‘digno’ miembro de sus filas” (Jimé nez, 2023).

La cifra de 30 mil reclutados, proporcionada por algu

nos medios, es desmentida por la UNAM, que eleva la cifra más de 15 veces: “según un informe publicado en la Gaceta de la UNAM… la cifra real ‘trabajando’ para los cárteles de

la droga podría alcanzar los 460 mil” (Jiménez, 2023; Gu tiérrez Alcalá, 2023; Jiménez, 2023a).

El reclutamiento no es la simple invitación para entrar

y formar parte de estos grupos, lo cual es apenas el primer paso. Al tratarse de organizaciones complejas, el ingreso da origen a un “proceso de adiestramiento e identificación con los ideales de los grupos criminales” (Niño de Rivera et al., 2020). No se trata de hacer, se trata de ser.

En 2015, la última ocasión en que México presentó su

informe ante Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU “puso énfasis en que (México) tenía que revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia or ganizada, cuyos delitos no son únicamente el narcotráfi co y la venta de estupefacientes, sino también la trata de personas y el reclutamiento forzado. Sin embargo, el Es tado mexicano no ha cumplido con esta recomendación” (Gutiérrez Alcalá, 2023). El Comité también remarcó que el reclutamiento de NNAs para el narcotráfico tendría que ser un tipo penal específico, lo que no ha sido satisfecho.

Hablando sobre México, UNICEF (2021) dijo que “el Es

tado está obligado a garantizar su seguridad e integridad evitando que ningún niño, niña o adolescente sea reclu tado por grupos armados”. Es fundamental tener un mar co normativo robusto que permita tratar a las NNAs como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organi zada y, en caso de que hayan cometido algún delito, juzgar los también desde esa perspectiva de víctimas reclutadas.

Recién en el año 2014, con la creación de la Ley Gene

ral de Niños, Niñas y Adolescentes (LGNNA), los NNAs son considerados como sujetos de derecho.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal

para Adolescentes prevé que, si una persona menor de edad está en un entorno que favorece la comisión de actos delic tivos, debe ser protegido y alejado de las condiciones que lo indujeron a cometerlos por primera vez, una iniciativa que no ha sido aplicada con rigor (Gutiérrez Alcalá, 2023).

Como queda claro, en el aspecto del reclutamiento la le

gislación mexicana no tiene muchas fortalezas. El gobierno de Guerrero, por ejemplo, ha dicho que la ley estatal, que “reconoce el gobierno de los pueblos indígenas y su au togestión, incluido el aspecto de seguridad, no ampara la integración de niños a grupos de autodefensa” (BBC, 2024), algo que sucede con frecuencia en la región de la Montaña guerrerense.

Es necesario crear un marco normativo que tipifique las

conductas tendientes a reclutar y utilizar a personas meno res de 18 años en actividades de la delincuencia organizada, ya que la falta de esta previsión tiene como resultado que en la actualidad se continúen violando derechos, ahora por parte del Estado (López Contreras, 2024).

1.1. Dos detalles importantes

1. Un primer supuesto, arraigado y poco demostrable,

afirma que el involucramiento de las niñas en el crimen organizado se da “exclusivamente por el uso de la fuerza o privación de la libertad” (González Jiménez, 2023: 95). En general puede suceder lo contrario.

“Aunque existen casos cuyo reclutamiento de niñas y

adolescentes se puede dar mediante el uso de fuerza, el rapto o la privación de la libertad, existen cada vez más casos documentados de participación voluntaria, por su puesto viciada por las condiciones del contexto, pero que se da mediada por el hiperconsumo de objetos o experien cias que el sistema económico demanda como normales” (González Jiménez, 2024: 96).

2. Un segundo supuesto, mencionado por González-Ji

ménez (2023: 97), es que las niñas son esclavas sexuales de los grupos delictivos, una perspectiva ambigua e incom pleta, pero no inexacta. “No solamente se usa para activida des de explotación sexual comercial también se utiliza para sacar información, actividades de halconeo o para llevar y traer información, las llamadas panteras”. Los patrones de género dominantes en nuestra sociedad

indicarían que las mujeres actúan en el crimen organiza do como apoyo, encubrimiento, complicidad, acompaña miento o complacencia de sus parejas. Cometen delitos en virtud de estas predominancias de género, tal como suce de mucho más habitualmente en las maras salvadoreñas, donde las mujeres suelen ser las operadoras de calle y caen más rápidamente en prisión por su elevada exposición.

Las niñas llaman menos la atención de la vigilancia po

licial, en virtud de la visión paternalista, machista y des tituyente que no las considera capaces de la comisión de delitos propios del crimen organizado. El narcotráfico no hace más que reproducir en provecho propio el mandato social del género.

Se han reportado casos en los cuales las niñas y adoles

centes son tratadas como “esclavas sexuales, como mujeres de los comandantes y miembros de la organización, some tidas a la planificación forzada e incluso obligadas a abortar o a embarazos forzados” (Vélez Salas et al., 2021: 22). La violencia sexual y el secuestro de pareja existen y son la pe sadilla de muchas familias mexicanas, pero no conforman el único patrón de relacionamiento entre el narcotráfico y las niñas. Sin embargo, es importante mencionar que la violencia que sufren los NNAs dentro de los grupos de nar cotráfico es diferente en niños y niñas, como veremos más adelante.

En la fronteriza Mexicali pude conocer una señora,

ahora de 50 años, que en su adolescencia trabajó para el narcotráfico local. Siendo joven y bonita, pasaba armas y drogas del otro lado de la frontera, a la vista de la vigilan cia policial. Nunca fue detectada y nunca tuvo problemas. De niña había quedado viviendo en situación de calle y un grupo local del narcotráfico la rescató y quedó trabajando con ellos.

2. Víctimas, de diversas formas

1. Víctimas de homicidio: de enero a agosto de 2023 se

contabilizaron 605 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país (105 mujeres y 500 hombres) (Jiménez, 2023). Se desconoce el porcentaje en el cual estos homicidios tienen vinculación con el narcotráfico.

2. Víctimas de delitos: en 2020 las Cifras de Víctimas del

Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 24,829 NNAs fueron víctimas de delitos del fuero común. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Esta tal (2019) 85,610 delitos fueron perpetrados contra per sonas de 0 a 17 años en 2018, un 59.7% contra niñas y 40.3% contra niños (Cornelio Patricio y Cornelio Cerino, 2022). Se desconoce el porcentaje en el cual estos delitos tienen vinculación con el narcotráfico.

3. Víctimas de desaparición: de acuerdo con el Registro de

Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), del 1 enero de 1962 al 15 de junio de 2023, un total de17,788 NNAscontinúan desaparecidos o no localizados (9,688 niñas y 8,024 niños). Se desconoce el porcentaje en el cual estas desapariciones tienen vinculación con el nar cotráfico. Los estados con más NNA desaparecidos son: Fuente: RNPDNO, 2023.

El RNPNDO confirma la resistencia de diversas insti tuciones para registrar o compartir información. De las 450 variables que existen en dicho registro, hay un porcentaje de captura promedio del 14.99% en el caso de Fiscalías/Procuradurías y del 15.35% para Comisiones Locales de Búsqueda, un porcentaje muy bajo de regis tro de información por parte de las autoridades, equi valente al 15.80% del total de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

4. Víctimas de abuso: el ingreso de las niñas se da tam

bién como consecuencia de las relaciones de pareja con miembros de los grupos de narcotráfico. Una vez adentro, la violencia que padecen es diferente a la de los varones. “Las niñas y adolescentes, como víctimas, se ven obligadas a sufrir desde abuso sexual, explotación y tratos degradantes hasta homicidios por parte de los integrantes del grupo criminal, que replican la cultura de discriminación y violencia que existe socialmente en contra de las mujeres” (Reinserta, 2023: 39). Reinserta dice que debe incorporarse “una visión de interseccionalidad que permita visibilizar las distintas discriminaciones que sufren las niñas y mujeres y, por ende, esto posibilite procesos de justicia con perspectiva de género” (Reinserta, 2023: 39).

5. Víctimas de prisión: uno de los efectos de la implemen

tación de las políticas de drogas es el uso de la prisión como recurso preferencial y, por lo tanto, el aumento de la privación de la libertad de sujetos secundarios de las redes delictivas, principalmente personas usuarias y pequeños vendedores (Corina, 2019: 26-27). En 2016 la Secretaría de Gobernación indicaba la canti

dad de 1,692 adolescentes en reclusión (Velázquez, Aguilar y Alcántara, 2018) mientras la organización Reinserta ha blaba de alrededor de 28,629 NNAs que estuvieron en con tacto con el Sistema de Justicia Penal Mexicano entre los años 2017 y 2023.

El tema de las NNAs vinculadas con el narcotráfico y que

son víctimas de prisión es complejo y encierra varias sub problemáticas: a. NNAs encarcelados por cometer delitos como miem

bros de pandillas o carteles.

b. NNAs con padres o madres encarcelados por delitos de

drogas (Gráfico 1 y Gráfico 2).

c. Madres detenidas con NNAs. La legislación no permite

separar a un niño de su madre hasta los seis años cum plidos, por lo que cientos de mujeres que se encuentran en prisión en diferentes cárceles del país pasan sus días en compañía de sus bebés (Hernández Salinas, 2022), aunque los niños solo pueden permanecer “en prisión” hasta los 3 años de edad (Muñoz, 2018: 11). En síntesis, cientos de bebés mexicanos transcurren sus

primeros años de vida en prisión. 7 de cada 10 mujeres que se encuentran en prisión tienen al menos un hijo, casi to dos son menores de edad. En 2021, alrededor de 400 niños y niñas se encontraban viviendo en las prisiones junto a sus madres (García, 2022). En 2016 ese número llegaba a 618 (Gráfico 3), una disminución del 35% en cinco años. Lo cier to es que gran parte de la primera infancia de estas NNAs, la etapa más importante de su desarrollo emocional, trans curre en prisión.

En 2016, la población privada de la libertad con hijas e

hijos era de 74%, es decir, había 156,358 madres y padres privados de la libertad, de los cuales un 83% (129,755) te nían hijas e hijos menores de 18 años (Muñoz, 2018: 17). Entre ellos un total de 15,808 hombres y mujeres tenían hijos menores mientras estaban en prisión por delitos de drogas (Gráfico 1). Gráfico 1. Personas privadas de su libertad por delitos de drogas con hijos menores de edad. Año 2016. Centros penitenciarios federales. Fuente: Muñoz, 2018: 17. En agosto de 2016, la CNDH identificó que en 30 de las

32 entidades federativas y en un centro federal, había un total de 618 niñas y niños viviendo con sus madres privadas de la libertad. Esta población había aumentado de manera progresiva, duplicándose en los 4 años anteriores (Muñoz, 2018: 18). Gráfico 2. Niñas y niños viviendo con sus madres privadas de la libertad + Niñas y niños viviendo con sus madres privadas de la libertad por delitos de drogas. Año 2016.

La guerra contra las drogas y el encarcelamiento masivo

tuvieron un selectivo impacto de género. En América La tina el porcentaje de NNAs con su madre en reclusión por delitos de drogas supera el doble del porcentaje de NNAs con su madre en reclusión por otros delitos (Gráfico 3). Gráfico 3. NNAs con madres y padres privados de la libertad en 17 países de América Latina (por género del referente adulto privado de la libertad) Fuente: Corina, 2019: 31.

6. Víctimas de las instituciones: en los casos de las NNAs

detenidas por delitos diversos que son consumidoras de drogas, el maltrato de las autoridades policiales es ha bitual (Reinserta, 2024: 17) sobre todo en el proceso de detención, registro y traslados.

7. Víctimas de discriminación: dentro del mismo grupo

delictivo las niñas y mujeres adolescentes no tienen la misma posibilidad de ascenso en la jerarquía organiza cional. “Pocas son las adolescentes que logran tener un rango de mayor poder dentro de la jerarquía de una or ganización delictiva, pues no es común que ellas puedan ascender” (Martínez y Salas, 2022: 14).

8. Víctimas de orfandad: Valdez Cárdenas (2015) investigó

el tema de las NNAs huérfanas de la guerra contra el nar cotráfico en México, esa ferocidad estúpida lanzada por Felipe Calderón Hinojosa por puro capricho electoral. En 2010, hace ya bastantes años, “la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ha certificado que en Ciudad Juárez viven 12 mil niños huérfanos a causa de la violencia, mientras que en Michoacán se habla de entre 5 mil y 7 mil huérfanos” (Valdez Cárdenas, 2015: 246). Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Te

jiendo Redes Infancia, relata que “nosotros hemos hecho

una estimación de los hijos e hijas de personas desapa recidas y calculamos, siguiendo esta misma metodología publicada en la revista The Lancet, 159,000 niños y niñas que están ahora con un papá o una mamá desaparecida. Esa estimación se puede usar para las víctimas de la guerra, me refiero a homicidios asociados a esto, y veremos que tenemos altísimas cantidades de niños y niñas que están enfrentando la orfandad y el abandono por los impactos de la guerra” (García y Andrade, 2024).

Las NNAs son víctimas de diversas violencias por varios

motivos: entre las causas de muerte se encuentran el ajuste de cuentas entre grupos rivales e incluso entre los miem bros de un mismo grupo. En ocasiones también son asesi nados por líderes del grupo al que pertenecen ya que, por su corta edad y poca madurez, los altos mandos consideran que pueden dar más problemas que soluciones. Otros son torturados y ejecutados para darles una lección, otros son capturados por la policía y otros se suicidan al no poder salir del grupo delictivo (Reinserta, 2023: 59).

3. Victimarios, víctimas de la trata de personas

En las NNAs que cometen delitos de alto impacto existe

un común denominador, ya que dichos ilícitos no fueron cometidos por iniciativa propia, sino siendo miembros de grupos de delincuencia organizada y la comisión de dichos delitos forman parte de las actividades que les habían sido encomendadas por estos grupos delincuenciales (López Contreras, 2024: 75).

“La falta de capacitación de los servidores públicos en

materia de trata de personas, así como de instrumentos jurídicos adecuados para detectar a posibles víctimas, da como resultado que no se le brinde la atención adecuada a este tipo de casos y, por consiguiente, las medidas de san ción no estén orientadas a tratar este problema que afecta al adolescente, pues, al mismo tiempo que es victimario, es

víctima de estos grupos delincuenciales” (López Contreras, 2024: 77).

Es una problemática no debidamente atendida dentro

de los parámetros de la seguridad pública (donde son per cibidos como victimarios) sino que más bien deben con siderarse como inmersos en el delito de trata de personas (donde serían percibidos como víctimas).

Así no ocurre en México, donde los responsables de la

trata de personas (personas adultas miembros de las orga nizaciones del crimen organizado) quedan impunes. Todo ello a pesar de que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Deli tos establece en su artículo 10 que “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le im pondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa. … Se entenderá por explotación de una perso na a: VII. La utilización de personas menores de dieciocho años… en actividades delictivas” (LGPSEDMTP, 2012).

4. Narcomenudeo

La presidente del Tribunal Unitario de Justicia Penal

para Adolescentes de Morelos aseguró que los carteles es tán reclutando a adolescentes en primarias y secundarias para que vendan droga a sus compañeros. En lo que va del año (2023) se suman 53 detenciones de jóvenes por nar comenudeo: “se las entregan los adultos para que ellos las vendan, a veces son sus propios padres” (Jiménez, 2023b).

En algunos casos el ingreso de las NNAs al narcomenu

deo busca ayudar en los gastos del hogar (González Díaz, 2022). “Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Me llevaban a matar a puras mujeres”.

Cuando Susana comenzó a vender drogas, tenía apenas 10 años de edad. A los 17 años ya hacía todo el resto de las acti vidades. Su papá y su mamá fueron asesinados por sicarios del narco.

El uso de NNAs para la venta callejera de droga es cada

vez más abundante por el mismo motivo por el que el nar cotráfico las prefiere: la alta vulnerabilidad y la baja impu tabilidad.

Conclusiones

El universo de las NNAs vinculadas al narcotráfico es in

finito, con lo cual una amplia variedad de temas no han sido tratados aquí y los temas tratados no fueron profundi zados extensamente.

Todas las NNAs serán adultos. Lastimados y violentados

como salieron al final del túnel, se convertirán en profesio nales criminales de la nueva sociedad, crecerán siendo víc timas y actuando como victimarios. Nunca verán ni sabrán quién por encima de todos ellos da las órdenes: el Estado.

Capítulo 12Escenarios globales y realidades nacionales en la paz de los cementerios. La gobernanza criminal

Escenarios globales

Estudiar el narcotráfico en México como si fuera un

problema mexicano, o sea un fenómeno “nacional”, es un disparate metodológico por dos motivos: 1. El narcotráfico no es una causa, sino una consecuencia,

entre otras muchas, de un determinado sistema social en un momento determinado de su desarrollo. Apareció en un momento preciso y desaparecerá en la siguiente fase de la evolución del conjunto del sistema, cuando la gobernanza criminal y la legalización de las drogas confluyan. O sea, cuando el sistema social en su conjun to avance retrocediendo hacia el capitalismo primitivo donde nació.

2. El narcotráfico es parte del movimiento del capital a

nivel global y se mueve a lo largo de los flujos de di cho capital, en un acompasamiento dialéctico con las fluctuaciones del orden internacional. Un estudio de los cambios y movimientos en los escenarios globales per mite incluir las partes en el todo y cerrar el circuito de los pequeños peones “nacionales” del gran juego global. La pandemia de 2020 expuso a la luz del día una serie

de problemáticas que el orden mundial acarreaba desde antes. Repentinamente el Estado volvió a ser el actor cen tral, el único capaz de “resolver” la crisis, un reclamo que ya se veía venir, pero que la pandemia volvió perentorio.

La pérdida de confianza y la sensación de una probable

incapacidad de protección del gobierno han permitido un retorno de lo político, regresando al Leviatán de Hobbes y la necesidad de un Estado fuerte que proteja a sus ciudada nos (Emmerich, 2021: 200) La ausencia de coordinación internacional, el abandono

de la responsabilidad global por parte de Estados Unidos, la parálisis de las instituciones multilaterales y la guerra co mercial entre Estados Unidos y China crearon una tormen ta perfecta.

“Es un escenario que ha contribuido al deterioro del

multilateralismo y al aumento de la incertidumbre so bre las características de un nuevo orden post Covid-19, un contexto en el que Ian Bremmer (2012) ha planteado la posibilidad de un mundo ‘G-Zero’ o ‘cero-polar’, en el cual ningún país o alianza permanente de naciones puede asumir un liderazgo mundial. Derivado de ello, la coope ración internacional se encuentra decreciendo, avizoran do nuevos conflictos económicos y una tendencia hacia el proteccionismo” (Emmerich, 2024: 189-190).

El entendimiento sobre el orden internacional cobra

mayor luz al analizar el comportamiento de la cadena global de suministros y su acercamiento a lo que se deno mina decoupling o desacoplamiento, un escenario que tra ducido al orden internacional de Estados coincide con la perspectiva de orden G-Cero (Emmerich, 2021: 203). En los hechos, los procesos actualmente vigentes de reshoring y nearshoring, que la frontera norte mexicana experimenta a toda velocidad y magnitud, son el resultado del decoupling mundial. Es un orden mundial de “sálvese quien pueda”, lo que Bremmer llamaría como “every nation for itself”.

“El resultado siguiente que ya comienza verse es el for

talecimiento del perfil autoritario de los gobiernos enfren tados a la enfermedad y temerosos del descontrol domésti co. En Estados Unidos se han multiplicado las protestas de los empleados de las automotrices, del transporte, de los grandes almacenes de alimentos, del campo y de Amazon rechazando las condiciones inseguras del trabajo y el cre ciente desempleo” (Emmerich, 2021: 206).

Estamos asistiendo a una crisis de la democracia libe

ral y del Estado de derecho que pueden convocar al sur

gimiento de gobiernos más autocráticos y poderes regio nalizados, amparados en el fin de la globalización, de la interdependencia y del ideario liberal. “Algunos gobiernos buscarán obtener una centralidad en la provisión de recur sos básicos para poblaciones determinadas lo que supone el retorno del poder al centro de la escena, una retirada del Derecho y de las normas restrictivas del ejercicio de la soberanía” (Emmerich, 2024: 190-191). En un mundo des acoplado cada centro busca crear su propia periferia de re cursos, lo que no puede hacerse sin roces y codazos, en un orden mundial que carece de espacios vacíos.

Puede ser que China escape de la trampa de Tucídides y

afiance su modelo de asociación de rivalidad, como desea Graham Allison, lo cual está por verse y no se contradice con un mundo desacoplado (Iglesias, 2020).

“La pandemia es aprovechada para abrir un escenario

en el cual las sociedades golpeadas por el látigo de la crisis sanitaria consentirán la instauración de un Estado fuerte, omnipresente e intrusivo en la intimidad de los ciudada nos” (Enríquez Pérez, 2020: 64).

Mientras tanto el retroceso democrático abunda. “Esta

llidos sociales, caóticas transiciones de poder, polarización, corrupción, políticas de mano dura, represión y violencia. Inmersa en una tendencia decadente, la democracia en América Latina sufrió un nuevo retroceso en 2022 y tran sita ‘un camino cada vez más oscuro hacia la autocracia’, de acuerdo a las afirmaciones del último informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist” (Emmerich, 2024: 191).

En ese contexto mundial crece el reclamo por la par

ticipación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior para poner freno a las “nuevas amenazas”.

Mary Kaldor se refirió a la nueva conceptualización de

la guerra, a la que caracterizó “como una mezcla de guerra, crimen organizado y violencia masiva de Derechos Huma nos” (Moutinho Fernandes, 2016: 18) para lo cual elaboró

un primer modelo general al que denominó genéricamen te como “nuevas guerras”, que luego decantó en el sobreu tilizado concepto de nuevas amenazas.

“Situaciones concretas de seguridad interior en México,

Ecuador, Brasil y Argentina encajan dentro de los escena rios de estas amenazas. Las problemáticas de la frontera norte ecuatoriana, la legitimidad de los carteles en ciertas zonas de México, la combinación de bolsonarismo, iglesias evangélicas y milicias paramilitares en Brasil más el des borde de seguridad en algunas ciudades argentinas pare cen justificar el concepto. Supuestamente los problemas de seguridad interior tienen dos componentes novedosos: en primer lugar, el narcotráfico es el actor principal y en segundo lugar, sus dimensiones son exuberantes. Ambas afirmaciones son incorrectas” (Emmerich, 2024: 193).

Con estos elementos propios de la realidad global se

puede comprender mejor la militarización de la seguridad interior en México hecha por un gobierno de izquierda y la misma militarización hecha en Ecuador por un gobierno de derecha.

La crisis de derechos humanos, la hiperactividad territo

rial del narco, la injerencia militar en negocios de todo tipo (aduanas, aeropuertos) y la disputa por recursos (puertos, aguacate, limón, madera, agua) son el último eslabón de una cadena que empieza bastante más arriba y más lejos.

Cuando la madeja se abre desde la perspectiva global,

todo el hilo se desprende con naturalidad.

La narrativa del narco

“Estamos atascados en la narrativa del narco, que ya de

fine todo y nada”. Así lo dice Cecilia Farfán Méndez (2022) y es un buen punto de arranque de la reflexión final sobre el narcotráfico en México. Ella lo denomina “narconarra

tiva”, indicando que todo lo referido a violencia se mono poliza en una narrativa del narcotráfico: muertos, carteles, guerra, balaceras, mantas.

Se impide visibilizar otros actores, procesos y causas

de la violencia, fundamentalmente nublando la vista y de jando de lado todo razonamiento sobre la raíz social de la problemática. El narcotráfico es presentado como la causa de los problemas de México, obliterando la posibilidad de verlo como lo que es en realidad, una consecuencia. No es la causa y no es la única consecuencia.

Desde el punto de vista de la narconarrativa, el narcotrá

fico es una excusa para la securitización: “el fenómeno del narcotráfico en México ha estado siempre determinado por el lenguaje, por narrativas que imaginan organizaciones criminales que se convierten en el enemigo doméstico para justificar un conflicto armado” (Zavala Espinoza, 2022: 13).

En esta narrativa los carteles son presentados como or

ganizaciones con un inusitado poder frente a un Estado au sente y débil, fallido para muchos autores. El narcotráfico disputa el control territorial en todo el país, provocando un caos de seguridad que amerita una intervención inusual, armada, militar.

La securitización consiste en otorgar estatus de asunto

de seguridad (o de amenaza a la soberanía) a un problema que se presenta como atentatorio contra la supervivencia de un ente determinado (Emmerich, 2015: 62).

Con el proceso de securitización se consigue movilizar

a los ciudadanos en torno a la voluntad de los grupos más poderosos y su efectividad se demuestra por la habilidad en lograr que la audiencia acepte la ruptura de las reglas del juego político democrático. Cuando eso sucede el tema (narcotráfico) quedará securitizado y la violación a las nor mas será legítima a fin de despejar la amenaza.

Los repetidos discursos que muestran a un presunto

“enemigo” permiten prescindir de la democracia con el

consentimiento de la misma democracia. Como dice Ül rich Beck (2000: 159), “milicia, caso de guerra, etc., no son sólo términos geoestratégicos y de política exterior, buscan también una forma de organización de la sociedad en el interior, no militar, pero conforme a lo militar”.

El lenguaje vuelve aceptables determinadas prácticas

políticas que escapan de la normalidad democrática e ins tauran recurrentemente una instancia de “excepcionali dad”, lo que en definitiva no es más que la definición de Estado.

Jean Pierre Faye (1972: 68) redescubre la energía del

lenguaje y afirma que las prácticas totalitarias son posibles porque se han vuelto aceptables mediante lenguajes acep tables.

La eficacia social de las ideas, representaciones y defini

ciones de la realidad radica en su capacidad para determi nar o influenciar el comportamiento de los actores socia les. Esta capacidad no depende de su mayor o menor “ob jetividad científica”, más bien depende del mayor o menor grado de evidencia social que alcance, de su mayor grado de “objetividad social”, en el sentido de lo que está social mente reconocido de forma compartida (Emmerich, 2010: 11).

Zavala Espinoza afirma que “ni los traficantes contro

lan el Estado ni los carteles desafían al gobierno. El crimen organizado es en realidad, solo un dispositivo narrativo y una atmósfera que ha servido para legitimar los actos de violencia” (Infobae, 2022).

1. Esta narconarrativa es uno de los motivos de la doble

permanencia del narcotráfico: de su magnitud en el ima ginario mexicano y de su persistencia en la realidad terri torial. La utilidad que el universo “narcotráfico” tiene para fomentar el miedo en la sociedad coopera muy bien con la reproducción de la capacidad de control (no necesaria mente de dominio) de las elites.

Cuando el ‘dominio’ está en crisis, como sucedió con la

debacle terminal del viejo PRI, el ‘control’ sobre la ciudada nía impide la rebelión popular y permite remediar la crisis de dominio dentro de las paredes del palacio, sin que des borde hacia las calles. 2. El narcotráfico también actúa como fuerza contrainsur

gente, recipiendario de las necesidades de las corpora ciones de seguridad en el nivel operativo. a. Su intervención como institución para-estatal, aun

que poco demostrable, es argumentable: “en 1977, tras la operación denominada “Cóndor” se transferirá la administración del narcotráfico a la Dirección Federal de Seguridad. Entramado dentro del cual, la agencia de inteligencia mexicana se transforma en una suer te de cártel. Y narcos y contrabandistas empoderados con “charolas” harán la guerra a guerrilleros (desde Guerrero hasta Guatemala) con el apoyo de la CIA y el mercado de las drogas” (González Ortiz, 2020).

b. Las tres guerras de Sinaloa (contra el cartel de Juá

rez, contra los Beltrán Leyva-Zetas y contra el cartel de Tijuana) (Colmex, 2009) en la primera década del presente siglo pueden considerarse guerras contra- insurgentes, que permiten el despliegue de metodo logías ilegales de combate prohibidas por la Consti tución y el derecho internacional.

c. El asesinato de activistas ambientales, defensores de

derechos humanos, miembros de comunidades LG TBIQ+, estudiantes, padres de víctimas, etc. también conforma el universo de actividades contrainsurgen tes del narcotráfico.

3. La más importante actividad del narcotráfico es su inte

gración dentro de la gobernanza criminal, un proceso incipiente que puede adquirir gran velocidad en el sexe nio de Claudia Sheinbaum, con la participación del se cretario Omar García Harfuch y el traspaso de la Guar dia Nacional a la Sedena.

La mancha de aceite

La crisis de derechos humanos, que lentamente co

mienza a desparramarse desde Guerrero y Chiapas, no ha tenido impacto electoral el 2 de junio ni ha formado parte de la campaña electoral de ninguna de las dos contendien tes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Dicha crisis ape nas está en sus estadíos iniciales, como sucedía durante la guerra de Felipe Calderón, hasta que la primera gran ma nifestación nacional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por Javier Sicilia en 2011, desató la estampida.

En aquella enorme marcha en el zócalo capitalino todas

las pancartas y consignas eran contra el Estado, no con tra los narcos. En ese momento la elite mexicana tuvo su primera llamada. El movimiento 132 en el año 2012 fue la segunda llamada, directa contra el PRI. En 2014, con los asesinados de Ayotzinapa, aconteció la tercera y última lla mada. El sistema entero se caía, alguien debía sacarlos de la hecatombe. Todo había empezado en las elecciones del año 2000, pero los naipes se mantuvieron todavía varios años más ordenados precariamente, sin que el ‘castillo’ se cayera.

En abril de 2024 el presidente Andrés Manuel López

Obrador se posicionó en contra de los resultados desfavo rables publicados por el Departamento de Estado ameri cano, que exponía los retrasos del gobierno mexicano en Derechos Humanos (Vargas, 2024).

En junio admitió el desplazamiento de miles de residen

tes que huían de la violencia en Chiapas y dijo que las auto ridades trabajaban para que las personas que tuvieron que huir regresaran a su hogar. Le restó importancia al asunto diciendo que era “un enfrentamiento entre los poblado res o entre quienes no están en el poblado, pero es el mis mo pueblo” (LATimes, 2024). En agosto de 2024 habló de que tiene “otros datos” sobre el desplazamiento forzoso en Chiapas y le quitó importancia al asunto (24horas, 2024).

Aquellos que evitan el corredor de la muerte entre Co

mitán y Frontera Comalapa, saben que no se trata de “po bladores”, sino de carteles combatiendo, cubiertos con la protección que la tríada Gobierno-Guardia Nacional-Sede na ofrece al Cartel de Sinaloa (Hernández, 2023) y al CJNG (Mayen, 2023a), ambos al mismo tiempo y separadamente.

En Guerrero, las familias que reclaman la desaparición

de sus parientes, se encuentran con que no hay registros de las víctimas que caen bajo los operativos conjuntos de narcos y militares. La suposición de que las personas eje cutadas son miembros del CJNG no dice absolutamente nada. El abatimiento de 400 “combatientes” en una zona geográficamente estrecha al mismo tiempo que el cartel si gue operativo, más parece una masacre que un “combate”.

Sí, la “guerra” entre Sinaloa y el CJNG es un escalón in

ferior de las disputas al interior del Estado mexicano. Las disputas verbales de pasillo (el business politics americano) se resuelven en la guerra del narcotráfico en el territorio. Los narcos no dan las órdenes, las reciben. Bienvenidos a la gobernanza criminal.

Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2024,

afirma que “las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Alrededor del 90% de los delitos nunca se denuncian. Un tercio de los delitos denunciados no son investigados por las autoridades. Poco menos del 16% de las investigaciones se resuelven, ya sea en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio. Esto signi fica que las autoridades resolvieron poco más del 1% de to dos los delitos cometidos en 2022” (HRW, 2024). Lo mismo (textualmente) había mencionado el año anterior.

Entre los problemas de Derechos Humanos que se pre

sentaron en México durante 2023 y fueron incluidos en el informe se destacan: ejecuciones extrajudiciales, desapari ciones forzadas, detenciones arbitrarias, feminicidios, ac

tos de tortura, libertad de expresión y violencia de género, principalmente (Cano, 2024a).

El Informe Anual 2023 de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos - CIDH actualiza el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones hechas a México en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, aprobado el 31 de diciembre de 2015 (CIDH, 2023: 1069).

La Recomendación N° 1 consistía en “desarrollar un plan

concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles”. La Comisión “mantiene esta recomendación como pendiente de cumplimiento” (CIDH, 2023: 1070).

La mayoría de las recomendaciones (80 en total) se en

cuentran en cumplimiento parcial, cumplimiento parcial sustancial, pendiente de cumplimiento o parcialmente cumplida. Solo 9 fueron cumplidas totalmente.

La militarización de la seguridad pública

El gobierno ha dejado de lado los esfuerzos para crear

instituciones civiles responsables a favor de un enfoque más personalizado y discrecional en la lucha contra la co rrupción. El argumento es que la mejor manera de frenar la corrupción es dar un buen ejemplo y que la autoridad moral y la integridad de Morena provocarán un cambio en las prácticas. A grandes rasgos la corrupción se ha corrido lateralmente, del viejo PRI al nuevo Morena (aunque las personas sigan siendo las mismas). Lo que sí se ha reduci do es el gasto del Estado, la política de austeridad ha sido un éxito brillante a costa de varios servicios públicos que pasaron de ser mediocres a ser espantosos (como la salud pública).

También ha concentrado los poderes de control y vi

gilancia en el nivel presidencial y eliminó 100 órganos de

control federal autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de procesar las solici tudes de información pública.

Continuó e incrementó el empoderamiento de las fuer

zas armadas en asuntos de seguridad pública, mientras quedan protegidas del control público y se perpetúa la im punidad por presuntos delitos, incluidas varias graves vio laciones a los derechos humanos y la colusión criminal de alto nivel.

Este desinterés al enfrentar la corrupción y la complici

dad hace que las líneas que separan a los funcionarios esta tales de los operativos criminales sean inciertas. Frecuen temente las instituciones estatales y de seguridad están al servicio de los intereses criminales por encima del bien público e incumplen con su deber principal de proteger a los ciudadanos. Es un vocabulario que denota un tímido acercamiento a la gobernanza criminal, donde las institu ciones estatales no están “al servicio de los intereses crimi nales” sino que los intereses criminales forman parte de las instituciones estatales. Se dice que todo lo que no avanza, retrocede. A veces acontece la curiosidad manifestada por el subcomandante Marcos, una modernidad que avanza hacia atrás (EZLN, s/f: 4).

El artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, reglamentario del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es tablece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. En concordan cia con el texto constitucional, el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional sostiene que “la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, discipli nada y profesional” (OJ, 2019).

El objetivo de la Guardia Nacional es “realizar la función

de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad públi

ca que corresponden a las entidades federativas o munici pios” (GN, 2021).

La Guardia Nacional es la única institución de seguridad

pública federal en el país, ya que México ha disuelto su po licía civil.

La Guardia Nacional oficialmente asumió todas las fun

ciones policiales federales el 31 de diciembre de 2019, una década después de que se estableció la Policía Federal y 90 años después de la creación de la primera fuerza policial federal de México. Si bien la Policía Federal había estado empañada por numerosos casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, hubiera sido sensato aprovechar sus logros y corregir sus defectos antes que des mantelarla por completo. 1. Al nacer, la Guardia Nacional contó con un alto porcen

taje de miembros de las Fuerzas Armadas, planteando serias dudas sobre su naturaleza civil.

2. El primer jefe de la fuerza, Luis Rodríguez Bucio, era un

general recientemente retirado de la Sedena y todos los comandantes de la Guardia eran miembros de las fuer zas armadas.

3. La mayoría del equipo y presupuesto de la Guardia Na

cional provenía de las fuerzas armadas.

4. Cada uno de los centros de reclutamiento de la Guardia

Nacional se encontraba en bases de la Sedena.

5. La Sedena y la Semar quedaron a cargo de todas las ope

raciones de reclutamiento. En los primeros cinco me ses de 2020, el Ejército reclutó a 14,833 miembros de la Guardia Nacional y la Marina a 6,337. El 28 de febrero de 2019 el Congreso mexicano aprobó

las reformas constitucionales que crearon la Guardia Na cional y estableció un límite de cinco años para el uso de los militares en tareas de seguridad pública, plazo vencido en mayo de 2024.

Todos los datos iniciales marcaban un sesgo fuertemen

te militarizado de la Guardia Nacional, a pesar de los di chos y afirmaciones del gobierno. El traspaso de la Guardia Nacional enteramente bajo el comando administrativo y operativo de la Sedena confirma el recorrido de militariza ción completa de la seguridad pública en México, hecho a toda velocidad antes del cambio de mando en la presiden cia de la República.

La militarización, necesariamente y por definición, lleva

a que “los grados de impunidad en las acciones extrajudi ciales, al meterse al Ejército, estarían mucho más blinda das” (Herrera Caramillo, 2023). El profesor Rodolfo Gar miño, de la Ibero, no puede ser más preciso al respecto. Los hechos de Michoacán, con la actuación conjunta de los carteles y las Fuerzas Armadas, o los hechos de Chiapas, con la Guardia Nacional apoyando a los narcos, lo confir man. En el próximo sexenio este modelo mexicano de go bernanza criminal será la nueva normalidad.

El protagonismo militar en el sexenio obradorista y en

el próximo sexenio claudista va más allá de la seguridad pública, extendiéndose a los grandes negocios de infraes tructura. La Sedena recibió la responsabilidad de cons truir proyectos a gran escala: un nuevo aeropuerto, tramos del Tren Maya, miles de sucursales del Banco de Bienestar, Mexicana de Aviación (AMLO, 2024). Y lo que sigue.

La gobernanza criminal

1. En mayo de 2024 el presidente de la Alianza Mexicana de

Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz, acusó de extorsión a la Guardia Nacional, ya que supues tamente los elementos secuestran los camiones y solici tan hasta 100 mil pesos para el rescate de dichas unidades (El Financiero, 2024a). Esto no es gobernanza criminal.

2. En los episodios de Nayarit relatados en el capítulo 10,

el “Fiscal del Diablo” o el “Diablo Veytía” ocultaba a sus

sicarios en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, el peor clasificado del país por la CNDH (De bate, 2018). Esto no es gobernanza criminal.

3. En 2014 la comandancia policial del municipio de Fres

nillo, en Zacatecas, operaba como depósito de armas de Los Zetas. Cuando se depuró la sede policial mediante las pruebas de confianza, Los Zetas (entrenados en pasar el polígrafo y otros instrumentos) ingresaron legalmen te a la policía (Entrevista personal, 2024b). Allí se los veía sentados en las capacitaciones sobre derechos humanos, violencia de género y crimen organizado, incómodos pero legales. Esto sí es gobernanza criminal. Estos pocos y escasos ejemplos parecieran referirse al

mismo tipo de asuntos, pero no es así. Solo el tercer ejem plo es gobernanza criminal, cuando lo ilegal se vuelve le gal, para decirlo en la forma más sencilla posible.

En el primer caso la Guardia Nacional comete delitos,

lo cual no es ninguna novedad en México ni en el resto del mundo. En el segundo caso autoridades electas de Nayarit protegen a sicarios del narco, lo cual tampoco es una nove dad en México ni en el resto del mundo.

En el tercer caso sicarios de un cartel se vuelven funcio

narios policiales cumpliendo todos los requisitos de ley, lo cual es una novedad generalizada, menos en México que en otros países.

Ya no se trata del crimen organizado actuando por fuera

del Estado, sino que (por ejemplo, las milicias brasileñas) influye en el carácter, la forma y la evolución del orden po lítico, es un integrante estructural del poder.

El sociólogo Souza Alves lo dice con claridad: “no es un

poder paralelo, es el propio Estado. Es una gobernanza cri minal”. Al contrario de la afirmación general de que la go bernanza criminal es “el establecimiento de un orden so cial paralelo al impuesto desde el Estado” (Sampó, 2021: 11), en la realidad el crimen organizado influye en el “carácter,

la forma y la evolución de los órdenes políticos”, según dice Schultze-Kraf (2016).

Mientras la narrativa predominante retrata al crimen

organizado en términos de una “criatura” o “entidad” que opera en la búsqueda de la maximización del lucro y que es esencialmente exógena al orden político, todo indica la aparición de un nuevo tipo de gobernanza del Estado, don de lo ilegal se convierte en legal, sin violencia y sin deli tos, mediante mecanismos electorales o procedimentales, como el caso de los policías en Fresnillo.

La definición precisa del concepto de gobernanza crimi

nal, el último aporte que queremos constar en este trabajo, no es sencilla. Tiende a simbiotizarse con otras descripcio nes similares de la relación entre crimen y legalidad.

Schultze-Kraf afirma, al mismo tiempo y mezclando los

temas, que “las preguntas que surgen son, por lo tanto, si es posible concebir órdenes políticos que se basen en la ilega lidad y la criminalidad y no en la legalidad como principios ordenadores”.

Una afirmación así no tiene novedad, la gobernanza

criminal no se trata de un orden político basado en la ile galidad, lo cual ha sucedido de manera abundante con las dictaduras del siglo XX, sino de la legalización de un nuevo orden, el borramiento absoluto de la frontera entre lo legal y lo ilegal.

El Estado ha perdido estatalidad y el crimen organizado

la ha acumulado en sentido inverso, donde la nueva estata lidad emergente está teñida de la legalización de lo ilegal.

Es un nuevo tipo de Estado, la consagración en el te

rreno político del retorno a la acumulación primitiva de capital en el terreno económico, lo que llamamos habitual mente progreso.

Cuando afirmamos que las órdenes para el narcotráfi

co provienen del Estado mexicano, es una hipótesis por

comprobar, pero en la gobernanza criminal no hay “órde nes” de adentro hacia afuera, sino decisiones autoritativas cargadas de legitimidad. En este caso el aspecto netamente criminal del “narcotráfico” quedaría relegado a un grupo de organizaciones para-militares ilegales encargadas del trabajo sucio, allá “afuera”.

El Estado seguiría siendo la sede de lo racional-legal, en

marañado y significado por delitos y crímenes, legitimado por un orden militarizado y la convocatoria a una excep cionalidad permanente. En un mundo desacoplado, la go bernanza criminal es un formato estatal compatible con el orden no global por venir.

No parece ser muy diferente al Estado real, la sede de

las habituales decisiones de seguridad, cuando se le quita el velo de corrección política y palabras bonitas. Lo novedoso es que la gobernanza criminal es un concepto que define al Estado de una forma más descarnada, más cercana al Ma quiavelo histórico que a las supuestas bondades del bienes tar y el derecho, más vinculado al poder que a la legalidad.

Los derechos humanos, la paz, las políticas de género y

otras “bondades” de la democracia seguirán vigentes en la retórica y en el discurso, pero la realidad y las decisiones se acomodarán dentro de los carriles estrictos de la gober nanza criminal.

Final

Azimov denunció en “El culto de la ignorancia” (1980)

que una corriente anti-intelectual creciente defiende la idea de que los problemas colectivos son fáciles de resolver y que los académicos, periodistas y expertos los complican, reivindicando la consigna de “no confíes en los expertos” más la falsa premisa de que democracia significa que “mi ignorancia vale tanto como tu saber”.

La búsqueda de una simplicidad despreocupada recla

ma soluciones urgentes para problemas complejos, sin im portar cómo y desdeñando las explicaciones (Emmerich, 2024: 195).

Contrariando esta tendencia a la pauperización del pen

samiento, la explicación del narcotráfico en México no es sencilla. • Obliga a describir el mundo para comprender la lógica

y la racionalidad de las guerras territoriales “nacionales”.

• Obliga a estudiar al Estado para comprender la gober

nanza criminal.

• Obliga a detallar la geografía local para comprender la

ubicuidad de las actividades ilegales.

• Obliga a analizar las instituciones para investigar la co

rrupción existente.

• Obliga a un análisis del discurso para entender las polí

ticas de securitización. El narcotráfico sincera la totalidad de nuestro sistema

social, básicamente la innata incapacidad del capitalismo de reproducir riqueza y respetar el estado de derecho al mismo tiempo, empobreciendo a todos y violando la mis ma ley que tan dificultosamente elabora.

Aunque el máximo signo de barbarie insista exitosa

mente en vestirse con las mejores ropas del grado civili zacional más avanzado, el narcotráfico nunca dejará de ser ese actor despiadado y andrajoso, mal visto y repelente, que repite sin cesar la imagen de lo que realmente somos: unos simios mal parados que se llevan todo por delante.

FuentesBibliografía

• +deMX (2019). Tepito existe porque resiste: retratos genuinos del barrio bravo. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/8uvg1
• 24horas (2024). Desestima AMLO violencia y desplazados en Chiapas. 24 Horas. El diario sin límites. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/uegtw
• Abi-Habib, María (2022). El conflicto de nunca acabar: residentes de Michoacán están atrapados en la guerra de los cárteles. New York Times. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/d6wy7
• Abi-Habib, María (2024). El nuevo objetivo de un cártel del narcotráfico de México: personas mayores y sus tiempos compartidos. New York Times. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/njfsh
• Academic (s/f). Regiones de Oaxaca. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/i2rz3
• Aguilar Camín, Héctor (2015), La captura criminal del Estado, Revista Nexos. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://goo.su/xOYm07
• Aguilar Mora, Manuel y Albertani, Claudio (2015). La noche de Iguala y el despertar de México. Textos, imágenes y poemas contra la barbarie.
• Allison, Graham (2017). Destined For War: Can America and China escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt. Boston-New York.
• Alvarado, Arturo (2009), La policía, los militares, el sistema de seguridad pública y la administración de la coacción: México frente a América Latina, El Ciudadano N° 153. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://goo.su/dUXVz5i
• Alvarado, Arturo et al. (2011). Violencia juvenil, factores de riesgo y vulnerabilidad, una comparación entre Brasil, México y Colombia. INEGI. Disponible en: https://bit.ly/3kbZcqO
• Alvarado, Arturo y Serrano, Mónica (2010). Los grandes problemas de México. XV. Seguridad nacional y seguridad interior. El Colegio de México.
• Alvarez Rodríguez, Irene (2021). Capítulo 2 – Narcotráfico y capitalismo rural en la sierra de Guerrero. Noria Research. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://goo.su/rfncvl
• Amarelo, Inés (2024). Michoacán: ‘Narco’ y violencia amenazan la demanda de aguacate por Super Bowl. El Financiero. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/86lwsf
• AMLO (2024). AIFA, Mexicana de Aviación y Tren Maya, proyectos de Sedena que contribuyen al desarrollo de México. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ivhls
• Anaya, Federico y Herrada, Jesús (2024). Guerra por el control de Guerrero: 16 grupos criminales se disputan el estado. TVAzteca. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4xucf
• Argüello Cabrera, Libertad (2019). Homicidios, cotidianidad y la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Atoyac de Álvarez, Guerrero (2007- 2014). Universidad Autónoma Metropolitana. México. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/7lxngz
• Arista (2023a). La fragmentación de cárteles en México ha acentuado la violencia en 16 años. Expansión Política. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/7vs8y
• Arista, Lidia (2023). 2023, el año que se marcó un nuevo récord en homicidios para un sexenio. Expansión. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://goo.su/LpZtP
• Asmann, Parker (2023). Cómo un sacerdote en México resiste las incursiones del CJNG. InSight Crime. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/1zo23
• Astorga, Luis (1995). Mitología del narcotraficante en México. Plaza y Valdés. México.
• Astorga, Luis (2003), Drogas Sin Fronteras, México, Grijalbo Manda dori.
• Astrada, Fernando; Moscoso Durán, Fabio Fernando y Andrade Valbuena, Nelson A. (2016). Políticas de seguridad contra el narcotráfico: México, Brasil y Colombia. Análisis Político Nº 86, Bogotá, Colombia.
• Aziz Nassif, Alberto (2009), El desencanto de una democracia incipi ente, en Rodríguez Araujo, Octavio (comp.), México ¿un nuevo régi men político?, Editorial Siglo XXI, México.
• Badillo, Diego (2023). La paz narca termina en Chilpancingo y Guerrero se sume en la violencia. El Economista. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/latsu
• Bailey, J. y Godson, R. (2000), El crimen organizado y la gobernabilidad democrática: México y Estados Unidos. Las zonas fronterizas mexicanas, en Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. México y la franja fronteriza, Ed. Grijalbo, México D.F.
• Bailey, John (2014), Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México, Penguin Random House Grupo Editorial, México.
• Baldenea, Jesús (2024). Cómo fue el nacimiento de la Fuerza Anti- Unión en la CDMX. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/lvh8n2
• Baldenea, Jesús (2024a). Así fue como La Fuerza Anti-Unión se hizo pasar por el CJNG y amenazó a La Unión Tepito. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/oclcb
• Barrios, Miguel Angel y Emmerich, Norberto (2018). Lucha contra el narcotráfico: el increíble combate donde los malos salen fortalecidos. Diario Clarín. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/s722z
• BBC (2024). La impactante imagen de los niños que fueron armados para ayudar a combatir la delincuencia en México. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/alo24
• BEA (2016). National Income and Product Accounts Gross Domestic Product: Second Quarter 2016 (advance estimate) Annual Update: 2013 through First Quarter 2016. Bureau of Economic Analysis. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://goo.su/tz5Wnl
• Beck, Ulrich (2000). La democracia y sus enemigos. Textos escogidos. Barcelona: Editorial Paidós.
• Beith, Malcom (2011), The Last Narco: Inside the Hunt for El Chapo, the World’s Most Wanted Drug Lord, Grove/Atlantic, Incorporated.
• Benítez Manaut, Raúl (2005), Seguridad Hemisférica, Debates y Desafíos, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, México, UNAM.
• Benítez Manaut, Raúl (2009). La crisis de seguridad en México. Nueva Sociedad. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ chb1r
• Benítez Manaut, Raúl y González, Josué (2023). El Cártel de Jalisco Nueva Generación: El mayor reto de seguridad en la relación México- Estados Unidos. Small Wars Journal. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/srfgpe
• Bethell, Leslie (1998), Historia de América Latina, Cambridge Univer sity Press, Barcelona, Editorial Crítica, Tomo XIII, Cap. 2.
• Blandón Ramírez, (2024). En México cae el desempleo, pero uno de cada dos trabajadores es informal. France 24. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6rklu
• Bodemer, Klaus (2005), Democracia y seguridad en un mundo glo balizado y de riesgos. Algunas anotaciones. Quórum. Revista de pen samiento iberoamericano, (12) 126-139. Recuperado el 15 de septiem bre de 2024 en https://n9.cl/wgsyj
• Bremmer, Ian (2012). Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World. Penguin Group. New York.
• Buchanan, James (1996), Sociedad y democracia, en Democracia y so ciedad. Vías de renovación del sistema democrático, Editorial Com plutense, Madrid, España.
• Buzan, Barry (1991), People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
• Cabrini, Roberto (2013). The Brazilian Maffia. Blog “The truth is out there”. Recuperado el 8 de enero de 2013 en https://n9.cl/gaq2d
• CADAL (2022). Indice de Transformación BTI 2022. Comparación in ternacional de Gobernanza. Recuperado el 25 de agosto de 2023 en https://n9.cl/72gbz
• Camacho Beltrán, Enrique y García González, Francisco (2013). Capítulo 13: El concepto de corrupción y el pacto constitucional mexicano. En Cruz Parcero, Juan A., (comp.). Los derechos sociales en México. Reflexiones sobre la Constitución de 1917. Universidad Autónoma Nacional de México - UNAM, Biblioteca Jurídica. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/m92rx
• Cano, Joel (2024). Golpe al narco en Michoacán: aseguran tres toneladas de cocaína que ‘flotaban’ en el mar. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/o3qlk
• Cano, Joel (2024a). Violencia, libertad de expresión y tortura: así calificó EEUU a México en materia de DDHH. Infobae. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/layi1
• Cansino, César (2004), El Desafío Democrático, La Trasformación del Estado en el México Postautoritario, CEPCON.
• Cantelmi, Marcelo (2020). El mundo en la era del coronavirus. Ob servatorio de Política Internacional. Universidad de Palermo. Recu perado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/hgzz8
• Carrera Pineda, Andrés (2023). Con presencia en Oaxaca 4 de 7 carteles. El Imparcial. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/1yfwj
• Carrera Pineda, Andrés (2024). Detectan hasta cinco rutas de migrantes en Oaxaca. El Imparcial. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4zvat
• Casas, Gibrán (2022). Cocaína en México: por qué el narco eligió la sierra de Guerrero para sembrar una planta endémica de Los Andes. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ epwkxy
• Castoriadis, Cornelius (1996), La democracia como procedimiento y como régimen, Revista Iniciativa Socialista. Recuperado el 1 de octu bre de 2015 de https://n9.cl/vr1fu4
• Causa en Común (2023). Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2022). Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/r7qg7
• CEEYPP (2011). La lógica política del narcotráfico en México. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/wlrpg7
• CEEYPP (2012). Muere el “ondeado”, famoso en los corridos sinaloenses. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/9g3w9
• CEEYPP (2012a). El líder de los Zetas ¿testigo protegido? Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/xymnqk
• CEEYPP (2012b). La guerra contra el narcotráfico según Ricardo Ragendorfer. Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/l1onik
• CEEYPP (2012c). La muerte de “El Ondeado” solo se basa en afirmaciones del Ejército. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y POlíicas Públicas. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/i92npd
• CEEYPP (2013). ¿La guerra contra las drogas ayuda o perjudica la expansión del narcotráfico en México? Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/zf3fb
• CEEYPP (2013a). ¿Narcomenudeo o guerra preventiva? Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/c2z22
• CEEYPP (2013b). México: el discurso sobre la violencia y una realidad que no hace caso. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/jij6w
• CEEYPP (2014). El extraño fin del “ondeado”. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/lx6ae
• CEEYPP (2014a). Chapo Guzmán, la conexión argentina. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/rlzcze
• CEEYPP (2019). Narcotráfico es política y Estado, no drogas. Blog del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/ifi1a7
• Chabat, Jorge (2010), El Estado y el Crimen Organizado Transnacional: Amenaza Global, Respuesta Nacional, Revista Istor, 11 (42).
• Chacón, Rodrigo; Saltalamacchia, Natalia; Sberro, Stéphan; Granados, Ulises y Goodliffe, Gabriel (2020). Los alcances políticos del Covid 19 a nivel mundial. Foreign Affairs Latinoamérica. México. Recuperado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/tsfm4
• CIDH (2023). Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. Recuperado el 15 de septiembre de 2025 en https://n9.cl/ z2e4o1
• Colmex (2009). Las tres guerras. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/junfe
• Contreras, Luis (2024). Esta es la millonaria cifra que genera el narco con el transporte de migrantes en Oaxaca. Infobae. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/nv348
• Coppedge, Michael (1994), Instituciones y Gobernabilidad, Democráti ca en América Latina, Revista Síntesis, Jul-dic., Buenos Aires, Argen tina.
• Corina, Giacomello (2019). Niñez que cuenta: el impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CWS · Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
• Cornelio Patricio, Erick y Cornelio Cerino, Génesis (2022). Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como instrumento delictivo del narcotráfico en la frontera sur de México. Revista de Investigación Académica sin Frontera. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/aypjmn
• Cosío Villegas, Daniel (1972). El sistema político mexicano: las posibilidades de cambio. Institute of Latin American Studies. The University of Texas at Austin.
• Crisis Group (2024). El laberinto de los generales: crimen y militares en México. Informe sobre América Latina N° 106. Recuperado el 17 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/pc5lg
• Crónica (2024). El narco impone su ley en Guerrero y Acapulco ante total vacío de autoridad. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/d3wna
• CRS (2022). Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. Congressional Research Service. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/w2a0i
• Cuevas Méndez, Felipe (2014), La dictadura perfecta, Rebelión. Recu perado el 1 de noviembre de 2015, de https://n9.cl/9jgwu8
• CV (2022). Caracterización del narcotráfico en el norte del departamento del Cauca, departamento del Valle del Cauca y Eje Cafetero y sus relaciones con el conflicto armado (1958-2020). Comisión de la Verdad. Colombia. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/77ci7
• Dahl, Robert (1960). La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos.
• Debate (2018). Abren las puertas del infierno en el penal de Tepic, Nayarit. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ ihx67h
• Desarrollo Económico (2024). Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/eyazs0
• Díaz, Elías (2002), Estado de Derecho y Legitimidad Democrática, en Miguel Carbonell, Wistano Orozco y Rodolfo Vázquez (comps), Estado de Derecho: Concepto, Fundamentos y Democratización en América Latina, México, Siglo XXI.
• Dittmar, Victoria (2023). Los intermediarios son clave para el flujo de precursores, no los ‘carteles’. InSight Crime. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/967tt
• DivinorTV (2021). Relieve de la República Mexicana. El Blog de El Divino. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2l5xp
• DOF (2007), Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/uqhxw
• Domínguez Resendiz (2021). Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Descendencia criminal. Nuevas organizaciones criminales y fortalecimiento de cárteles nacientes. Domínguez Resendiz Consultores. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ ufxz
• Ecosur (2024). 30 años del EZLN: esto propone para combatir al narco en Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/dtlpv
• Egremy, Nydia (2009). Amenazas a la seguridad nacional: encuesta nacional, Contralínea, Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/h08v9
• El Economista (2023). PIB per cápita de México con la 4T: los años con los niveles más bajos. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/pro055
• El Economista (2024). Aumentan 9.1% delitos en enero. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/gy3tm
• El Financiero (2019). EU señala a exgobernador Roberto Sandoval por vínculos con el narco; Hacienda congela bienes. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/e87aqe
• El Financiero (2023). Pobreza en México: ¿En qué indicadores salimos peor y cuáles mejoraron en el Coneval? Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/496v7
• El Financiero (2023a). Cárteles en Guerrero van tras el control de negocios. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ czfoe
• El Financiero (2023b). Mapa del CJNG en México: Así ha sido la expansión del cártel del ‘Mencho’ en 13 años. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/sqhg0m
• El Financiero (2024). Mapa del narco en Guerrero: Así habría sido el reparto de los cárteles de cara a las elecciones 2024. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/skwyc
• El Financiero (2024a). Transportistas acusan ‘venganza’ de la GN: Secuestran camiones y piden rescate de hasta 100 mil pesos. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/v45ek
• El Mundo (2010), El presidente Calderón niega encubrir al cartel de Sinaloa. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/9p2md
• El Sol (2024). Incidencia delictiva en Tijuana a la baja en 2023 en algunos rubros, según SSPCM. El Sol de Tijuana. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/kz7kz
• El Universal (2019). Homicidio a lo largo de los sexenios; con Calderón repuntó, una montaña rusa con Peña y con AMLO, una meseta. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/03ctt
• El Universal (2020). Así fue la entrada del CJNG a la CDMX. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/v3s02
• El Universal Oaxaca (2022). Estas son las 5 rutas en Oaxaca que usan “polleros” para traficar con personas migrantes por tierra y por mar. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/jo3g9
• Ellis, Evan (2022). Crimen organizado en México y la evolución de la respuesta gubernamental. Infobae. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/du5ad
• Emmerich, Norberto (2010). La acción política como lenguaje performativo. Departamento de Investigaciones. Universidad de Belgrano. Documento de Trabajo N° 261. Buenos Aires. República Argentina.
• Emmerich, Norberto (2011). Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano. Documento de Trabajo N° 274. Departamento de Investigaciones. Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Recuperado del 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/dmrsw
• Emmerich, Norberto (2015), Una teoría política para el narcotráfico, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador.
• Emmerich, Norberto (2015a). Narcotráfico: el caso de la villa 1.11.14. Agencia Paco Urondo, Buenos Aires. Recuperado el 8 de agosto de 2024 en https://n9.cl/93eu3
• Emmerich, Norberto (2021). El G-Zero como escenario político inter nacional derivado de la COVID-19. Revista Korpus 21. El Colegio Mex iquense. Recuperado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/xjxlx6
• Emmerich, Norberto (2022). El G-Zero como escenario político inter nacional derivado de la pandemia de Covid-19. Las preguntas sobre el futuro y la sensación de fragilidad. Generis Publishing. Recuperado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/4jbo9a
• Emmerich, Norberto (2023). Geopolítica en América Latina. Seguridad y Defensa Campo Marte N° 39. Recuperado el 8 de agosto de 2024 en https://n9.cl/4sifd
• Emmerich, Norberto (2024). La intervención de las fuerzas armadas en problemáticas de seguridad interior como factor subsidiario de una revisión /refundación de la memoria histórica en América Latina. Anuario de Derecho, Comercio Internacional, Seguridad y Políticas Públicas N° 3. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado el 20 de agosto de 2024 en https://n9.cl/pav7m
• Engels, Friedrich (2017). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Marxists Internet Archive. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/q1umg
• Enríquez Pérez, Isaac (2020). La gran reclusión: Los vericuetos so ciohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiver sación semántica y escenarios prospectivos. Buenos Aires, Norberto Emmerich ed.
• ENSP (2019). Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/xxul0
• Entrevista personal (2024). Entrevista a ET, persona que fue testigo directo de los hechos mencionados. Julio de 2024.
• Entrevista personal (2024a). Entrevista a JS, ex miembro del FBI de Estados Unidos.
• Entrevista personal (2024b). Entrevista al comandante de la Policía Municipal de Fresnillo, julio de 2014.
• Escalante Gonzalbo, Fernando (2014). El homicidio en México: nuevos números. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/9d2pgl
• Escalante Gonzalvo, Fernando (2009). El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística. El Colegio de México. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/naaqvw
• Escamilla Hamm, Patricia (2010), La lucha Contra el Crimen Organizado en Estados Unidos: Alcances y Límites Para la Frontera, México, Casede.
• Espino, David (2024). Retrato de Tierra Caliente: silencio, matanza y Familia. El Universal. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/35nt8
• Estado20 (2022). Violencia y crimen en Oaxaca. Los 12 grupos criminales locales y sus líderes. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/0wobos
• EZLN (s/f). 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. Rebelión. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/9yh0h
• Farfán Méndez, Cecilia (2022). Ya no me digan que fue el narco peleándose la plaza. Gatopardo. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/dlnre
• Faye, Jean Pierre (1972). Langages totalitaires. París: Hermann.
• Ferri, Pablo (2024). Avaricia, ambición y llamadas telefónicas: así negociaron los obispos con el narco en Guerrero. Diario El País. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/nkzz6i
• Ferri, Pablo (2024a). México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023. El País. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2wbs4
• Flores Pérez, Carlos Antonio (2005), Estado, democracia y crimen organizado. Consideraciones teóricas sobre las condiciones estructurales que favorecen la proliferación de la delincuencia en democracias no consolidadas. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/xg26ar
• Flores, Miguel (2023). México es la doceava economía más fuerte del mundo; supera a países del primer mundo como España. Infobae. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/lnmgqc
• Flores, Miguel (2024). Violencia deja sin elecciones a dos municipios de Chiapas. Infobae. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/mds5y
• France24 (2023). Mercado ilegal de marihuana prospera en California a pesar de la legalización. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ifz09
• Garay Salamanca, Luis Jorge (2012), Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México, Random House Mondadori, México.
• García, Ana Karen (2022). Las mujeres y los niños: los más olvidados e invisibles dentro de las cárceles en México. El Economista. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/69auld
• García, Arnoldo y Andrade, Jaime (2024). Huérfanos del narco: infancias de Tamaulipas sufren soledad y violencia institucional. La Silla Rota. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ uqpvls
• García, Sara y Valle, Daniela (2024). Violencia criminal paraliza al estado de Guerrero, México. Insight Crime. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/i4m2m
• Giménez Delgado, Inés (2023). Defensa comunitaria y culturas del terror: Crimen organizado y violencia de Estado en comunidades originarias de Guerrero, México. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology. Wiley Periodicals LLC.
• GN (2021). Conoce más de la Guardia Nacional. Gobierno de México. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/rxqii
• González Díaz, Marcos (2022). Los niños del narco en México | “Finalmente encontré algo que me hacía sentir mejor que la droga: matar”. BBC. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ bt0ue
• González Herrera, Carlos (2012), La Nombradía, Ciudad Juárez. Milenio, Multimedios y APP.
• González Jiménez, Omar (2023). El reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado en México. Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, UNED, Costa Rica.
• González Ortiz, Ramón César (2020). La lucha contrainsurgente, transforma al narcotráfico en economía de guerra. Rebelión. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/hgyqsr
• Grillo, Ioan (2012), El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana, Ediciones Urano, México.
• Guerrero Gutiérrez, Eduardo (2011), La raíz de la violencia, Revista Nexos. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/m7x7
• Guerrero, Jesús (2023). Pobladores de la Sierra de Guerrero impiden a pedradas que militares destruyan sus plantíos de amapola. Amapola Periodismo Transgresor. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/md8ht
• Guevara, América Y. (2013). Propaganda en la guerra contra las drogas en México. Journal of Strategic Security. Vol. 6, núm. 3, pp. 131-151.
• Gutiérrez Alcalá, Roberto (2023). Menores reclutados por el crimen organizado deben ser atendidos como víctimas. Gaceta UNAM. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/f8730
• Held, David (1997), La Democracia y el Orden Global, Madrid, Paidós.
• Heraldo (2024). Cerró 2023 con mil 163 homicidios en Ciudad Juárez; 155 fueron mujeres. El Heraldo de Juárez. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/p6ljn
• Hernández Salinas, Joshua (2022). Niños privados de su libertad: a qué retos se enfrentan los menores que acompañan a sus madres en reclusión. Infobae. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/uj0wo
• Hernández, Anabel (2010). Los señores del narco. Random House Mondadori. México.
• Hernández, Anabel (2012). México en llamas. El legado de Calderón. Grijialbo. México.
• Hernández, Anabel (2023). Guerra de narcos en Chiapas. Deutsche Welle. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/yu3bdg
• Hernández, Anabel (2024). La historia secreta. AMLO y el cartel de Sinaloa. Grijalbo.
• Hernández-Gutiérrez, José Carlos y López-Rodríguez, Guillermo (2024). El crimen organizado como determinante de los homicidios en Guerrero. Revista Mexicana de Sociología 86, núm. 1. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/cofca
• Herrera Caramillo, Laura (2023). Guardia Nacional a Sedena: ¿Cómo nos afecta que la policía sea operada por el Ejército? Universidad Iberoamericana. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/g67xs
• HRW (2024). México. Eventos de 2023. Human Rights Watch. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/d7lwr
• IDEA (2022). Global State of Democracy Report 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent. IDEA Institut for Democracy and Electoral Assistance. Recuperado el 25 de agosto de 2023 en https:// n9.cl/eqbt7
• Iglesias, Juan Pablo (2020). Graham Allison: “Las circunstancias actuales deberían hacer sonar todas 
las alarmas de peligro extremo”. La Tercera. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ cxgtz
• INEGI (2004). Síntesis de información geográfica del Estado de Oaxaca. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/l21l4
• INEGI (2019). INEGI. Patrones y tendencias de los homicidios en México. En números. Documentos de análisis y estadísticas. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/mahmn
• INEGI (2023). Defunciones por homicidios. Enero a diciembre de 2022 (preliminar). Comunicado de Prensa N° 418/23. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/o7mha
• INEGI. Defunciones por homicidios. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/geco
• Infobae (2020). Cártel H-2, otro grupo del narco en la mira de EEUU: en cuatro años han llevado a juicio a 24 de sus miembros. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/qrluwx
• Infobae (2020a). Con tortura y extorsión: Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit de Roberto Sandoval, se apoderó de terrenos, casas y negocios. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/c544f
• Infobae (2022). “La guerra en las palabras”: la narrativa del “narco” como formadora de la realidad mexicana. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/0vc37
• Infobae (2023). Se presentó el Atlas de la Impunidad en el mundo: cuál es el país de la región peor calificado. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/qadh9e
• Insight Crime (2014b), Investigation and Analysis of Organized Crime (2014). Insight Crime Juárez Cartel. Recuperado el 9 de enero de 2015, de https://n9.cl/sppii
• InSight Crime (2019). Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2a3jj
• InSight Crime (2022). La Unión Tepito. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/v1byi
• InSight Crime (2022a). Las nuevas estrategias de los narcotraficantes mexicanos con respecto a la marihuana. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/szmj2
• InSight Crime (2024). Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/jb14i
• Islas Mendoza, Viviana (2023). Radiografía de la pobreza en México 2023. ContraRéplica. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/t1bpi
• Jiménez, César (2023a). Marcos, el niño que ingresó a un cártel para pagar su droga, luego aprendió a torturar y mató a sus amigos. Infobae. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4tvtw
• Jiménez, Ernesto (2023). Los niños del narco: reclutas y víctimas de la violencia en México. Infobae. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/fnk2i
• Jiménez, Ernesto (2023b). Los niños del narco: reclutas y víctimas de la violencia en México. Infobae. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/fnk2i
• Jiménez, Ernesto (2024). Así ha sido la entrada del CJNG a la CDMX en este 2024. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/35mkv
• Jiménez, Ernesto (2024a). Esta es la estrategia en común entre el CJNG y La Unión Tepito. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/u22co
• Jiménez, Ernesto (2024b). Guerreros Buscadores de Jalisco hallan osamenta en Tlajomulco de Zúñiga, la mayor fosa clandestina de México. Infobae. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/doama
• Jiménez, Ernesto (2024c). Cárteles mexicanos están contratando expertos colombianos en el cultivo de coca, afirma comandante en retiro. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/kfpdn
• Jones, Nathan P. (2018). Las Implicaciones Estratégicas del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Revista de Seguridad Estratégica 11, N° 1: 19-

• Konove, Andrew (2018). Black market capital. Urban politics and the shadow economy in Mexico City. University of California Press.
• Konove, Andrew (2023). Opinión: Tepito, el barrio bravo de la Ciudad de México, ‘existe porque resiste’. Los Angeles Times. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4p7gd
• Krauze, Enrique (2012), México: La Tormenta Perfecta (Ensayo en Blog). Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/esaw4
• Kurtenbach, Sabine (2003). El papel de los actores externos en la con tención de la violencia en Colombia. Instituto de Estudios Iberoameri canos, Hamburgo.
• Lange, Bernd (2020). Política comercial en tiempos de la pandemia de Covid 19. Friedrich Ebert Stiftung. Recuperado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/8fg1g
• Larios, Roberto (2019). El Mencho y su terrible enfermedad que lo aleja del CJNG. Unión Jalisco. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6r7ip
• LATimes (2023). Condecoran en México al exsecretario de Defensa que fue acusado por EEUU de narcotráfico. Los Angeles Times. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/spr65
• LATimes (2024). López Obrador admite el desplazamiento de miles de personas por violencia en el sur del país. Los Angeles Times. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/h80e6
• Le Cour Grandmaison, Romain (2022). El ‘narco’ no es culpable de toda la violencia política en México. The Washington Post. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/oxycq
• Le Monde (2012). México, la espiral de la barbarie. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/bxl1q
• LGPSEDMTP (2012). Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4m3s9
• Lifeder (s/f). Sierra Madre del Sur: localización, relieve, clima, flora. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/04vmo
• Linz, Juan y Stepan, Alfred (1996), Problems of Democratic Transi tions and Consolidations, Baltimore, John Hopkins University Press. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/ru47t
• Lombardi, Agustina (2024). Juan Pablo Luna: El crimen organizado no funciona sin acuerdos con la política y el Estado. Diálogo Político. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/5l65d
• López Contreras, Alejandro (2024). Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, una forma de explotación en la trata de personas. INACIPE - Revista Mexicana de Ciencias Penales. N° 23.
• López Doriga (2024). Incertidumbre en EE.UU. y cierres fronterizos borran 25 mil empleos en Ciudad Juárez. López Dóriga Digital. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ulyw6
• López Suárez, Patricia (2023). Invisibilizados, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gaceta UNAM. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/v5rzmb
• Maldonado Aranda, Salvador (2012). Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán. Revista Mexicana de Sociología 74, núm. 1. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/mpzpc0
• Manjarrés, Juliana (2024). ¿Qué hay detrás de la guerra de grupos criminales en Chiapas, México? InSight Crime. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/g7ida7
• Manjarrés, Juliana y Newton, Christopher (2024). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2023. InSight Crime. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6phkj
• Margena de la O (2023). Guerrero: El cerco del narco se cierne sobre tres legisladores de Tierra Caliente. Revista Proceso. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/zpj2l
• Martínez Hernández, Rabin Amadeo (2021). Violencia social en Guerrero: una aproximación fenomenológica. Sociológica, año 36, número 104.
• Martínez, Andrés (2023). Por qué se llama MAIZ la facción del CJNG que pelea con el Cártel de Sinaloa en Chiapas. Infobae. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/95acj3
• Martínez, Andrés (2024). Cuál es la estrategia del CJNG y el Cártel de Sinaloa para aumentar poder y ganancias. Infobae. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/kpgdv6
• Martínez, María José y Salas, Fernando (2022). La infancia: objetivo de grupos delincuenciales. Reportaje sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en detrimento de sus derechos. REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/1rtoxe
• Mayen, Baruc (2023). Acapulco: cómo pasó de ser la Perla del Pacífico al paraíso del narco. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/fvp4e
• Mayen, Baruc (2023a). Miembro del CJNG reveló los nombres de militares que protegen al cártel en Chiapas. Infobae. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/y5x2g
• Mayen, Baruc (2024). Así es como el huracán Otis cambió las dinámicas del narco en Guerrero. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/mm59j
• Mayen, Baruc (2024a). Mapa del narco en Guerrero: estos son los grupos criminales que se disputan el estado. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/922q27
• Mayen, Baruc (2024b). Cuáles son los municipios de Guerrero donde el narco recibe drogas de Sudamérica. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/vdeog
• Mayen, Baruc (2024c). Por qué San Miguel Totolapan y la sierra de Guerrero son territorios clave para el narco. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/h748i
• Mayen, Baruc (2024d). Por qué Michoacán es un estado clave para el narcotráfico a nivel internacional. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/7n6hcq
• Mayen, Baruc (2024e). Mapa del narco en la CDMX: estos son los grupos criminales que operan en la capital del país. Infobae. Recuperado el 7 de septiembre de https://n9.cl/5hhlgo
• Mayen, Baruc (2024f). Estos son los puertos que controla el CJNG y podrían ser alcanzados por el huracán Beryl. Infobae. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/36gxt
• Maza, Alfredo (2023). Gobierno de CDMX presume reducción de homicidios del 51%: deja sin clasificar el 35% de muertes. Animal Político. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ mz6ov7
• Maza, Alfredo (2024). Ejército mató a 400 supuestos miembros del CJNG en Michoacán y los desapareció con ayuda de grupo criminal, revela informe. Animal Político. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/450uaj
• MD, (s/f). El río Balsas, uno de los ríos más largos de México. México Desconocido. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/6f7oe
• Moloeznik, Pablo (2005), La Naturaleza de un Instrumento Militar Atípico: Las Fuerzas Armadas Mexicanas, Universidad de Guadalajara, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad 19 (1).
• Monsalve S., María Mónica (2022). Migrar para raspar coca: hasta 22 dólares al día por un trabajo que muchos no quieren hacer en Colombia. Diario El País. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2c504f
• Morales Oyarbide, César (2011). El fracaso de una estrategia: una crítica a la guerra contra el narcotráfico en México, sus justificaciones y efectos. Nueva Sociedad 231. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/8b3i2
• Morales Saldaña, Saddan; De Luna-Bonilla, Oscar Angel; Cadena- Rodríguez, Yareli Joselin; Valencia, Susana (2021). Distribución de especies de Quercus (Fagaceae) a lo largo de un gradiente altitudinal, revela una zonificación en un hotspot. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/j4ghr
• Morlino, Leonardo (2005), Calidad de la Democracia, en Metapolítica, Cepcom, México, Vol. 39.
• Moutinho Fernandes, H.M. (2016). As novas guerras: o desafío da guerra híbrida. Revista de Ciências Militares, IV (2). https://n9.cl/idcnh (consulta: 23 de agosto de 2024).
• Muñoz, Luis Alberto (2018). Informe final de Investigación: México - Niños y niñas con madres y padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. CWS. Como parte del proyecto Niñez que cuenta: El impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe. Church World Service.
• Nájar, Alberto (2018). Enrique Peña Nieto: 5 razones que lo convirtieron en el presidente más impopular en la historia reciente de México. BBC. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/zxn5f
• Najera, Marco Alexis (2023). La CDMX despliega un ejército para combatir el crimen en Tepito y la Venustiano Carranza. Tribuna. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6khwv
• Nathan, Jones (2018). Las implicaciones estratégicas del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Research Gate. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/en6ei
• Neri, Antonio (2024). Jalisco registra 15,000 desaparecidos; descubren 158 fosas clandestinas en sexenio de Alfaro. La Silla Rota. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/erht14
• Nieto, Antonio (2020). El cártel chilango. Origen, poder y saña de La Unión Tepito. Penguin Random House Grupo Editorial. México.
• Niño de Rivera, Saskia; Castañeda, Mercedes; Dorantes, Fernanda; Llamas Palomar, Mercedes (2020). Un sicario en cada hijo te dio. Niñas, niños y adolescentes en la delincuencia organizada. México: Aguilar.
• Norris, Isaac (2022). Con legalización, evolucionan rutas de tráfico de marihuana entre México-EE.UU. InSight Crime. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/5yhgc
• Nun, José (1987), La teoría política y la transición democrática en Nun, José y Juan Carlos Portantiero, Ensayos sobre la transición democráti ca en Argentina, Buenos Aires, Editorial Punto Sur.
• O`Donnell, Guillermo (1993), Estado, democratización y ciudadanía, Nueva Sociedad (128) 62-87. Recuperado el 20 de marzo de 2015, de https://n9.cl/rct6p
• O’Donnell, Guillermo (2007), Las crisis perpetuas de las democracias, Revista Polis, Vol. 3 N° 1. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https:// n9.cl/3dj5y
• Oaxaca Mío (s/f). Información general del Estado de Oaxaca. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4ep3k
• Ocampo Arista, Sergio (2024). Bandas de ‘narcos’ en Guerrero se disputan todo, afirma sacerdote. La Jornada. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/jormi
• Ocampo, Sergio (2023). Guerrero: rebelión contra el ‘narco’. La Jornada. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6c90v
• Offe, Klaus y Schmitter, Philippe (1995), Las paradojas y dilemas de la democracia liberal. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https:// n9.cl/wvsvfi
• OIM (2021). Levantamiento de línea base en el estado de Oaxaca para monitoreo de flujos migratorios. Resumen Ejecutivo. Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/rgqc1
• OJ (2019). Ley de la Guardia Nacional. Orden Jurídico. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6adeg6
• ONU (2022). México: Ante los más de 100.000 desaparecidos, la ONU insta al gobierno a combatir la impunidad. Naciones Unidas. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/chu7f
• Orozco Restrepo, Gabriel Antonio (2020). El aporte de la escuela de Copenhague a los estudios de seguridad. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad. Año 20 N° 1. Flacso Ecuador. Recuperado el 30 de agosto de 2024 en https://n9.cl/0zhvk
• Paley, Dawn Marie (2020). Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. Editorial Libertad bajo Palabra. México.
• Pardo Veiras, José Luis y Arredondo, Iñigo (2021). Una guerra inventada y 350,000 muertos en México. The Washington Post. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/kbcm2
• Penna Charolet, Carlos (2024). Homicidios en México. TResearch International. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/ztgzr
• Penna Charolet, Carlos (2024a). Desapariciones en México. TResearch International. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/zueps
• Petrich, Blanche (2011). De Anthony Garza a Carlos Pascual: historia de los cables contaminantes. La Jornada. Recuperado el 3 de septiembre de 2023 en https://n9.cl/asjlb
• Piña, Gloria (2022). Sedena investigó a la Guardia Nacional por complicidad con CJNG mientras se discutía militarización. Eme Equis. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/enfu0y
• Pisier-Kouchner, Evelyne (1987). El Estado en cuestión. En Historia del pensamiento político. Madrid: Editorial Tecnos.
• Pulso (2020). Presencia del CJNG crece en la CDMX. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/pulqv
• Radenn, Patrick (2012), ‘El Chapo’ Diversifica su Imperio de la Droga, The New York Times, Estados Unidos de América.
• Ramírez, Claudia (2019). La guerra de Felipe Calderón contra el narco: el inicio de una espiral de violencia sin fin. Infobae. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/mte59
• Ravelo, Ricardo (2024). Narcotráfico: Chiapas, estado sin ley. Sinembargo. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ pfsf8e
• Red Lupa (2024). Informe Nacional de personas desaparecidas 2024. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/vr5yuu
• Reguillo, Rossana (2012). De las violencias: caligrafía y gramática del horror. Desacatos N° 40. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/msav0
• Reinserta (2023). Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/0x1ry
• Reinserta (2024). Niñas, niños y adolescentes en contacto con el Sistema de Justicia Penal Mexicano. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/7ufuv
• RNPDNO (2023). Del Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), y las herramientas de interconexión. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/awaii
• Rodríguez Araujo, Octavio (2009), México ¿un nuevo régimen políti co?, Editorial Siglo XXI, México.
• Rodríguez, Duilio (2024). La GN se colude con criminales para traficar migrantes en México. Bajo la Bota. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2zbdfv
• Rodríguez, Juan Carlos (2023). EU expulsa a México del Comando Norte. Eje Central. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/zrhbe
• Rojas, M. Alberto (2020). Cómo cambiará la pandemia el escenario internacional. Boletín Observatorio N° 47. Universidad Finis Terrae. España. Recuperado el 23 de agosto de 2023 en https://n9.cl/trgmv
• Romandía, Sandra (2023). Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la CDMX? Penguin Random House Grupo Editorial. México.
• Romandía, Sandra; Fuentes, David y Nieto, Antonio (2019). Narco CDMX. El monstruo que nadie quiere ver. Penguin Random House Grupo Editorial. México.
• Romero, Mónica (2016). Descomposición en Ciudad Juárez, Chihuahua. W Radio. Recuperado el 4 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/17zga
• Rosado, Yago (2023). El control del CJNG en Michoacán, México, reclama vidas indígenas. InSight Crime. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ojsn0
• Royo, Joan (2022). Las milicias de Río de Janeiro se preparan para ejercer su influencia en la campaña electoral. Diario El País. Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ddcuo
• Ruiz, Kevin (2024). Estas son las alcaldías que lideran la lista del crimen en la CDMX. El Gráfico. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/4kico1
• Saavedra, Jesús (2020). Avanza en el Congreso la creación de 4 nuevos municipios en Guerrero. El Sol de Chilpancingo. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/bqe0w
• Sampó, Carolina (2021). Una aproximación teórica, el concepto de Gobernanza Criminal en América Latina. En Mejías, Sonia Alda (comp.) Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina. Real Instituto Elcano, Fundación Friedrich Naumann. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/6pmc1x
• Santana, Adalberto (2008). El narcotráfico en América Latina. Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe. México.
• Santiago Alvarado, Margarita; Montaño-Arias, Genardo y Espinosa, David (2016). Áreas de endemismo de la Sierra Madre del Sur. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/o3bcn
• Santiago, David (2023). ¿Qué grupos criminales operan en la Ciudad de México? Expansión. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/f3idm
• Sartori, Giovanni (1987), La Política, Lógica y método en las ciencias sociales, ¿Qué es la política?, México, Fondo de Cultura Económica, Cap VII.
• Sartori, Giovanni (1997), Teoría de la democracia, Alianza Editorial, Madrid.
• Scherer García, Julio (2010). Proceso en la guarida de “El Mayo” Zambada. Revista Proceso. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/dpseq
• Scherer García, Julio (2013). Niños en el crimen. Editorial Grijalbo. México.
• Schmitter, Philip y Karl, Terry Lynn (1991), What Democracy is... and is not, Journal of Democracy, 3, 3.
• Schultze-Kraft, Markus (2016). Órdenes crimilegales: repensando el poder político del crimen organizado. Revista Iconos. Flacso Ecuador. Recuperado el 15 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/xbvcl
• SD (2024). Semáforo Delictivo. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/c5p8wj
• SD (2024a). Semáforo Delictivo en Distrito Federal enero 2024. Recuperado el 7 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/fymb1
• Sipaz (2018). Oaxaca en datos. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/zsclk
• Sol Miguel, Lucía (2023). La calidad de la democracia retrocede por séptimo año consecutivo en América Latina. Diario La Nación, Buenos Aires. Recuperado el 25 de agosto de 2023 en https://n9.cl/bv8q1
• Start (2020). The violent rise of Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recuperado el 9 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/hez7u
• Stepan, Alfred (1988), Repensando a los militares en política, Buenos Aires, Planeta.
• Strasser, Carlos (1999), Democracia & desigualdad, Buenos Aires, CLACSO-Eudeba.
• Stratfor (2009). La geopolítica de México: una fortaleza montañosa sitiada. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/3z3x2
• Stratfor (2012a), El cartel de Juárez contraataca, Blog Ojos del Mundo. Recuperado el 1 de noviembre de 2015, de https://n9.cl/mj9pk
• Stratfor (2013a), El mítico Chapo, Blog Ojos del Mundo. Recuperado el 1 de noviembre de 2015, de https://n9.cl/eok7zz
• Stratfor (2013b), La guerra de México contra las drogas: la balcanización lleva a desafíos regionales, Blog Ojos del Mundo. Recuperaedo el 1 de noviembre de 2015 de https://n9.cl/e7mwl
• Stratfor (2016). La geopolítica de Estados Unidos, parte 1: El imperio inevitable. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/ lhbbm
• Stratfor (2021). Después de tres años, la estrategia anticartel de López Obrador no ha tenido éxito en México. Recuperado el 3 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/2embq
• Tapia Sandoval, Anayeli (2024). Ejército mexicano ejecutó a 400 miembros del CJNG y desapareció cuerpos con ayuda de grupos locales: International Crisis Group. Infobae. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/326t5
• Toledano, Mariana (2015). Un paseo por el paraíso gastronómico de las 8 regiones de Oaxaca. Animal Gourmet. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/5b8h5
• Toledo, Juan Pablo (2023). Menores en situación de calle, expuestos a ser reclutados por el crimen organizado. El Occidental. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/59ees
• Topographic Map (2024). Mapa topográfico de la Sierra Madre del Sur. Recuperado el 6 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/jq7f5
• Torres Oregón, Fredyd y Estrada Rodríguez, José Luis (2022). Desplazamiento interno forzado en la sierra de Guerrero, México. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional. Volumen 32, núm. 59. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/82ov8h
• Torres, Rubén (2011), La Familia Michoacana y su supuesto retiro, El Economista. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/ziog1
• Tzun Tzu (2015). El arte de la guerra. Balboa Press. Recuperado el 22 de agosto de 2024 en https://n9.cl/2polx
• UNICEF (2021). Cuando niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados ven directamente afectados sus derechos. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/hz65x
• Univision (2011), ‘Los caballeros Templarios’, el nuevo cartel del narco que siembra terror en México. Recuperado el 1 de octubre de 2015 de https://n9.cl/g525s
• UP (2023). Estas son las 20 economías más grandes del mundo en el 2023. Universidad Panamericana. Escuela de Gobierno y Economía. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/wj354
• Uppsala (2019). Programa de Conflictos de Uppsala. Uppsala, Suecia: Universidad de Uppsala, Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/1u581x
• USIP (2023). Elite Capture and Corruption of Security Sectors. United States Institute of Peace. Recuperado el 11 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/s7mgq
• Valdés Castellanos, Guillermo (2013), Historia del Narcotráfico en México, México, Aguilar.
• Valenzuela, Francisco (2023). Crimen organizado recluta niños; hay cientos de miles en riesgo. El Sol de Morelia. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/48k06
• Vanguardia (2024). Asolan ‘Los Tlacos’, una pandilla criminal, en la sierra de Guerrero. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/qbsv4
• Vargas, Octavio (2024). AMLO respondió al duro informe de Derechos Humanos emitido por Estados Unidos. Infobae. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/g2f107
• Velázquez, Macarena; Aguilar, Teresa y Alcántara, Andrea (2018). Adolescentes en reclusión: sin educación, sin reinserción. Bajo Lupa. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/66c4p3
• Vélez Salas, Doria del Mar; Vélez Salas, Manuel Alejandro; Antonio Amador, Antonio; Geremia, Valeria; Cristóbal Sánchez, Daniela E.; Zarate Aguilar, Efraín; Salas Ventura, Fernando Javier; Acosta Chávez, Fernando; Pérez García, Karen; De la Peña Rodríguez, Luis Jorge; Quintero Serrano, Norma Patricia; Enrique Canizalez Madrigal, Yair: Moillic, Benjamín; Reyes Ibáñez, Eva (2021). Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo. REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México. Recuperado el 13 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/48fy1
• Weisz, Daniel (2021). La Guerra de Propaganda del CJNG y AMLO. Small War Journal. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https:// n9.cl/4hm2h
• Wikipedia (1). Eje Neovolcánico. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/vrau3
• Wikipedia (2). Tierra Caliente municipalities map. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/hhnf2e
• Wolf, Sonja (2011), La guerra de México contra el narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares en la búsqueda de legitimidad, Foro Internacional 206, LI, 2011 (4), 669-714.
• Zavala Espinoza, Oswaldo (2022). La guerra en las palabras. Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020). Penguin Random House Grupo Editorial. México.
• Zeihan, Peter (2024). Una grieta en la guerra contra las drogas en América del Norte. Zeihan on Geopolitics. Recuperado el 10 de septiembre de 2024 en https://n9.cl/vntc5

↓ Descargar el libro completo en PDF